La medida adoptada por los maestros de la educación superior realizarán esa medida de fuerza los 14 y 15 de junio próximos. El cese de actividades fue adoptado en una plenario extraordinario de Conadu.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) que conduce Luis Tiscornia presentaron los reclamos y demandas de la organización ante el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); exigieron el descongelamiento de “la garantía salarial” y ratificaron los paros nacionales del 14 y 15 de este mes en demanda de paritarias.

Los secretarios adjunto y de Preuniversitarios, Antonio Rosselló y Francisca Staiti, aseguraron en esa instancia que “la garantí­a salarial permanece congelada desde agosto último, lo que significa que el haber inicial se ubica en 4.250 pesos por ‘dedicación'”, y explicaron que “se adeuda desde hace cinco meses a 23 mil preuniversitarios el Fondo nacional de Incentivo Docente (FONID)”, aunque reconocieron que algunas casas de altos estudios adelantaron parte de ese monto con “fondos propios”.

“El Ministerio de Educación no transfiere los fondos para ese pago. El congelamiento salarial de 190 mil docentes de la actividad se mantiene desde noviembre de 2016”, puntualizaron.

Los dirigentes gremiales exigieron que el CIN se pronuncie al respecto, en especial sobre “la necesidad de un aumento salarial inmediato y la convocatoria a la mesa paritaria nacional”.

El ajuste aplicado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ya implicó despidos por goteo, que en las últimas dos semanas se profundizaron en la línea Belgrano Norte, y suspensión de distintos servicios.

El Movimiento Nacional Ferroviario (MONAFE), que se encuentra en estado de alerta y movilización, señaló hoy que los recortes en diferentes líneas de trenes forman parte de un intento de privatización que “se está haciendo por sectores, para que no sea tan chocante”.

Alejandro Alvite, trabajador de la línea San Martín e integrante del MONAFE, explicó que los despidos se dieron “a cuenta gotas” y en las últimas dos semanas se profundizaron en la línea ferroviaria Belgrano Norte, que realiza el recorrido entre las estaciones de Villa Rosa y Retiro.

“Este proyecto del Poder Ejecutivo y la Secretaría de operación ferroviaria, implica eliminar 10 mil ferroviarios entre este año y julio del año que viene”, sostuvo en diálogo con FM Tinkunaco y denunció que el proceso se desarrolla en medio de la “inacción” y “complicidad” de las cúpulas de los sindicatos ferroviarios.

Por su parte, Sergio González, que también integra el MONAFE, alertó que la privatización sería “en un corto plazo” y que, en ese marco, se dieron “directivas de la cancelación de servicios en horas pico”, lo que “hace que la gente viaje cada vez peor”.

La política ferroviaria del gobierno de Mauricio Macri, en manos del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, también afecta fuertemente a los trenes regionales y de larga distancia, cuya expansión fue cortada el año pasado.

Entre los servicios que han sufrido recortes de horario o de recorrido se encuentran el Tren del Valle (Neuquén – Cipolletti) y el Tren de las Sierras (Córdoba – Cosquín), mientras que en Entre Ríos se cancelaron tres de los cuatro que tenía la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE).

El ajuste también afectó al servicio metropolitano de Resistencia, que fue intempestivamente suspendido en marzo. Desde el Chaco denunciaron que el Dietrich pretende transferir los trenes regionales a las provincias para achicar el gasto de la SOFSE y advirtieron que Servicios Ferroviarios del Chaco (SEFECHA) no cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo.

La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa reveló que se perdieron 2.500 puestos de trabajo y se agravaron las condiciones laborales como consecuencia de la “connivencia” entre medios concentrados y el Gobierno. Mañana habrá una movilización desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo.

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), y la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom), nucleados en la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, denunciaron la crítica situación que atraviesa el sector desde la asunción de Mauricio Macri.

“La connivencia empresas-gobierno agravó el desempleo y el deterioro salarial de los trabajadores de prensa”, señalaron durante una conferencia a la que se sumó el titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy.

