(por Andrés Fidanza) En sus efectos políticos, la reforma jubilatoria sacudió un tablero ideológico que se mantenía estable. Lo sacó de su estado social de (casi) empate permanente, inclinado ligeramente en favor del gobierno. Y lo hizo por primera vez, al menos en gran escala, en más de dos años de gobierno macrista. El ahorro fiscal buscado se logró a costa de alterar una especie de statu quo que le resultaba funcional. Esa es la principal novedad que dejó la jugada oficialista, por detrás de otras grandilocuencias, como la represión, los piedrazos, los gritos parlamentarios, las invocaciones a Jesús y las denuncias de golpismo.

Para sorpresa del gobierno, esta vez no alcanzó con el esquema de la polarización y el discurso victimizante para ganar la discusión pública. El gobierno subestimó el impacto que tendría su primera gran política de shock: no le dedicó un maquillaje especial, al momento de presentar un recorte tan antipático. Quiso aprobarlo a las apuradas, sin dar demasiadas explicaciones. Y así favoreció un ensayo de unidad opositora, resumido en la foto que muestra a Agustín Rossi a los abrazos con Ignacio de Mendiguren, y a Axel Kicillof sonriente junto a Facundo Moyano. Si bien esa postal del hemiciclo no viene con una traducción electoral automática, los acercamientos políticos se alimentan de acciones previas, como el rechazo al ajuste coordinado entre diputados.

El corrimiento de Cambiemos a la derecha a su vez agrandó el margen para el encuentro opositor: le amplió la agenda en común. Y una última hipótesis: que Cristina Kirchner no haya ocupado el centro de la escena también facilitó el tono de repudio en bloque al paquete de reformas. La figura de la expresidenta se volvió hipnótica para los dirigentes y los militantes K, los anti-K y todo opositor no K: dispara fanatismos y enojos, más una serie de esfuerzos (muchas veces sobreactuados) para marcar una distinción con el kirchnerismo. Pero especialmente para diferenciarse de CFK.

Por esa combinatoria de motivos, el cambio en la forma de calcular las jubilaciones desbordó un esquema que era cómodo para el macrismo. Según una encuesta de Analogías hecha en 28 municipios del conurbano bonaerense, más de dos tercios de las personas están en desacuerdo con la reforma previsional; y sólo un 23,7% la apoya. Pero con un detalle novedoso: el rechazo se impone incluso en los sectores que aprueban el desempeño de Mauricio Macri. Un 80% de los bonaerenses entrevistados, parejo en todos los segmentos de edad y nivel educativo, se opone a bajar el déficit por vía de la reducir las jubilaciones.

Dos meses después de las legislativas, el gobierno hizo una lectura demasiado exitista de su triunfo. Y lo continuó durante el debate parlamentario, tensando la cuerda con diputados a los que podría necesitar en la próxima sesión. Incluso Macri sigue parado sobre esa distinción binaria entre opositores. Según esa mirada, sólo los hay de dos tipos: opositores racionales y opositores que (misteriosamente) plantean dudas sobre el actual monorriel del progreso.

(por Andrés Fidanza) Mauricio Macri blanqueó el menú de opciones: ajuste o estallido. Sin matices o alternativas, el gobierno profundiza el planteo binario, en el que su plan de reformas constituye el único camino posible, viable y racional. Por fuera de ese programa sólo habita el idealismo, el kirchnerismo o la locura. Y sobre todo abunda el kirchnerismo, un sistema delincuancial con un objetivo excluyente: robar dinero estatal que podría haberse usado con otros fines. Ese es el argumento central del gobierno para defender en público la reforma previsional. Si bien ese razonamiento le dio buenos resultados en peleas y elecciones anteriores, el intento de recorte a las jubilaciones y pensiones podría marcar un punto de inflexión. El principio del final del handicap social. O el arranque de un gobierno un poco más creativo, aunque sea a la fuerza.

