Opinión

Opinión

La justicia le muestra su poder de fuego al gobierno

La interna agita una especie de mani pulite criollo orientado contra el kirchnerismo, que a la vez funciona como exhibición de fuerza para el propio macrismo.

Tanto en el rubro de la justicia como en los demás ministerios, la estrategia de Mauricio Macri se resume en repartir el poder entre dos grupos, sin tomar partido del todo o de forma definitiva. Así, el presidente se garantiza doble mirada sobre cada tema. La contra de ese recurso es que acelera el desgaste entre funcionarios, sobre todo en un contexto de ajuste y cierta inestabilidad.

Por esa vía, el área de economía se convirtió en una interna a cielo abierto, que va desde el ministro Alfonso Prat Gay hasta el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, pasando por Carlos Melconian.

Ese tipo de competencias entre funcionarios se puede volver un festín noticioso para los periodistas, a costa de la estabilidad de los ministros o del propio gobierno. La experiencia de la Alianza, con los sucesivos choques entre sushis, radicales clásicos, frepasistas y aliados outsideres, marca un precedente que acecha al macrismo. Y si bien las condiciones socio-económicas no son equivalentes, hay un aire de similitudes que empiezan a ser agitado desde el peronismo y los gremios.

Sin un gran poder de influencia sobre Comodoro Py, el gobierno presenta su debilidad como virtud. “No operamos sobre la justicia”, afirman desde Casa Rosada. La interlocución macrista con los jueces federales está repartida entre varios dirigentes, y existen al menos dos miradas respecto al funcionamiento de Py.

En un rincón se ubica Garavano, en yunta inorgánica con los Newman boys, encabezados por José Torello, uno de los mejores amigos y ex compañero del colegio de Macri. El grupo lo completan Pablo Clusellas, el reemplazo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica; Mauricio Devoto, ex Escribano General de la Ciudad y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. La aliada táctica de este grupo es Elisa Carrió, quien bombardea diariamente y tilda de monje negro al Tano Angelici.

Al concentrar el monopolio de la investigación sobre el poder político, los doce jueces de Comodoro Py manejan una cuota importante del poder. En realidad constituyen una parte del poder. De los doce, cuatro entraron en los primeros tiempos del menemismo (Oyarbide, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría ); uno durante La Alianza (Sergio Torres); tres fueron designados en 2004, con Néstor Kirchner recién asumido (Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Ariel Lijo); y los otros cuatro ascendieron a jueces durante la primera presidencia de Cristina Kirchner (Luis Rodríguez, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos).

Garavano cree que es hora de un recambio en la justicia. El ministro macrista pretende recortar facultades a los jueces y marchar hacia un régimen acusatorio, en el que los fiscales (y ya no los jueces) realicen la acusación durante todo el proceso.

El intento es muy similar al que promovió en 2004 Gustavo Béliz, el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner. A Béliz se le opusieron los jueces federales y un por entonces desconocido operador de los servicios de inteligencia: Jaime Stiuso. Béliz perdió la pulseada por paliza, y desde 2004 la banda liderada por Stiuso (con el ex integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, como principal aliado) se consolidó como mediadora en las sombras entre el Poder Ejecutivo y los jueces federales.

Durante años, el kirchnerismo tercerizó en ese grupo el rol de la interlocución. Hasta que Cristina Kirchner sospechó traiciones múltiples y echó a todos, empezando por Stiuso. Ahora, el stiusismo merodea la ex SIDE, Comodoro Py y otros escenarios informales de la política. Con guiños internos en las filas del PRO, empieza a volver al poder por goteo, y está a un golpe de teléfono de reconstruir el viejo statu quo.

Garavano, por su parte, ya tuvo que hacer una concesión al sistema: postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue resistido por gran parte de los jueces. Y otro militante de su grupo, el abogado Fabián Rodríguez Simón, tuvo que dar marcha atrás con su creación más excéntrica: el nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema.

Desde el bando de Angelici ven a los proyectos de sus rivales como experimentos demasiado teóricos, abstractos y alejados del realismo crudo al que obliga el cruce entre la justicia y la política.

Así, el intento de mani pulite argentino también funciona como una muestra de poder hacia el macrismo: un desfile militar como los que se realizan en Corea del Norte. Porque si bien la pose natural del Poder Judicial es ser oficialista, también puede mostrar los dientes si se siente amenazado.

leer más

Cuidar el trabajo de todos los argentinos, por A. Arcuri

Por ANTONIO E ARCURI (*)

