Por  Alejandro Vanoli y Marcelo Bruchanski.

Este trabajo escrito a razón de la próxima visita del Fondo Monetario Internacional a nuestro país, se divide en las siguientes secciones: la primera describe cómo el Fondo Monetario Internacional llegó a ser la institución que conocemos actualmente; la segunda, detalla los vínculos de dicha institución con la Argentina en la década del 90’; y la tercera explica las particularidades del Artículo IV del Convenio Constitutivo.

i) La historia del Fondo Monetario Internacional

Cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, las discusiones previas a la firma de los Acuerdos de Bretton Woods entre los representantes de Gran Bretaña y Estados Unidos giraban alrededor de dos propuestas. Por el lado británico, Keynes entendía que el multilateralismo y la paz duradera necesitarían de una institución que fortalezca las relaciones monetarias internacionales de forma ecuánime y equilibrada. En cambio, la opción de los representantes estadounidenses era por un Fondo en el que Estados Unidos tuviera poder de veto y el dólar preponderancia sobre el resto de las monedas.

Dada la disparidad de fuerzas en favor de este último país, el resultado de la Conferencia de Bretton Woods fue la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, ambas posiciones coincidieron en que los países debían poder regular los flujos de capital y hacerlo de forma cooperativa. En un mundo con control de capitales, el objetivo del FMI era evitar que los países con problemas en su sector externo (escasez de divisas) devalúen su moneda o apliquen políticas comerciales para frenar sus importaciones. Para eso, esta institución proveyó –con cuantiosas deficiencias- financiamiento internacional que, a su turno, quedaba eventualmente condicionando al ajuste de la política fiscal.

En la década del 70’, Estados Unidos decidió declarar la inconvertibilidad del dólar en oro, y con ello se liberaron los flujos de capital internacionales y se abandonó el mundo de tipos de cambio fijos que caracterizó a Bretton Woods. En ese contexto, los motivos que habían originado al FMI dejaron de tener sentido. No obstante, ante los problemas en la Balanza de Pagos que empezaron a tener numerosos países periféricos, el FMI asumió un nuevo rol. En el caso de América Latina, el ingreso de divisas y la desregulación financiera en la segunda mitad de la década del 70’ –los petrodólares- terminaron ocasionando la conocida “Crisis de la deuda” cuando Estados Unidos subió fuertemente la tasa de interés en 1979 y cayeron los precios de las materias primas en consecuencia. Frente a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones externas, el FMI se enlistó como custodio de los intereses de los bancos acreedores extranjeros imponiendo ajustes a los países deudores.

En la década del 90’, siguiendo las banderas del Consenso de Washington, a las condicionalidades históricas impuestas por el FMI vinculadas al ajuste de las cuentas públicas, se agregaron otras de carácter estructural como privatización de empresas públicas y reformas legales o institucionales. Las crisis mexicana (1994), asiática (1997), rusa (1998), brasileña (1998) y argentina (2001), entre otras, pusieron en duda la credibilidad del FMI así como la eficacia de las políticas exigidas a estos países. El FMI tampoco contó con los recursos necesarios para rescatar con sus propios medios a las economías en problemas de forma inmediata, por lo que su rol como “prestamista de última instancia” quedó desdibujado. Más aún, su legitimidad quedó severamente cuestionada cuando el Congreso de Estados Unidos no avaló los cambios en la voz y el voto acordados en el G-20 tras la última crisis, que daban mayor representación a economías que habían crecido en las últimas décadas y equilibraban más democráticamente la representación.

ii) La Argentina y el FMI hasta la cancelación de la deuda con este último

Desde un punto de vista histórico, la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe analizarse desde una doble perspectiva: desde el punto de vista del organismo como acreedor de Argentina, y en su carácter de virtual auditor del país en los últimos treinta años.

Como acreedor, resulta notorio y notable que el FMI se constituyera en la principal fuente de financiamiento de Argentina en 2001, año de una rápida y enorme fuga de capitales que anticipaban que el modelo rentístico financiero de la convertibilidad neoliberal se acercaba a su implosión. Vale la pena destacar que, desde entonces, Argentina llegó a ser el tercer país en cuanto a exposición crediticia, sólo superado por Brasil y Turquía.

En septiembre de 2004, Argentina suspendió el programa de Servicio Ampliado (EFF por sus siglas en inglés) convenido con el FMI el año anterior. Dicha suspensión resultó vital para limitar las condicionalidades y presiones cruzadas del FMI, que afectaban la renegociación de la deuda con los bonistas y, más aún, comprometían la recuperación de la economía e insistían en reformas estructurales incompatibles con un programa de crecimiento con equidad. Tal acción, que permitió un mayor margen de maniobra tanto en la reestructuración de la deuda con bonistas como en el manejo macroeconómico, implicó que la Argentina pagase durante el último trimestre de 2004 y 2005 los vencimientos hasta la cancelación completa de la deuda en enero de 2006.

