En una conferencia la ministra dijo que fue escrito por Dalmacio Vélez Sarsfield, que en realidad redactó el Código Civil.

"Como ustedes saben, el Código Penal es el Código de Vélez Sarsfield”, dijo la ministra de seguridad Patricia Bullrich, durante la conferencia por Facebook Live que dio junto al ministro de Justicia Germán Garavano. El tema a abordar era narcotráfico y flagrancia.

Su frase pasó, pero después de terminar la charla, uno de sus asesores se le acercó para decirle: –Ministra, Dalmacio Vélez Sarsfield no fue el autor del Código Penal, sino del Código Civil.

Las diferencias entre los códigos es sustancial. El Código Civil, por ejemplo, regula las relaciones entre las personas, su convivencia, relaciones contractuales, derechos y otro tipo de asuntos civiles. La cuota alimentaria puede ser fijada por un juez basándose en este código.

Mientras que el Código Penal, en cambio, castiga las infracciones penales; es decir todas aquellas conductas humanas que o bien son un delito o una falta, en cualquier caso conlleva pena de prisión, multa y genera antecedentes. Desde un robo hasta un asesinato o estafa.

El primer intento de codificación penal general fue redactado por encargo del Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1864 por Carlos Tejedor. El diputado Rodolfo Moreno dio el último impulso al largo proceso de reforma del Código de 1886.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la decisión de diferir “en forma excepcional”, el vencimiento del 50% de las facturas que las distribuidoras emitan desde hoy hasta el próximo 31 de octubre, tras los comicios. Electoralismo PRO.

La medida alcanza a los usuarios residenciales del servicio por redes y el diferimiento se producirá “sin la aplicación de intereses”, según un aviso oficial del Enargas publicado hoy en el Boletín Oficial.

Funcionarios del Ministerio de Energía y Minería habían anticipado ayer la decisión, que abarca a las facturas por los consumos domiciliarios correspondientes a julio y agosto, con lo que buscan atenuar el impacto hasta después de los comicios.

“Los montos objeto del diferimiento deberán ser incluidos en la primera factura que se emita con posterioridad al 31 de octubre de 2017 y en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas, tal como se encuentra previsto para la cancelación de facturaciones emitidas en forma habitual”, dice el aviso suscripto por el titular del Enargas, Daniel Perrone.

El Ente aclara que la medida “no alcanzará a los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, toda vez que los mismos reciben una bonificación del 100% del precio del gas natural incluido en la tarifa; ni a los usuarios con consumo cero (0) en el período de facturación”.

Las distribuidoras de todo el país recibirán la instrucción correspondiente, a fin de facilitar a los usuarios el pago de las facturas de gas de los meses considerados de mayor consumo.

En la práctica, para las empresas se tratará de una nota de crédito por el 50% de la facturación que no podrán cobrar en setiembre y octubre, y que deberán diferir para los últimos dos meses del año.

La intención oficial es "aliviar el bolsillo de quienes aún no acostumbraron su consumo al nuevo esquema tarifario" vigente desde el 1 de abril, producto del proceso de audiencia pública que readecuó el precio del gas a boca de pozo, su transporte y su distribución, explicaron fuentes oficiales.

La medida alcanzará a los usuarios residenciales de las distribuidoras Metrogas (capital y sur del Gran Buenos Aires); Gas Natural Ban (norte del Gran Buenos Aires); Camuzzi Gas del Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y Camuzzi Gas Pampeana (La Pampa y norte, centro y sur del Gran Buenos Aires).

También se notificó a Distribuidora de Gas Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis); Litoral Gas (Santa Fe y noreste de Buenos Aires); Distribuidora de Gas del Centro (Córdoba, Catamarca y la Rioja); GasNea (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa); y Gasnor (Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

A partir de abril pasado el Enargas dispuso nuevos cuadros de tarifas para consumos de usuarios residenciales, comerciales e industriales, que incluyó una suba de 10,2% en el precio del gas en boca de pozo, de 3,42 a 3,77 pesos por millón de BTU (unidad térmica británica) y un ajuste parcial, de cerca de 30%, para los servicios de transporte y distribución.