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores, justo cuando se cumplen 130 años de los hechos que le dieron origen, durante una huelga en Chicago por la reducción del horario laboral allá por 1866, encuentra a la Argentina con la problemática del trabajo en el centro de su agenda política, económica y social. Es que como consecuencia de las medidas que el flamante gobierno nacional viene implementando con el objeto de recomponer un sinnúmero de variables económicas, que la administración anterior, por acción u omisión, permitió que se desquiciaran de manera alarmante, se han encendido señales de preocupación en la dirigencia política, empresarial y sindical. Es una verdad de Perogrullo que cuando la economía cruje son pocos los sectores que se benefician y muchos, especialmente los trabajadores y los humildes, los que se perjudican. Se sabe que el diagnóstico de los tres principales candidatos en las presidenciales del año pasado sobre el estado de la Nación era, con matices, el mismo: inflación, atraso cambiario, déficit fiscal elevado a pesar de la alta presión tributaria, atraso en las tarifas de servicios públicos, desfinanciamiento de las provincias, imposibilidad de acceder al crédito internacional por el litigio con los “buitres”, etc, etc. Sin embargo, las diferencias aparecieron a la hora de evaluar qué tipo de medidas adoptó y cómo decidió aplicarlas el presidente Macri para hacer frente a las dificultades que arrastraba el país. Allí es donde las coincidencias dejaron de ser tales y es natural que ello ocurra, porque naturalmente cada expresión política cree tener las mejores ideas para alcanzar eso que queremos todos: un país en crecimiento, con desarrollo sostenible, inclusivo y seguro. Es legítimo que el Gobierno nacional lleve adelante su plan, porque en definitiva los ciudadanos lo votaron para eso, pero está claro que las responsabilidades de estado no están circunscriptas solo a la coalición Cambiemos, sino a todo el arco político en particular y al conjunto dela dirigencia nacional en general. Una muestra de esa responsabilidad es el acompañamiento que cosechó en buena parte de los diputados y senadores nacionales del justicialismo la ley que permitió derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para terminar con el conflicto con los holdouts. En contraposición, la dirigencia sindical -expresada en las cinco centrales obreras decidió alzar su voz recordando que los trabajadores no pueden ser una variable de una fría estadística. En ese sentido realizarán hoy un acto para manifestar su preocupación por la aceleración de la inflación y la devaluación y exigir el cese de los despidos. En paralelo en el Congreso se discute, a instancias de partidos de la oposición, una ley que declara la emergencia ocupacional y suspende los despidos por 180 días en los ámbitos públicos y privados. El proyecto pasó con éxito por el Senado y espera ser tratado en Diputados, para disgusto del presidente Macri, quien anticipó que vetaría la norma en caso de ser sancionada. Frente a la actual encrucijada, podemos reflotar las viejas disputas sectoriales, o bregar por encontrar las coincidencias que permitan morigerar los efectos del ajuste Es así que el trabajo, esta vez a partir de las acechanzas que entraña la realidad de país, con la pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo y una tan incipiente como inexorable recesión, vuelve a estar en el centro de las preocupaciones. Ya sabemos lo que sucede cuando falta. Lo vivimos en la década del ’90, que derivó en la crisis de 2001, donde el país tocó fondo y alcanzó tristes récords de desocupación y pobreza. Costó mucho salir de aquel infierno, pero la Argentina volvió a mostrar signos de recuperación a fines de 2002. Durante las tres presidencias del kirchnerismo se registró una recuperación de los indicadores laborales y el sector privado volvió a generar empleo hasta 2012; de allí en adelante los indicadores se estancaron, solo el sector público creo puestos de trabajo. Estamos ante un momento crucial de la vida de la República, en el que claramente salimos de un modelo y estamos entrando a otro en un marco de democracia y con plena vigencia de las instituciones; pero el cambio –está claro- no será inocuo y entraña riesgos que no pueden ignorarse. Frente a esta encrucijada podemos reflotar las viejas disputas sectoriales, teñidas de intereses corporativos, aupados por la voracidad económica o la miopía ideológica, y desatar una lucha que siempre será de suma cero, como tantas veces vimos. O podemos asumir las dificultades y bregar por encontrar las coincidencias que permitan morigerar los efectos del ajuste. No se trata de abordar el problema con una mirada ingenua o voluntarista, tampoco de plantear una visión apocalíptica de la realidad nacional, sino de entender de una vez y para siempre que, como decía Juan Domingo Perón, a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. La protección del trabajo, que implica cuidar el que existe y generar condiciones para su creación, es un objetivo que debe unir y no separar a los argentinos, porque como dice el papa Francisco el trabajo es sagrado, expresa la dignidad de la persona humana y fortalece a la institución familiar. Se trata de que Gobierno, oposición, empresarios y sindicatos pongan en acto aquello que los argentinos pusieron en potencia cuando se expresaron en las elecciones del año pasado: basta de discurso único, de enfrentamientos estériles y de proyectos hegemónicos. Será un verdadero logro que el año que viene, cuando celebremos un nuevo Día de los Trabajadores, podamos decir con satisfacción que nuestros dirigentes supieron estar a la altura de las circunstancias.

(*) Ex secretario de Legal y Técnica durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

leer más

Primera derrota política del gobierno

Lo más importante: se trató de la primera derrota política del gobierno, sobre todo si se la lee (y así hay que leerla) en paralelo a la media sanción de la ley anti-despidos. El gobierno perdió iniciativa y control sobre el stato quo que había logrado instaurar.

Antes que la revitalización mágica del gigante sindical dormido, la marcha unificada funcionó como un sello y una bisagra negativa para el PRO. Le puso masividad, discursos, presencias, petardos y despliegue callejero a lo que hasta ahora circulaba como un run run: que la política macrista propicia un ajuste perjudicial para los trabajadores. Esa afirmación, que se mantenía como una obviedad en ámbitos opositores (sobre todo kirchneristas), ayer empezó a desbordar hacia el mundo gremial. O en realidad, y eso sería más grave para el gobierno, empezó a grabarse dentro del movimiento obrero.

Los dirigentes sindicales salieron a la calle forzados por el macrismo. Algunos con entusiasmo, otros a desgano, por inercia o mera rutina ideológica, pero marcharon casi obligados. Los arrinconó el contexto de ajuste, sumado a la advertencia de que Mauricio Macri vetería la ley anti-despidos. Se verá si, tras la multitudinaria marcha de ayer, el presidente modifica esa postura.

Pero más allá del debate puntual sobre ese proyecto (que tampoco podría torcer el rumbo de la política económica integral), el acto generó una mini-crisis en la estrategia macrista de pactar paz social con los gremios, los grandes medios y la oposición peronista.

