El presidente los visitó el lunes en la base naval de Mar del Plata, pero el video con las críticas se difundió recién hoy cuando la búsqueda del submarino y las esperanzas de rescatar a la tripulación con vida entraron en una fase crítica.

Al cumplirse una semana de búsqueda del submarino ARA San Juan, la Armada confirmó que aún no hay ningún rastro de la nave y que preocupa la posible falta de oxígeno. “Ni por sonar, ni por sensor térmico, ni por el de anomalías magnéticas se detectó la presencia del submarino”, remarcó esta mañana el vocero de la fuerza, Enrique Balbi.

Mientras se alejan las esperanzas de rescate, se conoció hoy el video del encuentro de Mauricio Macri con los familiares de los 44 tripulantes. La visita se produjo durante el feriado del lunes pasado, cuando el presidente interrumpió su descanso en Chapadmalal para ir hasta la base naval de Mar del Plata.

“Es un suicidio viajar en un submarino viejísimo”, lo increpó la esposa de uno de los marinos y remarcó: “Desde ahí es muy fácil hablar, pero son ellos los que están adentro”

“¿No pueden invertir presupuesto estatal en hacer algo por comprar un submarino nuevo y evitar esto? ¿Tiene que morir alguien para cambiar?”, protestó la mujer al considerar que “están jugando con la vida de nuestra gente”.

Apenas un mes después de la última suba, las petroleras volverían a remarcar las naftas entre el 5 y el 10 por ciento por una variación en los biocombustibles y un incremento del crudo.

Las compañías petroleras, que gracias al gobierno de Mauricio Macri tienen las manos libres para modificar sus precios cuando quieran, motorizan por estas horas lo que sería el segundo aumento en el precio de las naftas en un mes.

Se estima que el nuevo tarifazo rondaría entre el 5 y el 10 por ciento por una variación en los biocombustibles y suba del petróleo crudo

“Nos tendremos que ir acostumbrando a lo que tenemos ahora que es la libertad total por parte de las petroleras a como mueven todas las variables que componen el precio del combustible”, expresó Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles.

También manifestó su “preocupación” por las repercusiones que puede tener esta medida en los consumidores: “Esto impacta directamente en las estaciones de servicios, y por supuesto el público en general porque esto genera inflación y sabemos el efecto multiplicador que tiene el aumento del combustible sobre el índice general”.

“Por un lado entendemos este aumento de barril de petróleo, y el aumento de biocombustibles pero no entendemos por qué se beneficia algún tipo de sector y se perjudica a todo el público en general y, en especial, a las estaciones de servicios que estamos en una situación crítica de rentabilidad”, sostuvo Boz en declaraciones radiales.

El último incremento fue el 24 de octubre pasado, pocas horas después de las elecciones legislativas, cuando el Gobierno nacional ya había aplicado la liberación del precio de los combustibles.  .

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibió a los trabajadores del complejo. Advirtieron sobre una difícil situación que “que ya está afectando el empleo” y “la continuidad de producciones estratégicas para el interés de la Nación”.

Fabricaciones Militares cuenta en la actualidad con 2.172 trabajadores que se encuentran en riesgo por el “vaciamiento” iniciado por el Gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo a lo expuesto en la Comisión de Defensa, que preside la diputada Nilda Garré, las autoridades de la empresa estatal ya confirmaron el cierre del Proyecto Vagones; la suspensión de los convenios con INVAP para la fabricación de radares, con YCRT para la fabricación de bridas y abrazaderas y con Yamana Gold-MASA para la provisión de servicios de voladura en la Mina Gualcamayo; la mínima producción de pólvoras; y la discontinuidad de la mayoría de los proyectos conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa.

Los trabajadores evalúan que el impacto de estas medidas redundará en una caída de facturación de $515 millones de pesos, con una pérdida de más de 800 puestos de trabajo entre las plantas de Azul (160 puestos de trabajo), Villa María (200), Rio Tercero (420) y Jáchal (50).