Para el macrismo, el riesgo es doble: el cambio en la fórmula para calcular los aumentos jubilatorios (por el que pretende ahorrar entre $80.000 millones y $120.000 millones para 2018) es un tema especialmente sensible, sobre el que es difícil meter a martillazos el clivaje república o populismo ladrón. O al menos le resulta más artificial que ante situaciones previas. El otro peligro es que el truco del contraste permanente con el kirchnerismo empiece a saturar. La reacción a los gritos del presidente del bloque PRO, Nicolás Massot, durante el debate en la Comisión de Previsión y de Seguridad Social de Diputados, sonó algo sobreactuada. Los grupos de jubilados le reclamaron con el bolsillo, y Massot les respondió con su corazoncito anti-kirchnerista.

Más orgánica que nunca, Elisa Carrió les pidió a los jubilados paciencia y confianza en las buenas intenciones del oficialismo. Pese a sus reparos iniciales, un informe interno (desestimado por todos los especialistas en cálculos previsionales) terminó por convencer a Lilita sobre las bondades de la reforma. Así, haber sumado al lilito Fernando Sánchez a la jefatura de gabinete ya le redituó enormemente al macrismo. Carrió es parte del gobierno: se convirtió en su voz moral, y ya no sólo en una aliada incómoda a la hora de gobernar.

El apuro oficialista se construye sobre una convicción filosófica: la necesidad de achicar el déficit y la inversión estatal, regalando en simultáneo guiños hacia los potenciales inversores. Y a su vez se basa en una lectura algo exitista del triunfo amarillo en las legislativas recientes. ¿El 40% de la sociedad plebiscitó el ajuste en marcha o se limitó a renovar genéricamente el voto de confianza, sin entrar en detalles sobre la necesidad imperiosa del recorte a los jubilados? No existen respuestas puras o demasiado concluyentes. Pero es posible que el presidente esté sobreestimando la calidad (más que la cantidad) del aval recibido en las urnas. Con un detalle en su favor: mientras la oposición se mantenga astillada y sin rumbo claro, Cambiemos podrá seguir capitalizando la confusión. Porque al momento del recuento de votos, el sistema es una máquina de pasar por alto las distintas motivaciones, énfasis y matices que viven en cada elector.

(por Andrés Fidanza) La duda es: ¿Patricia Bullrich arrastra al gobierno hacia el punitivismo o la ministra es la vocera más representativa que tiene el macrismo respecto a su política de Seguridad? Conviven opiniones diversas, incluso dentro del oficialismo; y es posible que no exista una única respuesta acertada. Sea causa, consecuencia o un debate menor, lo cierto es que La Piba empuja a Cambiemos hacia un ensayo de mano dura. Hacia la práctica desde el Estado, y ya no sólo hacia el discurso de campaña, que es un facilismo de poco riesgo.

Se trata de un giro no detallado en el prospecto del macrismo. Al contrario, el perfil sheriff solía calzar mejor en el speech de Sergio Massa. A tal punto llega el actual cambio de rumbo, que la cara más humana del macrismo -Gabriela Michetti- se muestra ajena y de hielo ante el asesinato por la espalda de un muchacho de 22 años: Rafael Nahuel.

Pese a esa homogeneidad aparente, Bullrich le pone su sello particular a la apuesta. Desde el quiebre de su biografía política, le agrega un plus a la jugada: el de la fe de los conversos. “Patricia se equivoca de buena fe”, describe (con algo de malicia) un dirigente que la trata habitualmente.

Mauricio Macri, sin embargo, la brinda un apoyo blindado. Esa banca hizo disipar el fuego amigo en contra de la ministra. Al menos por ahora.

Después del reproche televisivo de Bullrich al juez federal Gustavo Villanueva, quien investiga el crimen de Nahuel, Germán Garavano se encargó de llamarlo en son de paz. Tal es el reparto de roles, no del todo convenido, entre ambos ministros: la de Seguridad defiende herméticamente a su tropa, sean gendarmes, prefectos o policías, y se permite tensar la cuerda con jueces y fiscales desalineados. El de Justicia intenta contener a los actores del poder con el que convive.