Al momento, el macrismo había tenido más cintura política de la esperada. Pese a la ola de despidos (estatales y privados), había mantenido razonablemente a raya el reclamo sindical de la CGT. Caja del Estado en mano, a su vez logró dividir al peronismo, y consiguió mayorías parlamentarias impensadas en ambas cámaras.

Desde hace un par de semanas, sin embargo, el sector PRO-friendly del PJ empezó a mostrarle los dientes. Y aunque no haya sido el objetivo buscado, la marcha de ayer potenciará ese aire opositor. Los pactos de gobernabilidad, queda claro, son bastante más volátiles de lo que el oficialismo quisiera.

Como plan B, si el macrismo pretendiera saltearse a la dirigencia gremial y establecer un diálogo directo con los trabajadores, tendría que tener algo contante y sonante para ofrecer. Y ni siquiera a Cristina Kirchner, quien también optó por evitarse la mediación de Hugo Moyano, le funcionó del todo ese recurso. Ofreció boom de consumo y millones de nuevos empleos, pero no le alcanzó para que su fuerza ganara la elección presidencial. Triunfó Macri, con el apoyo determinante de (imposible saber cuántos) una porción de los trabajadores que ayer se manifestaron.

leer más

El impulso a la bicicleta financiera

El perfil de la actual política económica gubernamental ofrece reminiscencias de otras etapas de manejo  de la conducción del proceso de acumulación de capital por quienes diseñaron estrategias de valorización de recursos financieros como ejes centrales del diseño de tales políticas

El cotejo salta a la vista cuando retrotraemos nuestra mirada 40 años atrás y recuperamos el modelo económico diseñado por los estrategas  de la política económica del la Dictadura Civico.militar iniciada con el Golpe de Estado de marzo de 1976. Es valioso intentar comentar aspectos salientes de aquel proyecto, expresado en el discurso inicial del primer Ministro de Economía de la Dictadura, el Dr. Jose Alfredo Martinez de Hoz, el 2 de abril de 1976.

Comenzamos este análisis ,mencionando que las condiciones contextuales se han modificado de modo sustancial entre 1976 y el año 2016. Pero, en cambio, el contenido de la estrategia de valorización financiera no ha mutado sensiblemente y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos asistiendo a la reedición de una política contenida en dicho proyecto llevada adelante por parte del sector financiero nacional e internacional de tal manera que la misma asume el rol de motor del proceso de generación de ganancias por parte de la cúpula de Poder económico  a través de decisiones basadas en la intervención directa de dicho sector

Nos explicamos. En  la segunda mitad de la década de los 70 a escala del entonces sistema capitalista mundial se verificó un fenómeno muy singular en la dinámica de acumulación de capital.  Fruto especialmente de la triplicación de los precios del petróleo a fines de 1973 y del desafio que planteaba al Poder Económico internacional la incapacidad del sistema capitalista en lograr la recuperación de la tasa de ganancia que estaba en franca declinación, surge una  opción para retomar el signo ascendente de la tasa de beneficio del capital . La revolución neoconservadora en los países lideres de Occidente enmarca un cambio trascendental orientado hacia un modelo de capitalismo neoliberal que abandona el rol del estado como regulador de la economía ,impulsa una vigorosa revolución tecnológica para bajar costos y se desentiende de la carga presupuestaria que supone financiar el Estado de Bienestar. Esta transformación del contenido del régimen de acumulación se ve alentada por la irrupción de abundante ahorro en divisas fuertes como resultado del aumento inusitado del precio del oetróleo a fines de 1973. Los ingresos monetarios en los países productores, especialmente los de Medio Oriente de bajo nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas , desbordaron las arcas de los gobiernos y empresas (muchas de ellas estatales) vinculadas al negocio petrolero pues estaban incapacitados los dirigentes políticos y las respectivas clases dominantes en utilizarlos para estrategias de desarrollo propias. Este desborde de divisas se dirigió hacia el sistema bancario de Occidente que se encontró con dinero barato y de necesaria colocación en aquellas economías n o involucradas en el boom petrolero, particularmente en América Latina . Estos fondos  habitualmente llamados petrodólares,  se derivaron por el sector bancario favorecido hacia los países consignados,siendo la Argentina uno de los más requeridos para la colocación de créditos de inversiones financieras de corto plazo a tasas de interés muy b ajas por la sobreabundancia de efectivo . Así, se abrió para estos bancos un nuevo horizonte compatible con el nuevo escenario neoliberal: la valorización del capital financiero en lugar de la inversión con fines productivos. La ola de predominio central del mercado como asignador eficiente de recursos coadyuvó en ese cometido, pues impuso la apertura externa total a los movimientos de capital monetario y la desaparición del rol regulador del Estado para orientar dichas inversiones. La Dictadura cívico-militar tomo debida cuenta de esta opción y se propuso encaminarla a partir de la desaparición de restricciones a los movimientos financieros nacionales e internacionales. El ejecutor de la política de captación de fondos externos fue el ministro de Economía del Gobierno Militar quien era, antes del Golpe, presidente de la filial argen tina del Chase Manhattan Bank La nueva política financiera de puertas abiertas permitió a quienes estaban inundados de fondos( los bancos extranjeros) abrir las puertas para variadas inversiones financieras entre ellas la que consistía en traer dólares libremente a la Argentina, cambiarlos por pesos, colocar esos fondos a elevadas tasas de interés internas, que se mantenían altas para supuestamente combatir la inflación pero que atraían recursos externos para llevar adelante el negocio financiero. Luego de un tiempo de captar ganancias desmedidas en pesos los inversores especulativos y de corto plazo volvían a comprar en el mercado abierto de Cambios, sin ningún impedimento, los dólares que se habían engrosado y los remitían a sus propietarios en los países de origen. Negocio redondo y altamente rentable

