La dirigente y madre de desaparecidos, Graciela Fernández Meijide, volvió a generar revuelo al pedir la prisión domiciliaria para el genocida Alfredo Astiz, quien se encuentra en una cárcel común por delitos de lesa humanidad. "Deberían mandarlo a su domicilio con una pulsera electrónica, que pueda atenderse y estar cuidado por la gente que designe él o su familia", pidió. La respuesta de referentes de Derechos Humanos.

El primero en responderle fue Adolfo Pérez Esquivel, premio Novel de la Paz en los años 80 (en plena dictadura). "No se le puede dar la libertad a quienes cometieron delitos de lesa humanidad", dijo.

"Son seres humanos que necesitan un trato digno, pero Etchecolatz o Astiz tienen que seguir en el lugar donde están detenidos, deben ser tratados de forma humanitaria, pero en la cárcel común", exigió.

"Los genocidas no dan respuesta sobre los desaparecidos. No dan señales de arrepentimiento. Estos criminales deben cumplir su condena", describió Pérez Esquivel.

En la misma línea, se expresó el diputado nacional Wado De Pedro, hijo de desaparecidos. "Astiz tuvo siempre sus derechos garantizados, los que él les negó a sus víctimas. Tuvo derecho a defensa y a todas las apelaciones tras la condena. Su sentencia está firme y el Derecho Internacional obliga a que los condenados por delitos de Lesa cumplan la pena integralmente", escribió en Twitter.

Astiz tuvo siempre sus derechos garantizados, los que él les negó a sus víctimas. Tuvo derecho a defensa y a todas las apelaciones tras la condena. Su sentencia está firme y el Derecho Internacional obliga a que los condenados por delitos de Lesa cumplan la pena integralmente. pic.twitter.com/IUl9G7dL8O

— Wado de Pedro (@wadodecorrido) 21 de marzo de 2018

El gobierno de Mauricio Macri entregó un nuevo listado de detenidos que considera que deberían salir de la cárcel. Esta vez incluyó al genocida Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua y uno de los hombres emblemáticos de la represión ilegal durante la última dictadura militar.

Según informó el portal macrista Infobae, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dijo que "se encuentra en condiciones de acceder a medidas alternativas de detención" y pidió la prisión domiciliaria.

Para el organismo dependiente del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano, el responsable del asesinato de Rodolfo Walsh es un "interno con enfermedades". En el caso del dictador se detalla que tiene una "enfermedad oncológica".

Astiz tiene 67 años y dos cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Está detenido desde diciembre del 2017 y, según el informe que reveló el portal Infobae, tiene derecho a la libertad condicional a partir del 7 de abril del 2023.

El mismo escrito promovido por el gobierno de Mauricio Macri sentencia que debería quedar en libertad el 7 de abril de 2018, cuando consideran que su pena quedaría agotada.

Papelón internacional de la gestión de Cambiemos: la ONG venezolana especializada en Derechos Humanos PROVEA desistió de recibir un premio que le iba a otorgar la Cancillería argentina. El rechazo al galardón se debe a que el Gobierno argentino no quería críticas de la ONG contra su gestión.

"La Cancillería Argentina condicionó la participación de Provea en la ceremonia de premiación a no leer las palabras de Raúl Cubas (co-fundador de la ONG), debido al tipo de descripción que hacía sobre la situación actual de los derechos humanos en el país del cual es ciudadano", dijeron desde el organismo en un comunicado oficial.

Y siguieron en un duro texto: "Mal puede una organización defensora de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, avalar una solicitud de esta naturaleza. Por dicha razón Provea informó a los funcionarios de la Cancillería que en tales circunstancias declinaba aceptar el premio Emilio Mignone".

¿Qué iba a decir Cubas en su exposición? La asociación decidió compartir el texto en su web: "Soy de la idea que en la actualidad tanto Argentina como Venezuela adolecen de graves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos". Además, Cubas iba a pedir por la liberación de Milagro Sala, presa de modo irregular hace tres años.

En el texto que no pudo leer porque la Cancillería se lo prohibió, Cubas iba a concluir: “No hay democracia sin derechos humanos; y no hay derechos humanos sin democracia”.

#16Mar Ayer nos vimos obligados a declinar el premio internacional de derechos humanos que otorgaría la Cancillería Argentina. Se pretendió condicionar lo que expresaríamos en el acto. Sólo somos obedientes ante los principios y valores en defensa de los derechos humanos.

— PROVEA (@_Provea) 16 de marzo de 2018

Provea declinó recibir el premio Emilio Mignone otorgado por la Cancillería argentina. Para conocer las razones ingresa aquí ?https://t.co/MFJi70vNCt

— PROVEA (@_Provea) 16 de marzo de 2018

El genocida Miguel Etchecolatz, que acumula múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, deberá volver hoy a prisión luego de que la Cámara Federal de Casación Penal le revocara la prisión domiciliaria. Estaba viviendo en su casa en Mar del Plata. Organismos de Derechos Humanos habían pedido que volviera a una cárcel común.

