Por Sergio Chouza para EPPA

En retórica, se denomina “argumento ad nauseam” a una falacia formal que opera sobre el sentido común de las personas. Básicamente se construye por medio de la repetición incesante de una afirmación hasta que el interlocutor la considera como válida, aunque no exista ningún argumento que la justifique. La repetición de Mauricio Macri y todo su gabinete económico sobre el 700% de inflación acumulada durante el kirchnerismo, como la suma de todos los males, es un buen ejemplo práctico de esta falacia. Mientras el macrismo reitera esta cifra, vacía de contenido si no se la imensiona, nuestro país se hunde en una estanflación con destrucción de puestos de trabajo, que rompe con la tendencia de crecimiento económico que se presentó hasta el año 2015.

En este breve comenzaremos con una introducción conceptual sobre las causales estructurales de los aumentos sostenidos de precios en economías como la nuestra. Después se propone analizar el número instalado por el equipo comunicacional de Cambiemos, en toda su extensión. Por un lado haciéndolo comparable con el escenario actual. Por otro lado en relación a la evolución de diferentes variables que lo ponen en contexto. Por último integrando las partes, en el marco de un análisis integral.

¿Por qué “tanta” inflación?

A la discusión sobre si se trata de un fenómeno estrictamente monetario o tiene más que ver con razones propias de la estructura productiva, o de puja distributiva, hay que pasarla por el tamiz del contexto histórico. Es un hecho que en economías con tanta “gimnasia inflacionaria” como la nuestra, los agentes adecúan sus decisiones al entorno de variabilidad de precios y logran “ajustar contratos” con mayor velocidad. Por otro lado, cuando se dice que en el mundo la inflación no es un problema recurrente, se suele pensar en economías en donde los salarios de los trabajadores en relación de dependencia no ajustan periódicamente, o a lo sumo lo hacen en función a eventuales avances en la productividad.

Yendo al caso concreto de nuestro país en los últimos diez años1, analicemos brevemente lo que nos marca la evidencia empírica. Gracias a las convenciones colectivas de trabajo, producidas en un marco de libertad de negociación y niveles de empleo crecientes, los trabajadores aumentaron sistemáticamente sus posibilidades de no tener que dar el brazo a torcer a la hora de acordar su recomposición salarial a lo largo de los años. A continuación, se expone el gráfico de evolución año a año de la comparación entre inflación y paritarias sindicales homologadas.

1 La información del Ministerio de Trabajo y demás fuentes de mercado está disponible desde el año 2006. Entre 2003 y 2006 la dispersión en la recomposición salarial es tan amplia que metodológicamente es conveniente evitar usar el promedio de esos años para no distorsionar el análisis.

Como se ve, en todos los años bajo estudio (a excepción levemente de 2014) los porcentajes promedio de incrementos salariales superaron a la inflación, y por lo tanto se incrementó el poder

adquisitivo de los trabajadores registrados. Si a esto le sumamos, como veremos más adelante, que  el índice de salarios del sector no registrado varía aún de forma más pronunciada que el de los

sectores registrados formales, se puede concluir que la totalidad de los trabajadores de la economía vieron mejorado su poder de compra en la última década. En números, el promedio anual de mejora fue de casi 5 puntos porcentuales, ya que el promedio de las paritarias de los 10 años fue superior al 25% y el promedio de inflación estuvo entorno al 21%.

Es esta disputa constante entre los sectores productivos y empresarios por la distribución del ingreso lo que nos lleva a repensar las causales más profundas de los esquemas inflacionarios. La concentración de la propiedad y del usufructo en la producción de bienes primarios, altamente beneficiados por las ventajas comparativas de nuestros recursos naturales, es un factor que no se

puede aislar a la hora de evaluar cuál es el disparador inicial de un proceso de puja entre precios y salarios. Cuesta pensar que liberalizando los flujos de exportación y eliminando retenciones, el

nuevo Gobierno logrará contener la suba de los productos básicos, ya que si los precios internos no están desacoplados de los internacionales, no hay incentivos para que los empresarios coloquen localmente los productos a un precio menor al que lo podrían exportar. Para muestra alcanza un botón y es que, producto de estas políticas, en los primeros meses de la gestión macrista, se

espiralizó el incremento de precio de los productos primarios (los que ocupan la mayor porción de la canasta de consumo de los trabajadores), verificando actualmente un crecimiento interanual en

torno al 34,7%. Que la meta de paritarias del macrismo para el 2016 sea del 25%, muestra a las claras cuáles serán los sectores ganadores y cuáles los perdedores en este nuevo modelo.

Sobre la naturaleza del 700%.