Para que esto funcionara adecuada y fluidamente, además ,la inflación debía  bajar ,(para lo que se estimulaba una alta tasa de  interés pasiva) para lo que se programó una reducción del ritmo  devaluatorio ( la “tablita” cambiaria) y la recompra de los dólares  cada vez requería menos pesos Por supuesto, debía excluirse bajo cualquier condición todo tipo de  trabas para el fluir totalmente desregulado de recursos monetarios en moneda extranjera . En el año 1977 se completó este nuevo modelo de acumulación de valorización financiera con la reforma de la Ley de Bancos que consagraba  un funcionamiento sin restricciones a los establecimientos financieros respectivos

En el nuevo gobierno instalado el 10 de diciembre de este año, se intenta repetir el mismo procedimiento para valorizar capital liquido derivado a inversión financiera de corto plazo. Pero el contexto internacional no es de superávit excesivo de recursos en la banca internacional sino que, por el contrario, no  se verifica un fluir aceitado hacia los hoy denominados” emergentes” Primera y sustancial diferencia con el contexto mundial de 40 años atrás. Ello no garantiza el ingreso de capitales especulativos. Para lograr tal objetivo, entre otras medidas, se eleva sustancialmente la tasa de interés pasiva interna( que también se usa como medida antiinflacionaria como se verá luego), decisión que como 40 años atrás se utiliza para remunerar con elevados beneficios a los colocadores de capital “golondrina” Así  a poco de asumir la nueva conducción económica el modelo de la llamada “bicicleta financiera” se intenta reinstalar .En primer lugar se derogaron todas las normas que habían establecido oportunamente las autoridades económicas y las reguladoras del Banco Central que trababan el ingreso y egreso de capitales especulativos de corto plazo que venían no a invertir en nuevo equipamiento productivo de bienes y servicios sino a medrar con la elevada tasa de interés interna. Esas tasas de depósito a plazo fijo que exceden el 30 % (en  títulos públicos  se acercan al 40 % ) permiten beneficios elevadísimos en el corto plazo si se ingresan dólares al país y se los cambian por pesos para colocarlos en plazos fijos o se compran los citados títulos ( LEBAC) Nuevamente es primordial controlar la inflación como objetivo central para evitar que la recompra de los dolares sea muy cara debido a la devaluación que debe acompañar la elevación de los precios para no retrasar el tipo de cambio.La política antiinflacionaria actual descansa, como se dijo, en subir la tasas de interés para los depósitos y,por ende,los préstamos, lo que enfrían tanto el crédito como el desenvolvimiento económico de las empresas y bajan la producción y  el consumo popular. La recesión se torna funcional al nuevo régimen de acumulación- totalmente contrario al del gobierno kirchnerista. Otra diferencia, no muy significativa en el fondo, es que ahora los que dirigen la política económica oficial no son, como otrora,  ex funcionarios del Chase Manhattan Bank como Martinez de Hoz antes de asumir , sino ex -altos ejecutivos de J.P Morgan, el banco más multado por la oficina de regulación bancaria de Estados Unidos de América,por emisión de hipotecas “basura”, tergiversación de balances, operaciones ilícitas,etc..

El negocio de la “bicicleta financiera” está otra vez instalado y junto con la operaciones de endeudamiento externo se convierte en la principal atracción para obtener ganancias sustanciales en el corto plazo

Qué efectos produce este modelo de acumulación que valoriza la inversión en dinero de rápida entrada y salida sin invertirse en  bienes de producción que impulsen la economía hacia arriba y generen empleo?  Un par de consecuencias previsibles saltan a la vista. En primer lugar, que los intereses que se capitalizan por estos inversores de corto plazo para ser enviados al exterior suponen extracción de excedente de nuestra economía .Son recursos que se generan internamente pero que se van a invertir o gastar en otras latitudes. En segundo término que las operaciones de crédito que acompañan estas inversiones financieras fugaces aumentarán significativamente la Deuda Pública pero no supondrán inversiones productivas  que posibiliten la generación de divisas por exportaciones y que faciliten oportunamente el repago de la citada deuda o compensen los intereses entregados a los inversores especulativos sin nada a cambio Una inversión productiva supone que esos recursos financieros deban aguardar varios años para ofrecer rendimientos ,espera que los que traen dinero para rápidos recuperos con altas ganancias no están dispuestos a soportar. Además, la citada colocación en negocios financieros de rápido movimiento asegura a los que lo ingresan salida en cualquier momento de sus colocaciones  ,lo que no ocurre si se han comprado o invertido en empresas cuya posibilidad de que se transformen en efectivo otra vez suele ser mucho más lenta.

Estamos pues sujetos a otra experiencia de “bicicleta financiera” tan potencialmente dañina como la anterior  de 40 años atrás

De este modo la economía nacional no se beneficia con este cambio profundo del régimen de acumulación, basado antes del 10 de diciembre del 2015 en un mercado interno fuerte y en crecimiento .El escenario actual donde predomina e l negocio financiero no aporta recursos de largo plazo para la inversión, única y excluyente estrategia para afianzar el desarrollo económico con inclusión social  que eleve el ingreso real de los habitantes del país y asegure la creación de riqueza través de la valorización del trabajo.

leer más

La vuelta de la polarización

Cuando el kirchnerismo amenazaba con diluirse o convertirse en una minoría ideológica, Cristina Kirchner fue citada por el juez Claudio Bonadío, en una causa intrincada y débil como la del dólar futuro. Sin quererlo, el juez le regaló un escenario ideal a la ex presidenta, en un contexto de ajuste y caída de imagen para Mauricio Macri.