Un relevamiento de los sindicatos reveló que se perdieron 2.500 puestos de trabajo en los dos últimos años por la vía de despidos directos, “retiros voluntarios” y jubilaciones anticipadas, dispuestos por las empresas nucleadas en las cámaras AEDBA, ADIRA, AFERA, AAER, ARPA Y ATA entre otras, sacando provecho de la fuerte devaluación dispuesta por el Gobierno nacional a principios de 2016.

“La articulación de intereses económicos y políticos sectoriales han derivado en el cierre o achicamiento de empresas periodísticas en todo el país, reconvirtiendo negocios en el rubro, con menos empleos, y con más tareas por menores salarios para quienes aún lo conservan, en abierta violación de convenios y estatutos profesionales”, agregaron los gremialistas.

También advirtieron que se imponen “’paritarias con techo’ muy convenientes a las empresas” y que “los porcentajes que se pretenden ‘negociar’ para el período 2017-2018 no se corresponden con las estimaciones de inflación más optimistas y no contemplan compensación alguna y definitiva respecto de la pérdida del salario real ocurrida en 2016”.

“Esto no solo afecta a los periodistas y sus familias. Perjudica a la comunidad porque restringe la diversidad y pluralidad de voces y la calidad del sistema democrático”, remarcaron.

Desde la llegada de Cambiemos la persecución y la censura se volvieron moneda corriente en un contexto de fuerte concentración mediática, vaciamiento de medios públicos y destrucción de emisoras comunitarias, restringiendo así el derecho a la información.

La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa anunció que se movilizará este jueves 8 desde el Obelisco hasta la sede que el Ministerio de Trabajo tiene en Callao 114 para denunciar “la emergencia que afronta una auténtica libertad de expresión con pluralidad de voces”.

Se trataba de un juicio contravencional por el acampe de la Tupac Amaru en la capital de Jujuy. Ahora un juez de control en lo penal revocó la condena a tres años de proscripción a la líder social.

Milagro Sala lleva presa más de un año y medio en la cárcel de Alto Comedero. Tiene varias causas en proceso en su contra. Según diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU, su detención es "arbitraria" y debe ser liberada "de inmediato".

Ahora, la propia Justicia de Jujuy decidió declarar la nulidad de una condena que Sala tenía en su contra. La medida lleva la firma del juez subrogante Isidoro Arzud Cruz quien declaró nulos el procedimiento realizado en la Plaza de la capital provincial, el acta contravencional labrada en esa oportunidad, y el posterior juicio y la sentencia dictada contra la dirigente social.

La sentencia de proscripción, dictada el 30 de diciembre de 2016, sentó un precedente preocupante para las organizaciones sociales al inhabilitar por tres años y tres meses a la dirigente para integrar personas jurídicas y demás asociaciones civiles, culturales y deportivas. A la organización Tupac Amaru se le impuso una multa y la clausura de la sede central. Para los especialistas, se trató de un intento de criminalización de la protesta social.

La nulidad de estas medidas se conoce en momentos en que la Corte Suprema de Justicia tiene que analizar otra condena contra Sala, también cuestionada por organismos de Derechos Humanos.

El juez Sergio Torres propuso operativos en organismos públicos: Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia y otros. Se investiga si el Estado benefició irregularmente a Avian Líneas Aéreas, empresa compradora de Macair Jet SA, perteneciente al Clan Macri.

Se trata de otro caso de "conflicto de intereses", según la definición del Gobierno nacional. La investigación apunta contra el empresario Franco Macri, el presidente Mauricio Macri y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. La Justicia deberá develar si el Estado benefició a la compradora de una aerolínea de aviación del Grupo Macri. Además, si su ingreso no se hizo en perjuicio de la línea de bandera.

El de Avianca es, por lo menos, el cuarto caso judicial que involucra a Macri o a su familia. Primero fueron los Panamá Paper, luego el escándalo del Correo Argentina y la semana pasada, la causa por Autopista del Sol. En todos, sobresale un entramado que vincula al mandatario con sociedades del grupo creado por Franco Macri.