El número tan mentado por el presidente, surge de calcular la variación punta a punta de algún indicador de precios privado. Como Macri nunca citó la fuente de tal información (ni siquiera cuando

lo mencionó en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo), para empezar tenemos que hacer alguna suposición sobre la serie de inflación a utilizar. Como necesitamos examinar una

serie larga, tomamos la del estudio de Miguel Bein, que goza de un prestigio ampliamente aceptado entre las consultoras privadas y no sufre el cuestionamiento metodológico que tuvo el IPC Indec. A

continuación mostramos la evolución de su indicador que toma un valor base 1999=100, llamado “relevamiento de precios minorista” (símil IPC), y determina la inflación subyacente de cada mes.

A priori no podríamos decir mucho sobre este porcentaje de avance de precios estudiado de forma aislada. El número sin un contexto no ofrece la posibilidad de hacerlo comparable con alguna otra

variable de la economía que sirva para dar cuenta del crecimiento o del desarrollo de un país. Más aún, el uso de un dato de aumento de precios punta a punta para los doce años, no suele ser un

estándar usualmente utilizado en el análisis económico, ya que lo relevante es la comparación de aquello que ocurre al interior de cada año. Sin embargo, de forma tendenciosa el equipo económico

de Cambiemos decide exponerlo, con el propósito de generar impacto en la opinión pública por lo elevado del número en términos nominales. El siguiente gráfico, muestra la partición del 730% del

avance en el índice de la consultora Bein en sus sucesivas variaciones de frecuencia anual. Con esto, lo que logramos es generar una primera medida de comparación con la gestión macrista ya que, a partir de los meses ya transcurridos de 2016, es factible calcular un porcentaje de inflación interanual.

Dos resultados interesantes se desprenden del gráfico. Por un lado, el hecho de que el promedio anual de la serie de Bein es del 19,2% para los doce años (a tono con el dato del 20% promedio que Macri también suele repetir). Este número, que surge de “anualizar” el 730%” acumulado punta a punta en cada uno de sus doce períodos, ya nos ofrece una mejor dimensión para comparar con los

incrementos de las variables nominales (ej.: salarios, jubilación, etc.) al interior de cada uno de los años. Además el alza media del 20% nos permite entender que este contexto lejos se encontraba

de los períodos de hiperinflación dónde, por ejemplo durante la última dictadura militar, el promedio inflacionario alcanzaba el 250%. Por otro lado observar que la variación anual actual –

superior al 41%- es ampliamente la mayor de los casi 13 años analizados. Incluso es sensiblemente superior a la de mayor incremento bajo el gobierno kirchnerista, aquella del año 2014 donde trepó un 31,6%. Si bien se espera que producto del enfriamiento de la economía que el macrismo está practicando se termine reduciendo el porcentaje consolidado al final de 2016, existe un consenso de que este terminará por encima del 30%. De hecho, esta misma semana el economista ortodoxo Daniel Artana, en relación a su proyección para la inflación del año actual, declaró que “no va a dar 25%, va a dar ‘30 y pico’. O sea, en el segundo semestre va a estar aterrizando a un nivel en torno

al 25% anualizado. Pero después de lo que pasó en la primera mitad del año no hay chances de que de 25% ni nada que se le parezca a ese número”.

La simplificación fundamental.

Si bien en una economía siempre es deseable que las variables nominales se encuentren estabilizadas, no es menos cierto que en el caso argentino los diferentes agentes económicos tienen

una “gimnasia inflacionaria” y la mayoría de los contratos privados se encuentran indexados para lidiar con la inercia de precios. Por el lado social, a partir de un gobierno que se decidió a incrementar

el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, se puede demostrar que los incrementos de precios han sido más que compensados por los montos percibidos en cada concepto. Por tanto, la simplificación fundamental del argumento macrista radica en presentar las variaciones en el índice de precios sin dar cuenta de la comparación en relación a las demás variables nominales, como ser el salario, las jubilaciones, la facturación de las empresas, y demás.

Con todo, en el próximo gráfico, se reconstruye el desempeño de los agregados más significativos a la hora de describir el poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Para ampliar, en la tabla de

la derecha se presentan más datos relevantes, tales como los indicadores de salarios y la variación en la facturación de los comercios.

