La hija del mandatario estadounidense y la primera dama argentina son empresarias. La sudamericana se dedica a la industria textil y la norteamericana a la fabricación del calzado. Las dos mantienen talleres clandestinos, en el cual esclavizan a sus trabajadores.

Un activista de la organización en defensa de los derechos de los trabajadores China Labor Watch fue detenido y dos más desaparecieron en el gigante asiático cuando investigaban las condiciones laborales de la firma que fabrica los zapatos de la marca Ivanka Trump, informó hoy la agencia Reuters.

“Una cámara oculta reveló un taller clandestino de la marca Cheeky de Juliana Awada. La organización La Alameda publicó un vídeo de un taller ilegal, ubicado en la calle Hubac 5673 en el barrio de Mataderos, que desde hace tres años confecciona prendas de manera exclusiva para la firma Cheeky que dirige la esposa del Presidente”, informaba Diario Registrado en mayo de 2016.

Un activista de la organización en defensa de los derechos de los trabajadores China Labor Watch es detenido y otros dos desaparecen en plena investigación sobre las condiciones laborales de uno de los fabricantes del calzado que lleva el nombre de la hija del presidente de EE.UU.

Uno de ellos, Hua Haifeng, fue arrestado en la provincia china de Jiangxi sospechoso de utilizar ilegalmente herramientas para practicar escuchas, según el director ejecutivo de China Labor Watch Li Qiang. La organización ha sido incapaz de mantener contacto con los otros dos empleados cuyo paradero se desconoce.

Li añadió que estos tres hombres estaban llevando a cabo una investigación de las condiciones laborales en las fábricas que producen los zapatos de la marca de la hija del presidente de EE.UU. Donald Trump, además de calzado para otras firmas occidentales. Para hacerlo, Hua Haifeng y Li Zhao trabajaban de forma encubierta en una fábrica de calzado situada la ciudad Dongguan, en la provincia china de Guangdong.

Otro de los activistas, Su Heng, realizaba una investigación similar en la ciudad de Ganzhou (provincia de Jiangxi). Según el director ejecutivo de China Labor Watch, el grupo descubrió pruebas de que los derechos de los empleados en estas fábricas sí eran vulnerados.

El responsable del colectivo pide que liberen a sus empleados: “Instamos al presidente Trump, a la misma Ivanka Trump y a la compañía relacionada con su marca a que aboguen por la liberación de nuestros activistas y presionen con este fin”. Li Qiang añadió que durante los 17 años de actividad China Labor Watch investigó centenares de fábricas en el gigante asiático pero nunca se detuvo a ninguno de sus activistas. A su juicio, las acusaciones contra Hua Haifeng “carecen de base factual”.

Sin embargo, tanto la firma de Ivanka Trump, la Casa Blanca, el abogado de la empresaria Jamie Gorelick, como la Policía de Jiangxi y el Ministerio de Exteriores de China se han negado a realizar declaración alguna al respecto.

“Una cámara oculta reveló un taller clandestino de la marca Cheeky de Juliana Awada. La organización La Alameda publicó un vídeo de un taller ilegal, ubicado en la calle Hubac 5673 en el barrio de Mataderos, que desde hace tres años confecciona prendas de manera exclusiva para la firma Cheeky que dirige la esposa del Presidente”, informaba el 11 de mayo de 2016 Diario Registrado.

En el sitio web de La Alameda podía leerse: “En ese taller son súper explotados 13 costureros de origen boliviano, varios de ellos en situación migratoria irregular o sea sin documentación, en extenuantes jornadas de 7 a 22 hs por la miserable suma de $ 1800”.

Y agregan: “Los costureros están encerrados y para ir a hacer un simple mandado a la calle y traspasar la puerta de hierro, deben dejar siempre sus pertenencias como garantía de que no se escaparán”.

Además del hacinamiento en el trabajo, tampoco disponen de mesas para comer y lo hacen sobre las cuchetas en las que duermen. El vídeo fue filmado por uno de los trabajadores explotados que tuvo que realizar diversas maniobras para no ser descubierto, según informan desde La Alameda.

Cheeky, marca dirigida por Juliana Awada, ya había sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Ciudad- en el período de Jorge Telerman- ante la Defensoría del Pueblo y la Alameda en enero de 2007. Si bien se inspeccionaron varios talleres donde era evidente el estado de servidumbre de los trabajadores, “el ex Juez Federal Guillermo Montenegro, actualmente ministro de Seguridad de Mauricio Macri, sobreseyó a la firma que por la ley de trabajo a domicilio es solidariamente responsable de los talleres donde manda a confeccionar sus prendas”. Además La Alameda filmó y denunció – en septiembre de 2006 y en marzo de 2010- otros talleres de Awada.