El fallo lo dictó la Sala IV, y contó con el voto favorable de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes consideraron que el ex policía está en condiciones de cumplir su condena en la cárcel bajo cuidados médicos. Hornos definió la prisión domiciliaria como una "decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión".

Para el juez Borinsky si bien "los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de las patologías que padece el imputado", eso no implica "impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías". En cambio, Juan Carlos Gemignani votó en disidencia y aseguró que es "menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto al derecho a la salud de los imputados".

La fiscal Ángeles Ramos, responsable de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, había interpuesto un recurso para dar marcha atrás con la decisión del Tribunal Oral 6, integrado por José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero, que hace casi tres meses le concedió el arresto domiciliario a quien fuera la mano derecha del general Ramón Camps al frente de la policía Bonaerense. El ex comisario tiene tres condenas a perpetua.

Desde que se conoció su prisión domiciliaria, en diciembre del año pasado, organizaciones de DD. HH. y vecinos del barrio en el que vive el represor (hasta hoy) se movilizaron para pedir que Etchecolatz vuelva a prisión. "No quiero a un genocida en mi barrio", reclamaron los marplatenses. Ese pedido se hizo realidad.

Para Claudio Maley, ministro de Seguridad de Tucumán, “hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres", aclaró sobre el caso del niño de 12 años asesinado por la espalda por la policía provincial. "Hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable, cuestiones muy internas que son propias de la familia. El padre o la madre tienen responsabilidad sobre ese chico pequeño de 11 años. ¿Qué hace en la calle? ¿qué hace ligado al uso de armas?”, aseguró.

“El personal intervino y fueron agredidos con tiros. El Estado tiene que tomar medidas para hacer cesar un delito para preservar la sana convivencia", aseveró Maley en el programa de Radio Nacional, De Primera Mano. Las afirmaciones del funcionarios se contradicen con la causa judicial en marcha: todavía no está claro qué ocurrió esa noche y si existió ese intercambio de disparos al que hizo referencia el ministro provincial.

Sin embargo, Maley insistió: “Ve el objeto y el personal da la voz de alto. En este caso hubo disparos de arma de fuego contra el Estado provincial a través de su policía en la cual el estado debe intervenir. Después lo vemos en la justicia si hubo exceso”, justificó.

El chico Facundo Ferreira fue asesinado por fuerzas policiales. Además de balas de plomo, recibió en su cuerpo impacto de municiones de goma. Murió al instante.

Así lo aseguró el titular de la Unidad Especial AMIA, el ex senador nacional radical Mario Cimadevilla. “Sosteníamos que los fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia debían recibir una condena (por encubrir el atentado de la AMIA); pero el ministro Garavano, por una cuestión de amiguismo, ordena no acusar a los fiscales; ahí viene el tema, ahí viene el problema y vienen las diferencias”, describió.

“Es el juicio más importante que tiene la Argentina, el atentando más importante en Latinoamérica, no es una causa cualquiera, no estamos discutiendo un homicidio culposo, es un juicio seguido por organismos internacionales, no hay lugar ni para amiguismos, ni para hacerse los distraídos”, afirmó Cimadevilla en una entrevista con FM Tiempo Trelew.

La grieta entre Cimadevilla, que es respaldado por Elisa Carrió y sectores de la UCR, y Garavano tiene que ver con el juicio que se lleva adelante para determinar si hubo encubrimiento en la investigación del atentado ocurrido en 1994 a la AMIA. Ese juicio tiene en el banquillo de los acusados al ex presidente Carlos Menem, el ex juez José Galeano y los ex fiscales Mullen y Barbaccia, entre otros.

La querella que responde a Garavano decidió dejar afuera de la acusación a Mullen y Barbaccia, dos amigos del ministro de Justicia. Como respuesta a las críticas del titular de la Unidad Especial AMIA, se rumorea ahora que Garavano quiere desplazar a Cimadevilla para liquidar la unidad investigadora.

Un colectivo integrado por casi una decena de organismos de Derechos Humanos emitió un duro comunicado donde criticó el intento del Gobierno nacional de dejar en libertad a 96 represores,  entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el ex capellán Christian Von Wernich. Firman el documento Abuelas de Plaza de Mayo. Centro de Estudios Legales y Sociales, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.

"Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas, más allá del caso a caso. Los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria", describieron en el documento.

Esta semana se conoció un pedido del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que solicitó la liberación de 1.111 personas detenidas en penales federales con la excusa de reducir la población en las cárceles, hoy saturadas.

En ese listado, el SPF incluyó nada menos que a 96 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el ex capellán Christian Von Wernich, por tratarse de internos “mayores de 70 años”.

"El hacinamiento en las cárceles no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos. La situación carcelaria actual es producto de la orientación de las políticas que el mismo Poder Ejecutivo impulsó con reformas que endurecieron la ley de ejecución y la persecución penal", recordaron los organismos de DD. HH.

"La llamada “mano dura” conduce a un aumento sostenido del encarcelamiento: las propias proyecciones oficiales sostienen que es esperable un crecimiento del 40% de los detenidos para 2020", concluyeron.