“Les propongo formar un gran frente ciudadano, formado por ciudadanos, por ONG, convoquen a los dirigentes gremiales”, afirmó Cristina Kirchner, en lo que encerró un guiño de convocatoria y un poco (tampoco demasiado) de autocrítica. Con una multitud que fue hasta las puertas de Comodoro Py, el kirchnerismo puso en juego su principal capital político: energía militante y callejera, surgida de ese tercio duro que banca sin matices.

Y por si quedaban dudas sobre su vuelta a la arena política más activa, ya sea como protagonista o como factor de influencia, en la semana siguiente Cristina avanzó sobre un terreno que nunca sintió como propio: el de la rosca, las reuniones y el armado político fino.

Cuando parecía que la estructura mayoritaria del PJ le daba la espalda, CFK alineó a los diputados, reunió a intendentes, senadores y organizaciones sociales. No fueron todos los dirigentes y todavía hay un extendido clima de desconfianza. Pero lo cierto es que tampoco hay demasiados líderes con perspectivas de ordenar a las tribus sueltas del peronismo.

Con un peronismo todavía mareado tras la derrota ante una tercera fuerza, muy joven y de tono conservador como el PRO, el regreso de CFK preanuncia la posibilidad de la reorganización: algo que entusiasma a algunos y representa una amenaza para otros.

Dentro del PRO, por su parte, no parecen ponerse de acuerdo. Porque si bien en un principio trataron de bajar las expectativas respecto a la posibilidad de ver a Cristina detenida, ahora optan por ver el lado positivo de su vuelta.

A los ojos del PRO, el riesgo de acorralarla judicialmente era construir un mártir: el kirchnerismo siempre golpeó mejor cuando iba en retroceso. Ahora, sin embargo, celebran como un gol propio su reaparición. En un clima de ajuste, inflación alta y despidos, el oficialismo apuesta a ganar aire a partir del contraste entre Mauricio Macri y la ex presidenta.

Encuestas en mano, la mesa política del PRO analiza que reactivar la (vieja) polarización con el kirchnerismo sirve a su vez para diluir a Sergio Massa, un aliado-adversario del que desconfían. Y si bien el crecimiento de CFK podría resultar un peligro, los macristas retrucan que el FpV ya no cuenta con estructura ni con las facilidades que da el control del Estado.

Algunas encuestas alientan ese diagnóstico. Según Ibarómetro, ocho de cada diez oficialistas hacen un balance negativo del ciclo kirchnerista. El informe nacional, hecho sobre 1200 casos, a su vez revela que macrismo y kirchnerismo son las identidades políticas más convocantes (suman el 60% de las simpatías), mientras el massismo viene a la baja: descendió de un 14% en diciembre pasado, a menos de 9% en la actualidad.

Para Isonomía, la consultora que suele trabajar para el gobierno, la conclusión es muy parecida: casi la mitad del universo que apoya a Macri lo hace “porque representa un cambio al kirchnerismo", antes que por una valoración positiva de la gestión oficial.

Así, el intento de rivalizar con el kirchnerismo parece un deja vu invertido: se trata de la misma estrategia que eligió el FpV y lo llevó al fracasa electoral. Bajo el argumento de que el kirchnerismo “ya no maneja la caja”, el macrismo rechaza esa comparación. Pero tampoco la ignora. Y lo que el gobierno definitivamente asume es que su principal problema es la inflación y el desempleo. Sin un mayor control de esas variables, lo demás se vuelve fantasía y especulación.

Según Ibarómetro, desde febrero creció la percepción de que gobierno favorece especialmente a la clase alta. Y solo un 8,4% opina que Cambiemos privilegia a los sectores más humildes. Ahí está la verdadera amenaza para el gobierno. Algo que por supuesto el kirchenrismo intentará aprovechar.

leer más

Volver a la calle

Sin buscarlo, como suele pasar cuando un actor judicial intenta jugar abiertamente a la política, Claudio Bonadío le regaló un escenario casi ideal a la ex presdienta. Con una causa débil hasta para sus propios impulsores (la inició el senador macrista Federico Pinedo), el juez quiso acorralar a Cristina Kirchner.

No lo consiguió. La causa no parece tener demasiado rumbo, y CFK le sacó el jugo a la acusación. Incluso la aprovechó en términos de timming: tras cuatro meses de gobierno macrista, ya pasada la luna de miel de los primeros 100 días, en un marco de ajustes, inflación y despidos, Cristina Kirchner pudo escenificar con argumentos su mensaje de "yo se los avisé". Antes hubiera sido prematuro, y más adelante existe la posibilidad de que el gobierno empiece a revertir el actual derrumbe de la economía, de la mano del endeudamiento externo.

Esa falta de tacto de Bonadío a su vez reveló lo que ya es un secreto a voces: el macrismo no tiene dominio pleno sobre Comodoro Py, más allá de la coincidencia de intereses circunstanciales.

El PRO no logró aún una interlocución fluida con los distintos sectores de la justicia federal. Los operadores Daniel Angelici, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello no se imponen como mediadores del todo eficaces. Y el ministro de Justicia Germán Garavano no es lo mismo que Ernesto Sanz, quien declinó misteriosamente ese cargo. Y además la reforma judicial que impulsa Garavano es resistida por los jueces porque les recortaría algunas facultades, sobre todo en causas sobre narcotráfico.

"Les propongo formar un gran frente ciudadano, formado por ciudadanos, por ONG, convoquen a los dirigentes gremiales, a esos que nos hacían huelga por Ganancias y ahora están echando gente como perros", afirmó Cristina Kirchner.

Y por si quedaban dudas sobre su vuelta a la arena política más activa, ya sea como protagonista o como factor de influencia, dijo desde el escenario armado a las apuradas: "Cada uno es un dirigente en sí mismo, quiero volver a recuperar para todos ustedes la libertad".

