Un jubilado de Villa Urquiza falleció días atrás mientras reclamaba la restitución de los remedios que el PAMI le había quitado. Menos medicamentos, menos prestaciones e intentos de privatización.
(Por Fernando M. López *) La muerte de un jubilado de Villa Urquiza el fin de semana pasado volvió a disparar la alarma por el efecto de los recortes ejecutados durante la gestión macrista. Gustavo Souza tenía 71 años, era padre de dos hijas y abuelo de cuatro nietos. El PAMI le había quitado dos medicamentos de un valor de 300.000 pesos que necesitaba para tratar una afección pulmonar crónica y que con su jubilación de 6.000 pesos no podía costear. La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo, pero la obra social apeló la resolución y Gustavo falleció esperando sus remedios.
“Lo terrible es que pasa en todo el país. Hoy los jubilados se mueren como moscas porque no tienen los remedios. La verdad que es algo desesperante”, dijo al diario Contexto Lidia Meza, integrante del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, quien agregó: “Nosotros hemos vividos tiempos embromados, pero como este ninguno; y no sólo para los jubilados, sino también los discapacitados, que están en la misma situación”.
Hace siete meses que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tiene como director ejecutivo a Sergio Cassinotti. El funcionario reemplazó a Carlos Regazzoni, pero no cambió de rumbo: continuó y profundizó la política de Cambiemos en la obra social que trajo claras consecuencias para sus afiliados, y hasta fue denunciada la creación de un “PAMI paralelo” que podrá hacer compras directas sin licitación y contratar personal por fuera del convenio.
Meza comentó que tuvieron varias entrevistas con funcionarios del PAMI por los recortes de medicamentos y prestaciones: “Nos atienden muy bien, nos palmean la espalda, pero después quedamos como cuando vinimos de España. Los viejos seguimos estando re mal, en la lona”.
La referente de los jubilados también cuestionó la creación de la Fundación PAMI y advirtió que con “este PAMI paralelo” lo que están haciendo es “preparar el terreno para la privatización”.
“Es igual que con el menemismo, cuando privatizaron empresas públicas como YPF y los trenes con el discurso de que no iban bien. Nosotros ya sabemos que eso es un cuento chino”, remarcó.
Para Meza, la solución es que el PAMI esté “en manos de los jubilados y los activos que aportan”, como dice la Ley N° 19.032 de 1971: “Pedimos que cumplan con la autonomía que establece la ley, que estemos nosotros al frente del PAMI, porque todas las intervenciones lo que hicieron fue robarse la plata que hemos aportado durante todos nuestros años en actividad”.
Diálisis en riesgo
Uno de los últimos ajustes del PAMI está relacionado con las prestaciones médicas de diálisis, que afectará a unos 11.000 pacientes de todo el país.
Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD), dijo a este medio que, mediante una resolución, Cassinotti modificó un convenio de septiembre de 2015 con los centros asistenciales.
“El convenio incluía una serie de incentivos de calidad que alcanzaban hasta un 15% del valor de la prestación, que es modulada. Ahora, el PAMI saca una resolución que lo da de baja y establece un aumento escalonado, pero quita los incentivos. Con esto, lo que hay en realidad es una reducción presupuestaria para una prestación que ya venía subvaluada”.
Casaliba precisó que los tratamientos se realizan con “una enorme cantidad de insumos importados que no se producen en el país”, insumos que se encarecieron tras la devaluación de diciembre de 2015. Pero, además, hubo “una variación de costos muy marcada” por los tarifazos en los servicios públicos.
“Si a un marco de deterioro le suman nuevos ajustes presupuestarios, los resultados no pueden ser buenos: se resienten las prestaciones y se deja a los centros de diálisis al borde del cierre –como ya vienen cerrando en la provincia de Buenos Aires–. Por lo tanto, la decisión del gobierno pone en riesgo la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes”, alertó el profesional.
(*) Artículo tomado del diario Contexto de La Plata