Más allá de las críticas efectuadas por la Oficina de Evaluación Independiente, creada en el propio FMI para analizar los errores incurridos por esa organización en el caso argentino, el problema de base es que hace tiempo el FMI se ha alejado y continúa apartándose de los fines establecidos en sus estatutos fundamentales.

En la realidad, el FMI financió y propició como auditor políticas insostenibles a lo largo de los años noventa; se despegó de Argentina luego de estallada la crisis, y evitó un desahogo financiero cuando era imprescindible fortalecer la posición de reservas para estabilizar la economía nacional. Todo ello con el agravante de impulsar medidas como la libre flotación de la moneda nacional en febrero de 2002, y la derogación de la Ley de Emergencia Económica; propiciar el endeudamiento público compulsivo para eliminar el corralón; y fomentar la privatización de la banca pública, la eliminación de la prestación básica universal del sistema previsional y una reforma laboral que tornaría más precario el empleo, entre una serie de medidas insensatas, dogmáticas y abiertamente favorables a poderosos intereses financieros y corporativos internacionales. Además, durante la renegociación de la deuda con bonistas en la década pasada, los funcionarios del FMI tuvieron una actitud plenamente favorable hacia los acreedores privados, en desmedro del equilibrio entre deudores y acreedores que disponen sus estatutos; dicha circunstancia se agravó con su prédica post-reestructuración a favor de una minoría de tenedores que se mantuvieron fuera del canje, que terminó siendo aceptado por más de las tres cuartas partes del total.

Aún en el gobierno de Kirchner, los funcionarios del FMI siguieron presionando por un aumento desmedido del superávit fiscal; y por otro lado, en forma contradictoria, requirieron la eliminación de las retenciones, ajustes en las provincias y otras condiciones explícitamente apartadas de sus funciones estatutarias; esto no sólo ocurrió en el caso de los bonistas que se autoexcluyeron del canje concertado, sino también con la presión ejercida por aumentos de precios en los servicios públicos privatizados, lo que implica abogar por mayores ganancias para las empresas privadas, aunque ello ponga en peligro la difícil estabilidad de precios lograda en los últimos tiempos.

iii) Qué es el artículo IV

El Artículo IV, Sección 3 del Convenio Constitutivo del FMI establece:

Supervisión de los regímenes de cambios a) El Fondo supervisará el sistema monetario internacional a fin de asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones conforme a la Sección 1 de este Artículo; b) A fin de desempeñar sus funciones según el apartado a), el Fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de cambio de los países miembros y adoptará principios específicos que sirvan de orientación a todos ellos con respecto a esas políticas. Los países miembros proporcionarán al Fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión y, a solicitud del Fondo, le consultarán sobre sus políticas de tipos de cambio. Los principios que el Fondo adopte serán compatibles tanto con los regímenes cooperativos mediante los cuales los países miembros mantengan el valor de su moneda en relación con el valor de la moneda o monedas de otros países miembros, como con el régimen de cambios que un país miembro haya adoptado en armonía con los fines del Fondo y la Sección 1 de este Artículo. Los principios respetarán el ordenamiento sociopolítico de los países miembros, y en la aplicación de esos principios el Fondo tendrá debidamente en cuenta las circunstancias de los países miembros.

Resulta claro que las obligaciones del Artículo IV se limitan a una supervisión sobre la política cambiaria y no a una auditoría general sobre la política económica, que fue una clara distorsión que se convirtió en usual en las últimas décadas, alejándose del espíritu del Convenio.

En tal sentido, hay muchas formas de concretar lo estipulado en el Artículo IV: se puede hacer de manera técnica y discreta o a través de un show mediático, con funcionarios del FMI opinando abiertamente en los medios; también el informe, que es una mera opinión, puede mantenerse en reserva o darse a difusión pública a elección del país miembro. Las observaciones que haga el FMI sobre la economía argentina en los términos del Artículo IV no deberían inquietar en la medida que es sabido que la matriz de pensamiento neoliberal moldea a cada uno de sus reportes.

Además, constituye una mera opinión de un Organismo que se ha equivocado sistemáticamente tanto en relación a la evolución de la economía mundial (sobreestimando el crecimiento y minimizando el impacto de la crisis global) como subestimando la performance de la economía argentina significativamente desde 2003, por fuera de sus errores de diagnóstico y de políticas que llevaron a la crisis de 2001 y que obligaron a la creación de la Oficina de Evaluación Independiente para monitorear a las responsabilidades del fracaso del FMI, además de la propia autocrítica de un ex funcionario de ese Organismo como Michael Mussa en el libro “Argentina y el FMI: del triunfo a la tragedia”.