Así, la ministra volvió a atar su suerte al desempeño de las fuerzas federales de seguridad. Como tras la desaparición de Santiago Maldonado, reforzó el mensaje corporativo intramuros. Si bien falta conocer el motivo y los detalles del contexto en que murió el tatuador, para Bullrich el ahogamiento fue causa suficiente para decretar que no hubo ni una pizca de mala praxis. El resultado de los focus group también parece darle la razón (pragmática) a La Piba.

Pero el intento de “cambio cultural” del gobierno encierra todos los riesgos que marca la historia argentina respecto a sus fuerzas de seguridad. Y a su vez entra en la dinámica del ensayo y error con la que muchas veces actúa el macrismo.

Al momento, Bullrich sigue dándole “carácter de verdad” a lo dicho por Prefectura. Según ese relato, los mapuches que ocupaban el parque nacional atacaron a los agentes con armas de fuego, usando “movimientos tácticos militares”. En el expediente de la investigación, el juez Villanueva por ahora no confirma ese dato. En su descripción del caso, diez páginas basadas principalmente en la declaración de Lautaro Alejandro González y Fausto Horacio Jones Huala, sólo les atribuye haber usado “diversas armas, entre otras, cuchillos y ondas de revoleo”.

La actual senadora nacional de la Coalición Cívica por Río Negro, Magdalena Odarda, conoce desde años a los pueblos mapuches de su provincia. “No creo que hubiera armas de fuego en manos de esa comunidad de Bariloche, que no tiene nada que ver con la RAM”, afirma. La Resistencia Ancestral Mapuche es, según Bullrich, “un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”. Para Odarda, en cambio, la RAM es “la creación de un enemigo que no existe como tal”. Cercana a Elisa Carrió desde hace 15 años, por estos días Odarda cierra su salida definitiva de la Coalición Cívica. Lo hará por las “diferencias ideológicas” que tiene con Cambiemos. La última y más notoria es la gestión de Bullrich: “Está equivocando el camino: la violencia trae más violencia”.

(por Andrés Fidanza) Mientras se discute cómo se repartirá el recorte entre jubilados, trabajadores y estatales, la AFI volvió a consagrarse ganadora en el reparto presupuestario. Con perfil bajísimo, un poco obligado y otro tanto buscado, la Agencia Federal de Inteligencia logrará en 2018 una suba de casi el 21% de sus recursos para el 2018. Se trata de un aumento pautado de más de 374 millones de pesos. Con Gustavo Arribas ya corrido del foco mediático, y hasta sobreseído de forma exprés en la causa de las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht, la AFI macrista sigue acumulando fondos, discrecionalidad y poder.

El aumento presupuestario está 5 puntos por encima de la inflación proyectada por el oficialismo, y que supera ampliamente lo conseguido por otros ministerios y áreas de gobierno. Comparada con los 20 ministerios nacionales, la ex SIDE lograría crecer proporcionalmente más que 17 carteras.

Hace un año, un decreto presidencial habilitó la confidencialidad plena de sus recursos. Y ahora, por segundo año consecutivo, su presupuesto le ganará a la inflación prevista (según el oficialismo, será del 15,7% a lo largo del 2018) y al resto del gasto (un 16%, de acuerdo al proyecto presentado por ministro de Hacienda Nicolás Dujovne).

Si bien la reunión del G-20, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires, explica en parte el refuerzo presupuestario, se trata del segundo año de bonanza para la AFI. A fines del año pasado, la ex SIDE se anotó un plus de 355 millones de pesos: o sea, un 24,5% de aumento que la ubicó arriba de la suba integral del presupuesto para 2017 (22%) y de la inflación proyectada (17%). En comparación con la inflación real este año, al que todavía le faltan dos meses y medio, los cálculos oficialistas pronostican un empate en 24,5%.

Ahora, de aprobarse el proyecto del macrismo, volvería a integrar el podio de los organismos más premiados. De los 1.804.468.000 pesos actuales a los 2.178.680.000 previstos para 2018, los 374.212.000 de pesos agregados se traducen en una escalada de 20,74%.

