Siguen los problemas de María Eugenia Vidal para armar su gabinete. Es que a menos de 10 días de asumir son más las dudas que las certezas y mientras las piezas buscan encajar tanto en Nación como en Ciudad, la provincia es una incógnida.

En ese contexto se sumó la negativa de Graciela Fernández Meijide apuntada por Cambiemos para ser Secretaria de Derechos Humanos bonaerense.

Tras una reunión con los futuros funcionarios la ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de la Alianza no aceptó ser la Secretaria, pero que sí se comprometió a asesorar al nuevo gobierno en materia de Derechos Humanos.

Fernández Meijide reveló: “Me hubiera encantado, pero mi edad y mi salud no me lo permiten: no soy de trabajar a media máquina".

A pesar de la negativa a la propuesta de la gobernadora y el vicegobernador Daniel Salvador, la ex aliancista comentó que se ofreció "para asesorar, para ayudar a armar el equipo, y sugerí nombres”.

El futuro Ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, advirtió que la situación financiera de la Provincia “es delicada, no inmanejable, pero sí delicada”, y puso el foco en la necesidad rediscutir la coparticipación.

“La lógica de hace años es recaudar para pagar sueldos, no hace obra pública, por eso cuando llueve se inunda”, describió el economista y agregó que esto se da en el marco de una “presión tributaria récord para el sector privado. A pesar de eso, tiene déficit”.

Por otro lado, señaló que “la Provincia de tiene una discriminación en el reparto de los fondos federales. La ley dice que tiene que recibir el 21 por ciento de los recursos de coparticipación, pero recibe el 18 por ciento a pesar de producir el 35 por ciento del Producto nacional”.

“Hay una inequidad, una asimetría que hay que resolver. Seguramente habrá una mesa (de diálogo) pensando en el equilibrio general, porque no tiene sentido provincias desfinanciadas y Nación solvente, ni la inversa”, indicó.

Antes del cambio de gestión política bonaerense los gremios provinciales anunciaron medidas de fuerza por diferentes reivindicaciones sectoriales. Fue a horas del anuncio de la gobernadora electa, Maria Eugenia Vidal, de un posible incumplimiento en el pago de aguinaldo a trabajadores públicos.

La primera medida fue confirmada por Secretarios Generales de la Unión de Docentes bonaerenses (UDocBA) que convocó a un paro de actividades para el 1 de diciembre.

El gremio docente reclama al Gobierno bonaerense saliente un "blanqueo salarial", la ejecución total del presupuesto en Educación, el "saneamiento del IOMA" y un aumento del salario básico a 12 mil pesos.

Por otra parte, el próximo miércoles, los trabajadores judiciales (AJB) realizarán un nuevo paro para reclamar la sanción de la ley del 3% antigüedad, la de paritarias, licencia para las víctimas de violencia de género y por "el cese a las persecuciones gremiales".

Los trabajadores sanitarios de la provincia de Buenos Aires, expresaron su preocupación por el presupuesto bonaerense y la parte del mismo que sería asignada a Salud.

Los médicos de CICOP expresaron su malestar por el hecho de que "Vidal, aun no designó su gabinete y es incierto quién ocupará el Ministerio de Salud. Anticiparon que es muy probable que antes de fin de año se reactiven las medidas de lucha, ya que su visión del panorama "es compleja".

Es más, los profesionales de la Salud no descartaron medidas conjuntas: "Haremos todos los esfuerzos por coordinar con los demás gremios, en especial ATE, judiciales, los docentes de SUTEBA disidente y otras organizaciones, para lograr acciones conjuntas por un mayor presupuesto para salud y educación", indicaron desde los gremios. En ese sentido confirmaron que "la CTA Autónoma ha fijado la fecha del 2 de diciembre para una jornada de protesta con movilización".

Cabe recordar que tras su primer reunión de transición, la Gobernadora electa María Eugenia Vidal advirtió "falta fondos para el pago de sueldos y aguinaldos en la Provincia".

“Es inadmisible que estén especulando sobre si pagan o no sueldos y aguinaldo” advirtió el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, quien planteó que “los recursos alcanzan, lo que hace falta es decisión política”. También planteó que los fondos alcanzan inclusive “para inyectar un aumento y mejorar las cargas sociales”.

De esta manera el referente gremial desmintió a la electa gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien declaró la semana pasada que precisaría ayuda de Nación para pagar salarios a los empleados públicos.

