El polémico economista lanzó toda su furia contra el Gobierno a través de Twitter, molesto con los manejos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Hasta le deseó al oficialismo que pase un susto con el peronismo en las próximas elecciones del 2019.
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El hecho ocurrió el martes pasado a la tarde. La jueza a cargo está denunciada por xenófoba.
Ese día, alrededor de las 19, la Policía de la Ciudad montó un mega operativo contra los vendedores ambulantes de Once, en la estación. Como consecuencia del hecho dos personas fueron detenidas y posteriormente excarceladas: Soledad Gálvez, y Ema Rosa Silva Espinosa (Talia), una mujer discapacitada.
"Dentro de los 150 vendedores ambulantes que había trabajando eligieron a Talia, que tiene una discapacidad muy grave. Apenas puede mover las manos y vende pan casero", cuenta Omar Guaraz, Secretario General de la Organización Vendedores Libres. Además detuvieron a Soledad Gálvez, una joven que pasaba por el lugar y repudió los hechos.
Las dos mujeres fueron detenidas en la Comisaría 7ma, desde donde las trasladaron a la Unidad °28, donde prestaron declaración y luego fueron excarceladas. Hoy afrontan una causa por resistencia a la autoridad y lesiones, en el Juzgado Criminal y Correccional N °37 a cargo de la Dra. Silvia Ramond, magistrada denunciada en el Consejo de la Magistratura por hablar despectivamente de los inmigrantes, algo no menor teniendo en cuenta que Talia es de nacionalidad peruana.
Desde la defensa niegan la versión que indica que lastimaron en el pecho a la policía conocida como "la chaqueña". La historia es contradictoria teniendo en cuenta que una de las detenidas es discapacitada y tiene une degeneración ósea, que le provoca una especie de artrosis avanzada.
"La chaqueña tiene una estrategia con el equipo de Brigada. Llega sin diálogo previo, sin presentarse. Siempre de Civil. Arranca la mercadería y cuando reaccionan son detenidos. Si los compañeros se resisten son golpeados. Es la jefa de los operativos", señalaron.
"Estaba instalada la Policía de la Ciudad y la Infantería, estuvo todo programado. Fueron a armar una causa y usaron a los más débiles", denunció Guaraz, al tiempo que advirtió que es "un claro ejemplo de intimidar a los manteros y vendedores ambulantes", agregaron.
En la misma línea se pronunció Matías Busso, defensor de las mujeres excarceladas e integrante de la ONG Asociación Contra la Violencia Institucional. "Armaron las causas. No se resistieron ni tenían la posibilidad.a Se usa esa figura de abuso hacia la autoridad de forma abusiva".
En ese sentido, explicó: "Hay una política de disciplinamiento. Los incomunican como si fueran delitos gravísimos. Nos asusta como ONG como se utiliza la figura de atentado para una forma de detención arbitraria".
La Policía informó que el día martes las fuerzas fueron a requisar la mercadería porque no tenían forma de certificar que fuera legal y denunciaron que la inspectora de contravenciones y faltas de la Policía de la Ciudad fue agredida en el tórax por parte de las denunciadas.
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Fuente: El Destape
Desde diciembre de 2015, Cambiemos está llevando adelante una política que entre otros pilares se caracteriza por el fuerte endeudamiento. En dos años, el país tomó deuda por 50 mil millones de dólares. La cifra es impresionante si se tiene en cuenta que es el país emergente que más se endeudó en todo el planeta.
Esa política de Nación fue acompañada por muchas provincias (¡y también por los privados!), que también pidieron préstamos, muchos de ellos en dólares. Buenos Aires está a la cabeza con U$S 9 mil millones. El Gobierno de María Eugenia Vidal superó a países como la India en empréstitos adquiridos. ¿Sustentable?
