Como contracara, en sus casi cuatro meses de gobierno, el macrismo derrumbó otro mito instalado en la política argentina: el que le atribuía al PRO -una fuerza de centro-derecha y cara amable hacia el mundo de los negocios- una ductilidad casi natural para el manejo de la economía.

Así visto, la realidad se llevó puesta tanto a la propaganda como a los prejuicios que circulaban alrededor del PRO. Al momento, el macrismo pudo con la política, pero le costó (y todavía le cuesta) lidiar con la economía. Y si bien la valoración de éxito y fracaso depende de quién juzgue, el gobierno hizo agua en aspectos en los que se mostraba más confiado: la famosa lluvia de inversiones, todavía pendiente; y la reducción de la inflación, de la mano de una administración fiscal más austera. En esos ítems, el macrismo fracasó bajo sus propios parámetros.

Incluso Elisa Carrió, aliada ingobernable, pero siempre astuta para detectar humores sociales, se despegó de las recientes medidas económicas. “No comparto ajustes brutales de agua, gas, transporte, en medio de tan alta inflación. No se puede ahogar a la sociedad que nos apoya en el cambio”, afirmó la diputada.

Si bien la escena política todavía se está reacomodando, con las distintas fuerzas entregadas a una danza de contemplación y tanteos mutuos, las críticas de Carrió funcionan como una bisagra. Porque sus palabras nunca llegan el vació. Lilita percibe que “la sociedad” (incluido el sector “que nos apoya en el cambio”) está maquinando cómo describir y catalogar al macrismo. Una identidad todavía en construcción, pero que bien podría llegar a ser la de un gobierno ajustador. Carrió detecta ese riesgo y, entonces, abre el paraguas, marca la cancha y suelta un “yo te avisé” a futuro, que incluso le permita quedar bien parada.

El gobierno, por su parte, se convirtió en una máquina bastante eficaz para comprar tiempo, mientras el panorama económico pinta largamente recesivo. Caja del Estado en mano, logró dividir al peronismo, y consiguió mayorías parlamentarias impensadas en ambas cámaras, sobre todo en la de Senadores. Pese a la ola de despidos (estatales y también privados), mantuvo razonablemente a raya el reclamo sindical de la CGT. Vía distintas concesiones y un cambio radical en la política de medios, se garantizó una cobertura más bien amistosa por parte de los principales diarios, programas de radio y TV. Y por último, administró sabiamente el discurso sobre la pesada herencia, con un apartado especial para denunciar distintos casos de corrupción.

Así, la política macrista le da cierto aire (que por supuesto no será eterno) a una economía fría y a la baja. La ecuación inversa a la pronosticada meses atrás. Como pasó en 2015, tras el batacazo electoral de Macri, en 2016 se siguen quemando los papeles de los dirigentes y los analistas.

El Protocolo contra las manifestaciones y los piquetes que promueve la ministra Bullrich se inscribe totalmente en este ataque. Desde la dictadura de Onganía en adelante se trató de implementar la reglamentación a las protestas populares. De la Rúa directamente instauró el Estado de Sitio y trató de acallar la protesta con una represión que causó 33 muertos. Su gobierno cayó ante una rebelión popular que comenzó el día de la instauración del Estado de Sitio.

El gobierno K armó todo un andamiaje de control y represión de la protesta popular y pretendió reglamentarla por ley, aunque fracasó. La presidenta CFK anunció en su mensaje de apertura de las sesiones del Congreso Nacional en el 2014 su propósito de reglamentar piquetes y movilizaciones. Ya entonces, diputados del PRO y la UCR, hoy funcionarios del gobierno Macri, aplaudieron en forma entusiasta esta parte del discurso, que luego se materializó en el proyecto de ley Pedrini-Conti. Antes había sacado la ley antiterrorista que también está dirigida a penalizar la protesta popular. En los cinco mil casos de procesamiento de dirigentes y luchadores sindicales, ambientalistas, estudiantiles y sociales existente se apela a figuras penales (asociación ilícita, incitación a la violencia, artículo 194 del Código Penal contra los cortes de ruta, etc.) para tratar de ahogar la protesta obrera y popular.

Recientemente, y como consecuencia del paro y movilización nacional convocado por ATE el 24 de febrero contra los despidos en las administraciones públicas, fueron encausados los dirigentes Raquel Blas y Roberto Macho (ATE) y Federico Lorite (SITEA) de la provincia de Mendoza por organizar una gran manifestación sindical de protesta contra los despidos masivos. Fue el debut de la aplicación el Protocolo contra las luchas sociales.