Según comunicó la Junta Interna de ATE, los trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones nucleados en ese sindicato se encuentran en estado de alerta y movilización para salvaguardar la fuente de trabajo y los derechos adquiridos. Este viernes habrá una asamblea para definir futuras medidas de fuerza.

A través de un comunicado elaborado por la Junta Interna de ATE Pensiones se informó a los trabajadores de las Comisión Nacional de Pensiones que existe un “estado de alerta y movilización, en defensa del organismo, de las fuentes de trabajo y de los derechos adquiridos”.

Tras el desplazamiento de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, desde el Sindicato se oponen “al vaciamiento de funciones y a la disolución del organismo, que implicaría la pérdida de fuentes de trabajo”.

Para ATE pensiones la medida del gobierno se “enmarcaría dentro del plan de ajuste en materia de políticas sociales, que afecta directamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Además, los trabajadores recordaron que con anterioridad, se “logró la restitución de más de 70 mil pensiones no contributivas que habían sido suspendidas o dadas de baja arbitrariamente, sin previo aviso.

Este viernes a las13 hs, en la sede central de ese organismo, los trabajadores convocaron a una asamblea para definir las futuras medidas de fuerza.

El ministro de Energía de la Nación también se encuentra de lleno en la campaña electoral y para ello prorrogó el aumento de las facturas de gas en un 50 por ciento, las que llegarán después del 22 de octubre. Mirá el documento.

El encargado de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, envió un documento a la empresa Energas donde solicita adoptar las medidas necesarias y de forma excepcional, para que los aumentos en el servicio del gas se emitan a partir del 31 de octubre próximo, la cual podrá abonarse en dos cómodas cuotas.

En la misiva enviada por Aranguren a las empresas de gas se pide “que las facturas que se emitan a partir del 25 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2017para usuarios residenciales, un diferimiento del pago del cincuenta por ciento (50%) del monto total de la liquidación correspondiente al periodo de facturación, sin aplicación de intereses”.

“Los montos objetos del diferimiento deberán ser incluidos en la primera factura que se emita con posterioridad al 31 de octubre de 2017 y deberá contemplar la posibilidad de ser pagados en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas”, indica el texto elaborado desde el despacho de Aranguren.

Así lo confirmó el diputado nacional del FPV oriundo de la ciudad de Esquel, Santiago Igón, quién a su vez criticó duramente a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por intentar ocultar y mentir sobre la presencia de su jefe de gabinete, Pablo Noceti, en el lugar de los hechos el día que desapareció Santiago Maldonado.

"Llegó a Esquel una comitiva de los organismos de Derechos Humanos con la que vamos a intentar encontrarnos con el defensor oficial Machado, que nos atienda la fiscal y el juez Otranto que llevan la investigación de la desaparición de Santiago", explicó Igón.

Por otra parte, el diputado del Frente Para la Victoria (FPV) consideró "muy importante" el cambio de caratula en la investigación a "desaparición forzada de persona" ya que "ahora deberá ser el gobierno quien tenga que demostrar que esto no fue una desaparición forzada".

Respecto de la actuación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el legislador cuestionó que "lo que ha hecho Bullrich es desastroso. No solamente revelar la indentidad de un testigo reservado que es clave para la investigación sino además la cantidad de mentiras que ha dicho".

Por ejemplo, señaló: "Cuando Bullrich se reunió con las responsables de los organismos de DDHH les dijo que su Jefe de Gabinete, Pablo Noceti, no tenía nada que ver y que sólo pasaba por allí, cuando tenemos los audios del propio Noceti hablando por todas las FM locales diciendo que había hablado con la policía de la provincia, con los escuadrones de gendarmería y con la PSA porque estaban esperando el delito en flagrancia de los activistas mapuches para perseguirlos y meterlos presos a todos", precisó.

Finalmente, Igón informó que desde el bloque del FPV "Le presentamos la iniciativa a la presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, Victoria Donda, que  tenga a bien constituir la Comisión en la ciudad de Esquel para trabajar en conjunto este tema".