“Cada medida que tomó Cambiemos desde su asunción implicó una transferencia de recursos desde los sectores vulnerados hacia los poderosos. El caso de Fabricaciones Militares genera doble preocupación: por un lado, los argentinos y argentinas que perderán su fuente de trabajo; por el otro, la cesión de soberanía, nada menos que en términos de defensa, manifiesta en la intención de vaciar las fábricas e importar equipamiento militar desde otros países”, señaló la diputada Gabriela Estévez, tras participar del encuentro.

En este marco, Estévez se mostró preocupada por las consecuencias que esto tendrá para las economías regionales, particularmente de la provincia de Córdoba, de donde es oriunda.

“Este proceso de vaciamiento tiene un fuerte impacto económico para nuestra provincia en función de que tanto en Villa María como en Río Tercero, Fabricaciones Militares tiene plantas que generan un efecto dinamizador sobre la economía de la región, ya que los trabajadores y trabajadoras de estas fábricas vierten sus salarios en las ciudades que habitan, favoreciendo así el consumo interno en las economías locales”, remarcó.

Por último, la legisladora denunció que “no es casual que se haya nombrado como ministro de Defensa a Oscar Aguad para encarar esta segunda etapa de vaciamiento de Fabricaciones Militares, ya que es el tipo de tarea que está acostumbrado a desempeñar”

“Tal fue el caso de su intervención en Corrientes durante el gobierno de la Alianza, gestión que dejó no sólo la provincia destruida sino un procesamiento en sus espaldas por los negocios espurios que realizó mientras era interventor; y porque viene de hacer lo mismo en el Ministerio de Comunicación, donde se ocupó de garantizar los negocios del Grupo Clarín y otras grandes corporaciones”, recordó Estévez.

La gran mayoría de los jubilados y pensionados no perciben ni la mitad de lo que necesitan para vivir, pero según la vicepresidenta hay que recortar parte de sus haberes porque se trata de un sector que se queda con “los montos más grandes de todos”.

Desde aquella vez que habló de una “luz al final del túnel” macrista, la vicepresidente Gabriela Michetti justificó las medidas más antipopulares de su gobierno y hasta se refirió a la leche como un producto de lujo cuando cayó su consumo como consecuencia del deterioro económico-social.

Ahora Michetti trató de explicar el brutal recorte a los jubilados con la modificación de la ley de movilidad para calcularla por la inflación a partir del año que viene, lo que implicará un ajuste de 100.000 millones de pesos.

“¿Por qué siempre con los jubilados?”, le preguntó el periodista Fernando Carnota, cercano al macrismo, a lo que la funcionaria respondió que se trata de “reordenar algo que se había salido de cause” por “demasiadas medidas de populismo” del gobierno anterior.

Pero el periodista insistió: “¿No se puede meter en el resto menos en los jubilados?”. Dejando en evidencia toda su insensibilidad, la vicepresidenta respondió que no porque “lo que se lleva ese sector son de los montos más grandes de todos”.

Como se sabe, alrededor del 70% por ciento del sector percibe el haber mínimo, que en el caso de los jubilados llega a 7.246 pesos, mientras que en el de los pensionados a 5.797 pesos.

Sin embargo, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, un jubilado o pensionado necesita al menos 17.523 pesos mensuales para vivir más o menos dignamente. El monto de esta canasta –un 100% más cara que en noviembre de 2015- fue determinado tras los últimos aumentos en los precios de los alimentos, remedios, alquileres y servicios de la vivienda.

En el estudio se detalla que los jubilados y pensionados necesitan $3.728 para alimentos, $3.894 para medicamentos con descuentos, $4.677 para gastos vinculados a la vivienda, $1.819 para higiene y limpieza, y un mínimo de $715 para ropa, transporte y recreación.

El ex titular de la Sociedad Rural Argentina reemplazó a Ricardo Buryaile. El presidente Mauricio Macri lo puso en funciones haciendo caso omiso a un frondoso prontuario que incluye denuncias por evasión fiscal, lavado de dinero y trabajo esclavo.