Fuera de las responsabilidades del FMI, es necesario recordar en este posible regreso del FMI en el actual gobierno de Macri que, en los 90’ y hasta 2001, muchos Presidentes de Argentina recibían a funcionarios de tercer o cuarto nivel del Organismo. Como funcionarios argentinos, comprometían muchas condicionalidades como una forma de obligar al Congreso Nacional a aprobar Leyes contrarias al interés nacional, como fueron las privatizaciones. Algunas de ellas no pudieron implementarse por la reacción ciudadana como la privatización del Banco Nación, la eliminación de la prestación básica universal del sistema previsional privado o la inmunidad judicial a los funcionarios económicos argentinos.

Más allá del FMI, el incremento de la deuda externa y la desregulación financiera llevadas adelante en los últimos 9 meses por el gobierno argentino sí representan una cuestión a tener en cuenta, toda vez que la fragilidad financiera generada podría traducirse, tarde o temprano, en un pedido de auxilio financiero al FMI. En tales circunstancias, las condicionalidades impuestas por este organismo sí provocarían un severo y nuevo retroceso adicional para el desarrollo y la soberanía argentinos. Desarrollo y soberanía que pudieron recuperarse parcialmente por prescindir del FMI pero también de un neoliberalismo que regresó al poder en 2015 y cuyas acciones y consecuencias dolorosamente estamos padeciendo los argentinos

Por Horacio Rovelli Para EPPA

El rol del Fondo Monetario Internacional es en realidad el de monitorear la situación económica general de un país, y las posibilidades ciertas de realizar negocios redituables para el gran capital.

La Argentina se adhirió al FMI en abril de 1956 tras el derrocamiento de Perón y tras el llamado “Plan Prebisch” que sostenía la necesidad de tomar deuda externa, y fue la condición sine qua non que pusieron los prestamistas. Desde allí, en mayor medida con los gobiernos militares y civiles liberales, y en menor medida con los gobiernos constitucionales que defendían el mercado interno y el trabajo nacional, cumplió el papel de controlar los desequilibrios de corto plazo y los desbalances de pagos, pero tras el plan de endeudamiento de Martínez de Hoz en 1976, el FMI se convierte en el garante de que la Argentina se sujete a los designios del mercado financiero mundial.

Habiendo supervisado la economía Argentina desde la dictadura de Videla en la que prima la lógica del interés compuesto como afirmaba Keynes, y en que el endeudamiento externo es el vehículo que permite la fuga de capitales,  con la única excepción de todo el período (más de 27 años) de la gestión del ministro Bernardo Grinspún, implosionó en diciembre de 2001, donde el FMI dejó a nuestro país librado a su suerte. Mientras los distintos gobiernos (Menem, De la Rua, Duhalde) procuraban alcanzar un acuerdo con el FMI, el organismo multilateral agregaba progresivamente nuevas condiciones previas a la discusión del acuerdo, llegando al máximo  cuando en plena crisis del año 2002 obligó a la administración unificar y liberar totalmente el mercado cambiario, lo que llevó al valor del dólar a casi $ 4.- en abril de 2002.

Arturo Jaureche quién escribió “El Plan Prebisch, retorno al coloniaje”, sostenía que el plan fue acordado con el FMI y propiciaba: a) Transferir ingresos al sector agropecuario por medio de la devaluación de nuestra moneda y liberar sus precios; b) Abrir las importaciones y desregular las exportaciones (cerrando el IAPI); y c) congelar los salarios, con el objetivo de que los consorcios acopiadores y comercializadores de granos (en esa época liderados por Bunge y Born y  Louis Dreyfus) tomaran directamente el monopolio del comercio de cereales, conformando un  “nuevo intervencionismo donde el Estado no interviene, el intervencionismo se dirige desde afuera”, por un lado,  se otorga mayor poder al capital extranjero y se adquiere onerosos empréstitos sosteniendo que “irán hipotecando al país con el fin de que falsos inversores de capital pueden remitir sus beneficios al exterior”; y finalmente, logran ir reduciendo la inflación que ellos mismos provocaron, bajando el nivel de la ocupación obrera y el consumo popular.

Obviamente que cualquier semejanza con la realidad es porque implementan el mismo mecanismo, dado que es claro que nuestros sectores dominantes no tienen un proyecto que nos abarque a todos, ni visualizan a nuestro país como la base y el mercado de un proceso de acumulación sustentable, por ende su mirada es siempre rentística y de corto plazo, y solo logran y por un tiempo, salirse de esa lógica especulativa, si tienen mercados cautivos y/ o usufructúan  de la explotación de la tierra.

