Así lo advirtieron desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, que lleva adelante una jornada de tres días en Gualeguaychú para diseñar estrategias en contra la avanzada anti-obrera de Macri y Triaca para después de las elecciones legislativas.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), enfatizó que la reforma laboral que el Gobierno de Cambiemos y los empresarios argentinos proponen como horizonte es la que se acaba de implementar en Brasil, con consecuencias “nefastas” porque “destruye el derecho colectivo”.

Los expertos de ALL sostienen que el Convenio Colectivo petrolero firmado en Vaca Muerta, que el gobierno argentino postula como modelo, tiene el objetivo de “aumentar la rentabilidad empresaria con la antigua receta de aumentar la jornada sin pagar más o directamente bajar el salario de los trabajadores al eliminar algunos rubros de la remuneración”, sin atender ningún progreso en materia de productividad o renovación tecnológica.

“No se trata simplemente de una reforma laboral regresiva, se ha tomado como enemigo al trabajador organizado de modo de dejar librada su suerte a la voluntad del empresario. Se pretende debilitar a las organizaciones sindicales, afectar la independencia de los jueces laborales; en definitiva, destruir la esencia del derecho del trabajo”, analizó Cremonte, quien además es abogado de ATE y el Sindicato de los Aceiteros.

Desde este jueves y hasta el sábado se desarrolla en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú la 43° edición de las jornadas anuales de AAL, que también cuenta con la presencia de académicos, jueces y dirigentes sindicales de todo el país para debatir estrategias de lucha en contra de la reforma flexibilizadora que impulsan el presidente Mauricio Macri y su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para después de las elecciones del 22 de octubre.

La detención del empresario Mateo Corvo Dolcet en el bar Los Angelitos, en Capital Federal, desató un verdadero escándalo en Pilar, provincia de Buenos Aires. Ocurre que Corvo es responsable del fondo de inversión Ínsula Urbana, con importantes obras sobre la Panamericana. El jefe comunal de Cambiemos, Nicolás Ducoté, fue un ferviente defensor de esas obras.

En diálogo con Primereando las Noticias, el concejal de Unidad Ciudadana Juan Pablo Roldán se refirió al escándalo: "Se jactan de hablar de lucha contra la corrupción, contra las mafias, contra el narco pero acá hicieron todo lo contrario. Es una verguenza. Hay doble discurso en Cambiemos. El intendente Nicolás Ducoté o Elisa Carrió dicen una cosa y hacen otra", describió.

¿Por qué incluye a Carrió?, consultó PLN. "El silencio de Carrió se debe a que Marcela Campagnoli, que es una persona de su absoluta confianza es la secretaria de Educación de Ducoté. Ahora, Carrió la puso como candidata en provincia de Buenos Aires. Es la mano de derecha de Carrió, es la que siempre la acompañó en todas sus denuncias. Además, el marido de Marcela es un constructor muy importante y es secretario de Obra Pública del municipio", señaló Roldán.

Desde la oposición, pidieron en el Concejo Deliberante que Ducoté vuelva atrás con todas las concesiones que realizó al grupo empresario que comanda Corvo, quien está detenido sospechado por lavado de dinero y vinculación con el narcotráfico.

"Desde Unidad Ciudadana pedimos dos cosas. Por un lado, derogar todos los permisos comunales que el intendente le dio a esa empresa. Por otro lado, queremos que se aplique la ley del narcotráfico y que el municipio expropie las propiedades de Corvo", propuso el edil kirchnerista.

Mientras tanto, el escándalo parece no terminar: Ducoté afirmó que el proyecto inmobiliario en el kilómetro 50 debe continuar, a pesar de la detención de Corvo y otras personas vinculadas a Ínsula Urbana. "No se entiende por qué insisten con la propuesta", cerró Roldán.

Como si fuera algo natural, el Gobierno nacional dejó trascender desde los medios afines una lista negra con nombre de políticos, periodistas y gremialistas a los que perseguirá. Son más de 500 y según Macri "atrasan el cambio". De fondo, el ataque a la libertad de prensa.

La nota de Página 12 que destapó el entramado familiar de los Macri que se beneficiaron con la ley de blanqueo que dispuso el propio Mauricio Macri, sigue trayendo coletazos. El cimbronazo que generó en el Gobierno molestó al Ejecutivo y ya piensa salir a la cacería de las voces opositoras para disciplianarlas

Por esa publicación en los últimos días, el Presidente reaccionó con un violento insulto contra el periodista y presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky: “Es la peor lacra que existe”, dicen que afirmó en privado.