Luis Miguel Etchevehere asumió como ministro de Agroindustria, en una ceremonia realizada esta tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde el presidente Mauricio Macri también le tomó juramento al nuevo titular de la cartera de Salud, Adolfo Rubinstein.

Etchevehere fue puesto en funciones a pesar de las 17 causas judiciales que tiene en su contra, que van desde evasión fiscal hasta el sometimiento de peones rurales a condiciones de esclavitud.

“Es gravísimo que Macri elija como ministro a mi hermano que tiene causas por evasión y lavado de dinero”, dijo semanas atrás Dolores Etchevehere al detallar el prontuario del reemplazante de Ricardo Buryaile.

En tanto, Guillermo Bernaudo fue designado como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para suceder a Ricardo Negri, que estará el frente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El flamante hombre de Agroindustria, fue señalado en un informe de Greenpeac junto a otros 30 funcionarios, por conflicto de intereses y de pertenecer a espacios (como ONGs y empresas) que tienen vínculos con las compañías que impulsan la nueva ley de semillas.

Otra de las novedades en el ministerio de Etchevehere tiene como protagonista al ex director de la Sociedad Rural Argentina, Santiago del Solar, que asumió como  Jefe de Gabinete de Agroindustria, conocido por tener un duro cruce con el ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno, por las restricciones para exportar maíz.

El nuevo plantel de Agroindustria se completa con Juan Balbín, quien reemplazó a Amadeo Nicora como Presidente del INTA; Juan Miguens por Fernando Molas en la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa; y Patricio Quinos por Juan Casañas como Coordinador de Cambio Rural. A su vez, Marisa Bircher, continúa en su cargo como Secretaria de Mercados Agroindustriales y Santiago Hardie, continúa como Secretario de Agricultura Familiar y Coordinación de Desarrollo Territorial.

Así lo advirtió Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Organizaciones sociales marcharon hoy hasta las sedes de la ANSES en reclamo de un bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de no otorgar el bono de fin de año a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) generó malestar y preocupación entre los sectores más vulnerables.

“Si no pagan el bono, en diciembre va a haber mucha conflictividad”, dijo Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien hoy se movilizó junto a otras organizaciones sociales.

Si bien la marcha principal tuvo lugar desde el Obelisco a la ANSES, hubo manifestaciones frente sedes del organismo previsional en las principales ciudades del país.

Grabois también opinó acerca de las versiones sobre un posible recorte de la AUH: “Sería catastrófico e inviable, no va a pasar. No es sustentable con la gobernabilidad argentina; habría una revuelta de magnitud inimaginable donde va a emerger la resistencia verdadera, la que sale de las bases populares y no de Twitter ni Facebook"

“Estamos peor que en el 2014”, sostuvo el dirigente social durante una entrevista en Salvemos Kamchatka, de Radio La Bici, y agregó que la situación se ve agravada por “un fenómeno” que “no es medible en plata, y que es la legitimación de un discurso represivo, excluyente, xenófobico y discriminatorio”.

Para Grabois, las reformas en materia previsional, laboral y tributaria configuran incluso un panorama de mayor preocupación.

En este sentido, consideró que la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria para ajustarla por inflación es “pésima” porque constituye “un robo de 100 mil millones de pesos a la economía popular”.

Sobre reforma laboral, el dirigente social apuntó contra la cúpula de la CGT al calificar como un “error” el haber aceptado una negociación con el Gobierno para llevar el proyecto al Congreso.

“Hay cosas que afectan a los trabajadores asalariados, que son perjudiciales y que de ninguna manera la CGT tendría que haber aceptado”, enfatizó.

Lo hizo al movilizarse a Plaza de Mayo junto a manifestantes que le expresaron solidaridad tras su despido de C5N. También participó Roberto Navarro, otro de los expulsados del canal, quien lamentó “la cantidad de puestos de trabajo perdidos y voces que se han acallado” desde la asunción de Mauricio Macri.

Víctor Hugo Morales encabezó este mediodía una marcha alrededor de la Pirámide de Mayo en defensa de “la República, la democracia y la libertad de expresión”.