Es más, incapaces de generar un modelo propio, se subordinan al capital internacional asociándose como socios menores y desatendiéndose de las consecuencias que esas actividades implican sobre la inversión, la producción y la distribución de la economía nacional, y el garante de que ese pacto implícito de sumisión se efectivice es el monitoreo permanente del FMI.

Esto, para un país periférico y dependiente como ha sido y es la Argentina, hace que siguiendo el Manual del FMI (aún antes de haber firmado explícitamente el acuerdo), en un mundo en que la demanda global es menor a la producción de bienes y servicios (con lo que existe excedentes de mercaderías), el gobierno de Mauricio Macri plantea: a) Apertura irrestricta;  b) Que el tipo de cambio lo fije el ingreso y egreso de capitales; y c) Que se incrementen las tarifas, las tasas de interés y se fijen libremente los márgenes de ganancias, impactando negativamente en la formación real de los costos y de los precios de la economía toda, con lo que es imposible más allá de la producción primaria y extractiva, y algunos nichos industriales por años y años protegidos (como son los casos del aluminio, el acero y algunas agro industrias), competir con la sobre producción de mercadería mundial que se vende a precio vil.

Históricamente todo modelo de acumulación se basa en transferir parte de los ingresos de la producción primaria a la industrial, lo hicieron en mayor o menor medida todos los gobiernos que se propusieron el desarrollo,  en nuestro país, el último fue Néstor Carlos Kirchner que por ejemplo en el año 2007,  recaudó por derechos de exportación (retenciones cuyo mayor ingreso corresponde al sector agropecuario) unos U$s 7.000 millones, y con eso financió holgadamente los subsidios a la energía y al transporte que beneficia transversalmente a todo el sector productivo del país y que fueron de $ 14.600 millones (a un dólar promedio de $ 3,10 significaban U$s 4.700 millones).

Y esto fue así porque no se siguió con el camino trazado al no tenerse en claro que la Argentina sustentable y que genera trabajo y valor para todos, debe potenciar los recursos naturales al mismo tiempo que debe diversificar la matriz industrial, proceso que pone en debate un nuevo punto de partida en la que se desarrollen actividades manufactureras, donde existen capacidades acumuladas significativas y trayectorias de aprendizaje considerables como para adaptarse al nuevo mapa global sin entrar en directa competencia con Asia que viene combinando altas mejoras en la productividad con salarios bajos. Ramas como la automotriz, la autopartista, la química, la farmacéutica, la producción de bienes de capital, el software, debían formar parte de esta estrategia ofensiva. En paralelo, se debe adoptar una estrategia defensiva en sectores muy sensibles a la competencia extranjera (textil-indumentaria, muebles o parte de la metalmecánica), muy generadores de empleo, pero con enormes dificultades para poder competir.

Máxime para un país en el que tomando un largo período de nuestra historia (1980 a 2015), por cada punto que crece el PIB, las compras al exterior lo hacen en tres puntos, por ende para disminuir la elasticidad-producto de las importaciones se debe sustituir importaciones en sectores estratégicos para así “construir encadenamientos productivos más complejos y desarrollar redes de proveedores nacionales más densas”. Y, paralelamente, para incrementar la elasticidad producto de las exportaciones supone cambiar su composición hacia bienes con mayor valor agregado y de mayor demanda en los patrones de consumo primero regional y segundo mundial. Ambos procesos demandan conocimiento de las capacidades tecnológicas lo que, a su vez, tiene un fuerte impacto en la demanda en el mercado de trabajo y de la inversión.

EL CAMINO ELEGIDO:

Pero en lugar de partir de lo que se había hecho y reorientar la economía Argentina a la industrialización y al crecimiento,  lo que hace la administración de Macri es un aquelarre para cambiar los precios relativos a favor del sector más consolidado de la producción primaria (y en desmedro de los eslabones menos concentrados como son los pequeños y medianos tamberos, productores de frutas, hortalizas y granos de todas las economías del país); del sector energético (de allí que el ministro Aranguren no sepa cuál es el costo de la producción y distribución de gas o del petróleo y lo que es peor, es que no le importa, lo que tratan de asegurar es el margen de ganancia de las tarifas); y del sector financiero (implantando una vez más el mecanismo perverso de la bicicleta entre las tasas de interés y el dólar, donde la primera debe superar a la diferencia cambiaria entre el presente y el futuro para que se queden en pesos).

La combinación de dejarle a los sectores más concentrados que fijen libremente los precios,  y la puja entre la tasa de interés y el valor presente y futuro del dólar, a la vez que se desengancha el valor de la divisa del circuito comercial para ser fijado preponderantemente por el ingreso de capitales, que por ahora supera los elevados niveles de fuga, y tienen como único y exclusivo beneficiario a los sectores más ricos del país, en una economía fuertemente extranjerizada y subordinada al capital internacional.