Ese salto es sólo superado, y por muy poco, por el de tres ministerios: Trabajo (22,3%), Educación (21,9%) y Desarrollo Social (21,2%). Las demás carteras quedan bastante relegadas respecto a la ex SIDE: Medio Ambiente sube la mitad que la AFI; y Salud, unos 7 puntos menos.

“La AFI de Arribas y Majdalani va tener el doble de lo que se destina al SEDRONAR. Hay que disolverla y crear un organismo contra el crimen complejo y el terrorismo. Basta de financiar a los Stiuso y otros”, opinó la diputada Margarita Stolbizer.

Hasta mayo pasado del año pasado, se podía conocer el uso de los fondos de la AFI, con excepción de los destinados a tareas específicas de inteligencia. Pero Mauricio Macri eliminó el decreto que permitía el acceso a esa parte de la información: lo hizo por vía del decreto 656.

“No hay que confundir falta de transparencia con que el fondo sea reservado, que no quiere decir sin control”, se justificó Arribas, durante su exposición en el Congreso para defender su postulación. Fue una de sus poquísimas apariciones públicas.

Desde que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó en marzo pasado, concluyendo que no había cobrado coimas de la brasileña Odebrecht, la AFI prácticamente desapareció de la agenda mediática. Macri, sin embargo, la invocó indirectamente y sin buscarlo semanas atrás. Lo hizo al respaldar la teoría del asesinato del fiscal Alberto Nisman, en contra de la voluntad de la conducción de la AFI. Ese deseo de la Agencia no implica que no coincidan con Macri. Al contrario, una parte de la jefatura de la ex SIDE se inclina por esa misma versión. Pero el interés supremo de la Agencia es despegarse por completo de la trama que terminó con esa muerte, haya sido un crimen o un suicidio.

“Es la AFI pasada”, repiten desde la Agencia Federal de Inteligencia, en un intento por separarse de la vieja guardia de espías vinculados al fiscal Nisman, como el mítico Jaime Stiuso.

Pese al planteo refundacional, algunos espías antiguos volvieron por goteo a "la casa": como el director de Finanzas Juan José Gallea, un personaje muy cercano al ex subjefe de la SIDE en tiempos de la Alianza, el abogado Darío Richarte. De la mano del presidente de Boca Daniel Angelici, otro de los dirigentes que intenta influir sobre la justicia, Richarte concretó una suerte de ingreso informal al PRO.

(por Andrés Fidanza) Con el envión amarillo de las legislativas, el gobierno amenaza con incluir a una parte de Comodoro Py en su reformismo permanente. Lo hace veladamente, a través de un lenguaje que jueces y fiscales decodifican a la perfección. Entre los actores judiciales figura a la cabeza el supremo Ricardo Lorenzetti, quien ya prometió una serie de recambios menores, en fidelidad con el renovado clima de época. Así, el manipulite acelerado y de trazo grueso contra el kirchnerismo es, en buena medida, hijo de esa entendimiento mutuo.

Por debajo de la jactancia sobre la independencia de poderes, una ONG trabaja a pedir del gobierno. Se trata de Será Justicia, una asociación tan cercana al macrismo como a los estudios de abogados más poderosos de la Argentina y al muy conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

La renuncia inducida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou y la suspensión del camarista Eduardo Freiler fueron empujados por esa ONG. Uno de sus principales dirigentes, Guillermo Lipera, incluso se postula para reemplazar a Gils Carbó en la Procuración. Moderador de un inédito panel sobre agenda judicial en el último coloquio empresario de IDEA, Lipera integra el enorme estudio Bulló.

Otra de las fundadoras de Será Justicia es la abogada Eugenia Talerico, elegida por Mauricio Macri para ser la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (la UIF, más conocida como oficina anti-lavado). Talarico sorteó con éxito los cuestionamientos que le llovieron al momento de su postulación, a raíz de sus anteriores vínculos con el banco HSBC, denunciado por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita.