Como se puede ver, los ajustes en el salario mínimo vital y móvil, a partir de la institución del Consejo del Salario y la jubilación mínima, a partir de la Ley de Movilidad Jubilatoria, superan ostensiblemente a la inflación para los 12 años en cuestión. La brecha en el porcentaje de aumento de ambas variables casi cuadriplica la escalada de precios, lo cual da cuenta de una notoria ganancia en términos de poder adquisitivo para los sectores medios y bajos, que suelen ser aquellos que tienen todos o buena parte de sus percepciones determinadas por estos conceptos. Cabe destacar que esta mejora de los ingresos “en términos reales” es lo único que tiene que ser relevante para dar cuenta del bienestar de las personas a lo largo del tiempo, si se quiere evitar la falacia macrista de demonizar el avance de precios bajo los gobiernos de Néstor y Cristina, recortando la realidad de manera sesgada. Por el lado de los ítems expuestos en la tabla, se debe resaltar que las medidas indicativas de la evolución de la media de los salarios de la economía para los distintos sectores avanzaron todas por encima de la inflación, destacándose el caso de los ingresos de los sectores no registrados que duplicaron la inflación en el período analizado, lo cual redundó en una mejora en el bienestar promedio del colectivo más vulnerable dentro del universo de los trabajadores. Por último, vale dar cuenta de los resultados concernientes a la facturación del comercio minorista, representados tanto por las ventas en supermercados como en shoppings. La correlación entre ambas variables y la ampliación en los salarios y las jubilaciones es directa y, por ende, su avance de forma sostenida a lo largo de los años es el principal motivo de que las transacciones de bienes de consumo escalen en términos reales, o sea, largamente por sobre el nivel de suba de precios promedio.

Algunos Comentarios Finales.

Para finalizar, entonces, en este breve artículo se expusieron diferentes contraargumentos para refutar la falacia más repetida por parte del gobierno de Macri, sobre el 700% de inflación. Se comenzó con una digresión relativa a las diferentes visiones sobre la naturaleza de los fenómenos inflacionarios, explicando por qué se considera que en Argentina se desencadenó debido a un proceso de “puja distributiva”, junto a factores propios de la solidez de la demanda agregada en los doce años de kirchnerismo y otros aspectos relativos a la estructura productiva desequilibrada de nuestro país. Después, mostramos que aún si nos moviéramos en el marco de su paradigma (convalidando la inflación de una consultora privada) el alza de precios del período no implicó un deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino todo lo contrario: redundó en un mayor poder de compra, que se materializó en un incremento en los indicadores de consumo. Por otro lado, el camino que eligió el gabinete económico del PRO lejos está de resolver el problema que tanto objetan. Con el esquema actual no sólo se presenta el mayor porcentaje de inflación interanual desde 2003 a la fecha, sino que esto se produce en un contexto de caída de la actividad económica y destrucción sostenida de los puestos de trabajo, lo cual constituye un escenario de estanflación sin perspectivas de correcciones a corto plazo.

Por Fernanda Vallejos para EPPA

“El liberalismo económico ha sido el principio organizador de una sociedad que se afanaba por crear un sistema de mercado. (…) Se convirtió en una verdadera fe… Este fanatismo fue el resultado del súbito recrudecimiento de la tarea en la que el liberalismo estaba comprometido: la enormidad de los sufrimientos que había que infligir a seres inocentes, así como el gran alcance de los cambios (…) que implicaba el establecimiento del nuevo orden”. De ese modo lo expresaba Karl Polanyi en La gran transformación. Crítica del liberalismo económico.

Naturalmente, las sociedades no son abstracciones, sino constructos humanos. Así que no fue la sociedad toda, sino aquellos sectores que se alzaron con el poder, los que impusieron el nuevo orden y los dispositivos “sacralizados” sobre los cuales se estructuró. Para eso se instalaron falacias con la fuerza de dogmas. Como que el afán de lucro es parte de la “naturaleza” humana, desconociendo las refutaciones de la antropología, la sociología o la historia económica. Claro, si el afán de lucro es parte de la naturaleza, el egoísmo es racional (normal) y, entonces, no corresponde hacer cuestionamientos morales sobre comportamientos especulativos o predatorios, ni sancionar la usura y la rapiña, y son perfectamente válidos los sistemas de ideas, jurídicos e institucionales que amparan esos comportamientos, como si se tratara de una ley natural. De ahí, a que la propiedad privada de los dueños (del capital, claro) se erija por encima de la vida de las personas, como cristalizan las constituciones liberales, incluida la nuestra, hay una delgada línea roja. Así, por ejemplo, los sistemas jurídicos avalan que un puñado de buitres saqueen un país soberano aunque eso implique condenar a la miseria a pueblos enteros. O, de igual manera, habilitan la judicialización de los proyectos políticos que se oponen al orden instituido.