“Esos tres fuertes valores que hacen a una mejor forma de convivir fueron aplastados por el gobierno desde el primer momento”, dijo el periodista y consideró que “esto quizá no estaría ocurriendo si existiese la Ley de Medios, si no tuviéramos la pavorosa concentración mediática que tenemos ahora”.

“El Gobierno está favoreciendo a empresas que se están quedando con todo, que están robando el dinero del pueblo”, agregó al poner como ejemplo al Grupo Clarín.

Víctor Hugo fue despedido el viernes pasado por Ignacio Rosner, un financista ligado a Mauricio Macri que se desempeña como virtual dueño de los medios del Grupo Indalo en medio del proceso de compra por parte de OP Investments, un fondo de inversión radicado en Estados Unidos.

De la manifestación participó otro de los periodistas echados de C5N, Roberto Navarro, quien lamentó “la cantidad de puestos de trabajo perdidos, la cantidad de voces que se han acallado”.

“Víctor Hugo es un símbolo, es un referente, es nuestro norte. Que lo hayan sacado de C5N es un punto de inflexión”, advirtió Navarro.

En la marcha también estuvo el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, quien repudió la censura.

“Un Gobierno para pocos necesita pocas voces disidentes, por eso avanzan sobre las instituciones democráticas, la pluralidad y la libertad ciudadana. Este modelo de exclusión y ajuste requiere silenciar a quienes se oponen a la pérdida de derechos de las mayorías populares”, subrayó.

Entre los manifestantes, se encontraban además estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, que expresaron su solidaridad con Víctor Hugo y todos los periodistas despedidos.

“El terror se basa en la incomunicación”, señalaba un cartel de la agrupación Rodolfo Walsh, que conduce el Centro de Estudiantes de esa unidad académica.

La oposición es particularmente notoria frente a la reforma previsional, que trepa a más de 80% de los encuestados; mientras que un 54,3% está en contra de la laboral. La percepción mayoritaria es que las reformas fueron hechas “a la medida” de los grandes empresarios.

Un estudio de la consultora Analogías sondeó la opinión de la población de Capital Federal y el Gran Buenos Aires sobre las reformas en materia previsional, laboral y tributaria que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri.

La encuesta, realizada entre el 15 y el 18 de noviembre sobre un total de 3.520 casos, determinó un amplio rechazo frente a tres proyectos que fueron hechos “a la medida” de los grandes empresarios, según el 52,1% de los consultados.

El desacuerdo más fuerte se percibe en relación a la reforma previsional. El 80,6% no está de acuerdo con modificar la fórmula de aumento de las jubilaciones para bajar el déficit fiscal, frente a un 10% que apoya la idea, mientras que un 9,4% “no sabe”.

De hecho, el 63,3% de los ciudadanos del área metropolitana cree que los jubilados estarán peor si se aplica la reforma propuesta. Incluso entre quienes definen la gestión de Macri como “buena”, un 42% estima que los jubilados empeorarán su situación.

A su vez, desconfían de que el Gobierno tenga entre sus prioridades tanto una mejora de los haberes como de las prestaciones del PAMI: alrededor del 60% señala que no se trata de áreas prioritarias para el Gobierno Nacional. Inversamente, un 52% afirman que el Gobierno sí encuentra prioritario, por ejemplo, el pago de la deuda externa.

Un 48% estima que la jubilación debería continuar actualizándose con la fórmula vigente que surge de la Ley de Movilidad Previsional. La cifra trepa al 54% entre los mayores de 60 años, donde se concentran los jubilados.

Reforma laboral

El rechazo también es contundente en cuanto a la reforma laboral, que asciende al 54,3%. El desacuerdo es particularmente alto entre los jóvenes y en adultos de 30 a 44 años, donde se ubica entre el 60% y el 65%.

Asimismo, el 81,2% de los encuestados se muestra en contra de la idea esgrimida con frecuencia de que una reducción de los aumentos salariales es necesaria para conservar los puestos de trabajo.

El estudio de Analogías consultó, además, sobre la forma en que actúa el sindicalismo frente a la reforma laboral: Un 55,7% desaprueba el accionar de la CGT.

