La Provincia de Buenos Aires encabeza una lamentable lista de casos de muerte de mujeres por violencia de género, con 91 muertes, por sobre los 21 casos existentes en las provincias de Salta y Córdoba.
Los datos provienen de las organizaciones no gubernamentales que asumieron, como propio, el seguimiento de hechos y la elaboración de informes estadísticos sobre violencia de género y femicidios en nuestro país.
El miércoles de la semana pasada se conoció un nuevo caso que conmueve al país, a horas de la convocatoria "Ni Una Menos". Es el caso de Analía Machado, de 43 años, muerta aparentemente, por su pareja que continúa prófugo de la Justicia.
El primer problema es que no existe, hoy, un sistema oficial de registro y recolección de información de denuncias, así como tampoco un marco de contención eficaz, por parte del Estado nacional y los Estados provinciales, para generar un marco preventivo de esta problemática social y cultural. Esto, incluso a pesar que la legislación vigente lo contemple.
Y esa es una de las principales exigencias de las Asociaciones Civiles. Es que el tiempo sigue transcurriendo con un incremento conmocionante de casos de femicidios y con aumento de denuncias por violencia de género.
En 2014, 277 femicidios sucedieron en todo el territorio nacional. "Las cifras siguen siendo alarmantes: cada 30 horas una mujer muere en el país víctima de la violencia de género", expresaba hace semanas Fabiana Túñez, directora ejecutiva de la asociación civil La Casa del Encuentro, en una entrevista otorgada al Diario La
Nación.
Pero un capítulo aparte lo constituyen las denuncias por violencia de género. Es que 39 de esas víctimas habían efectuado denuncias, previamente. Eso significa que tres de cada 20 femicidios podrían haber sido evitados, el año pasado, si las víctimas hubiesen recibido la protección necesaria por parte del Estado.
La Provincia de Buenos Aires declaró en 2012 la adhesión a la legislación vigente en Ley Nacional 26.485, que aborda de manera integral la violencia de género. En esa misma declaración, de noviembre de 2012, el parlamento provincial declaró "la emergencia pública en materia social por violencia de género, por el plazo de dos años".
La emergencia pública es una figura parlamentaria que permite contar con mayores recursos y fondos para poner en marcha mecanismos de prevención. Y es, de hecho, lo que reclaman las asociaciones civiles a nivel nacional.
Es que, en lo que va de 2015, los crímenes contra mujeres ocurridos son, extraoficialmente, más de 140 a nivel nacional.
Y aunque la norma está vigente, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, fueron 1808 las mujeres que fueron víctimas mortales de la violencia de género.
Túñez destacó que en nuestro país existe una "buena legislación" sobre la problemática "pero no se cumple".
En la Provincia de Buenos Aires los hechos llevaron a que el ministerio de Seguridad bonaerense ordene abrir comisarías de la mujer y se fijó la meta de llegar a contar con 135 dependencias, una por cada distrito que tiene la provincia.
"La violencia de género es un tema que nos preocupa y por eso estamos abriendo nuevas comisarías de la mujer y se reciben más denuncias. La idea es poder contener a las víctimas, que no estén dando vueltas por los juzgados. Que en las dependencias puedan hacer la denuncia y se las contenga" expresaba Mabel Rojas, directora de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad bonaerense, que tiene a su cargo las 82 comisarías de la mujer que hoy existen en la provincia.
Los datos oficiales aportados por esa dirección revelaron que durante 2013, cuando había 66 comisarías de la mujer, la policía bonaerense recibió 124.582 denuncias de violencia de género. En 2014, hubo otras 166.865 denuncias, y en los dos primeros meses de 2015 unas 30.745 denuncias.
Estos datos marcan que, en la Provincia, en los últimos 26 meses hubo un promedio diario de 408 denuncias por violencia de género.
Pero para especialistas del tema y miembros de las asociaciones civiles, las fuerzas de seguridad son parte de la problemática, ya que, como lo expresó la Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y especialista en violencia de género, Edith Pérez: "Entre un 15% y un 20% de los femicidios son cometidos por integrantes de las fuerzas. Los femicidios, desde lo social están marcados por la cultura patriarcal".
En el parlamento provincial, asi mismo, se encuentra en proyecto algunas iniciativas. Entre ellas la de la Comisión de Banca de la Mujer del Senado, presidida por Marina Riofrío, del Frente para la Victoria, que aprobó un proyecto para prevenir violencia de género desde las escuelas, para incorporar al ciclo lectivo una jornada
de concientización sobre el tema.
En Diputados avanza una iniciativa para crear más de treinta fueros de violencia familiar y de género. Presentada por la diputada Viviana Nocito (FpV-San Fernando), intenta crear fueros especializados con competencias específicas y con mayor capacidad de respuesta
técnico-operativa frente a las denuncias por violencia familiar y de género en la Provincia.
Por último, la iniciativa de la senadora provincial, Malena Baro, del Frente Renovador, de asistencia a víctimas, tiene como objetivo la creación de un subsidio destinado a mujeres que no cuenten con recursos para sostener una denuncia judicial ni puedan atender temporalmente sus necesidades de sustento y manutención.
Por su parte, en el Congreso nacional, un grupo de legisladores pidió al Presidente de la Cámara baja, Julián Dominguez, que se declare la Emergencia Nacional de manera definitiva.