Todas las medidas tomadas en el gobierno de Macri  y como afirmar el Profesor Emérito de la UBA, Dr. Mario Rapoport, tienen como objetivo generar  “…grandes ganancias a sectores reducidos promoviendo otra gigantesca fuga de capitales, que servirá para evadir y proteger esas ganancias en los paraísos fiscales y posiblemente, para muchas multinacionales, compensar las pérdidas que la crisis les ha producido en otros lados”, pero es insustentable económicamente por la simple razón que la Argentina depende del mercado interno, al que se lo vapulea y margina con los altos precios de bienes, insumos, tarifas e interés, con lo que el resultado es que desciende el consumo global,  y agravando el cuadro, los sectores favorecidos puedan comprar  naranja de España, frutilla de Polonia y Maíz en lata de Francia, por una parte, y por la otra, porque las importaciones tienden a crecer más que las exportaciones, a lo que se le suma el pago de los intereses de la deuda que se deben afrontar ante el mayor endeudamiento realizado.

La ley de hierro para la economía Argentina: El descenso del consumo global arrastra al PIB, y a su vez la cuenta corriente comercial va a ser cada vez más deficitaria, con lo que tarde o temprano se va a frenar la entrada de capitales que financian ambos déficit y, como le sucedió a la dictadura militar en 1982 y a Menem-Cavallo en 2001, se saldrá con una fuerte devaluación de nuestra moneda y un nuevo cambio de precios relativos, para dejar un país severa e irracionalmente endeudado y empobrecido, y una minoría que forma parte de los más ricos del planeta.

Para que todo ese derrotero se produzca, le es necesario al gobierno y a sus beneficiados el acuerdo con el FMI,  para que en nombre de los “Stand by”  firmados y como compromiso asumido, no se pueda cambiar un ápice de ese trillado camino que deja como resultado una minoría cada vez más rica y con plata en el exterior (y por ende apareciendo en la  revista Fortune entre los más ricos del mundo) y un país pobre, con miles de excluidos y sin futuro.

El siguiente análisis tiene por objetivo estimar la evolución del poder adquisitivo de la AUH desde finales de 2009 hasta inicios de 2017. Para tal estimación, se ha utilizado el índice de precios minoristas de la Consultora Bein y Asociados complementada con una estimación inflacionaria en línea con las declaraciones del actual gobierno.

Para leer el documento completo descargar acá: Poder adquisitivo AUH y devolucion de IVA

Por Lauro Grande, Diputado Provincial del Frente para la Victoria

A 166 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, no podemos dejar de recordar su papel fundamental durante los procesos emancipatorios de los pueblos de Nuestra América. Aquel San Martín que intentó invisibilizarse por la historiografía liberal, un hombre que iba más allá de sus inigualables capacidades como Militar, un líder político americanista y profundamente arraigado a la Patria Grande. Se trata de un San Martín que –a diferencia de lo que piensa el actual Presidente con respecto a su supuesta “angustia”- evidenciaba una personalidad entusiasta con gran valor y coraje para enfrentar las luchas en pos de la liberación de los pueblos. Características que no se trataron de algo frecuente en la historia de nuestros líderes, y muchos menos durante la última etapa de nuestra patria desde el regreso de la democracia.

Fue a partir del año 2003 cuando volvimos a percibir en el imaginario social las diferentes ideas propias de nuestra américa, que también eran compartidas por nuestro libertador, como el sentido de pertenencia a la Patria Grande y la hermandad entre los pueblos del Sur. Patria Grande que renació aquel noviembre de 2005 en Mar del Plata, bajo las órdenes de los nuevos héroes de nuestra época: Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula Da Silva. La integración no se detuvo, y ya con nuevos y extraordinarios líderes populares como fue el caso de nuestra Presidenta Coraje Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales o Rafael Correa nuestro continente alcanzó niveles de hermandad que se acercaban a los vividos en épocas del Padre de la Patria.

Desafortunadamente, en estos tiempos, el primer mandatario de nuestro país decidió darle la espalda al legado histórico de nuestro Libertador. Sin embargo sus ideas están en el ADN de nuestra nación y del pueblo argentino. Estamos seguros que más temprano que tarde volveremos a ver un nuevo renacer de la Patria Grande, no sólo por la memoria del General San Martín si no por la felicidad de nuestro pueblo; porque como dijo el Libertador, nuestra Patria “será lo que deba ser… o no será nada”

Tras la tanda de tarifazos a los servicios, al ministro Aranguren le tocó encarnar el rol del villano perfecto: frontman de las medidas más antipáticas del gobierno (los tarifazos a los servicios, más la exención de impuestos a la minería), puching-ball de la oposición y ministro más cuestionado del gabinete, según las encuestas.