Esa racionalidad, implica, como contracara, que aquellos individuos, grupos o países que se rebelan contra el orden liberal entren en la categoría de “anormales”. Porque una de las virtudes del capitalismo moderno, a diferencia de las sociedades esclavistas, por caso, es que ostenta un tipo de poder disciplinario que no supone coacciones externas. Se ejerce por medio de una serie de técnicas sutiles que “modelan” la vida y la subjetividad de personas y sociedades, vigilando y castigando a los que se desvían de la norma. De otro modo, el riesgo es quedar excluidos por no sernormales. Se trara de, en palabras de Foucault, “Jerarquizar en términos de valor las capacidades, el nivel, la ‘naturaleza’ de los individuos. Hacer que entre en juego, a través de esta medida ‘valorizante’, la coacción de una conformidad. Y, por último, trazar el límite que habrá de definir la diferencia respecto de todas las diferencias, la frontera exterior de lo anormal. La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza, excluye. En una palabra, normaliza.” De ahí las loas a la “normalización” de nuestra economía que gritan los neoliberales de adentro y de afuera y los llamados a “integrarnos” al mundo. Al mundo de la “normalidad” que dictan, desde siempre, los que detentan el poder. Ser normal es ser disciplinado.

En ese marco, por ejemplo, se construyó la Teoría de las Ventajas Comparativas que pretendió imponer, como verdad universal, el sometimiento de algunos países al rol secundario de proveedores de materias primas, reservando a las naciones “desarrolladas” o, mejor, a sus capitalistas la generación de valor agregado y la acumulación de riqueza.

Sin embargo, dentro de las naciones sometidas, históricamente, los pueblos construimos la resistencia, buscando alcanzar el ansiado desarrollo. En cambio, las oligarquías domésticas fueron persuadidas de que su “buen comportamiento” sería premiado por el sistema, lo que las llevó a conspirar contra el interés de su propia Nación, engolosinadas con las “migajas” que el poder hegemónico les ofrece como retribución por los servicios prestados.

Nuestra región y nuestro país son parte de esa historia de resistencia de los pueblos sometidos. Argentina edificó, en especial, un mecanismo de integración social, por excelencia, que tuvo incluso correlato constitucional en 1949, basado en el trabajo.

Fíjense que si pudimos superar la crisis heredada en 2003 fue, porque, entre otras cosas, hasta el 2015 se crearon más de 6 millones de puestos de trabajo. Y esto se logró gracias a dos políticas centrales del anterior gobierno: la expansión de los ingresos reales de los argentinos que permitieron aumentar su consumo; y el abastecimiento de ese mayor consumo por la producción local. Eso, por supuesto, implicó el rechazo de la norma. La del “libre comercio”, por un lado, que equivale a la utilización de las economías dependientes como mercado de colocación de bienes y servicios producidos en el centro y, por el otro, la que declara la maximización de las ganancias como ley suprema, o sea que los salarios, considerados costo laboral, se reduzcan al mínimo posible. De esa manera, el fortalecimiento del mercado interno y regional, la protección de la industria nacional, los controles cambiarios que limitaron las remesas de las multinacionales al exterior, junto con el desendeudamiento y la prescindencia del mercado financiero, revirtieron la “norma” del flujo permanente de nuestros ingresos y riquezas hacia los principales grupos económicos y financieros internacionales. Incluso, recuperamos parte de nuestro patrimonio mediante la reestatización de empresas como YPF, Aysa o Aerolíneas.

Este estado de cosas, que ofendía a los grupos económicos globales cuya concentración de riqueza dejamos de alimentar por una década larga, debía ser castigado por el poder disciplinario. El juez Bonadío, por cierto, hoy nos ofrece un ejemplo de cómo el poder pone en funcionamiento sus dispositivos para disciplinar la rebeldía de las políticas que se escapan de sus manuales.

Un análisis semejante, salvando los matices, le cabe al resto de los países de la región. Lo expresó claramente el presidente de Bolivia: “todos los pueblos de la Patria Grande somos una amenaza al sistema capitalista porque no nos pueden robar como antes”.

A partir de diciembre del año pasado, la política económica argentina cambió radicalmente su orientación, y el espiritu de revancha asola a toda América Latina. En Argentina, el gobierno de Macri conformado, en parte, por actores de la oligarquía local; en parte, por empleados del capitalismo global, está reencausando al país dentro de la “normalidad” que el poder impone. Bajo esa lógica, la política económica debilitó el mercado interno, con caída de los ingresos reales, el consumo y el empleo. Mientras tanto, aumentaron las exportaciones primarias y cayeron las industriales. Dado que los sectores dinámicos son los vinculados a las exportaciones primarias, bien acorde al orden diseñado por las Ventajas Comparativas, no se podrán generar los puestos de trabajo necesarios, y entonces una parte de la población estará “de sobra”. Lo que, a su vez, permite que se cumpla la otra norma capitalista, la maximización de la utilidad del capital concentrado mediante la reducción de los salarios reales y en dólares, a costas de los trabajadores y la pyme nacional que produce para el mercado interno sometida, además, a la competencia importadora. Sumemos la liberalización de la fuga y el nuevo ciclo de endeudamiento con el que se financierá ese flujo.