La nueva amenaza realizada por Cambiemos a las Madres de Plaza de Mayo consiste en expulsarlas del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos que el reconocido organismo mantiene en el barrio porteño de Congreso.

Como respuesta, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció que el gobierno de Mauricio Macri emprendió una operación  para desalojar el inmueble donde se ubica las oficinas y la Universidad de esa organización.

En la habitual ronda a la Pirámide de Mayo que se realiza todos los jueves desde el 30 de abril de 1977, Bonafini relató que el interventor designado por la administración de Cambiemos en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de la entidad, Javier Bujan, entró el viernes pasado  a la Casa de las Madres esperando que no estuvieran las madres. “Alguien lo llevo y arreglaron los espacios que iba a ocupar la universidad”.

En declaraciones a Primereando, uno de los alumnos de la Universidad de las Madres aseguró que las maniobras del Gobierno crecieron “luego de que se público el video de Hebe sobre Santiago Maldonado. A las horas llamaron amenazando las con desalojar las el fin de semana”.

“La casa de las Madres está declarada Museo para el pueblo y lo más probables es que se quede en la asociación el fin de semana”, aseguró la fuente consultada por esta agencia de noticias.

A través de un video, Hebe de Bonafini, detalló aún más las amenazas y operaciones de desalojo realizadas por Cambiemos yexplicó lo sucedido: “Yo quiero que ustedes sepan que las Madres estamos siendo amenazadas desde hace mucho tiempo, pero ahora ha sido algo mucho más concreto. Bujan, el hombre que fue elegido para dirigir la universidad, ayer nos amenazo diciendo que por las buenas o por las alas esta semana nos van a sacar de la casa de las madres”.

También indicó que “ustedes saben que jurídicamente no se puede, pero ellos tienen mucho poder y no les importa nada y nos tienen mucho hambre a las madres… y vienen por más. Esta es una amenaza de mucha prepotencia, que nos da mucho dolor”.

Mirá el video:

Lo había adelantado la familia de la víctima, constituida como parte querellante, y lo confirmó más tarde la Fiscalía Federal de Esquel. Se estableció además una ampliación del secreto de sumario por otros diez días corridos.

La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, accedió al pedido de la familia de Santiago Maldonado y solicitó al juez Guido Otranto el cambio de carátula de la causa “desaparición forzada de persona”, lo que implica poner el foco de la investigación en la Gendarmería.

“Hoy, 24 de agosto de 2017, nos reunimos con la Fiscal Subrogante a cargo de la causa penal 8232/2017. Nos informó que la investigación es sobre el delito de desaparición forzada de Santiago y dio curso a nuestro pedido de recaratulación; que a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido solicitó el secreto de sumario por 10 días corridos más; que solicitó a la Procuración General diera curso a nuestro pedido de integración del equipo de investigación”, señaló esta mañana la familia en un comunicado.

La información fue confirmada más tarde en la web oficial del Ministerio Público Fiscal, que además indicó que colaboran con la investigación “el fiscal general Felix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado”.

Sobre el establecimiento del secreto de sumario, la Fiscalía Federal de Esquel explicó que “tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma, tanto en su producción como en su resultado”.

También detalló que además de investigar la desaparición forzada de Maldonado, la fiscal Ávila busca determinar si existieron “otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de 2015”.

“Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto. En este contexto, se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenecen a la fuerza preventora”, destacó el comunicado.

La decisión de Ávila constituye un fuerte revés para el Gobierno de Mauricio Macri, que negó desde un principio que el caso Maldonado se tratara de una desaparición forzada en un intento por encubrir a la Gendarmería, pese a los testimonios de testigos y los indicios de la investigación que apuntaban en esa dirección.

La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, se refirió a la reunión fallida entre el Gobierno nacional y organismos de Derechos Humanos por la desaparición de Santiago Maldonado después de una represión brutal de Gendarmería en Chubut. "Fue una reunión áspera porque había una cerrazón enorme, sobre todo de Patricia Bullrich. Fue desvirtuando todo. Defendió a los gendarmes, ella se cree gendarme", afirmó.