Mientras, la economía sigue estancada, las inversiones productivas no llegan y la recaudación continúa a la baja. No es el mejor contexto para pagar intereses de deuda, que empiezan a golpear sobre las cuentas públicas de Nación y de las provincias. Además, en los últimos días, esos préstamos en dólares se encarecieron un 10% por la devaluación gradual que realizó el Banco Central (se necesitaron más pesos por cada dólar prestado).
Esta semana, Chubut encendió las luces amarillas cuando el gobernador Mariano Arcioni aseguró que su provincia iba a "reestructurar" su deuda, porque no podía pagarla. En los hechos, se trataba de un "default", el primero de una jurisdicción argentina desde la crisis del siglo pasado.
Finalmente, Arcioni dio marcha atrás y emitió un difuso comunicado donde aclaró que todo se trató de un error y confirmó que Chubut pagará lo que debe en tiempo y forma. Igualmente, los bonos de esa provincia perdieron valor. ¿Es una excepción Chubut o es el botón de muestra de lo que puede pasar en un futuro, cada vez menos lejano?
El polémico diputado de Cambiemos hizo una broma subida de tono en su cuenta de Twitter sobre la mujer del Presidente, Juliana Awada, y no se la dejaron pasar.
Fernando Iglesias suele despertar polémica cuando utiliza las redes. Esta vez, quiso hacer un chiste para parodiar las declaraciones de Hugo Moyano, pero la broma le salió mal e incluso podría caerle mal a Macri.
Aun sin definición de la Justicia sobre las condiciones en las que Maldonado murió cuando era perseguido por Gendarmería, el secretario de Derechos Humanos se refirió al caso con una frase desafortunada.
"En el caso Maldonado, que todos sabemos que el mal uso que se hizo le produjo daño a la sociedad, porque gente de buena fe creyó en eso, fue una estafa moral, el uso electoral que se hizo de alguien que había fallecido en un drama", afirmó Avruj en un programa radial.
Tras opinar sobre Maldonado, el funcionario defendió el ascenso del gendarme Emmanuel Echazú y aseguró que no se deben hacer "prejuzgamientos tan drásticos a priori".
"Es una potestad de la fuerza, un hecho administrativo, y si la investigación determina, como se lo acusó, de haber estado y sido quien golpeó, quien pegó, quien hizo lo que hizo, eso va a quedar sin efecto. No son señales", consideró.
Paradógicamente, se enfrentó a los dichos recientes del diputado Nicolás Massot, quien habló de reconciliación con los genocidas de la última dictadura cívico militar.
“El término reconciliación va a ser imposible en tanto los genocidas no reconozcan lo hecho y pidan perdón por eso. Nosotros como Estado tenemos que trabajar por la protección de la gente y no podemos avalar el terrorismo de estado ni nada que se le parezca”, sostuvo.
"La reconciliación corresponde al ámbito personal, no hay ningún funcionario que pueda perdonar en nombre de nadie", aseguró.
La principal perjudicada será la provincia de San Juan. Gioja advirtió que se está generando un caldo de cultivo para que se den conflictos en todo el país.
El verano de 2018 trae más recortes a sectores populareS. Esta vez le toca el turno al Ministerio de Trabajo que dará de baja 28 mil planes sociales laborales, cerca del 35% del programa “Entrenamientos para el trabajo” que maneja la cartera de Jorge Triaca.
El lunes, el ministro se reintegra a sus funciones luego del escándalo que lo puso en la picota por tener y despedir con insultos a una empleada sin registrar y a la que se le pagaba el sueldo a través del gremio SOMU. Una de sus primeras medidas según se comenzará a implementar el jueves con la baja de 5.537 bajas que se completarán con otras 8.000 durante febrero.
Los planes que se recortarán son de 1.850 pesos mensuales por persona y no se prevé una alternativa, excepto el lanzamiento en marzo de una plataforma virtual, llamado Trabajo en Red, en la que los beneficiarios deberán cargar sus currículums para luego presentarse a entrevistas en diferentes empresas que pueden publicar ofertas de empleo en ella.