La Alameda había denunciado a Cheeky penalmente, ante los tribunales de Comodoro Py, por “reducción a la servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio”.

El programa de primer empleo que el gobierno nacional firmó en mayo de 2016 con la cadena McDonald’s no será renovado por los cuestionamientos judiciales y los escasos resultados. De 5 mil puestos de trabajo prometidos, sólo se crearon 155.

El año pasado un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la cadena de comidas rápidas McDonald’s para la inserción de jóvenes en el mercado laboral, generó una amplia polémica entre la opinión pública, dado que muchos argumentaban que se creaban empleos precarios, con salarios de $4.500 mensuales por jornadas de seis horas de trabajo.

La cartera laboral, que conduce Jorge Triaca, aseguraba que se trataba de un plan de primer empleo que incluía una capacitación para adquirir habilidades útiles para el mercado de trabajo.

La propuesta que firmó Arcos Dorados, que opera la cadena McDonald’s en Argentina, implicaba generar 5.000 puestos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 23 años de todo el país.

El convenio contemplaba el pago por parte del Ministerio de Trabajo de $1.000 por cada empleado contratado bajo esa modalidad.

El programa fue también una suerte de prueba piloto de una serie de programas que se preveían aplicar, a través de la Secretaría de Empleo a cargo de Miguel Ángel Ponte, como un relanzamiento de las pasantías.

Ese acuerdo, que se anunció en mayo del año pasado y que fue la primera iniciativa de la “era Macri” en materia laboral para los jóvenes, comenzó ahora a desmantelarse, ya que no será renovado.

Sucede que el plan obtuvo un modesto resultado: en la actualidad hay apenas 155 jóvenes que trabajan en la empresa bajo ese esquema.

Además la Justicia había otorgado en septiembre pasado un recurso de amparo presentado por tres diputadas nacionales y un dirigente de la CTA. La Cámara del Trabajo entendió que el convenio afectaba “derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad” y sus condiciones eran violatorias del “derecho internacional y la propia Constitución”.

Funcionarios a cargo de la implementación del programa confirmaron a Ámbito Financiero que desde este mes se resolvió la baja. Cerca de Triaca admitieron que el resultado no había sido el esperado, aunque matizaron con la posibilidad de relanzarlo a partir de una revisión de sus debilidades.

Los voceros de la compañía, en tanto, dijeron al matutino suponer que el convenio estaba en vigencia aunque fueron sus propias autoridades las que frenaron las incorporaciones bajo ese paraguas.

El convenio con McDonald’s se inscribió en el programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT), de la cartera laboral, aunque con algunos beneficios extra para la cadena internacional: mientras los EPT prevén prestaciones de no más de cuatro horas, este convenio estiraba hasta seis la jornada de los ingresantes.

Además, en lugar de trabajar de lunes a viernes, como se ideó el plan en un principio, Arcos Dorados podía destinarles a los empleados bajo este régimen labores durante los fines de semana.

Así lo definió esa corriente sindical en un Congreso que se realizó hoy en Mar del Plata. Exigen “la liberación y desprocesamiento” de los dirigentes del gremio y la reapertura de paritarias, entre otros reclamos. Los principales puntos de las acciones serán Buenos Aires y Río Negro.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió en su conclave anual en Mar del Plata la realización de una huelga nacional en demanda de “salarios dignos y la defensa del convenio colectivo” y en rechazo de la paritaria anual del 20% firmada entre el gobierno y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)

Uno de los referentes de de ATE, Hugo Godoy, explicó que la protesta también fue convocada para rechazar “la utilización de los ítems presentismo y productividad como una extorsión sobre los trabajadores y el cese de la precariedad laboral, y en demanda del pase a planta”, agregó.

“El aumento acordado por la UPCN del 20% en tres tramos fue vergonzoso, porque no significó siquiera el 17% anualizado. Además, violó el convenio colectivo al permitir el pago de bonificaciones -presentismo y productividad- como instrumentos extorsivos”, puntualizó el dirigente sindical.

Julio Fuentes, secretario adjunto nacional de la ATE, explicó además que el 7 de junio se realizará una jornada nacional de lucha -con epicentro en Río Negro- en demanda de “la inmediata liberación de los dirigentes estatales Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti”, y añadió que el 27 de ese mes -Día del Trabajador del Estado- habrá “una nueva jornada nacional de protesta general”.

Aguiar es secretario general de la ATE Río Negro y de la CTA Autónoma local y, su par Capretti, es el adjunto del gremio estatal en la provincia.

“Las marchas para exigir la libertad de Aguiar y Capretti, detenidos la semana anterior luego de encabezar una movilización en rechazo del plan de ajuste y endeudamiento aprobado por la Legislatura rionegrina, se realizarán hacia la Casa de Gobierno de Rí­o Negro y frente a la Casa de esa provincia en Buenos Aires”, coincidieron en señalar esta tarde a esta agencia Godoy y Fuentes.