El Protocolo pretende que las manifestaciones o cortes sean avisados y pactados con las autoridades, de lo contrario estarían prohibidos y serían pasibles de ser reprimidos en forma sumaria por las fuerzas policiales, y sus dirigentes y participantes terminar en prisión. La reglamentación de la protesta popular por el gobierno es muy precisa. Habilita la filmación de manifestantes por parte de las fuerzas de seguirdad en lo que es la institucionalización del Proyecto X de espionaje y criminalización de la protesta popular. Incluso se ha cuidado también de regimentar a los medios de prensa: hay un capítulo especial dedicado a los periodistas que ya no tendrán la posibilidad de moverse libremente en el terreno de los acontecimientos, sino que deberán responder a las instrucciones policiales. Se trata de una restricción a la libertad de prensa y de un pasaporte de impunidad al atropello y la represión policial.  Con este Protocolo nunca se habría sabido que el comisario Fanchiotti ejecutó estando detenidos a Kosteki y Santillan en 2002, o constatar la ‘zona liberada’ en la que se desarrolló el crimen de Mariano Ferreyra. Los periodistas habrían sido reprimidos si intentaran captar las imágenes que recorrieron el país y el mundo, y permitieron saber la verdad sobre la provocación policial contra los manifestantes.

Denunciamos que este Protocolo no sólo es impulsado por el gobierno nacional de Macri-Bullrich, sino que ha sido avalado por gobiernos provinciales del PJ y el FPV. Alicia Kirchner pidió la Gendarmería para desalojar a los huelguistas que protestan contra el vaciamiento y el robo de sus salarios por Lazaro Baez.

El objetivo del Protocolo es imponer con represión las medidas de ajuste antinacional y antipopular, dictadas por el pacto con los fondos buitres que el gobierno y el conjunto de las fuerzas de Estado y los grupos económicos y financieros proponen como salida a una nueva bancarrota nacional. Desde Nueva York se está dictando la política nacional y se subordina al propio Congreso. El protocolo antimanifestación es un arma del ajuste.

Por eso, el 24 de marzo vamos a marchar miles para reclamar su anulación.

*Néstor Pitrola, militante del Partido Obrero, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.

Quizá sus dichos respecto que en “cinco minutos” desalojarían cualquier protesta social son los que más repercusiones trajeron, sobre todos en organizaciones sociales, pero debemos tener en cuenta algunas cuestiones que contradicen ese acting de la Ministra, que no se compadece con la carga comunicacional que pretendió imponer a la cuestión. La primera de ellas es lo que concretamente refiere el protocolo:

“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Aquí no podrá haber cinco minutos, ya que aun, utilizando el procedimiento de flagrancia, debe darse intervención a los magistrados ya que ninguna fuerza puede proceder ante ordenes políticas o por mera y propia voluntad.

La segunda cuestión es política y quizá más controvertida pero menos presente, el protocolo fue aprobado por amplia mayoría de los representantes de cada provincia del Consejo de Seguridad Interior, es decir por representaciones partidarias que abarcan todo el espectro político. La única excepción clara fue la provincia de San Luis que no concurrió a la reunión, es decir el conjunto le cedió esta herramienta al actual gobierno, derogando inclusive una resolución del año 2011.

Resulta paradójico que la primera reunión del Consejo de Seguridad fuera para establecer este protocolo y no para discutir profundamente que hacer con el narcotráfico o con la inseguridad que sigue estando al tope de las exigencias de la sociedad.

Los bonaerenses que tenemos indicadores muy por encima en materia delictual que cualquier jurisdicción provincial que se tome para comparar, esperábamos un poco más. No creemos que las cuestiones de fondo se resuelvan con protocolos. Esperamos ansiosos las definiciones gestuales, y normativas fuertes que empiecen a reconciliar a la sociedad con la política, la justicia y la policía situación que hoy casi deviene utópica, pero no por ello imposible.

Sabemos que no hay atajos pero si políticas de largo plazo que cambien la autogestión policial y deseamos una completa estrategia de prevención social y de seguridad ciudadana centrada en el ámbito de cada uno de los Municipios. Pero a su vez la decisión y la necesidad de conformar mandos únicos respetando esas estrategias particulares, pero uniformes en las acciones de política provincial.