La líder de la Túpac Amaru contó que el lugar donde está detenida “no es una prisión domiciliaria como la que le dieron (al detenido por crímenes de lesa humanidad, Miguel) Etchecolatz”. Vive con 16 gendarmes, con cámaras de seguridad instaladas por todo el recinto, mientras “mientras a los genocidas los están premiando”.

En diálogo con Radio Cooperativa, Milagro Sala criticó duramente las prisiones de ex funcionarios: "Viendo cómo están deteniendo a los compañeros, esto es político. No quieren que el kirchnerismo vuelva a levantar cabeza”, dijo Sala. A su vez, Sala señaló: “El pueblo está pidiendo que vuelva a gobernar el kirchnerismo, que vuelva a administrar el país. Porque hoy gobiernan para los ricos y a los pobres los dejan en la calle”, y señaló que existen “muchísima” desocupación y empresas que han cerrado por el modelo macrista.

Más adelante, Sala lamentó que 30 mil jóvenes universitarios dejaron de estudiar, dijo que “es una pena que haya tanto jóvenes que dejen de estudiar”, señaló que le duele estar perdiendo profesionales, y agregó: “Nosotros no hubiésemos dejado llegar a esta situación”.

En sintonía, Milagro Sala pidió: “Hay q seguir empujando para que la democracia vuelva al país”, a la vez que invitó a participar de la marcha del 21 de febrero que convoca el Sindicato de Camioneros junto a CTA, la Corriente Federal y más. "Hay que estar el 21 de febrero. Hay que trabajar para que participen de todos los sectores y que se llene de miles y miles de colores donde Macri sienta que está gobernando mal el país".

Al ser consultada sobre lo que significa la imagen de Cristina Fernandez de Kirchner, Sala respondió: “Significa dignidad, levantar a los que menos tienen”, al tiempo que destacó que durante los periodos de Néstor y Cristina Kirchner la redistribución del poder adquisitivo era en función “de los que menos tienen”.

Siguen las repercusiones del caso de Emanuel Garay, el joven cadete que murió en La Rioja tras ser sometido a tormentos en la escuela policial. Ahora se conoció el relato de la cadeta Jacquelinen Chumbita. "Nos tuvieron parados dos horas al sol, mis compañeras se desmayaban y los instructores repetían todo el tiempo 'déjenlas que se mueran, una menos’", describió.

En diálogo con FM La Patriada, Chumbita aseguró que “los cadetes sobrevivientes tienen miedo de salir a hablar, pero cómo no vamos a salir a hablar si esto costó la vida de un joven. Queremos Justicia y que nadie se calle la boca, porque todos sabemos lo que vivimos”.

Además, profundizó sobre lo sucedido: "Nos llevaron a 'la sartén', nos quemaron las manos con el piso, las instructoras nos pisaban las manos y tiraban agua al piso para que tomemos del asfalto. Como perritos íbamos a tomar agua podrida de una pileta, un compañero tomó agua de un pozo donde había animales muertos".

“No esperaba un entrenamiento así, esperaba que al menos nos dieran agua. Fue un milagro que no pasara algo más grave. Le dije a la comisario Rodríguez que mi cuerpo no daba más, entonces me fui a bañar y me obligaron a firmar la baja cuando estaba inconsciente”, siguió.

Asimismo, recordó que "cuando recuperé la conciencia, me desperté en terapia intensiva, tenía el cuerpo lleno de moretones”.  Por último, Chumbita homenajeó a su compañero Garay y recordó una conversación con él: "Todos fuimos a la escuela con un sueño, hablé con Emanuel y me dijo que estaba contento de poder estar ahí".

Una cámara registró el momento en que el miembro de la policía local de Avellaneda, Luis Chocobar, efectuó dos disparos por la espalda que terminaron con la vida de Juan Pablo Kukok. Mira el video.

¿Héroe o asesino? Un video que reveló el medio Infobae muestra el momento exacto en que el policía de Avellaneda, Luis Chocobar, de civil, mató de tres tiros a Juan Pablo Kukok el 8 de diciembre pasado. Según la causa, Chocobar intervino  para socorrer a un turista estadounidense que había sido asaltado y apuñalado en 10 oportunidades por ladrones en La Boca. Tal como describen las imágenes, disparo contra Kukok que tenía una cámara robada en su mano y cayó en el piso. Al ser consultado sobre los disparos, ese mismo día,  dijo: "Disparé porque tuve que defenderme".

La publicación, agrega que a partir del video, el juez Velázquez dijo en su resolución: "La agresión a la que era pasible no era inminente, ya que de las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez se observa que al momento de recibir los disparos corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento y se encontraba a varios metros de distancia del oficial".

Kukoc fue trasladado al hospital Argerich, donde también estuvo Wolek, y el 12 de diciembre al mediodía murió, producto de los balazos en la región lumbar y en el muslo. La trayectoria de los impactos fue de atrás hacia adelante. Chocobar quedó detenido y fue liberado un día antes de la muerte del ladrón.

Días atras, el presidente Mauricio Macri recibió al agente de la policía, que tras contarle su situación judicial, lo felicitó: "Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente".