El oficialismo no tiene la vaca atada. Pero cuenta con una ventaja para 2019: la principal víctima de la crisis no fue el oficialismo, sino el discurso economicista, del que la oposición hizo abuso desde principios de 2016.

Entre la final fallida y un multilateralismo en crisis, el gobierno se limita al ejercicio de un panelismo quejoso sobre el peronismo, los jueces, dirigentes del fútbol, gremios y la sociedad. Pero lo hace sin renunciar a la pretensión de liderar una suerte de revolución cultural profunda.

El macrismo muestra una mezcla de sorpresa y desazón, con un agragado victimizante. Esta vez, sin embargo, el discurso autoindulgente difícilmente le sirva para convencer a los que no participan de la grieta.

Puesto a elegir entre cumplir con las metas de ajuste o congraciarse con la oposición, Macri ya eligió: seguirá adelante con su plan (acordado con el FMI), a riesgo de estirar la recesión y envalentonar al peronismo.

El gobierno no logra salir del loop de una promesa: que lo peor ya pasó. Como antídoto contra la crisis, propone cambios de gabinete y teorías de relanzamiento sin alteración del rumbo.

“Marcos Peña no dice que el plan del gobierno es el mejor. Dice que es el único”. Por Andrés Fidanza.

Por Andrés Fidanza

(por Andrés Fidanza) Aunque no haya existido llamado, lobby o sugerencia alguna, la buena estrella repentina de Farmacity marca los límites de una ilusión: la independencia plena de poderes. O mejor dicho: la fantasía de que los ex CEOs, empresarios y campeones de las finanzas no arrastren su agenda y su mirada del mundo, una vez que ocupen el poder político. El conflicto de intereses se abre paso, aunque los funcionarios macristas lo eludan, de forma genuina o sobreactuada. Y así se convierte en un sello de agua del ciclo cambiemita. En ese contexto, el ascenso de Farmacity es una metáfora de ese capitalismo serio y moderno, y que aprovecha cada uno de los atajos que se le presentan.

Fundado por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el tanque farmacéutico (un mini-shopping, en realidad) quedó a un paso de alcanzar dos viejos objetivos: desembarcar en la provincia de Buenos Aires y ganar una pulseada histórica contra los poderosos laboratorios locales (Roemmers a la cabeza, archi-enemigo de Quintana) y contra las farmacias de barrio.

Lo que Quintana no consiguió desde el poder empresario, lo está por lograr a control remoto desde su oficina en Casa Rosada. Mario de Mataderos se jacta de ser el único CEO que se hizo de abajo. Al mando del Grupo Pegasus, fundó y presidió Farmacity. También libró peleas jurídicas para que le habiliten su expansión. En 2010, contrató al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados.

El bufete del actual juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, lo representó en la cruzada que hace unos meses llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que considera a la actividad farmacéutica como un servicio público. Pero su planteo fue desestimado en primera instancia, después por la cámara y por la Suprema Corte provincial.

Tras ese triple rechazo, ya con Cambiemos en el gobierno, Farmacity presentó un recurso en queja. Así consiguió que la Corte nacional tomara el caso. Días atrás, se anotó otro golcito: la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, consideró inconstitucional aquella ley provincial. Ese fallo se suma a otra decisión reciente del procurador interino, también favorable para el macrismo: la de correr al fiscal que investigaba el arreglo entre el Estado y el Correo Argentino.

La resolución sobre Farmacity, sin embargo, no es vinculante. La Corte la tomará como una referencia. El caso a su vez le permitirá a Ricardo Lorenzetti recuperar parte del liderazgo perdido. O al menos diluido, tras la asunción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Ambos supremos, nombrados por Mauricio Macri, se excusaron en la causa a raíz de sus vínculos con la empresa.

Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco no tendrán plazos fijos para decidir. El olfato y pulso de Lorenzetti serán decisivos, en el contexto de un vínculo cada vez más zigzagueante entre el gobierno y el presidente de la Corte.