Es insoslayable que las horas críticas que vive Brasil muestran, también, la tenacidad del poder globalizante por recuperar el control sobre la región.El programa económico de los golpistas ya empezó a ser esbozado y busca que Brasil quede encorsetado en políticas diseñadas para los países sudamericanos por los organismos multilaterales que son, en la práctica, lobbistas del poder real. Observemos lo que le exigió el titular de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, al presidente interino Temer: arrasar con la legislación laboral y las leyes jubilatorias “para mejorar el ambiente de negocios”. Esa es la tónica: priorización del sector privado y reducción radical del peso del sector público, con Petrobras y la privatización del petróleo en la mira. Aunque el alcance de la vocación privatizadora lo sintetizó el Presidente de Credit Suisse de Brasil, en una conferencia en Boston: “privatizar todo”. Primero, la enseñanza pública y el Sistema de Salud. Luego, liberalizar totalmente el mercado interno a las transnacionales, de la mano con la apertura externa sin controles. Los principios trazados en el TTP son la regla, incluida la desregulación y apertura respecto a los servicios, abolición de derechos laborales y sociales, de por medio.

También en nuestro país hay recursos apetecibles, como el petróleo de Brasil. Tomemos nota. Porque nuestra Patria está emplazada sobre la segunda plataforma mundial de gas y la cuarta de petróleo, la segunda reserva de litio; reservas cuantificadas de casi 10.000 toneladas en oro metálico; más de 500 millones de toneladas de cobre; casi 300.000 toneladas de plata metálica, tanto como demostradas capacidades científicas y tecnológicas en materia nuclear, satelital o biotecnológica, desarrolladas bajo el paraguas de empresas, hasta hoy, estatales.

Frente a este escenario, lo que yo les quiero dejar, compatriotas de la Patria Grande, es una pregunta. ¿Estamos dispuestos, como pueblo, a dejarnos explotar en nombre de una racionalidad ajena? ¿o vamos a defender nuestro propio desarrollo económico y social, basado en la posibilidad de acceso al pleno empleo y una mayor igualdad distributiva? ¿Aspirar a una vida digna es una locura, desencajada de los sistemas de ideas construídos para defender el interés de las pocas familias que concentran el grueso de la riqueza mundial? ¿o sería lo sano, visto desde estas pampas, cantando con Piazzola, constituirnos en los locos que inventaron el amor? El amor por nuestra Patria. Y por nosotros mismos.

Link a la nota:

http://eppa.com.ar/critica-del-liberalismo-economico-el-plan-del-capitalismo-global-para-la-argentina-y-america/

En un primer golpe de vista, Sergio Massa resultó funcional a las principales medidas del gobierno: apoyó el acuerdo con los Fondos Buitres; acompañó a Macri en su viaje al foro de Davos; y le dio legitimidad peronista en sus primeros meses de acción, cuando todavía había dudas sobre el nivel de la gobernabilidad que podía conseguir el PRO.

A partir de ese trazo grueso, muchos lo corrieron con el argumento de que existía una sociedad con el PRO. Pero la política es mucho más dinámica que un mapa de acuerdos fijos, y Sergio Massa es un actor especialmente flexible.

“Señora, señor, usted elige: ¡Barrionuevo o la UCeDE!” gritaba el adolescente Massa en San Martín, arriba de una camioneta de campaña. En 1991, un ucedeísta Sergio Massa aprovechaba el desprestigio que el gastronómico menemista Luis Barrionuevo ya acumulaba, sobre todo entre los sectores medios de San Martín.

Cuando no existía internet, la teve por cable era una excentricidad y el impacto de los medios era bastante más limitado que el actual, Massa entendió que la democracia venía atada a la obligación de aparecer. “Los medios sin contacto físico, no sirven. El contacto físico sin los medios, no sirve. Es la suma de las dos”, me dijo en una entrevista, hace dos años.

En 1994, tras militar en las filas liberales de la UCeDE, a los 21 años se pasó al peronismo. Algunos dicen que el jefe del Frente Renovador es una mezcla de los dos caudillos peronistas más exitosos: Kirchner y Menem. “Yo trato de aprender de todos y en ese sentido no tengo pruritos. Diría que soy una esponja”, se definió él.