“Si hay inconvenientes es porque no hay una decisión política de pagar salarios y aguinaldo porque con los recursos de la Nación y de la Provincia alcanza no solo para pagar sueldos y aguinaldos, sino para inyectar un aumento y mejorar las cargas sociales”, manifestó De Isasi.

Entrevistado por Radio Provincia, el dirigente estatal subrayó que “si nosotros hubiéramos tenido descongelado el Fondo del Conurbano hubiéramos recibido 27 mil millones de pesos, eso depende del Estado nacional y provincial y no es casualidad que sean del mismo signo y estará en la gobernadora y en el presidente ver dónde invierten los recursos”.

“El tema es dónde se quieren invertir los recursos en una Provincia inmensamente rica y estoy pidiendo que se cumpla con la Coparticipación Federal actual, que se descongele el Fondo del Conurbano y se deje de hacer maquillaje en la reforma impositiva, hay recursos y se necesita decisión política”, insistió De Isasi.

Asimismo, explicó que “entramos en una etapa donde una gobernadora que tiene sus raíces en la filosofía liberal agarra una Provincia que ya viene con una impronta liberal y la paradoja está en ver si puede transformar en iniciativas políticas diferentes a lo que venía haciéndose hasta ahora”.

La iniciativa prevé la creación de un dispositivo de salud que apunta a brindar un espacio de escucha, contención y asesoramiento a la mujer en situación de embarazo no planificado.

La ley se encuentra basada en información legal, públicamente accesible y científicamente respaldada, orientada a la prevención de riesgos y daños por la práctica de abortos inseguros y al cuidado de la salud integral de la mujer. La norma incorpora la estrategia de reducción de riesgos y daños para embarazos no planificados en el programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable.

“La ley de consejerías, es fundamental para reducir la mortalidad de las mujeres por abortos inseguros”, expresó la senadora de Nuevo Encuentro. Y explicó que “La práctica del aborto clandestino es un problema de salud pública, que expresa una desigualdad social y produce muertes de las mujeres de los sectores populares que podrían ser evitadas”.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2013 el 18% de las defunciones maternas en la provincia de Buenos Aires fueron causadas por abortos inseguros. Estudios realizados a partir de egresos hospitalarios indican que se producirían alrededor de 500 mil abortos por año en Argentina. “Cargado de un fuerte estigma y culpabilización por su condición de ilegalidad, el aborto es una de las principales causas de muerte materna en Argentina.

Con esta ley conseguiremos reducir y evitar más muertes de mujeres por abortos clandestinos”, sostuvo la legisladora kirchnerista. Y agregó: “Que la práctica sea ilegal no disuade a las mujeres de realizarse abortos y las induce a recurrir a métodos inseguros y riesgosos para su salud. Aquellas mujeres que tienen la posibilidad de pagar realizan la interrupción en un mercado ilegal pero las mujeres de los sectores populares terminan poniendo en riesgo su vida”.

Para dar por tierra con versiones que indicaban diferencias sustanciales entre el escrutinio definitivo y el provisorio, hoy, una vez finalizado el recuento total, se dieron a conocer los datos en los que no se perciben cambios significativos.

La fórmula de Cambiemos compuesta por Mauricio Macri y Gabriela Michetti y que triunfó en las elecciones presidenciales del pasado 22 de noviembre, obtuvo el 51,34% de los votos, mientras que el Frente para la Victoria, que postuló al binomio Daniel Scioli y Carlos Zannini alcanzó el 48,66%, informó el director nacional electoral, Alejandro Tullio.

La información trascendió, cuando se concluyó el escrutinio definitivo del balotaje en la provincia de Buenos Aires, en donde el peronismo logró 4.882.082 de sufragios, lo que representa un 51,10%, ante 4.662.935 (48,90%) logrados por Macri.

Los datos del escrutinio definitivo de la segunda vuelta electoral arrojaron, entonces, que el frente Cambiemos obtuvo en todo el país 12.988.349 de votos en el balotaje frente a los 12.309.301 del peronismo.

Luego del contundente respaldo del interior bonaerense y de las entidades de productores rurales, Cambiemos ya le devuleve favores al campo.

Hoy Leonardo Sarquis confirmó su designación como colaborador de la gobernadora María Eugenia Vidal, en declaraciones formuladas al portal web Agrositio.

El nuevo funcionario -ex directivo de Monsanto y de Repsol YPF y actual titular de la consultora Confiagro- ratificó que se eliminarán los registros de operaciones de exportación (Roe) y las retenciones para trigo, sorgo, maíz, carne y girasol, y se rebajará en cinco puntos la alícuota para la soja, a la vez que confió en que el dólar “se estabilice en un precio competitivo”.