Su propuesta encierra la pretensión de ubicarse por encima de las pujas del PJ, estructura que parece darle la espalda. Al menos una parte: mientras Cristina castigaba a Macri desde el escenario de Retiro, el presidente compartía un acto con el gobernador Juan Manuel Urtubey en Salta, en el que ambos proponían mirar hacia adelante.

Esa falta de sintonía con el PJ ortodoxo se evidenció en el acto. Las afueras de Comodoro Py fueron copadas por parejitas sueltas, desde adolescentes hasta bien veteranas; por familias de clase media que apoyan más ahora que cuando Cristina era presidenta; por las orgas más cercanas al FpV, como La Cámpora y Nuevo Encuentro, entre otras; y por el staff de dirigentes más leal a la ex presidenta. Alcanzó para darle épica a la vuelta de la ex presidenta, y para hacer gala de la vitalidad callejera que mantiene el kirchnerismo. Pero faltó presencia sindical y territorial de peso.

Sólo apareció una gobernadora -Lucía Corpacci, de Catamarca-; un grupo de intendentes y unos pocos dirigentes sindicales. Tal como empezó a ocurrir desde la ruptura con la CGT de Hugo Moyano, los grandes sindicatos tampoco estuvieron en Comodoro Py, salvo algunos grupos aislados como el gremio de los curtidores, una rama de los petroleros, algunas seccionales de Luz y Fuerza, algunas de Uocra, el Satsaid (telecomunicaciones), ATE Capital y los docentes privados nucleados en Sadop, entre otros. Muchos de los gremios presentes –enrolados en la CGT o CTA- fueron los que firmaron una solicitada contra el pago a los fondos buitre y quienes luego marcharon en conjunto el 24 marzo.

El discurso de CFK, sin embargo, fue más una invitación que un reproche para los que faltaron al evento. Y en ese clave debería leerse la amplia agenda de reuniones y charlas peronistas que, por estos días mantuvo Máximo Kirchner.

Así, tras cuatro meses silenciosos, Cristina propuso articular en un armado amplio toda esa energía desde abajo que el kirchnerismo monopoliza. La fortaleza de esta invitación movimientista estará atada, en gran parte, a la suerte del gobierno macrista.

leer más

El malentendido del discurso macrista sobre la honestidad

Así, algo artificialmente, sin que conectara con el ADN de sus propuestas (más vinculadas a la necesidad de atraer inversiones, bajar el déficit y controlar la inflación), Macri incorporó una bandera que en realidad era pura demanda social. Aliarse con Elisa Carrió y mezclarse amistosamente con Margarita Stolbizer, dentro de un elástico bando antikirchnerista, terminaron por darle forma al malentendido.

Pero lo cierto es que el PRO, desde su nacimiento hace unos 15 años, nunca fue un partido “honestista”, y esto dicho en sentido neutro. Macri no es Elisa Carrió, tampoco Stolbizer y ni siquiera es semejante a Gabriela Michetti. O al menos no coincide del todo con esa imagen pura y sin dobleces que emana y construye su vice. En un intento por aprovechar ese capital y transferírselo mágicamente al jefe, Michetti fue designada como la primera defensora pública de Macri, ante la difusión de los Panamá Papers.

"Lo primero que hice fue preguntarle a él", explicó la vice en diálogo con Telefé, con su habitual tono familiero. "Contame cómo es el tema, que voy a lo de Gerardo y quiero tener en claro qué es lo que hay que decir en función de la verdad y la realidad", dijo que le preguntó a Macri. Y por supuesto consiguió el efecto buscado: en el piso, la mayoría le creyó a Gaby. La política del siglo XXI (aunque quizás siempre fue un poco así) es una pelea por instalar la sensación más verosímil, un arte en el que PRO se suele destacar.

Antes de que se interesara por la política partidaria, la trayectoria del Macri empresario acumuló todas las manchas y vicios propios de la patria contratista. Hacia fines de los '90, cuando se registraba en las islas Bahamas la cuenta Fleg Trading Ltd que ventilaron los Panamá Papers y le valieron una imputación al presidente, el grupo encabezado por el patriarca Franco Macri apuraba negocios en esa frontera patinosa entre lo público y lo privado.

El Grupo Macri había cerrado contratos para el manejo de los sistemas catastrales de Morón y la administración de rentas de Capital Federal, Misiones, Salta y San Luis. Los contactos políticos abrían las puertas para nuevos emprendimientos. Para entonces, Sevel ya había implementado un sistema para cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes al Uruguay, una maniobra por la que Macri sería procesado años más tarde.

Así, si bien el grupo Macri no inventó las mañas de las grandes empresas y contratistas del Estado, tampoco las descartó. ¿Por qué habría de hacerlo?

La organización Integridad Financiera Global (GFI) publica los datos del promedio por año de los flujos ilícitos desde los países emergentes durante el período 2004-2013. Según la página Chequeado, la Argentina está en el puesto 23 con US$ 7.654 millones. Si se toma solo en cuenta los flujos ilícitos del 2013, asciende al puesto 14 de 123 de países que cuenta con información publicada, con US$ 17.171 millones.

La ONG Red de Justicia Fiscal, por su parte, posicionó en 2012 a la Argentina en el puesto número 8, en un ranking sobre los 20 países con mayor stock de fondos ilícitos depositados en paraísos fiscales en el período 1970-2010. Evadir, eludir, tratar de pasar al Estado y reducir controles fueron (y todavía son) deportes nacionales para las grandes empresas argentinas.