Según el diario La Nación. Macri está furioso con Verbitsky por revelar que el hermano del Jefe de Estado, Gianfranco Macrì, blanqueó plata negra 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares.

También blanquearon el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun; el socio y amigo de Macrì, Nicolás Caputo; el emprendedor Marcelo Mindlin, quien el mes pasado anunció que compraba la constructora de la familia presidencial, hasta entonces en manos del primo Ángelo Testaferra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín. En total blanquearon 132 millones de dólares.

A partir de ese episodio Macri deslizó en reuniones con su mecha chica de funcionarios de confianza que cuenta con una lista de más de 500 personas a quienes acusa de “atrasar el cambio”. En la “lista negra” hay sindicalistas, políticos opositores, periodistas, jueces y otros miembros del Poder Judicial, pero también suma a empresarios y productores agropecuarios.

“Son tipos que creen que tienen derecho a un pedazo del país”, repite Macri ante sus íntimos cuando trae la lista de las 562 personas a las que considera como parte del “atraso” argentino.

Según Clarín, Macri considera que “si esa gente saliera de las segundas o terceras líneas que ocupan en la estructura del poder del país, se podrían acelerar los cambios culturales”.

“Si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto”, suele decir el Presidente en privado sobre su objetivo de eliminar a adversarios, lejos del “diálogo” que publicita ante la prensa.

Un obvio integrante de la lista de Macri es Víctor Santa María, titular del gremio de los porteros, presidente del PJ porteño y propietario del diario Página 12 mediante el Grupo Octubre.

“El Ejecutivo ahora apunta a Santa María, de los porteros”, tituló el diario La Nación el 28 de septiembre, en tiempos donde las editoriales de los medios se adelantan a embestidas judiciales para disciplinarlo luego de publicarle el artículo al "Perro" que desató la furia presidencial.

También se habla de sindicalistas de la Uocra (luego de encarcelar a "Pata" Medina), apuntados por María Eugenia Vidal por "detener" las obras en la Provincia, políticos opositores, jueces que fallaron en contra del Ejecutivo, operadores judiciales y hasta empresarios que no comulgan con la línea política del oficialismo.

Uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, sostuvo hoy que la central obrera está dispuesta a dialogar con el gobierno "todos los temas que sean necesarios" siempre y cuando exista la garantía de que "las cosas van a salir por consenso" y no impliquen "destrucción de derechos".

Por otro lado, aseguró que, en el marco de la reunión que la conducción cegetista mantuvo ayer con senadores del bloque justicialista encabezados por Miguel Angel Pichetto, los legisladores peronistas le ratificaron, frente a las versiones de una supuesta intención oficial de avanzar en una reforma laboral, que "nada se va a aprobar que no tenga el consenso con el movimiento obrero y en particular con la CGT".

"Vamos a dialogar todos los temas que sean necesarios pero queremos tener la garantía de que las cosas salgan por consenso, para poder avanzar, y no que haya posiciones unilaterales de destrucción de derechos", afirmó Daer en declaraciones formuladas a radio Continental.

Además sostuvo que "no hay que excluir a nadie" en la "reconstrucción del peronismo" al ser consultado en Radio Continental, sobre si existe una intención de dejar afuera de ese objetivo a la candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner.

Según Daer, tras el encuentro se ayer en el senado se obtuvo ese compromiso: "Se nos ratificó que nada se va a aprobar nada que no tenga consenso con el movimiento obrero, y en particular con la CGT".

En tanto, afirmó que los "pilares fundamentales" para la central obrera -en futuras negociaciones- pasan por "el convenio colectivo de trabajo y la ley de contrato de trabajo".

"Es decir que en una negociación de un convenio, no se pueda ir por debajo de los derechos establecidos en la ley", añadió.

Daer pugnó además por "sostener el sistema previsional y el de salud, así como el modelo sindical que genera la integridad de esos derechos".

El triunviro de la CGT relató que existen "otros dos temas que todavía no se bajaron" al debate como "el blanqueo para los trabajadores del sistema informal y el proyecto de formación profesional".

En el primer tema se mostró "de acuerdo si sirve para que los trabajadores ingresen al sistema, sin perder derechos. Creemos que hay que hacer un punto de corte para lograr el equilibrio y que al tiempo que se garantice el derecho del trabajo tampoco se genere una carga de deuda para el empleadora que después no quiera formalizar a nadie".