Sarquis anticipó además que se constituirá en el área una “mesa de dialogo agroindustrial”.

Por otra parte, adelantó que “vamos a trabajar todo el verano” en la definición de las políticas específicas para cada área del agro bonaerense.

Mencionó en ese sentido los requerimientos específicos del sudeste, el sudoeste y el centro provincial; las cuencas lecheras; la recuperación del rodeo vacuno y la producción frutihortícola, que tienen “enormes posibilidades de salir adelante”.

El secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, sostuvo que “es inadmisible que estén especulando sobre si pagan o no pagan salarios y aguinaldo o que estén planteando que se haga un esfuerzo”.

“Si hay inconvenientes es porque no hay una decisión política de pagar salarios y aguinaldo porque con los recursos de la Nación y de la Provincia alcanza no solo para pagar sueldos y aguinaldos, sino para inyectar un aumento y mejorar las cargas sociales”, agregó.

Entrevistado por Radio Provincia, el dirigente estatal subrayó que “si nosotros hubiéramos tenido descongelado el Fondo del Conurbano hubiéramos recibido 27 mil millones de pesos, eso depende del Estado nacional y provincial y no es casualidad que sean del mimos signo y estará en la gobernadora y en el presidente ver dónde invierten los recursos”.

“El tema es dónde se quieren invertir los recursos en una Provincia inmensamente rica y estoy pidiendo que se cumpla con la Coparticipación Federal actual, que se descongele el Fondo del Conurbano y se deje de hacer maquillaje en la reforma impositiva, hay recursos y se necesita decisión política”, insistió De Isasi.

Asimismo, explicó que “entramos en una etapa donde una gobernadora que tiene sus raíces en la filosofía liberal agarra una Provincia que ya viene con una impronta liberal y la paradoja está en ver si puede transformar en iniciativas políticas diferentes a lo que venía haciéndose hasta ahora”.

Dos nuevas universidades nacionales se sumaron al extenso listado de casas de altos estudios creadas en estos años y ambas impactarán de lleno en la Provincia de Buenos Aires.

Se trata concretamente de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz con sede en San Isidro que buscará hacer foco en la Zona Norte del conurbano bonaerense y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.

Antes del recambio de gobierno, el Frente para la Victoria consiguió aprobar en el Senado ambas iniciativas que habían sido impulsadas por el propio bloque y cerró su trayectoria de creación de casas de altos estudios.

Ambos proyectos ya contaban con media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que fueron convertidos en ley, como parte de un paquete que fue votado por unanimidad en la Cámara alta.

La universidad en Zona Norte es un viejo reclamo de los distritos de esa zona del conurbano que incluso contaba con el aval y el impulso de la CGT.

En tanto que la Universidad de San Antonio de Areco busca potenciar una región de la provincia en la que se concentra alrededor del 25% de la producción de granos del país y el 30% de la ganadería al tiempo que constituye un núcleo tambero de importancia.

Quizás el área donde más fluido y mejor es el diálogo de transición. Y así lo demuestran en cada aparición pública Alejandro Granados, ministro de Seguridad saliente y Cristian Ritondo, ministro entrante.

En un nuevo gesto de buena sintonía ambos supervisaron la entrega de 400 vehículos que se incorporarán al tradicional Operativo Sol.

Los nuevos vehículos también se destinará a reforzar los patrullajes que se vienen realizando en el Conurbano y en el interior bonaerense con los Comandos de Prevención Rural (CPR).

En la gestión de Granados, al frente de la cartera en Seguridad y por disposición del gobernador Daniel Scioli, se adquirieron y se pusieron en la calle más de 3000 nuevas unidades móviles que patrullan toda la provincia de Buenos Aires, a través de los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC), los CPR, las comisarías, no identificables para las DDI y DDA, vehículos para Infantería, el Grupo Halcón y Científica, entre otros.

Un comunicado de la cartera de Seguridad provincia recordó que además, tras la firma del decreto de creación por parte de Scioli, Granados impulsó la Policía Local, que ya suma 13.000 efectivos que le dan entidad a la fuerza de seguridad en cada distrito, a fin de combatir la delincuencia y, además, implementó las Comisarías de la Mujer y de la Familia, que trabajan en la prevención y atención a las víctimas de violencia de género.

De esta manera, y de cara a un nuevo período que se inicia el 10 de diciembre, el ministro Granados junto a Ritondo, su sucesor, continúan con el diálogo y el trabajo de traspaso de la gestión en materia de seguridad.