En la causa que lleva adelante Torres se investiga además la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares. Una empresa sospechada es Fly Bondi, que podría estar vinculada al ministro Quintana.

La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandie, del Frente para la Victoria.

El país del norte implementó un programa similar al que inició Cristina Fernández de Kirchner y que ahora el juez busca destruir, con ayuda del macrismo. La ex mandataria disparó a través de las redes sociales contra el Gobierno y Bonadio.

El diario Washington Post detalló como funciona en Estados Unidos el programa "Baby Box", un programa que es similar al "Plan Qunita" implementado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria no dejó pasar la noticia, que rebotó en los grandes medios, y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y el juez Claudio Bonadio por intentar destruir el kit argentino.

El periódico estadounidense explicó que “Baby Box” es otorgado a madres y familias que recibieron una atención prenatal y la solicitaron vía web. Es un producto que la empresa Baby Box Co vende a organizaciones sin fines de lucro y los estados interesados en distribuirlas. Su valor oscila entre los 70 y 225 dólares, lo que en la Argentina equivaldría a 1120 y 3600 pesos.

Estados Unidos, igual que Argentina, lo que hizo fue importar una idea que Finlandia lanzó en 1938 y que bajó considerablemente la mortalidad infantil en el país. En ese año, según datos oficiales, la tasa era de 65 por cada mil niños, mientras que en 2016 cerró con 2,5 muertes cada mil bebés.

El Programa de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido “Qunita” había sido lanzado por CFK en julio de 2015, en Tecnópolis. Poco más de medio año después, una vez asumido el gobierno de Cambiemos, Bonadio dispuso la suspensión del reparto de ese beneficio en las maternidades y meses más tarde ordenó al Ministerio de Salud la destrucción de los 60 mil moisés y sacos de dormir que había en stock.

En redes sociales, CFK fue contundente: "En el Washington Post explican el éxito sanitario de Qunita. En Argentina el juez Bonadio las mandó quemar."

María Casino fue referente de la organización en la cuarta sección electoral desde 2006. Desde el año pasado viene tomando distancia del espacio conducido por Emilio Pérsico y Chino Navarro. "Para mi y otros compañeros la conducción fue, es y será Cristina. Hay que reivindicar los 12 años kirchneristas", dijo.

En una entrevista radial, Casino explicó por qué acompaña la posible candidatura de CFK: "En el barrio la gente no me pregunta por Randazzo, pregunta cuándo vuelve CFK. El pueblo está con Cristina, señaló.

"Somos un montón de compañeros que a lo largo y a lo ancho del país; desde el año pasado, dimos la discusión adentro del Movimiento Evita, que es nuestra organización que nos dio identidad durante mucho tiempo. Después seguimos dando el debate desde afuera. Para nosotros la conducción fue, es y será Cristina. Lo decimos con claridad. En ese marco se vienen agrupando compañeros de todo el país en ese sentido", siguió la dirigente.

Por último, dejó su impresión sobre lo que pasa en el Movimiento Evita en torno al alejamiento de la organización en relación a Cristina: "Yo creo que los militantes de base del Movimiento Evita van a votar a CFK".

El Movimiento Barrios de Pie y un conjunto de organizaciones sociales presentarán hoy en el Congreso de la Nación un proyecto de Emergencia Alimentaria, acompañadas por los presidentes de los principales bloques de diputados. Además realizarán una olla popular en la puerta de la sede legislativa para mostrar la tarea que a diario desarrollan en los comedores comunitarios.

El proyecto que presentarán hoy se respalda en el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que alertó respecto a que "la pobreza estructural se mantiene en Argentina, y que hay 8 millones de personas que sufren carencias básicas, de las que 6 millones padecen hambre", anticiparon.

Barrios de Pie, informó que los datos de la UCA "están en consonancia con el relevamiento de Salud Nutricional de Barrios de Pie, cuyos datos preliminares arrojan que el 43 por ciento de niños, niñas y adolescentes que asisten a comedores de la organización sufren malnutrición".

En este contexto, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales, realizarán a las 12 en la sala 3 del anexo del Congreso la presentación de la iniciativa que dispone la Emergencia Alimentaria.