"También creemos que es importante la capacitación profesional" pero no tiene que desembocar "en una cuestión que sólo tengamos trabajadores pasantes".

En particular, consultado sobre la reconstrucción del peronismo y si existe una intención de que la ex presidenta sea apartada de ese objetivo, respondió: "No hay que excluir a nadie, el PJ tiene que tener un gran debate donde lo que se tiene que acabar son las posiciones terminantes de no aceptar al otro y de no consensuar".

"Cristina representa un sector importante pero también tiene colisión con otro sector que genera los resultados que ya sabemos que genera, el PJ viene de perder una elección, por eso creo que hay que hacer una gran autocrítica para ver qué le pasó que está tan disperso", dijo.

E interpretó que "a partir de ahí encontrar los mejores actores sociales y políticos que permitan reconciliarlo con los sectores que tiene que representar. No excluyo a ningún sector de una mesa de reconstrucción del peronismo", finalizó Daer.

Una investigación periodística demuestra que el Intendente de Santa Fe y Presidente de la UCR nacional, José Corral, destinó más de $210 millones en financiar punteros y asociaciones de funcionarios con el fin apuntalar la campaña política de Cambiemos. En tanto, los fondos municipales estarían siendo destinados a financiar amenazas, extorsiones, golpizas y vínculos con barras de Unión.

Uno de los datos más relevantes de la investigación surge nada menos que de las computadoras del Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Medrano, y su equipo de trabajo. Allí, se aloja una de las pruebas que revela, de forma contundente, un hecho que está estrictamente prohibido por ordenanza: Empleados municipales y funcionarios integran entidades sin fines de lucro beneficiadas por el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo.

El Programa Iniciativa Comunitaria es regulado por la Ordenanza Nº 10.100 que fue sancionada por el Concejo Municipal el 12 de septiembre de 1996 y modificada a mediados de 2010. Asimismo, la norma dispone que el municipio puede "celebrar convenios con Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales", a quienes puede encomendarles "pequeñas obras y servicios que ocupen mano de obra de modo intensivo".

Por otra parte, los punteros financiados con dinero municipal cuentan con causas por narcotráfico y piratería del asfalto. Además, puede verse claramente en un video, que también fue divulgado, cómo son parte de la barrabrava de Unión de Santa Fe.

#CorralPapers La barra brava que desmaleza, limpia y pega en #StaFe pic.twitter.com/chka4C0mxY

— #CorralPapers (@CorralPapers) 2 de octubre de 2017

En este marco, Daniel Cantero, ex Jefe de la barra brava tatengue y quien preside la Asociación Civil "Por un futuro para todos, barrio Roma", una de las tantas asociaciones que se vieron beneficiadas con el Programa de Iniciativas Comunitarias durante la gestión Cambiemos en Santa Fe, recibió $986 mil. La mayoría de esos fondos fueron otorgados luego de golpear a inspectores de tránsito, hecho que fue denunciado, irónicamente, por la Municipalidad.

Por estas denuncias, que se entregan en parte y aún faltan publicaciones, ya hay acusaciones en la justicia,poniendo el foco en el desvío de fondos en estas cooperativas con el objetivo de financiar la campaña de Cambiemos en ciudad de Santa Fe, bastión de Corral, quien aspira a ser Gobernador en 2019 por el macrismo.

Tras la sorpresiva privatización de Vialidad Nacional, el Ministerio de Finanzas señaló que se llamará a licitación para los corredores viales, a través del régimen público privado. Alentó a los constructores a hacer negocios.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que se llamará a licitación para la realización de los corredores viales a través del sistema de Participación Público Privada (PPP), y exhortó a los empresarios del sector de la construcción a invertir en el programa.

El anuncio lo realizó en la 65ª Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que reúne a las grandes compañías que integran la llamada patria contratista.

El funcionario oficializó sus planes para los corredores viales un día después de publicar en el Boletín Oficial la creación de Corredores Viales SA, una empresa del Estado que se manejará bajo el derecho privado y que tendrá amplias facultades para construir, mejorar y administrar rutas nacionales. Según denunciaron los sindicatos del sector, es un paso hacia la privatización de la Dirección Nacional de Vialidad.

El Sindicato Unico de Trabajadores del Peaje (Sutpa) recordó que el estatuto social de Corredores Viales SA en su artículo cuarto, al igual que la ley de participación público privada, habilita el ingreso de socios privados al negocio. Y agregó que de esta manera el Estado "confiere facultades al privado y pierde la regulación sobre las mismas".