La clave del éxito de reformular la policía, y por ende la seguridad, debe tener como directriz inmediata el control sobre los efectivos y altos mandos. Sus aspectos patrimoniales deben ser públicos ,un nuevo régimen de ética pública policial y declaraciones juradas actualizables, como así la Dirección de Asuntos Internos, organismo encargado de la investigación del accionar de los efectivos debe estar constituida por personal intachable en la tarea de contralor de la policía, con autonomía de investigación previa y obligación de constituirse en querellante, y no un simple organismo que se aboque a los sumarios internos una vez producidos los hechos. Nuevos planes de formación tendientes a recobrar la cuestión vocacional de los ingresantes, donde la policía no debe ser una salida laboral.

Debe existir un compromiso multipartidario de tolerancia cero con la corrupción intra fuerza. Solo dando una señal clara que se acepta el desafió la sociedad apoyará incondicionalmente los cambios, por más que los mismos tarden en producirse dado el estado actual de la situación, pero que no deben limitarse a acciones comunicacionales, en una sociedad que ya demostró reiteradamente su paciencia ,pero también su inconformismo justificado.

*Walter Martello, ex diputado de Buenos Aires, ex miembro del Consejo de Seguridad y autor del libro “20×20, ¿Sin Salida?”

El camino de Cambiemos estuvo signado por el temor explícito a la falta de gobernabilidad. La historia de las alternativas no peronistas que derivaron en fracasos estrepitosos y la figura del helicóptero de Fernando De la Rua, sobrevolaron la campaña de una coalición que trataba de evitar de todas formas ser llamada Alianza.

La memoria reciente del "que se vayan todos", las experiencias pasadas no peronistas (siempre con el radicalismo como una de sus patas) y la imagen latente del empuje de los gobernadores pejotistas le daban un marco de verosimilitud a la posibilidad. Por ello el tema se transformó en un eje de campaña que el macrismo tuvo que contestar sistemáticamente.

Consumadas las elecciones y con los amarillos asumiendo la triada de gobiernos (Nación, Ciudad y Provincia) comenzó el operativo de la nueva gestión para demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa política. Pero sobre todo lo que intenta poner sobre la mesa en las primeras semanas Cambiemos, es una imagen de autoridad que ahuyente la idea de debilidad instalada sobre su escaso margen para la toma de decisiones.

A pesar de haber llegado a la presidencia con una coalición electoral que incluye tres patas, tener minoría legislativa, y haber obtenido una victoria por menos de tres puntos en un balotaje más que reñido, Macri apuró sus pasos para dar cambios drásticos en una especie de shock de medidas que dejó patas para arriba muchas de las políticas públicas. Nada de gradualismos, ni de consensos, ni de discusión parlamentaria.

Una inusitada serie de decretos nombró jueces, derogó la ley de medios, ordenó revisar el empleo estatal, eliminó dependencias y sacó funcionarios y cambió el orden económico, entre otras cosas, fue la herramienta legal elegida para plantar bandera.

En el intento de Macri por remarcar que no es De la Rua, también avanzó sobre el manejo de la calle y las condiciones laborales. Y no dudó en reprimir protestas de trabajadores para demostrar que no le temblará el pulso para imponer nuevas condiciones (condicionamientos más bien) sobre la protesta social. Además impulsó despidos masivos para obtener un estado más pequeño que se adecue al proyecto económico liberal y propicien una situación más ventajosa para los empleadores para negociar las paritarias que vienen.

La frutilla del postre llegó con la detención de Milagro Sala. Es que la cárcel para una dirigente social en el marco de una protesta parece ser la muestra más palpable de una confusión bastante profunda en el macrismo, desde su asunción, entre autoridad y autoritarismo. El discurso del dialogo y el consenso quedó archivado ni bien terminaron las elecciones. En el afán de mostrar que no tendrá problemas de gobernabilidad el perfil del gobierno amarillo presenta rasgos más bien despóticos.

A pesar del cerco que le da el acompañamiento mediático a las medidas controvertidas, incluso al ajuste y la represión, Macri comienza a quemar un capital político importante en su camino. Sucede que en poco más de un mes cosechó criticas de todo el arco político y gremial por los nombramientos en la Corte, por la derogación de leyes en base a decretos, por los despidos masivos, por la devaluación, por la represión a la protesta social y por la falta de dialogo para tomar medidas de fondo.

En su intento por no ser una presidencia endeble, el macrismo parece comenzar a generar una especie de profecía autocumplida. En lugar de realizar una apuesta a abrir el juego y legitimarse con el resto de las fuerzas políticas para tomar decisiones complejas, se aísla (hasta de sus aliados de Cambiemos que comienzan a diferenciarse), resuelve por Decreto y apuesta a la represión para ganar el control de la calle suplantando política por palos. Todas iniciativas que generan un desgaste muy importante e indicios que pueden serle sumamente contraproducentes en un futuro cercano.