Ese perfil maleable, esa trayectoria de muchacho del conurbano que levantó cabeza, toda su energía y ambición explican a Massa. Constituyen su capital, y a la vez son motivo de desconfianza tanto para el PRO, como para el kirchnerismo.

Porque mientras el gobierno preferiría lidiar con interlocutores más dóciles y previsibles que Massa, el kirchnerismo no termina de aceptar al FR como un aliado potencial. En su intenso tour porteño, obligado por la citación judicial de Claudio Bonadío, Cristina Kirchner bajó línea de apertura y diálogo con los demás opositores peronistas. Máximo Kirchner también insinúa la necesidad de ampliar la agenda, pero esa perspectiva no termina imponerse.

El juego pragmático del massismo, sin embargo, se modificó prudentemente tras la marcha sindical de hace dos semanas. Para Massa, y para los grupos peronistas que mostraban una faceta dialoguista ante el PRO, se trató de una mini-bisagra. El acto masivo de las centrales gremiales evidenció un malestar que excede la rosca de las dirigencias sindicales y políticas, tanto el folclore del kirchnerismo vs macrismo, como el coqueteo de los peronistas PRO-friendlys.

Mientras tanto, Massa intenta hacerse paso entre el PRO (a su derecha) y el FpV (a su izquierda), con un juego mucho más flexible que el de ambos actores. No le da para desplazarlos, pero lo cierto es que Massa tampoco desaparece ni se diluye. Y sobre todo: no aparecen figuras peronistas que renueven el staff de los ya conocidos.

La interna agita una especie de mani pulite criollo orientado contra el kirchnerismo, que a la vez funciona como exhibición de fuerza para el propio macrismo.

Tanto en el rubro de la justicia como en los demás ministerios, la estrategia de Mauricio Macri se resume en repartir el poder entre dos grupos, sin tomar partido del todo o de forma definitiva. Así, el presidente se garantiza doble mirada sobre cada tema. La contra de ese recurso es que acelera el desgaste entre funcionarios, sobre todo en un contexto de ajuste y cierta inestabilidad.

Por esa vía, el área de economía se convirtió en una interna a cielo abierto, que va desde el ministro Alfonso Prat Gay hasta el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, pasando por Carlos Melconian.

Ese tipo de competencias entre funcionarios se puede volver un festín noticioso para los periodistas, a costa de la estabilidad de los ministros o del propio gobierno. La experiencia de la Alianza, con los sucesivos choques entre sushis, radicales clásicos, frepasistas y aliados outsideres, marca un precedente que acecha al macrismo. Y si bien las condiciones socio-económicas no son equivalentes, hay un aire de similitudes que empiezan a ser agitado desde el peronismo y los gremios.

Sin un gran poder de influencia sobre Comodoro Py, el gobierno presenta su debilidad como virtud. “No operamos sobre la justicia”, afirman desde Casa Rosada. La interlocución macrista con los jueces federales está repartida entre varios dirigentes, y existen al menos dos miradas respecto al funcionamiento de Py.

En un rincón se ubica Garavano, en yunta inorgánica con los Newman boys, encabezados por José Torello, uno de los mejores amigos y ex compañero del colegio de Macri. El grupo lo completan Pablo Clusellas, el reemplazo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica; Mauricio Devoto, ex Escribano General de la Ciudad y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. La aliada táctica de este grupo es Elisa Carrió, quien bombardea diariamente y tilda de monje negro al Tano Angelici.

Al concentrar el monopolio de la investigación sobre el poder político, los doce jueces de Comodoro Py manejan una cuota importante del poder. En realidad constituyen una parte del poder. De los doce, cuatro entraron en los primeros tiempos del menemismo (Oyarbide, Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría ); uno durante La Alianza (Sergio Torres); tres fueron designados en 2004, con Néstor Kirchner recién asumido (Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Ariel Lijo); y los otros cuatro ascendieron a jueces durante la primera presidencia de Cristina Kirchner (Luis Rodríguez, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos).

Garavano cree que es hora de un recambio en la justicia. El ministro macrista pretende recortar facultades a los jueces y marchar hacia un régimen acusatorio, en el que los fiscales (y ya no los jueces) realicen la acusación durante todo el proceso.

El intento es muy similar al que promovió en 2004 Gustavo Béliz, el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner. A Béliz se le opusieron los jueces federales y un por entonces desconocido operador de los servicios de inteligencia: Jaime Stiuso. Béliz perdió la pulseada por paliza, y desde 2004 la banda liderada por Stiuso (con el ex integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, como principal aliado) se consolidó como mediadora en las sombras entre el Poder Ejecutivo y los jueces federales.