Las organizaciones sociales estarán acompañadas por los presidentes de los principales bloques de diputados, quienes luego serán invitados a participar de una olla popular en la puerta del Congreso para mostrarles la tarea que a diario se desarrolla en los comedores comunitarios.

"Los datos de la UCA son tristes y alarmantes. Desde Barrios de Pie venimos también advirtiendo que existen altos grados de malnutrición", dijo el coordinador nacional del Movimiento , Daniel Menéndez.

El dirigente agregó que "el consumo de leche está en los niveles más bajos desde la crisis del 2001", y advirtió que esta carencia que se evidencia con este dato "repercute en los niveles nutricionales, perjudicando especialmente a los sectores más humildes".

"Por eso pedimos que se declare la Emergencia Alimentaria y aspiramos a que este proyecto sea acompañado por todos los bloques de diputados", aseveró Menéndez.

Una parodia al hit del momento expone la realidad económica Argentina en la gestión PRO. Escuchá la canción que te cuenta como bailamos al ritmo de la inflación.

El boom de "Despacito" parece no tener quien lo detenga. Mientras suena en todos lados, crecen las versiones y las adaptaciones en todo el mundo. Y como no podía ser de otra manera, ya hay una interpretación vernácula.

La canción interpretada por David Rotemberg "Dos Pesitos" relata, al ritmo del hit del momento, los vaivenes de los argentinos para lidiar con la inflación descontrolada de la era PRO.

"Tengo que bailar con la inflación", canta Rotemberg. "Fui al super y todo sigue aumentándome", sigue y explica los problemas para cubrir las necesidades básicas.

"Dos pesitos, vamos a intentar estirar el billetito", dice el estribillo de la versión nacional que promete representar lo que sucede en la mayoría de los hogares a los que llegar a fin se le volvió una travesía imposible de sortear.

La Cámara baja resolvió además que a partir del año que viene se ajustarán por inflación. Con este cambio, el sueldo bruto de un diputado nacional pasará de 127.000 a 137.610 pesos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmó una resolución por la cual las sumas en concepto de gastos de representación que perciben los legisladores se duplicarán este año y a partir del próximo la actualización de los montos quedará atada automáticamente a la evolución del índice de precios del INDEC.

Con este cambio, el sueldo bruto de un diputado nacional pasará de 127.000 a 137.610 pesos, lo cual se traduce en un aumento de bolsillo de alrededor de 7 mil pesos (de 88.000 pasarán a cobrar 95.000 pesos).

A esta suma, luego hay que añadirle los gastos por desarraigo, que ascienden a 18.230 pesos netos, y los canjes de pasajes.

Respecto a esto último, la resolución rubricada por Monzó autorizó un aumento de más del 100 por ciento del valor de los canjes de dinero por los tramos terrestres y aéreos de aquellos diputados que no hagan uso de esos pasajes: antes tenían a disposición 19.300 pesos de canje por pasajes no utilizados y con esta resolución la cifra se eleva a 40.000.

Desde el 2011 hasta este año, los diputados nacionales podían canjear hasta 20 tramos terrestres por un valor de 295 pesos cada uno, y 20 tramos aéreos por un monto de 670 pesos cada uno, en tanto que con la reforma, los valores se actualizan a 650 y 1350 pesos respectivamente.

También se dispuso que a partir del año que viene estos valores para el canje de pasajes terrestres y aéreos se ajusten de acuerdo a la variación de los precios del tramo Buenos Aires-Córdoba.

A partir de esta medida, que corregirá automáticamente el valor de estos ítems conforme a los movimientos de los precios del mercado, el oficialismo busca terminar con la polvoreda que se levanta todos los años cada vez que se plantea un aumento.

Este año la discusión se dio principalmente con el Frente Renovador y el Frente de Izquierda, que se negaron a firmar un documento que prestaba conformidad a los aumentos previstos por Monzó, y que sí contó con el visto bueno de los jefes de los bloques Frente para la Victoria-PJ, UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo para la Victoria.