Ante los popes de la construcción, el titular de la Unidad PPP, José Luis Morea, manifestó su confianza en que los contratos para estos proyectos de corredores se firmen en el primer trimestre del año próximo. Adelantó que cada uno va a tener un fideicomiso al que van a dirigirse los flujos que se generen.

Por su parte, Quirno explicó que el PPP ya tiene "unos 60 proyectos" en carpeta "por u$s 26.000 millones". El primer proceso será de 14 corredores viales, que "incluirán 2.800 kilómetros de autopistas y otros 4.000 de rutas seguras".

Según el proyecto de presupuesto 2018, el Estado prevé destinar 253 mil millones de pesos en forma directa a financiar obras de infraestructura. En términos reales, es igual al nivel de 2017. Pero el gobierno aspira a duplicar este financiamiento con el PPP.

Con este negocio en la mano, el presidente Mauricio Macri desembarcó ayer con su gabinete en el hotel Sheraton, donde deliraron de gusto los grandes empresarios que, como la familia presidencial, hicieron fortunas con la obra pública.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, les aseguró que el año próximo se invertirá en la obra pública para el transporte 131 mil millones de pesos. Dijo que "gran parte de eso ya está licitado y se está haciendo". Puso como por ejemplo "el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la autopista 19, entre Santa Fe y Córdoba". También dijo que se avanzará "en la construcción de los puentes de Resistencia-Corrientes y Santa Fe-Paraná, entre otras tantas obras".

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que en marzo de 2018 el gobierno lanzará las licitaciones mediante el sistema de PPP para la construcción de ocho líneas de transmisión eléctrica.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que la construcción perdió casi 100 mil empleos en el primer año del gobierno de Mauricio Macri al pasar de 458 mil obreros en 2015 a 365 mil en 2016. Pero dijo que actualmente hay 410 mil trabajadores en el sector y prometió "superar su récord histórico" a fin de año.

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, fue uno de los más entusiastas participantes del acto que encabezó Mauricio Macri. Felicitó al juez federal de Quilmes Luis Armella por la decisión de detener al desplazado jefe de la seccional de La Plata de ese sindicato, Juan Pablo Pata Medina, y celebró el rebote de la construcción.

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, consideró que responder al déficit habitacional demandará una inversión en créditos de 1,5 punto del PBI durante una década, lo que dará potencial para crear 330.000 nuevos puestos de trabajo.

El 22 de octubre será un antes y después. Y no sólo por el resultado electoral. Sino que comenzará a gestarse una nueva ola de aumentos que prometen disparar la inflación del último trimestre. La semana del 23 la nafta subirá entre 6 y 10%. Luego la luz y el gas. Más tarde el transporte.

Un día después de las elecciones legislativas del 22 de octubre empezarán a producirse aumentos en distintos servicios y precios. La primera suba será en los combustibles, en la semana del 23, y a partir del 1 de noviembre se daría vía libre a los incrementos ya previstos para Edenor y Edesur para la tarifa de luz y en diciembre será el turno de la del gas.

El gobierno nacional liberó el precio de los combustibles el pasado 1º de octubre. A raíz de esta decisión, las petroleras fueron autorizadas a establecer el precio que consideren por lo que comenzaron a aplicar aumentos en los precios mayoristas de nafta y gasoil que debería impactar en los precios al consumidor de bienes y servicios. La estatal YPF todavía no aplicó subas, pero lo haría el 23 de este mes, un día después de los comicios, cuando se aplicarán los aumentos en los surtidores.

Según fuentes sectoriales citadas por Todo Noticias, el precio aumentará entre un 6 y 10 por ciento, en línea con la devaluación del tipo de cambio y la inflación. Hasta ahora los precios de los combustibles locales venían atados a un acuerdo entre la industria y las provincias, con supervisión del Gobierno nacional.

La suba en la tarifa de luz se producirá en noviembre, dado que las distribuidoras piden una revisión de costos por el avance de la inflación. El Ejecutivo se propuso llamar a una nueva audiencia pública para definir los incrementos de la electricidad mayorista.

Finalmente, para el incremento del gas el Ministerio de Energía convocará a audiencia pública en la semana del 13 al 17 de noviembre. Los nuevos valores regirán desde el 1º de diciembre.