(El grupo) Macri se formó en ese clima y con esas prácticas. Y si bien el heredero de Franco pegó un volantazo biográfico con su salto a la política, la gestión porteña del PRO no se destacó como ejemplo de lucha contra la corrupción, las contrataciones dudosas y el financiamiento oscuro de las campañas.

Ahora, Macri es presidente, y el sillón de Rivadavia habilita la posibilidad de una transformación. Hay antecedentes históricos que lo acreditan. Sin embargo, Macri todavia no impulsó una sola medida de la agenda oenegeísta: al momento, hizo algunas promesas, como la de poner su patrimonio en un fideicomiso o la de sancionar una ley de acceso a la información. Sus funcionarios más perfilados hacia la lucha contra la corrupción, como el ex lilito Adrián Pérez, mantuvieron algunas reuniones con representantes de Poder Ciudadano y otras sociedades civiles, ansiosas por cambiar algunas tendencias de los últimos años. Es que para el kirchnerismo, el honestismo fue muchas veces un sinónimo de anti-política, y más precisamente de anti-kirchnerismo. Van cuatro meses de gobierno, y Macri todavía está a tiempo de torcer su rumbo.

leer más

Al revés de lo esperado: bien en la política, flojo en la economía

Como contracara, en sus casi cuatro meses de gobierno, el macrismo derrumbó otro mito instalado en la política argentina: el que le atribuía al PRO -una fuerza de centro-derecha y cara amable hacia el mundo de los negocios- una ductilidad casi natural para el manejo de la economía.

Así visto, la realidad se llevó puesta tanto a la propaganda como a los prejuicios que circulaban alrededor del PRO. Al momento, el macrismo pudo con la política, pero le costó (y todavía le cuesta) lidiar con la economía. Y si bien la valoración de éxito y fracaso depende de quién juzgue, el gobierno hizo agua en aspectos en los que se mostraba más confiado: la famosa lluvia de inversiones, todavía pendiente; y la reducción de la inflación, de la mano de una administración fiscal más austera. En esos ítems, el macrismo fracasó bajo sus propios parámetros.

Incluso Elisa Carrió, aliada ingobernable, pero siempre astuta para detectar humores sociales, se despegó de las recientes medidas económicas. “No comparto ajustes brutales de agua, gas, transporte, en medio de tan alta inflación. No se puede ahogar a la sociedad que nos apoya en el cambio”, afirmó la diputada.

Si bien la escena política todavía se está reacomodando, con las distintas fuerzas entregadas a una danza de contemplación y tanteos mutuos, las críticas de Carrió funcionan como una bisagra. Porque sus palabras nunca llegan el vació. Lilita percibe que “la sociedad” (incluido el sector “que nos apoya en el cambio”) está maquinando cómo describir y catalogar al macrismo. Una identidad todavía en construcción, pero que bien podría llegar a ser la de un gobierno ajustador. Carrió detecta ese riesgo y, entonces, abre el paraguas, marca la cancha y suelta un “yo te avisé” a futuro, que incluso le permita quedar bien parada.

El gobierno, por su parte, se convirtió en una máquina bastante eficaz para comprar tiempo, mientras el panorama económico pinta largamente recesivo. Caja del Estado en mano, logró dividir al peronismo, y consiguió mayorías parlamentarias impensadas en ambas cámaras, sobre todo en la de Senadores. Pese a la ola de despidos (estatales y también privados), mantuvo razonablemente a raya el reclamo sindical de la CGT. Vía distintas concesiones y un cambio radical en la política de medios, se garantizó una cobertura más bien amistosa por parte de los principales diarios, programas de radio y TV. Y por último, administró sabiamente el discurso sobre la pesada herencia, con un apartado especial para denunciar distintos casos de corrupción.

Así, la política macrista le da cierto aire (que por supuesto no será eterno) a una economía fría y a la baja. La ecuación inversa a la pronosticada meses atrás. Como pasó en 2015, tras el batacazo electoral de Macri, en 2016 se siguen quemando los papeles de los dirigentes y los analistas.

leer más

El Protocolo antimanifestación es un arma del ajuste, debe ser anulado

El Protocolo contra las manifestaciones y los piquetes que promueve la ministra Bullrich se inscribe totalmente en este ataque. Desde la dictadura de Onganía en adelante se trató de implementar la reglamentación a las protestas populares. De la Rúa directamente instauró el Estado de Sitio y trató de acallar la protesta con una represión que causó 33 muertos. Su gobierno cayó ante una rebelión popular que comenzó el día de la instauración del Estado de Sitio.

El gobierno K armó todo un andamiaje de control y represión de la protesta popular y pretendió reglamentarla por ley, aunque fracasó. La presidenta CFK anunció en su mensaje de apertura de las sesiones del Congreso Nacional en el 2014 su propósito de reglamentar piquetes y movilizaciones. Ya entonces, diputados del PRO y la UCR, hoy funcionarios del gobierno Macri, aplaudieron en forma entusiasta esta parte del discurso, que luego se materializó en el proyecto de ley Pedrini-Conti. Antes había sacado la ley antiterrorista que también está dirigida a penalizar la protesta popular. En los cinco mil casos de procesamiento de dirigentes y luchadores sindicales, ambientalistas, estudiantiles y sociales existente se apela a figuras penales (asociación ilícita, incitación a la violencia, artículo 194 del Código Penal contra los cortes de ruta, etc.) para tratar de ahogar la protesta obrera y popular.

Recientemente, y como consecuencia del paro y movilización nacional convocado por ATE el 24 de febrero contra los despidos en las administraciones públicas, fueron encausados los dirigentes Raquel Blas y Roberto Macho (ATE) y Federico Lorite (SITEA) de la provincia de Mendoza por organizar una gran manifestación sindical de protesta contra los despidos masivos. Fue el debut de la aplicación el Protocolo contra las luchas sociales.