La opinión aparece más dividida al momento de evaluar cómo debería posicionarse la central sindical: un 44,8% piensa que debería apoyar algunas cosas y oponerse a otras, contra un 32% que le pide una actitud más intransigente de “oponerse a todo”. Sólo un 9,8% cree que la CGT debe apoyar íntegramente la reforma.

La postura que se tenga frente al Gobierno resulta el principal determinante de la respuesta: mientras que entre quienes califican el desempeño de Macri como “muy bueno”, sólo el 3,1% esperan que la CGT “se oponga a todo”, la cifra va creciendo a peor imagen del Presidente, llegando al 79,9% entre quienes lo califican como “muy malo”.

El 40% le pide a la CGT que convoque a un paro nacional para hacer frente a la reforma laboral, contra un 51% que desaprobaría esta medida. El apoyo a la eventual medida de fuerza es casi nulo (8%) en el público más oficialista, pero trepa al 36% entre quienes tienen imagen regular del Gobierno y roza el 80% en los opositores.

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En un acto realizado en la ciudad de Luján, representantes de la Corriente Federal de los Trabajadores, las dos CTA y gremios de la CGT, se reunieron para trazar un nuevo plan de lucha y movilización en contra de la reforma laboral, previsional, y tributaria, de Cambiemos.

A pesar de las fuertes lluvias que opacaron la jornada del lunes, la Corriente Federal de los Trabajadores, que lidera el bancario Sergio Palazzo, las dos CTA de Hugo Yasky y Pablo Micelli, y parte de la CGT, representaba por el Secretario General de Camioneros, Pablo Moyano, se reunieron en Open Door, partido de Lujan, para delinear un nuevo plan de lucha contra las reformas que plantea el macrismo en materia laboral, previsional y fiscal.

En diálogo con Primereando Las Noticias, el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, consideró al plenario como “un acto fundacional de una recomposición de unidad del movimiento obrero pero para pelear frente al programa de ajuste”.  A su vez, Yasky manifestó: “Empezamos a ver en el horizonte la posibilidad de refundar el movimiento obrero tomando esa historia de lucha de la CGT, y dejando de lado a aquellos que quieren ser agraciados de un gobierno que empobrece al pueblo, quieren ser los que hagan la tarea de un gobierno agresivo con los jubilados y trabajadores”.

En la misma línea, el diputado por el Parlasur, Jorge Taiana, considero de “muy significativo” el acto, y señaló que el plenario “muestra la preocupación que hay en el movimiento obrero organizado”, y agregó que el paquete de reformas que busca Cambiemos “es contrario de los intereses de los trabajadores y el interés nacional”.

Por su parte, la Diputada Nacional electa por Unidad Ciudadana, Vanesa Siley, califico de “histórico” al encuentro, y apuntó contra el Fondo Monetario Internacional, al que señala como el creador de las reformas  que busca imponer Cambiemos, “para que cumpla a rajatabla a los fines de poder seguir endeudando a la nación Argentina”.

Por último, el jefe del bloque del FPV en Diputados, Héctor Recalde, señaló: “Nosotros lo que queremos es recuperar los derechos de los trabajadores, los derechos de las pequeñas empresas y de los jubilados que están siendo avasallados, y este es un buen principio”.

Los atropellos del actual gobierno ante los más débiles llegan en ocasiones a superar límites difíciles de soportar para cualquiera, incluso para aquellos que más han militado el "Cambio".

En esta ocasión, el punto de discordia fue la escandalosa reforma jubilatoria impulsada por el oficialismo, que pretende recortar los aumentos a jubilados modificando la ley de movilidad.

Quien se "rebeló" es nada menos que uno de los periodistas emblemáticos de Canal 13 y TN, Julio Bazán. El histórico movilero identificado con el ultra antikirchnerismo se expresó así a través de su cuenta de Twitter:

Lo dicho disparó duros reproches de muchos de sus seguidores, que no toleran expresiones disidentes hacia el primer mandatario, y también burlas del otro lado de la grieta.

Fuente: Infonews