En diálogo con AM 750, Carlotto siguió: "Fue muy lastimoso, Bullrich parecía desinteresada, hacía dibujos en un papel, miraba el reloj. La vi yo, estaba enfrente mío. Nos fuimos de la reunión peor de lo que entramos".

"Además nos grabaron durante la reunión y después filtraron eso a la prensa. Nunca los organismos hubiéramos hecho algo así. Es algo muy oscuro, es espionaje. La reunión fue un fracaso. Vamos a segurir luchando. Tenemos 40 años, estamos acostumbradas a este tipo de conflicto, que es gravísimo para el país. Está claro cuál es la responsabilidad del Estado", describió Carlotto.

Por estas horas, la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, pidió el cambio de carátula de la causa a "desaparición forzada" de persona. Es el reclamo de familiares de Maldonado y de organismos de derechos humanos. Resta que el juez Guido Otranto acepte el cambio, lo que implicaría un giro en la investigación. El Gobierno de Mauricio Macri ha negado esa posibilidad desde un primer momento a pesar de todas las pruebas en ese sentido.

Así lo aseguró el diario oficialista La Nación, según una "fuente cercana al presidente Mauricio Macri". "La diferencia sería de 0,3 por ciento, unos 20.000 votos, aproximadamente", siguió el medio que defiende las políticas de Cambiemos.

Además, trascendió que el escrutinio definitivo se conocería el lunes próximo. El conteo de los votos en la provincia de Buenos Aires quedó a cargo del juez federal Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral. Desde la oposición recordaron que Culotta es amigo del mandatario nacional. De cualquier modo, la Justicia no se expidió sobre las irregularidades en la carga de datos. Por eso, hay sospechas sobre lo que pueda pasar en octubre, en la elección general.

Cuando finalmente se sepa el resultado de la elección primarias, terminará una historia que empezó hace 11 días, cuando el Gobierno decidió concluir el conteo provisorio en el 95%, justamente cuando el candidato oficialista, Esteban Bullrich, iba primero. Además, sorprendió que a las 21 horas, en el horario prime time, Cambiemos ganara por 6 puntos. Ese resultado se revirtió a las 4 de la mañana.

Desde el kirchnerismo recordaron otras elecciones en provincia de Buenos Aires, donde esa fuerza perdió en elecciones similares, como en 2009 y 2013. Em ambas oportunidades el espacio reconoció las victorias de sus oponentes el mismo día del plebiscito.

La legisladora por Río Negro María Emilia Soria presentó un proyecto contra la ministra de Seguridad de Cambiemos. Además del caso Maldonado, la diputada kirchnerista se refirió a la desaparición y el posterior asesinato de Lucas Muñoz en 2016 en Bariloche.

Sobre la represión a la comunidad mapuche en Esquel, Chubut, y la posterior desaparición de un joven, Soria aseguró: "Bullrich insiste en que no se trata de un caso de desaparición forzada de personas porque asumiéndolo estaría dejando en evidencia su propia negligencia al no haber apartado de modo inmediato a los jefes de las fuerzas de seguridad tal lo establece la convención internacional de personas desaparecidas, que imponen dos sencillas obligaciones: 1) apartar a los superiores a cargo del operativo (Gendarmería y su Jefe de Gabinete) y 2) no entorpecer la investigación (como lo hizo al exponer a un testigo clave y protegido)”. La ministra sigue desconociendo la hipótesis de una desaparición a manos de la fuerza federal que conduce.

“Lamentablemente no puede decirse que la Sra. Bullrich haya desempeñado su cargo con la probidad y competencia que demanda ser la cabeza de la institución que tiene a cargo la seguridad de todo el país”, siguió Soria en el proyecto que lleva las firmas de otros tres legisladores nacionales.

Por último, la diputada incluyó el caso de Lucas Muñoz, joven desaparecido y luego asesinado en 2016 en Bariloche. "A sabiendas de que la hipótesis más fuerte involucraba a la policía de la provincia de Río Negro, y aún habiendo solicitado su intervención inmediata en la búsqueda, el accionar de la Ministra fue nulo", describió.