Fundada hace cinco años, Será Justicia es una suerte de desprendimiento aggiornado del Colegio de Abogados de calle Montevideo. Desde su creación, funcionó como su pata militante y política. Pese a su breve trayectoria, en lo últimos meses demostró su banca y capacidad de influencia. En el Consejo de la Magistratura colaboró con dos denuncias contra un juez que integraba la lista negra del oficialismo: el camarista Eduardo Freiler, ya suspendido y con pronóstico reservado. A su vez ayudó para cumplir con una de las obsesiones que tenía Mauricio Macri desde que asumió: que Gils Carbó dejará de ser la jefa de los 400 fiscales del país.

A fines del año pasado, presentó una demanda contra el Estado. Reclamaba que se declarara inconstitucional la vía del juicio político para remover a la procuradora. Un planteo hecho a pedir del oficialismo, al punto de que el ministro de Justicia Germán Garavano lo avaló.

Semanas atrás, junto al mismo Colegio de Abogados y a la ONG Usina de Justicia, Será Justicia volvió a presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Ahí acusó a los jueces Lijo y Daniel Rafecas de cajonear algunas causas. En especial, las orientadas contra los ex funcionarios kirchneristas.

Parado en la montaña de su mejor momento, el macrismo se ve poderoso, seguro de sí mismo, razonado en sus políticas (de ajuste) y plebiscitado socialmente. Prácticamente eterno. Frente a esa auto-percepción, el sainete de los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren con sociedades offshore en paraísos fiscales le resultan temas insignificantes. La mega-filtración completa de los Paradise Papers casi no le merece opinión alguna. Casa Rosada da por descontado una resolución similar a la de Mauricio Macri con los Panamá Papers. Hace dos meses, la Cámara Federal confirmó el cierre de la causa en su contra por lavado de dinero.

Las acusaciones por evasión y explotación laboral contra Luis Miguel Etchevehere, quien saltó fluidamente desde la presidencia de La Sociedad Rural hasta el ministerio de Agroindustria, también le parece una cuestión menor. Una trama destinada a ser diluida, olvidada y archivada judicialmente. Ahora, como otras veces a lo largo de la historia, el gobierno no puede, no quiere ni tiene interés en percibir un desenlace diferente.

(por Andrés Fidanza) Tras 12 años de grandilocuencia discursiva, Mauricio Macri trajo una épica del orden minimalista. Su propuesta se basó en una defensa simplista del valor del ahorro, el sacrificio, la eficiencia, el desarrollo y el fin de los privilegios. Y algo más: gradualismo económico, al menos según los parámetros del propio oficialismo. Con esa fórmula, el gobierno empezó a cerrar una primera mitad de mandato taquillera: consiguió el aval de más del 40 de la sociedad; sumado al consenso del grueso del poder judicial, de los grandes medios y de una parte del peronismo, apurada por despegarse de la etapa kirchnerista.

"Muchos dicen que esta propuesta de un país ordenado le falta épica. No estoy de acuerdo: qué más aventura épica que una sociedad que se quiere desarrollar", afirmó el presidente en el Centro Cultural Kirchner (o CCK, según su nominación oficialista).

Para el segundo tiempo de su gestión, el que definirá sus verdaderas chances de ir o no por la reelección en 2019, el gobierno prepara un reacomodamiento en la hoja de ruta: de cierto gradualismo de trazo grueso a un ajuste de letra chica. De un diagnóstico generalista, con hincapié en problemas reales de la economía macro, al establecimiento de jerarquías ideológicas más precisas, respecto a quién financiará el ahorro. Si bien todavía no abundan los detalles sobre el paquete de medidas (el oficialismo suele solar sus proyectos a cuentagotas, con la intención ir midiendo clima y repercusiones), tendría dos ejes centrales: absorber 100 mil millones de pesos de jubilaciones y asignaciones, a partir de un cambio en la Ley de Movilidad; y una reforma laboral, cuyo borrador ya circula y fue rechazadísimo por los gremialistas no alineados con el gobierno.