Con pronóstico todavía más favorable, Farmacity acaba de conseguir otro guiño a pedir de sus intereses. Llegó desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio, que la dio la razón en primera instancia a su queja monetaria.

Se trata de un reclamo empezado en 2012 por Quintana. Congelado en tiempos kirchneristas, la CNDC reactivó el año pasado la denuncia por supuestas prácticas discriminatorias entre los laboratorios, las cámaras farmaceúticas y PAMI. Según el planteo, la maniobra apunta a correr a Farmacity del acuerdo de venta de medicamentos con descuento a los afiliados.

El 9 de noviembre pasado, la CNDC decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), dando por acreditadas las conductas denunciadas. Con un detalle: excluyó del fallo a los laboratorios, que ahora se mantienen en silencio absoluto. En 2013, Quintana le había apuntado directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, protestó entonces.

El sistema objetado por Farmacity distingue en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: por ejemplo, una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio al afiliado de PAMI, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%. Y las cámaras son las que deciden. Dentro de ese panorama, los locales de Farmacity (no todos: hay más de 60 que ni siquiera accedieron a vender medicamentos vía PAMI) son uno de los que más aportan: más de 22 puntos.

“La Comisión de Defensa de la Competencia no quiere investigar si hubo una conducta anticompetitiva que perjudicó a Farmacity, sino que ya tiene la decisión tomada de sancionar a la COFA a pedido de aquella”, detalla una presentación hecha la semana pasada por COFA. Y a su vez exige la suspensión de ese especie de juicio que se realiza en la CNDC, dependiente del secretario Miguel Braun.

La Confederación objetó que Defensa de la Competencia rechazara gran parte de las pruebas que había pedido. También exigió la recusación de una perito de la CNDC, por supuesto sesgo en favor de Farmacity.

Mientras tanto, tras casi dos años y medio en el poder, Quintana anunció que venderá las acciones que aún tiene de la cadena (alrededor de un 3%). En caso de ganar alguna o ambas peleas, Farmacity multiplicará su valor.

Antes de la puja actual por entrar al territorio de María Eugenia Vidal, Farmacity tuvo que sortear algunas trabas para asentarse en la Capital. Las farmacias objetaban su condición ventajosa de cadena polirubro. Pero en 2014 un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldó la discusión. Desde ese momento, la empresa fundada por Quintana sigue vendiendo tanto remedios, como artículos de limpieza, golosinas, café y galletas.

(por Andrés Fidanza) Aún cuando busca mantener un inédito perfil bajo, a Cristina Kirchner la hacen opinar desde escuchas difundidas por goteo. Conversaciones políticamente irrelevantes, realizadas directamente por los servicios de inteligencia, y tomadas de una causa en la que la expresidenta ni siquiera figura como investigada. Tal operación, naturalizada por gran parte del sistema mediático y político, revela el carácter escenográfico del discurso republicano.

En la superficie de ese cartón pintado aparece Luis Caputo, con sus argumentaciones técnicas sobre las (supuestas) enormes diferencias que existen entre manejar, dirigir, administrar y ser accionista de una offshore en las islas Caimán. Si bien todas esas variantes redundan en debilitar a los Estados (y en el caso de Caputo, al Estado argentino), el oficialismo despliega sin pudores su distinción técnica.

En el sótano de esa puesta en escena se mueven a piacere los servicios de inteligencia: un submundo plagado de pujas políticas, de negocios, microemprendimientos y pillerías de bajo vuelo. La performance de la modelo Natacha Jaitt, denunciando una amplia red mediática de prostitución y pedofilia, terminó por confirmar que la trastienda del espionaje sigue siendo un hormiguero.

En 2014, la pelea de Cristina Kirchner con la conducción formal de la ex SIDE, encarnada por el mítico Jaime Stiuso, rompió el statu quo. Desde ese momento, las expulsiones masivas de agentes y el cambio de clima político potenciaron la desintegración. El intento cristinista de camporizar la AFI duró poco más de un año. Seis meses después de que Cristina Kirchner abandonara la Rosada, los agentes de la AFI pinchaban online sus charlas telefónicas con Oscar Parrilli, último jefe de la ex SIDE kirchnerista. Y seis meses más tarde, esas escuchas se empezaban a difundir desde ciertos medios.

Por decisión del juez Ariel Lijo, los empleados de la Agencia captaron en vivo las conversaciones de Parrilli, incluidas las charlas con Cristina Fernández: a la fecha, existen 90 CDs con los registros de eso intercambios telefónicos. Lijo podría haber delegado el trabajo en alguna otra fuerza de seguridad, pero optó por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A pesar de que las escuchas dependen de la Corte Suprema (y ya no de la AFI), Lijo pidió en junio de 2016 la colaboración de los agentes y se inclinó por la modalidad urgente del vivo y en directo, en general usada en casos de secuestros extorsivos.

El juez justificó esa decisión por el protagonismo que había tenido la ex SIDE en el inicio de la investigación contra Parrilli y otros tres ex espías. Según la versión de la actual conducción de la Agencia, los jefes macristas dieron con una carpeta que mostraba la complicidad de Parrilli con el narco Ibar Pérez Corradi, entonces prófugo por el triple crimen de General Rodríguez. Ese eslabonado derivó en una suerte de reality show televisivo, aún vigente y protagonizado involuntariamente por Cristina Kirchner. A medida que se volvía más burda y evidente la utilización política de esa jugada, empezó un pase de facturas cruzado sobre quién había sido el responsable de las filtraciones: ¿la Corte, la jefatura de la AFI, alguna tribu o cuentapropista del espionaje? La tolerancia general del establishment político y mediático volvió un ejercicio casi irrelevante el hallazgo de los culpables.

Tras ese escándalo, llegó la presentación de Jaitt, conectada con la AFI por un dato concreto: la vedette asistió al show de Mirtha Legrand acompañada por la periodista de Infobae Ana Polero. La propia Jaitt le agradeció vía tuit el coucheo en vivo para presentación televisiva. Polero aclaró que se trataba de un asesoramiento sobre el vestuario. Pero lo cierto es que la mujer de 66 años trabajó durante un año para la AFI macrista: desde marzo del 2016, a marzo del año pasado (no fueron tres meses, tal como circuló). Polero había entrado a la ex SIDE de la mano del ex director de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera, Eduardo Miragaya. Ex fiscal, en los noventa Miragaya había sido un activo operador judicial del menemismo. A su vez se sumó a la AFI por decisión de Majdalani. Y duró el mismo lapso que Polero. El ingreso y la performance de Miragaya fue motivo de cierta tensión entre Majdalani y Arribas.

En ese río revuelto general, el kirchnerismo busca darle vida y perfil alto a la Comisión Bicameral que controla (debería hacerlo, al menos) a los servicios de inteligencia. En los próximos días se terminará de definir qué senadores y diputados la integrarán: los candidatos de Unidad Ciudadana para sumarse son los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade. Prácticamente inactiva durante años, la Bicameral tuvo a la actual segunda de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, como su vicepresidenta entre 2011 y 2015.

Los últimos 35 años democráticos, regados de operaciones de inteligencia hechas desde la informalidad, por agentes retirados, inorgánicos o en actividad, son suficientes para concluir lo evidente: es imprescindible que exista un control externo y real sobre los servicios de inteligencia.

(por Andrés Fidanza) Desde los grupos de wasap, los comentarios de café y los almuerzos familiares, a las mentes de los jueces en Comodoro Py. Los climas sociales se filtran en los fallos y las decisiones del poder judicial. Y los fueros federales son especialmente permeables. Sobre todo para los compuestos por actores que, a diferencia de Claudio Bonadío, evitan convertir su carrera en una cruzada muy en contra o muy a favor de una fuerza política. Es es uno de los motivos que explica el reciente giro: que un sector de la justicia haya tomado cierta distancia de los intereses del gobierno.