Según el cronograma original del Gobierno, el precio del gas, que tiene una incidencia del 60% en la factura sin impuestos, pasará desde u$s3,77 fijados en abril pasado, a u$s4,19, lo que significa un alza del 11,1% en dólares. A eso hay que añadirle la eventual, que podría llegar al orden del 15 por ciento. De ese modo, el precio base de fluido treparía casi 40 por ciento, sin contar actualizaciones en los segmentos de transporte y distribución, que suman alrededor del 20 por ciento de la factura final.

La titular de la OA, Laura Alonso, propinó un bizarro discurso ayer ante empresario en el que culpó a la inflación de la corrupción que existe en Argentina. Además, le pidió a los empresarios que "no manden regalos a los funcionarios nacionales".

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, disertó ante emprearios de la construcción y dio una bizarra explicación sobre el principal motivo de los actos ilegales entre el Estado y los privados.

Según la funcionaria cambista, "la inflación y la corrupción van de la mano" y habló de forma directa al empresariado presente: "Ustedes saben que cuando se sientan a negociar un contrato en una oficina oscura empieza a calcularse cuál será el impacto del aumento de los precios".

En el marco de la 65° Convención de la Cámara Argentina de la Construcción, Alonso le pidió a los presentes que "no envíen regalos a los funcionarios nacionales", y les sugirió que "manden solo una tarjetita".

Sobre esto, la titular de la OA prometió que quiénes denuncien actos de corrupción contarán con "total confidencialidad" que será garantizada por su oficina.

Alonso apeló al "compromiso" de los empresarios para "mejorar la reputación internacional" de la Argentina, en insistió en pedirles que "digan quiénes son" los corruptos.

La prórroga de la norma, que frena los desalojos de las comunidades originarias por otros cuatro años, ya tiene aprobación del Senado. Llaman a los legisladores a sancionarla “lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”.

Distintos pueblos originarios expresaron su preocupación por las versiones que indican que la Cámara de Diputados no votaría la prórroga de Ley 26.160, al menos hasta después de las elecciones, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.

En las últimas horas se informó que las Comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de Diputados realizarán un plenario el próximo martes, desde las 17.30, aunque aún resta saber cuándo llegaría al recinto.

El Senado ya le dio media sanción por unanimidad el pasado 27 de septiembre, y en caso de obtener sanción definitiva en la Cámara Baja los desalojos de las comunidades serán frenados por otros cuatro años.

La ley, que vence el próximo 23 de noviembre, suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde su sanción, en 2006, sólo el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento terminado.

José Sajama, de la comunidad de la Puna, advirtió hoy que “se corre el riesgo de que la prórroga no sea aprobada por la presión que ejercen los terratenientes”

“No nos olvidemos que el oficialismo de Cambiemos tiene mayoría en la Cámara de Diputados y la políticas que tienen para los pueblos originarios no es buena. Entonces corre riesgo la aprobación de la prórroga“, apuntó a FM La Voz del Cerro.

Por su parte, Jorge Angulo, coordinador provincial de la Organización de Comunidades Originarias Llanka Maki y presidente de las Comunidades Originarias Colla Tawasuyu, pidió que el proceso continúe sin interrupciones.

“Han hecho circular versiones de que se tratará después de las elecciones. No podemos manejar esos tiempos, se tiene que dar lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”, sostuvo y alertó que una demora significará “desalojos, amenazas y maltrato por parte de los terratenientes”.

Estaban sentados en una vereda con su mercadería en bolsas, cuando fueron “literalmente robados” por efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Dirección de Fiscalización de Espacio Público, según denunciaron.

La Policía de Horacio Rodríguez Larreta, caracterizada por sus frecuentes atropellos y abusos en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, ahora también asalta a vendedores ambulantes.

Ocurrió hoy en Constitución, donde efectivos y personal de la Dirección de Fiscalización de Espacio Público realizaron un “operativo ilegal”.

Según denunciaron las víctimas, no se encontraban en ese momento vendiendo, simplemente estaban sentados en la vereda con su mercadería en bolsas, fueron literalmente robados

“Dos compañeros que no se encontraban en ese momento vendiendo, simplemente estaban sentados en la vereda con su mercadería en bolsas, fueron literalmente robados por el personal de espacio público, es decir, en ese momento no se encontraban trabajando, un acto de criminalización y persecución”, denunciaron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

La organización social agregó que los policías y el resto del personal involucrado “ni siquiera realizaron un acta para dar cuenta de alguna intervención ‘legal’ ni para dejar constancia con testigos de la cantidad de mercadería secuestrada”.