Para un estudio de la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), siete de cada diez argentinos piensan que la economía está mal o muy mal. También siete de cada diez sostienen que es imposible pagar la tarifas de acuerdo al aumento dispuesto por el Gobierno y la mayoría considera que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debe renunciar. Y seis de cada 10 están de acuerdo con las protestas contra el tarifazo.

La condena a Aranguren esconde el malentendido de que nadie toma decisiones tan delicadas como el aumento de servicios públicos básicos sin haber sido mandatado por el presidente. La confusión, sin embargo, le sirve tanto al gobierno como a la oposición: a Macri para tener al ministro como potencial fusible (desde Casa Rosada por ahora descartan el despido), y a los dirigentes opositores para criticar al oficialismo, sin hacer foco directamente sobre el presidente.

Por debajo del folclore del sistema político, la figura de Aranguren habilita cuestionamientos de distintas intensidades y consecuencias. Para los antimacristas reafirma el rechazo y a la vez provee de nuevos argumentos. Pero hay algo más importante: para los votantes macristas no fanáticos y para las miles de personas que depositan su confianza en las buenas intenciones del PRO (aún sin haber elegido a Macri en el balotaje), los tarifazos aranguristas son la vía de ingreso hacia las primeras y más claras objeciones al gobierno.

Aranguren no es un ministro más: con una trayectoria de 38 años en Shell, donde cumplió el sueño americano de progresar desde pinche a presidente, es el arquetipo del ex CEO que entró inesperadamente a la política tentado por Macri. Y arrastra con algunas de las convicciones, las hipocresías y las idealizaciones propias de ese sector liberal. Desde el Estado, Aranguren cree en la necesidad de otorgar un guiño económico hacia sus (ex) colegas, sean representantes de mineras, petroleras o distribuidoras de luz y gas, bajo el razonamiento de que más ganancias empresarias garantizarán mayor inversiones y mejores servicios.

Durante su larga carrera en Shell, sin embargo, el negocio de la petrolera anglo-holandesa se limitó (y todavía lo hace) a la venta directa y a la refinería, en la única planta que la compañía tiene en Avellaneda. Así, optó por minimizar el riesgo y la audacia empresaria: casi no exploró ni produjo petróleo.

Aranguren fue más un administrador que un ejecutivo perfilado hacia la innovación, al punto de que Shell prácticamente no prestó atención a la posibilidad de invertir en Vaca Muerta, el mega yacimiento neuquino de gas y petróleo. Y si bien ahora niega que Vaca Muerta esté estancada (por la caída del precio mundial del crudo, los costos dolarizados para desarrollar el fraking y los sueldos altos de los petroleros), el año pasado opinaba lo contrario: “El tiempo que lleva invertir para poder tener un desarrollo de energía eólica es más corto que lo que puede ser Vaca Muerta, que requiere un alto nivel de inversión”.

Hasta sus 61 años, el ojo de Aranguren estaba entrenado exclusivamente para detectar la rentabilidad. Y a diferencia de otros ministros que también arribaron desde las primeras o segundas líneas empresarias, Aranguren no tuvo una experiencia de transición en el gobierno porteño, tal como le sucedió al ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich.

El equipo de funcionarios de Aranguren también cambió abruptamente su lado del mostrador: la mayoría pasó a controlar a empresas en las que trabajaba hasta hacía pocos meses. Por caso: el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, fue vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE); el secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo, hizo su carrera en Exxon Mobil; el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, era el especialista (y lobbista) en energía eólica de British Petroleum y PAE; y el Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, vino de la petrolera Axion.

En los entes reguladores del sector energético, también desembarcaron ex gerentes. Macri eligió como presidente de Enargas a David José Tezanos, presidente de Metrogas y director de Gas de YPF. Para la presidencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), optó por Juan Garade, un contador público que trabajó casi once años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur y, antes de eso, fue gerente de Planificación Económica de Edenor.

En caso de que supere con éxito el bullying al que será sometido en Diputados, Aranguren después se sumará al pressing-ruego macrista hacia la Corte Suprema, en búsqueda de un fallo favorable respecto a la suba de tarifas. Si esos planetas también se le alinean, con el precio de los servicios ya multiplicados, recién entonces se pondrán en juego sus presupuestos. Y con los de él, los de gran parte del gobierno.

No alcanza, Aranguren, no alcanza. Seguramente alguno de tus asesores debió informarte que el mecanismo de audiencia pública no funciona como una notificación posterior a la toma de una decisión, sino como un procedimiento necesario para la toma de una decisión tamaña en ejercicio democrático y republicano.