El Protocolo pretende que las manifestaciones o cortes sean avisados y pactados con las autoridades, de lo contrario estarían prohibidos y serían pasibles de ser reprimidos en forma sumaria por las fuerzas policiales, y sus dirigentes y participantes terminar en prisión. La reglamentación de la protesta popular por el gobierno es muy precisa. Habilita la filmación de manifestantes por parte de las fuerzas de seguirdad en lo que es la institucionalización del Proyecto X de espionaje y criminalización de la protesta popular. Incluso se ha cuidado también de regimentar a los medios de prensa: hay un capítulo especial dedicado a los periodistas que ya no tendrán la posibilidad de moverse libremente en el terreno de los acontecimientos, sino que deberán responder a las instrucciones policiales. Se trata de una restricción a la libertad de prensa y de un pasaporte de impunidad al atropello y la represión policial.  Con este Protocolo nunca se habría sabido que el comisario Fanchiotti ejecutó estando detenidos a Kosteki y Santillan en 2002, o constatar la ‘zona liberada’ en la que se desarrolló el crimen de Mariano Ferreyra. Los periodistas habrían sido reprimidos si intentaran captar las imágenes que recorrieron el país y el mundo, y permitieron saber la verdad sobre la provocación policial contra los manifestantes.

Denunciamos que este Protocolo no sólo es impulsado por el gobierno nacional de Macri-Bullrich, sino que ha sido avalado por gobiernos provinciales del PJ y el FPV. Alicia Kirchner pidió la Gendarmería para desalojar a los huelguistas que protestan contra el vaciamiento y el robo de sus salarios por Lazaro Baez.

El objetivo del Protocolo es imponer con represión las medidas de ajuste antinacional y antipopular, dictadas por el pacto con los fondos buitres que el gobierno y el conjunto de las fuerzas de Estado y los grupos económicos y financieros proponen como salida a una nueva bancarrota nacional. Desde Nueva York se está dictando la política nacional y se subordina al propio Congreso. El protocolo antimanifestación es un arma del ajuste.

Por eso, el 24 de marzo vamos a marchar miles para reclamar su anulación.

*Néstor Pitrola, militante del Partido Obrero, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.

leer más

Sobre protocolos y desafíos en materia de Seguridad

Quizá sus dichos respecto que en “cinco minutos” desalojarían cualquier protesta social son los que más repercusiones trajeron, sobre todos en organizaciones sociales, pero debemos tener en cuenta algunas cuestiones que contradicen ese acting de la Ministra, que no se compadece con la carga comunicacional que pretendió imponer a la cuestión. La primera de ellas es lo que concretamente refiere el protocolo:

“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.

Aquí no podrá haber cinco minutos, ya que aun, utilizando el procedimiento de flagrancia, debe darse intervención a los magistrados ya que ninguna fuerza puede proceder ante ordenes políticas o por mera y propia voluntad.

La segunda cuestión es política y quizá más controvertida pero menos presente, el protocolo fue aprobado por amplia mayoría de los representantes de cada provincia del Consejo de Seguridad Interior, es decir por representaciones partidarias que abarcan todo el espectro político. La única excepción clara fue la provincia de San Luis que no concurrió a la reunión, es decir el conjunto le cedió esta herramienta al actual gobierno, derogando inclusive una resolución del año 2011.

Resulta paradójico que la primera reunión del Consejo de Seguridad fuera para establecer este protocolo y no para discutir profundamente que hacer con el narcotráfico o con la inseguridad que sigue estando al tope de las exigencias de la sociedad.

Los bonaerenses que tenemos indicadores muy por encima en materia delictual que cualquier jurisdicción provincial que se tome para comparar, esperábamos un poco más. No creemos que las cuestiones de fondo se resuelvan con protocolos. Esperamos ansiosos las definiciones gestuales, y normativas fuertes que empiecen a reconciliar a la sociedad con la política, la justicia y la policía situación que hoy casi deviene utópica, pero no por ello imposible.

Sabemos que no hay atajos pero si políticas de largo plazo que cambien la autogestión policial y deseamos una completa estrategia de prevención social y de seguridad ciudadana centrada en el ámbito de cada uno de los Municipios. Pero a su vez la decisión y la necesidad de conformar mandos únicos respetando esas estrategias particulares, pero uniformes en las acciones de política provincial.

La clave del éxito de reformular la policía, y por ende la seguridad, debe tener como directriz inmediata el control sobre los efectivos y altos mandos. Sus aspectos patrimoniales deben ser públicos ,un nuevo régimen de ética pública policial y declaraciones juradas actualizables, como así la Dirección de Asuntos Internos, organismo encargado de la investigación del accionar de los efectivos debe estar constituida por personal intachable en la tarea de contralor de la policía, con autonomía de investigación previa y obligación de constituirse en querellante, y no un simple organismo que se aboque a los sumarios internos una vez producidos los hechos. Nuevos planes de formación tendientes a recobrar la cuestión vocacional de los ingresantes, donde la policía no debe ser una salida laboral.

Debe existir un compromiso multipartidario de tolerancia cero con la corrupción intra fuerza. Solo dando una señal clara que se acepta el desafió la sociedad apoyará incondicionalmente los cambios, por más que los mismos tarden en producirse dado el estado actual de la situación, pero que no deben limitarse a acciones comunicacionales, en una sociedad que ya demostró reiteradamente su paciencia ,pero también su inconformismo justificado.

*Walter Martello, ex diputado de Buenos Aires, ex miembro del Consejo de Seguridad y autor del libro “20×20, ¿Sin Salida?”

leer más