Cuando habla sobre los trabajadores, el discurso presidencial tiende a confundir la frontera entre privilegios y derechos. A la Sociedad Rural, en cambio, Macri le acaba de conceder un ministerio hecho a medida. El nivel del recorte a su vez dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso, y de la vocación que tenga Cambiemos para llegar a un “consenso” genuino (palabrita de moda en el speech de Macri). El desenlace del plan evidenciará ex post-facto cuál fue el sentido del voto reciente, sobre todo en los sectores ajenos al núcleo social del PRO y que volcaron la elección: ¿se trató de un plebiscito auto-consciente sobre la necesidad de un ajuste o fue de un apoyo un poco más vaporoso, basado en una apuesta de esperanza y renovación del crédito?

El lunes posterior a la elección, Macri dio una pista en privado. En medio de una reunión de gabinete exitista, contó una anécdota que había vivido en la noche del domingo. Tras el festejo de Cambiemos en el salón de Costa Salguero, se fue con Juliana Awada y su hija Antonia. "Fuimos a cenar a Los Platitos, en la Costanera. Un taxista en la calle me miró y me dijo: ´No soy patrón, soy peón. Pero mirá que yo confío y no llego a fin de mes´", relató el presidente, según publicó La Nación. En adelante, el desafío de Macri y de su ambicioso proyecto es alimentar con un resultado concretísimo la confianza de ese peón.

(por Andrés Fidanza) El dato confirmado de la ola amarilla no alcanza para dar una respuesta definitiva. ¿Quién ganó? O mejor dicho, ¿cómo se explica el triunfo macrista? Abundan las opciones y las lecturas, hechas un poco a tientas, con mucho de interés y operación disimuladas, en el fragor de una historia transicional ocurriendo en vivo. ¿Se impuso un cambio cultural profundo, un apoyo auto-consciente al ajuste y a las reformas que se vienen, el desencanto con el populismo sistémico o el mero hartazgo hacia una figura intensa como la de Cristina Kirchner? ¿Ganó Jaime Durán Barba con su receta de la simplificación permanente, según la cual los individuos llenan con sus deseos íntimos un discurso vacío y color de rosa? ¿O será Héctor Magnetto el verdadero padre de la victoria, como machacan desde el kirchnerismo, al instalar con éxito una lavado cerebral masivo? ¿Se tratará de un triunfo líquido, en el marco de una democracia de baja intensidad? Una posibilidad que, al hacer hincapié en la volatilidad del electorado, encierra otro potencial cambio de rumbo en el humor social para 2019.

Nadie lo sabe con certeza. Las interpretaciones de la realidad compiten a los codazos, exagerando su propia importancia. Seguramente haya un poco de cada variable dentro de la ensalada sociológica que sostiene el aval de más del 40% hacia Cambiemos, incluida la generala macrista en las cinco provincias más grandes de la Argentina.

Lo cierto es que el macrismo dejó de ser un accidente de la historia para articularse en tiempo récord como un partido con un liderazgo definido (y hasta dos alternativos), despliegue territorial y capacidad para gobernar. Y algo más: después de atravesar cómodamente el plebiscito de medio término, Macri intentará ir por la reelección en 2019.

Así, más que el fin del kirchnerismo, esta legislativa debería marcar el fin de la subestimación kirchnerista al PRO. Porque si bien Elisa Carrió arrasó en Capital, tanto Macri como Horacio Rodríguez Larreta son quienes capitalizarán mejor que ella el 51% en términos de estructura, acumulación de poder, proyectos personales y mayorías legislativas. La entrada de la derecha al juego democrático convirtió al partido de Macri en un fenómeno cultural.

El apoyo electoral, sin embargo, no es sinónimo de fidelidad social. Sobre todo tras una legislativa en la que se votó más bajo el ánimo de la esperanza que del agradecimiento por los resultados (económicos) obtenidos.