En el lapso de los últimos diez días, el oficialismo sufrió una serie de desaires judiciales. El que más lamentó no fue el freno al festival de prisiones preventivos. Tampoco el rebaje en la acusación contra el empresario Cristóbal López, que lo obligó a una especie de sobreactuación de enojo mediático. La decisión más crítica para el macrismo fue tomada por la Corte Suprema: haber puesto en crisis el intento de federalizar por la ventana cinco tribunales ordinarios.

Por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso aprobó en diciembre del 2016 la federalización de cinco tribunales orales criminales: jueces dedicados a investigar robos, asesinatos y violaciones pasarían a manejar causas federales. Por ejemplo, corrupción de funcionarios pasados y en funciones. La ley permitía un recurso muy controversial y de constitucionalidad dudosa: saltearse un eslabón del mecanismo constitucional para la designación de jueces. ¿Cuál? Contar con el aval del senado, por dos tercios de los presentes. En adelante, al macrismo le bastaría con su mayoría automática en el Consejo de la Magistratura para completar esas tribunales federales.

Así podría ampliar los tribunales federales de forma exprés y casi a la medida de sus necesidades, licuando el actual poder de Comodoro Py.

El Tribunal Oral Federal 9, el primero de los traspasados, se encaminaba a juzgar a Cristina Kirchner en una suerte de megacausa. Ese TOF quedó conformado en diciembre del año pasado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Fueron postulados por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, quien trabajó con Noceti años atrás. Mora a su vez es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex titular de la Asociación de Magistrados y simpatizante oficialista. La mayoría del oficialismo en el Consejo habilitó el ascenso de tales jueces.

La Corte Suprema, sin embargo, le puso un freno a la audaz jugada. Pero antes de que los supremos decretaran su inconstitucionalidad, los propios miembros del TOF 9 habían empezado a titubear. Le habían pedido a la Casación Penal Federal que los confirmara al frente de investigaciones tan sensibles, como la megacausa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, el reparto de la obra pública kirchnerista y el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Antes de recibir el apoyo político pedido, la Corte trabó conceptualmente ese camino. A la pasada, ese freno confirmó el carácter zigzagueante de la relación entre Ricardo Lorenzetti y el gobierno.

Previa difusión del fallo de la Corte que tanto molestó a Macri, Ricardo Lorenzetti habló por teléfono con el presidente. Le anticipó de forma algo polite el sentido del fallo que trabaría los planes oficiales de federalizar Comodoro Py, sin la necesidad de pasar por el senado.

Después de esa conversación, se reunió en el palacio de Tribunales con el ministro de Justicia Germán Garavano. Y al día siguiente de esa cita a solas, los cinco jueces de la Corte firmaron un oficio celebrado por el gobierno. Esta vez por unanimidad, los cinco supremos expusieron sus sospechas respecto a la trama que derivó en la liberación de Cristóbal López y el alivio de la denuncia en su contra. El acta de la Corte representa un misil contra los los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, enemigos comunes de Lorenzetti y el oficialismo.

La relación entre el macrismo y el presidente de la Corte no admite lecturas lineales. Así, ante las dificultades y resistencias que ponen en crisis la hoja de ruta oficial, Macri apeló a uno de sus antídotos preferidos: saltearse estructuras políticas; apelar directo al alma de su electorado y un poco más allá. Eso mismo ensayó en sus recientes escraches televisivos a distintos jueces, empezando por los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Farah.

En adelante, con más de un ojo puesto en ganar apoyo social, el macrismo repetirá la metodología. Desde las redes sociales, un pelotón de cuentas para-oficialistas agita la marcha para el 12 de abril, con la consigna de que #SinJusticiaNoHayRepublica.

Mientras tanto, la elección de Inés Weinberg de Roca para ocupar la Procuración general también resume esa suerte de puenteo a la corporación judicial. De haber querido congraciarse con el peronismo PRO-friendly, y a la vez con un sector de Comodoro Py, Macri debería haber promovido al fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé. Weinberg de Roca es una outsider de la justicia federal, ideológicamente afín al macrismo. Se trata de una nominación a favor de la justicia de diseño cambiemita, en medio de algunas (nuevas) adversidades.