Desde el martes 23, hay movilizaciones y estado de alerta en San Juan, una de las provincias sobre las que golpeará con más fuerza la decisión, ya que 13 mil de los 28 mil planes se recortarán allí. José Luis Gioja, diputado y ex gobernador de San Juan, dijo que en su provincia se corre el peligro “de que esto desate una crisis social de proporciones”.
El viernes, tras reunirse con movimientos sociales el presidente del PJ expresó que se trata de una política sistemática del presidente Macri que tiene a San Juan como objetivo preferente: “(Macri) trata a San Juan como a una provincia de último orden: nos recortan fondos para obras públicas, buscan la división entre los sanjuaninos y ahora nos quieren generar un caldo de cultivo para que se provoque un conflicto social recortando planes”.
El programa que consta de 80 mil beneficiarios se implementaba a través de organizaciones sociales como Barrios de Pie y el Polo Obrero. El recorte es consecuencia del ajuste presupuestario ordenado por el presidente hace unos meses y parte de un plan para socavar la representatividad de ciertas organizaciones sociales.
Fuente: Diario Tiempo Argentino
El faltante de medicamentos afecta a 70 mil de las 120 mil personas que, se estima, viven con VIH/SIDA en la Argentina. María Cecilia Loccisano, esposa del ministro Jorge Triaca, estaría entre las responsables.
La peor cara del ajuste. Entre anuncios de toma de deuda en decenas de miles de millones de dólares y tarifazos a los trabajadores, el Gobierno dejará de repartir durante febrero tres medicamentos para el tratamientod de VIH. El ministerio de Salud aún no envió a las provincias las drogas necesarias para el tratamiento de los 70 mil pacientes con VIH que se atienden en el sistema público. Dejó seriamente expuesta a su subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que se excusó del faltante de medicamentos bajo el pretexto de un “error administrativo”. A su vez, el sábado 20 de enero la cuenta oficial del ministerio de Salud publicó en twitter: “En los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentos Dolutegravir 50 mg, Darunavir 600 mg, Efavirenz 600 mg y Abacavir-Lamivudina 600-300 dándole continuidad a la provisión de los mismos”. Lo cierto es que los medicamentos no aparecen y de cara a febrero el panorama es difuso.
Este jueves tras una reunión en el ministerio de Salud que mantuvo la agrupación Red Personas Viviendo con VIH junto a representantes de la cartera que comanda Adolfo Rubinstein, el abogado de la organización, Gastón Llopart, dijo a C5N que desde el Gobierno no hay respuestas al faltante de drogas. Esta vez, admiten un "error logístico" que Llopart descree, ya que "eso ocurre cuando el Ministerio compra la medicación y la tiene que entregar". En la misma línea, señaló que desde la agrupación se sienten “profundamente decepcionados”, por haber “creído en la honestidad intelectual de los funcionarios del ministerio de Salud", y en el mismo tono disparó: "Nos han mentido en la cara”. Por su parte, Llopart marcó su preocupación y denuncio el faltante de medicamentos en la provincia de Buenos Aires: “Hay problemas en los servicios de infectología, hay pocos o directamente no hay infectólogos”, alertó.
Además, de cara a febrero las provincias de San Luis, Santa Fe y La Pampa denunciaron una “discontinuidad en la entrega de antivirales” por parte del Estado nacional, lo que según las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, está vinculado a un “retraso en los procesos de adquisición y compra”. Para el caso de los niños, la situación es especialmente preocupante. Desde el Frente se estima que 9 de cada 10 niños con VIH/sida no pueden acceder a los medicamentos antirretrovirales que pueden salvarles la vida. La mitad de ellos morirá antes de cumplir 2 años si no recibe tratamiento.
Fue un rumor durante los primeros días de enero que ahora se confirmó. Finalmente, se enviaron 250 telegramas de despido a 250 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La noticia confirmada por dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y también de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Los telegramas llevan la firma de Javier Ibáñez, presidente del Instituto.