Ante ese panorama, quizás la derrota de Cristina Kirchner le sirve al peronismo para apurar un intento de unidad. "La Argentina no tiene que tenerle miedo a las reformas, porque representa la posibilidad de crecer", anticipó el presidente desde el salón Blanco de Casa Rosada. Sea gradualista o estructural, su ensayo de Moncloa le podría facilitar al peronismo un aglutinamiento por izquierda. Paradojalmente, el plan macrista es lo único que empuja hacia una construcción de puentes opositores por ahora inexistentes.

(por Andrés Fidanza) El macrismo convirtió al Estado en una inmobiliaria exitosísima. Con el recurso del endeudamiento en alerta amarilla, y frente a la imposibilidad política de profundizar el ajuste, el gobierno encontró un atajo: la venta de terrenos públicos para construir torres. A pesar de su vuelo bajo, ese mecanismo le permite recaudar y financiar obras, algunas ya en marcha, justo cuando se define su suerte electoral. Y algo más: por esa vía el oficialismo le hace un guiño a las desarrolladoras inmobiliarias más poderosas, como Irsa, Iecsa y la de Nicolás Caputo.

"Cuando llegamos había 19.000 inmuebles registrados y hoy hay más 50.000. Es fundamental saber cuáles son los inmuebles que tiene el Estado Nacional y qué usos se les da”, afirmó el director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE, ex ONABE), Ramón Lanús. Se trata del organismo que maneja las tierras y propiedades fiscales. Y que lo hace, desde el año pasado, con la misma lógica del real state. Si bien desde el AABE aseguran que condicionan “la venta de tierras a que se desarrollen”, lo cierto es que en los últimos meses se aceleraron las privatizaciones.

Existe un artículo en la actual ley de Presupuesto que permite potenciar el valor de los terrenos antes de la venta. Incluido estratégicamente, el artículo 57 autoriza los acuerdos entre el AABE y las provincias. Esos contratos facilitan las ventas, previa rezonificación por parte de las Legislaturas provinciales.

Así, por ejemplo, el último mes la Legislatura porteña aprobó la rezonificación y venta para construir torres de siete predios públicos. Por esa privatización, el gobierno espera recaudar unos 400 millones de dólares. Según el cálculo oficial, la negociación del patrimonio resulta imprescindible para financiar obras en marcha, sin tener que profundizar el endeudamiento o el ajuste, tanto nacional como porteño.

Para lograr el aval necesario, el macrismo se valió de su flamante mayoría automática. Casi sin la obligación de negociar con la oposición, ni de escuchar los reclamos vecinales, el larretismo le sacó el jugo a su fusión legislativa con la Coalición Cívica y el espacio de Graciela Ocaña. A sus 32 votos de piso, le suma casi sin falta el del único diputado massista: Javier Gentilini.

El jueves pasado el bloque oficialista votó en primera lectura (falta una audiencia pública y una segunda votación) el cambio de código urbanístico y la venta de cinco lotes. El más importante es el de Retiro: una franja de 23.200 metros cuadrados sobre avenida Libertador. Los demás están en Saavedra, Mataderos, en la estación Urquiza y en Palermo, donde hoy hay unas canchas de fútbol.

En la misma sesión, y con argumentos similares, se aprobó definitivamente otro proyecto del Ejecutivo: la venta del playón verde de 9 hectáreas en Colegiales.

Hace dos semanas, el oficialismo avaló la venta de casi tres manzanas en Catalinas Sur, La Boca. Tanto en Colegiales como en La Boca, las agrupaciones de vecinos se oponían (y todavía lo hacen) a la construcción de torres.

Desde el gobierno argumentan que sólo el 35% de los terrenos será cedido al real state, mientras que el 65% será de uso público. Pero este último porcentaje incluye veredas, retiros de los edificios y hasta aperturas de calles.

A partir de ese negocio inmobiliario de más 200 mil metros cuadrados, el gobierno porteño usará 330 millones de dólares para financiar dos obras porteñas en marcha: los viaductos en los ferrocarriles Mitre, ramal Tigre, y San Martín.