Durante años, el kirchnerismo tercerizó en ese grupo el rol de la interlocución. Hasta que Cristina Kirchner sospechó traiciones múltiples y echó a todos, empezando por Stiuso. Ahora, el stiusismo merodea la ex SIDE, Comodoro Py y otros escenarios informales de la política. Con guiños internos en las filas del PRO, empieza a volver al poder por goteo, y está a un golpe de teléfono de reconstruir el viejo statu quo.

Garavano, por su parte, ya tuvo que hacer una concesión al sistema: postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue resistido por gran parte de los jueces. Y otro militante de su grupo, el abogado Fabián Rodríguez Simón, tuvo que dar marcha atrás con su creación más excéntrica: el nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema.

Desde el bando de Angelici ven a los proyectos de sus rivales como experimentos demasiado teóricos, abstractos y alejados del realismo crudo al que obliga el cruce entre la justicia y la política.

Así, el intento de mani pulite argentino también funciona como una muestra de poder hacia el macrismo: un desfile militar como los que se realizan en Corea del Norte. Porque si bien la pose natural del Poder Judicial es ser oficialista, también puede mostrar los dientes si se siente amenazado.

Por ANTONIO E ARCURI (*)

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores, justo cuando se cumplen 130 años de los hechos que le dieron origen, durante una huelga en Chicago por la reducción del horario laboral allá por 1866, encuentra a la Argentina con la problemática del trabajo en el centro de su agenda política, económica y social. Es que como consecuencia de las medidas que el flamante gobierno nacional viene implementando con el objeto de recomponer un sinnúmero de variables económicas, que la administración anterior, por acción u omisión, permitió que se desquiciaran de manera alarmante, se han encendido señales de preocupación en la dirigencia política, empresarial y sindical. Es una verdad de Perogrullo que cuando la economía cruje son pocos los sectores que se benefician y muchos, especialmente los trabajadores y los humildes, los que se perjudican. Se sabe que el diagnóstico de los tres principales candidatos en las presidenciales del año pasado sobre el estado de la Nación era, con matices, el mismo: inflación, atraso cambiario, déficit fiscal elevado a pesar de la alta presión tributaria, atraso en las tarifas de servicios públicos, desfinanciamiento de las provincias, imposibilidad de acceder al crédito internacional por el litigio con los “buitres”, etc, etc. Sin embargo, las diferencias aparecieron a la hora de evaluar qué tipo de medidas adoptó y cómo decidió aplicarlas el presidente Macri para hacer frente a las dificultades que arrastraba el país. Allí es donde las coincidencias dejaron de ser tales y es natural que ello ocurra, porque naturalmente cada expresión política cree tener las mejores ideas para alcanzar eso que queremos todos: un país en crecimiento, con desarrollo sostenible, inclusivo y seguro. Es legítimo que el Gobierno nacional lleve adelante su plan, porque en definitiva los ciudadanos lo votaron para eso, pero está claro que las responsabilidades de estado no están circunscriptas solo a la coalición Cambiemos, sino a todo el arco político en particular y al conjunto dela dirigencia nacional en general. Una muestra de esa responsabilidad es el acompañamiento que cosechó en buena parte de los diputados y senadores nacionales del justicialismo la ley que permitió derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para terminar con el conflicto con los holdouts. En contraposición, la dirigencia sindical -expresada en las cinco centrales obreras decidió alzar su voz recordando que los trabajadores no pueden ser una variable de una fría estadística. En ese sentido realizarán hoy un acto para manifestar su preocupación por la aceleración de la inflación y la devaluación y exigir el cese de los despidos. En paralelo en el Congreso se discute, a instancias de partidos de la oposición, una ley que declara la emergencia ocupacional y suspende los despidos por 180 días en los ámbitos públicos y privados. El proyecto pasó con éxito por el Senado y espera ser tratado en Diputados, para disgusto del presidente Macri, quien anticipó que vetaría la norma en caso de ser sancionada. Frente a la actual encrucijada, podemos reflotar las viejas disputas sectoriales, o bregar por encontrar las coincidencias que permitan morigerar los efectos del ajuste Es así que el trabajo, esta vez a partir de las acechanzas que entraña la realidad de país, con la pérdida del poder adquisitivo, caída del consumo y una tan incipiente como inexorable recesión, vuelve a estar en el centro de las preocupaciones. Ya sabemos lo que sucede cuando falta. Lo vivimos en la década del ’90, que derivó en la crisis de 2001, donde el país tocó fondo y alcanzó tristes récords de desocupación y pobreza. Costó mucho salir de aquel infierno, pero la Argentina volvió a mostrar signos de recuperación a fines de 2002. Durante las tres presidencias del kirchnerismo se registró una recuperación de los indicadores laborales y el sector privado volvió a generar empleo hasta 2012; de allí en adelante los indicadores se estancaron, solo el sector público creo puestos de trabajo. Estamos ante un momento crucial de la vida de la República, en el que claramente salimos de un modelo y estamos entrando a otro en un marco de democracia y con plena vigencia de las instituciones; pero el cambio –está claro- no será inocuo y entraña riesgos que no pueden ignorarse. Frente a esta encrucijada podemos reflotar las viejas disputas sectoriales, teñidas de intereses corporativos, aupados por la voracidad económica o la miopía ideológica, y desatar una lucha que siempre será de suma cero, como tantas veces vimos. O podemos asumir las dificultades y bregar por encontrar las coincidencias que permitan morigerar los efectos del ajuste. No se trata de abordar el problema con una mirada ingenua o voluntarista, tampoco de plantear una visión apocalíptica de la realidad nacional, sino de entender de una vez y para siempre que, como decía Juan Domingo Perón, a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. La protección del trabajo, que implica cuidar el que existe y generar condiciones para su creación, es un objetivo que debe unir y no separar a los argentinos, porque como dice el papa Francisco el trabajo es sagrado, expresa la dignidad de la persona humana y fortalece a la institución familiar. Se trata de que Gobierno, oposición, empresarios y sindicatos pongan en acto aquello que los argentinos pusieron en potencia cuando se expresaron en las elecciones del año pasado: basta de discurso único, de enfrentamientos estériles y de proyectos hegemónicos. Será un verdadero logro que el año que viene, cuando celebremos un nuevo Día de los Trabajadores, podamos decir con satisfacción que nuestros dirigentes supieron estar a la altura de las circunstancias.