"Esto se enmarca en el plan de ajuste que el gobierno viene llevando a cabo sobre las dependencias estatales, siendo afectado en esta oportunidad el Instituto referente de la Industria nacional", remarcaron desde ATE Capital en un comunicado a la prensa.
Mientras, los cesanteados decidieron realizar una protesta sobre la avenida General Paz. Pidieron la "reincorporación de todos los despedidos".
Ayer, el Gobierno provincial, en manos Mariano Arcioni (foto), de Chubut Somos Todos, había asegurada que su distrito no tenía plata pagar su deuda contraida en dólares. Eso generó que los bonos provinciales se desplomaran ante el riesgo de un "defaul". Es la primera provincia en estar en una situación financiera tan delicada.
Sin embargo, ahora el Gobierno emitió un comunicado "aclarando la situación". "Todos los títulos públicos están garantizados con fideicomisos donde ingresan los fondos correspondientes a la Provincia asegurándose el cobro de los servicios de amortización e intereses a los tenedores e ingresando el remanente a la Provincia", advirtieron.
Y agregaron las autoridades provinciales: "Lamentamos la confusión que se ha creado en los medios y círculos técnicos pero el Ministerio de Economía y Crédito Público quiere dejar perfectamente claro que no existe riesgo alguno de declaración de default"
Desde 2016, tanto el Gobierno nacional como muchas provincias está llevando adelante un programa de endeudamiento. En el caso de Chubut, se trata de dos emisiones por un total de 320 millones de dólares. La situación del país hizo que la provincia esté complicada para asumir esos compromisos.
El Gobierno de Mauricio Macri premió a los periodistas más obsecuentes: Luis Majul, Alfredo Leuco, Luis Novaresio, Marcelo Longobardi y Joaquín Morales Solá recibieron cerca de 6 millones de pesos de pauta oficial. Cobraron a través de productoras y, en algunos casos, mediante contratación directa. La transparencia no llegó al periodismo.
El más beneficiado fue Luis Majul, que recibió en 2017 $ 2,2 millones a través de su productora La Cornisa, que administra sus realizaciones. Cobró 200 mil pesos por mes, aproximadamente.
Después lo sigue Joaquín Morales Sola, con 1,1 millón. En el caso de Solá sorprende que en mayo del año pasado haya sido contratado con la modalidad "contratación directa" por parte del Senado de la Nación, que preside Gabriela Michetti.
Los beneficios a periodistas surge de una investigación de Agustín Espada y Santiago Marino para el portal Letra P, a partir de datos oficiales publicados por Jefatura de Gabinete. Vale una aclaración: como quedó claro en el caso de Morales Solá, las cifras son parciales, ya que muchos colegas y medios reciben fondos por fuera del circuito formal de la publicidad pública.
Otro beneficiado en 2017 fue Alfredo Leuco, que desembolsó 940 mil pesos a través de L y M Producciones S.R.L. Según informó AGENCIA PACO URONDO, esa productora "tiene una página web en blanco con apenas dos opciones: producciones actuales y producciones documentales. En producciones actuales, figuran los programas “Los Leuco” emitido por TN y el programa “Diaz de Crisis” emitido por el canal Metro los lunes a las siete y media de la mañana. Eso es lo que dice la página. Si uno hace click en el enlace de Diaz en Crisis, nos redirige a una extraña página en inglés y en italiano que vende ropa de marcas como Puma y Ralph Lauren. En el apartado de documentales, la página nos muestra dos producciones: Lula, el compañero presidente y un documental sobre Margarita Barrientos en el marco de un ciclo llamado “Mujeres Argentinas”".
Por su parte, Luis Novaresio, recibió $830 mil a través de su empresa Comunicación Publicitaria SRL, al mismo tiempo que recibe pauta oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en página luisnovaresio.com.ar, que prácticamente no tiene visitas.
Por último el periodista de Radio Mitre, Marcelo Longobardi, recibió $750 mil por medio de LRH Producciones S.A, una empresa donde el periodista integraba un directorio junto con el empresario Miguel Rothschild.