Volvamos sobre el tema de la cosa pública, que es, en mi modesto parecer, lo que creo que se te escapa. Cuando trabajabas en Shell, contabas con el derecho de imponer las cosas según la conformidad de tus accionistas. El interés público, en cambio, camina mejor sobre los conceptos ineludibles del debido proceso y de la jerarquía constitucional. No vale, ahora, engañar a la gente invocando una Audiencia Pública que se aplica en forma inversa.

Sí, yo sé que en materia tarifaria hay intereses contrapuestos entre las empresas y los usuarios. Y que la cosa se complica más cuanto más se desglosa: empresas prestadoras generadoras, transportistas o distribuidoras y usuarios residenciales, comerciales o industriales. Porque es complejo, como todo lo que pasa en una República, me parece más pertinente crear un ámbito de diálogo primero, para decidir después.

La res gestae (cosa hecha) del emperador Augusto, dice Wikipedia, es "un ejemplo único de táctica propagandística destinada a la legitimación de, en este caso, la actuación del primer emperador de Roma."

¿Res gestae o Res publica, Aranguren? ¿Qué vas a hacer, ahora?

Entre las medidas que el nuevo gobierno argentino ha tomado en estos 7 meses de gestión, el aumento en las tarifas energéticas (electricidad y gas) tuvo un impacto social de proporciones. Las subas jaquearon directamente los presupuestos familiares y de pequeños y medianos empresarios en tal magnitud que ganó el centro de la escena política.

Un conjunto de resoluciones del Ministerio de Energía y Minería y del ENARGAS, incrementaron sideralmente las tarifas del gas. Cuarenta días más tarde, tras candentes protestas de amplios sectores sociales y urgentes gestiones políticas, una nueva norma puso un límite del 400% al aumento en el consumo residencial -respecto del cuadro tarifario anterior- y del 500% al comercial e industrial; en ambos casos sólo por el presente año 2016. Ello, como era de esperar, no paralizó la movilización social contra el impopular tarifazo, que crece en generalización y articulación. El 11 de julio, 3 altos funcionarios anunciaron otra marcha atrás, poniendo un techo del 400% al aumento residencial, pero esta vez respecto de la factura de igual bimestre del año anterior.

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Por Sergio Carpenter para EPPA (www.eppa.com.ar)

Si bien la edición es un poco maliciosa, resume el cambio de humores políticos y sociales que fue desde aquel 10 de diciembre lleno de euforia, hasta el 10 de junio de ayer bastante más apagado. La moraleja es conocida: gobernar es difícil.

De una punta a la otra de las escenas, la tira de decisiones macristas dio por resultado una economía congelada. Y en definitiva esa es la conclusión más importante para el gobierno, los gremios, la sociedad y la oposición, tras seis meses de experiencia PRO.

En favor del gobierno, el macrismo encarna una forma novedosa del ejercicio del poder: con mucha corrección del rumbo sobre la marcha, ante errores señaladas desde afuera. Y si bien las rectificaciones sólo llegan cuando la bola de malestar se instala en la agenda mediática, y nunca tras una introspección crítica, lo cierto es que al menos llega. Y otra curiosidad de estilo: el macrismo procesa sus internas sin sangre.

Hasta ahí los rasgos extra-económicos. “No escuchen a una minoría que quiere que nos vaya mal”, dijo Macri en uno de los dos actos que protagonizó ayer, con medio año encima en su nuevo trabajo.

Tanto en aquel 10 de diciembre como ayer, Macri se refirió indirectamente al kirchnerismo. Lo colocó en el papel de adversario latente con el que (le conviene) polarizar. Pero ayer sus dos discursos tuvieron un plus: en una suerte de balance forzado por las fechas, Macri intentó motivar a sus votantes, pero a la vez se atajó respecto al clima de ajuste, tarifazos y economía en baja.

"Sé que esta transición y este sinceramiento de la economía no ha sido fácil", admitió, y enseguida aseguró: “estamos generando confianza, que es lo que trae inversiones y empleo". Fue durante su primera aparición pública del día, en un acto en la ciudad entrerriana de Concordia, donde anunció una inversión de la empresa Coca Cola.

"Hay muchos que tienen miedo, que no saben si esto va a funcionar o no. A ellos les digo que no escuchen a una minoría que quiere que nos vaya mal, que les mete miedo", aseguró, en continuidad conceptual con su primer discurso.

Así, sin renunciar al optimismo que ya está metido en el ADN de cada acto y cada uno de los (breves) discursos PRO, Macri les pidió paciencia a sus votantes. Un pedido con cláusula de prórroga adherida: si hace unos meses el repunte estaba garantizado para el segundo semestre, ahora ya pinta para fin de año o principios de 2017.