Esta tanda se suma a otras subastas realizadas en el último año y medio: una enorme sastrería militar en Palermo; canchas de fútbol de alquiler en Nuñez; y el histórico edificio Del Plata, sobre avenida 9 de Julio (vendido a la desarrolladora Irsa). Por esas privatizaciones, el gobierno recaudó unos 150 millones de dólares.

El plan de ventas incluye a todo el país, pero se vuelve radical en la ciudad más apuntada por el mercado inmobiliario. A contrapelo de ese proceso, la Capital tiene un serio déficit de espacios verdes por habitante: según la Organización Mundial de la Salud, es una de las peores de América Latina.

Las privatizaciones a su vez revelan el nivel de desesperación macrista por dar con nuevas fuentes de financiamiento, incluso a costa de ceder un patrimonio irrecuperable: el espacio público.

(por Andrés Fidanza) Un juez de la Corte puesto por Macri, el vicejefe de gabinete y un poder de lobby multimillonario se cruzan en un expediente judicial. Se trata de una causa sobre la que deberá opinar la propia Corte. Fundada por el ministro coordinador Mario Quintana, la cadena Farmacity busca desde hace años y por todos los medios desplegar su negocio en la provincia de Buenos Aires. Y hace pocos días consiguió llevar su cruzada a la Corte Nacional, con el detalle de que el juez Carlos Rosenkrantz (ya recusado y excusado en la causa) fue abogado de Farmacity. Su estudio, sin embargo, sigue representando a ese tanque de 250 sucursales. Y algo más: la abogada de Farmacity, Andrea Gualde, fue asesora muy cercana de el supremo Horacio Rosatti, cuando era ministro de Justicia.

Farmacity quiere aprovechar su momento de cercanía con el poder. La campaña a su vez incluye golpear la puerta de otro sector del gobierno. En paralelo al intento por entrar a la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio (a cargo de Miguel Braun, sobrino del dueño de los supermercados La Anónima), quien pocos años atrás había fallado en su contra.

Este rompecabezas funciona como una metáfora de la zona gris del macrismo, en la que se difuminan las diferencias entre lo público y el privado. El conflicto de intereses es un sello de agua que arrastra la experiencia macrista, y que a su vez se convertirá en una suerte de estigma crítico en su contra, una vez que amaine el handicap mediático y social.

Si bien la ley provincial se lo impide, y ya tres fallos consecutivos rechazaron esa posibilidad (incluido el de la Corte bonaerense, de junio del año pasado), Farmacity presentó un recurso de queja para que la Corte Nacional tome el caso. Y lo consiguió: el expediente ya está en manos de los cinco jueces supremos. Rosenkrantz, sin embargo, ya se corrió. En paralelo, el Colegio de Farmaceúticos de la Provincia de Buenos Aires había pedido la recusación del juez propuesto por Mauricio Macri.

Pese a la ausencia del juez, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses desconfían de esa supuesta prescindencia. Y a su vez sostienen que la doble influencia de Farmacity (política y judicial, vía Quintana y Rosenkrantz) podría ser determinante para volcar un fallo en favor de la cadena. De resultar así, se favorecería la expansión de ese tanque.

Cerca del vice de Marcos Peña, por el contrario, afirman que Quintana se retiró de la dirección de Farmacity y que vendió todas sus acciones en el fondo de inversión Pegasus (a su vez controlador de las heladerías Freddo y el shopping Tortugas Open Mall). Los farmacéuticos desconfían.

Por continuidad e influencia dentro del gobierno, el de Quintana es el ejemplo más exitoso de salto de público a privado. No todos fueron así de fluidos. A punto de cumplir dos años en la Casa Rosada, el macrismo ya suma más de diez ex gerentes, directores y CEOs de empresas que renunciaron o fueron echados. La lista de motivos para el éxodo suele incluir el conflicto de intereses, la poca tolerancia a las internas y los problemas de adaptación.