(*) Ex secretario de Legal y Técnica durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Lo más importante: se trató de la primera derrota política del gobierno, sobre todo si se la lee (y así hay que leerla) en paralelo a la media sanción de la ley anti-despidos. El gobierno perdió iniciativa y control sobre el stato quo que había logrado instaurar.

Antes que la revitalización mágica del gigante sindical dormido, la marcha unificada funcionó como un sello y una bisagra negativa para el PRO. Le puso masividad, discursos, presencias, petardos y despliegue callejero a lo que hasta ahora circulaba como un run run: que la política macrista propicia un ajuste perjudicial para los trabajadores. Esa afirmación, que se mantenía como una obviedad en ámbitos opositores (sobre todo kirchneristas), ayer empezó a desbordar hacia el mundo gremial. O en realidad, y eso sería más grave para el gobierno, empezó a grabarse dentro del movimiento obrero.

Los dirigentes sindicales salieron a la calle forzados por el macrismo. Algunos con entusiasmo, otros a desgano, por inercia o mera rutina ideológica, pero marcharon casi obligados. Los arrinconó el contexto de ajuste, sumado a la advertencia de que Mauricio Macri vetería la ley anti-despidos. Se verá si, tras la multitudinaria marcha de ayer, el presidente modifica esa postura.

Pero más allá del debate puntual sobre ese proyecto (que tampoco podría torcer el rumbo de la política económica integral), el acto generó una mini-crisis en la estrategia macrista de pactar paz social con los gremios, los grandes medios y la oposición peronista.

Al momento, el macrismo había tenido más cintura política de la esperada. Pese a la ola de despidos (estatales y privados), había mantenido razonablemente a raya el reclamo sindical de la CGT. Caja del Estado en mano, a su vez logró dividir al peronismo, y consiguió mayorías parlamentarias impensadas en ambas cámaras.

Desde hace un par de semanas, sin embargo, el sector PRO-friendly del PJ empezó a mostrarle los dientes. Y aunque no haya sido el objetivo buscado, la marcha de ayer potenciará ese aire opositor. Los pactos de gobernabilidad, queda claro, son bastante más volátiles de lo que el oficialismo quisiera.

Como plan B, si el macrismo pretendiera saltearse a la dirigencia gremial y establecer un diálogo directo con los trabajadores, tendría que tener algo contante y sonante para ofrecer. Y ni siquiera a Cristina Kirchner, quien también optó por evitarse la mediación de Hugo Moyano, le funcionó del todo ese recurso. Ofreció boom de consumo y millones de nuevos empleos, pero no le alcanzó para que su fuerza ganara la elección presidencial. Triunfó Macri, con el apoyo determinante de (imposible saber cuántos) una porción de los trabajadores que ayer se manifestaron.