Ante este panorama, la caída de Macri en las encuestas era (y es) un dato previsible. Según un reciente estudio de Ibarómetro, la imagen de la gestión mantiene un declive constante desde el 10 de diciembre. De la valoración positiva del 65% y negativa del 25% con las que arrancó, hoy la percepción le da una imagen positiva del 51% y negativa del 45%.

El desencanto con la performance macrista, sin embargo, no resulta un dato trágico para el PRO. Incluso es menor al que se podría esperar ante el contexto de ajuste y altísima inflación, en parte gracias al limbo deliberativo en el que se mantiene el peronismo. Así, con el kirchnerismo como principal fantasma opositor, pero sin un único dirigente que pueda capitalizar el mal humor, el gobierno consiguió que la sociedad le hiciera precio, a medio año del debut macrista en el balcón.

El nuevo Ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, Gustavo Ferrari, se recibió de abogado en la UBA: si bien había empezado en la Católica, tuvo que largar porque no le alcanzaba la plata. Hoy tiene casa de fin de semana en el country Los Cardales y palco propio en la Bombonera.

En lo laboral, Ferrari se dedicó a la relación entre el sistema judicial y los bancos, y fue director de ABRA, la cámara que agrupaba a la banca extranjera. También trabajó en la procesista fundación Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), una organización de lobby creada en octubre de 1976 para enfrentar “la campaña antiargentina”, según sus propios fundadores.

Su salto a la política se dio a mediados de 2001, junto al de Mauricio Macri y Francisco De Narváez. Por entonces socios en la nueva aventura y amigos-competidores desde siempre, Macri y De Narváez dieron con Ferrari a través de Gerardo Bongiovanni, el presidente de la Fundación Libertad de Rosario, una ONG caseteada por la embajada yanqui y parte de la red de think tanks más conservadores de occidente.

Lo citaron en el vip del Museo Renault para hablar sobre el sistema judicial, y hubo un flechazo total entre De Narváez y Ferrari. Desde entonces y hasta el 2013, se convirtió en la mano derecha del Colorado.

Cuando la ambición narvaecista se desplomó, Ferrari amplió su agenda: se acercó al sciolismo (habría sido el jefe de la SIDE, en caso de triunfo presidencial de Daniel Scioli) y aceitó su relación con Daniel Angelici.

Ahora, de la mano del presidente de Boca, Ferrari fue designado en el gabinete de María Eugenia Vidal. Así, crece la influencia del Tano en el universo PRO, a pesar del rechazo de Elisa Carrió y de la resistencia interna del sector encabezado por el ministro de Justicia Nacional, Germán Garavano.

En el bando angelicista, el verdadero operador detrás del operador se llama Darío Richarte: un abogado de origen radical, integrante del elenco estable de influencers desde las bambalinas de la política.

A partir de 1983 Richarte armó la Franja Morada en la Facultad de Derecho de la UBA. Con perfil y protagonismo mucho más bajos, Daniel Angelici militó en la Juventud Radical por aquellos años. Unas tres décadas más tarde, los roles de estos radicales-macristas se invirtieron: Richarte actúa en las sombras para un Angelici muy visible y presidente de Boca.

Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, ambos consolidaron una aceitada sociedad política: influyeron sobre la justicia, la ex SIDE (Richarte fue su número dos y director en la práctica) y ahora también sobre la alborotada AFA, donde entró como veedor el abogado richartista Sergio Brodsky.

Ex militante de Franja Morada, Sergio Brodsky fue ex subsecretario de la Facultad de Derecho de la UBA durante la gestión de Richarte como vicerrector de la Universidad. En 2001, mientras Richarte era el subjefe de la Secretaría de Inteligencia del gobierno de la Alianza, Brodsky fue Director de la llamada Oficina de Transparencia Sindical, dentro del ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich.

En la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), Richarte ubicó como director de Finanzas al contador Juan José Gallea, quien había ocupado ese mismo cargo en tiempos de la Alianza. Ahora, la larga mano del dúo llegó hasta el manejo del fútbol.

Desde la oposición al macrismo, uno de los principales militantes en contra del ascenso del dúo Angelici-Richarte es el legislador Gustavo Vera, delegado y vocero local del papa Francisco. Hiperactivo, el papa sigue con enorme interés la política argentina, y parece haber puesto a los operadores macristas en la lista de sus enemigos.

A partir de sus cuestionamientos velados y mensajes críticos, el papa se convirtió en un puching-ball para Elisa Carrió, Jaime Durán Barba y otros dirigentes PRO.

Así, si en algún momento Néstor Kirchner adivinó en Jorge Bergoglio al verdadero jefe de la oposición, desde el macrismo algunos empiezan a ver a Francisco con ojos conspirativos muy similares.