Además, los congresales nacionales determinaron otra jornada de protesta para el 27 de junio próximo, respaldada por la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE), de la que Fuentes es secretario general, luego de ser reelecto en febrero último en el Congreso de Cartagena de Indias, Colombia.

El Congreso también decidió acompañar el 3 de junio próximo “la marcha impulsada por el colectivo ‘Ni una Menos’ y las trabajadoras de la ATE contra la violencia de género”, y declaró “el alerta máxima ante el intento de destrucción que sufre el gremio, cuya última expresión fueron los casos Aguiar-Capretti”.

Así lo demostró un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, detallando la cantidad de vehículos patentados de producción local, los cuales pasaron de representar el 46,3% en 2015 al 33,7% en el primer trimestre de 2017.

La industria automotriz continúa en picada y no reactiva por la apertura de importaciones, mientras el gobierno sostiene que se registra un crecimiento de la economía en todos los planos.

En el informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) se  detalla que "en 2016 se produjo un cambio a favor de los importados", producto de los vehículos provenientes del exterior que se incrementó el 7,7% interanual.

Por ello los autos importados ascendieron a 56,9% del total, sobre los nacionales el 43,1% del mercado.

En ese sentido el informe plantea que “esta tendencia se profundizó en el primer trimestre de 2017", período en el que el total de patentamientos se ubicó en 283.567, incrementando un 32% respecto del mismo período de 2016. N

o obstante los vehículos importados se ubicaron en el 66,7% del mercado, contra el 33,7% de los nacionales, una baja de 9,4 puntos porcentuales.

Si se toma en cuenta cuales fueron los veinte primeros modelos más vendidos, 163.504 unidades, los nacionales ocuparon el 39% contra 61% de los  importados, lo que significa en este segmento una pérdida de 14,2 puntos porcentuales a favor de los importados

A través de varios tuits, la ex presidenta de la Nación denunció una reunión entre el juez Claudio Bonadio, y el presidente de la CSJ, Ricardo Lorenzetti, para avanzar en la ofensiva judicial contra su persona. También criticó al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun. Mirá los tuits.

Cristina Fernández de Kirchner, utilizó su cuenta oficial de twitter para denunciar que el Gobierno “no quieren ni jueces ni fiscales independientes, sino sicarios para eliminar opositores". Además recordó que el fiscal Alberto Nisman había acusado a Bonadio "de querer matarlo" y que también lo denunció por "encubrir a Fino Palacios y retener una investigación".

Vale destacar, que Ayer Bonadio fue designado por el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, al frente de la investigación iniciada por el Fiscal Alberto Nisman y que rápidamente se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justica (CSJ), en lo que se deduce como una nueva avanzada judicial contra la ex mandataria.

Los trabajadores de la Agencia estatal de noticias realizan hoy esas medidas de fuerza como inicio de un plan de lucha. Se oponen al proyecto de los directivos de eliminar el departamento publicitario, lo que ocasionaría cientos de despidos.

Los empleados de Télam realizaron un cese de actividades y una olla popular para oponerse a la decisión de la agencia noticiosa de eliminar de la función publicitaria y en rechazo del acuerdo salarial alcanzado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Para los trabajadores de la agencia la decisión de cerrar el departamento de publicitario “amenaza la continuidad de centenares de puestos de trabajo”.

Por ello la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) convocó a un paro de actividades entre las 12 y las 16, con una olla popular en la puerta del edificio ubicado en Bolívar 531, en el porteño barrio de San Telmo.

La principal demanda es la continuidad de la función de control de la pauta oficial que Télam realiza desde hace décadas y que ahora el gobierno trasladó a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación.

Según denuncia el SiPreBa, son más de 160 trabajadores de la agencia se quedaron sin tareas concretas y no fueron reasignados a ninguna otra función.

A la vez rechazaran la aplicación del aumento salarial del 20 por ciento acordado por el gobierno con UPCN y reclaman una negociación directa con la representación gremial de la agencia.

Descontento con las cifras referidas al aglomerado Córdoba, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, solicitó al Indec una "revisión metodológica". El organismo respondió: “No se observa que exista ninguna objeción metodológica sólida respecto de los resultados obtenidos". Según el instituto, ese centro urbano tiene un 40,3% de pobreza, uno de los peores indicadores del país.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti (PJ) también se había quejado de los resultados del Indec: “Todas las voces dicen que los datos del INDEC son inconsistentes, por una serie de motivos técnicos”.

Según los datos oficiales, el aglomerado Gran Córdoba tiene un 40,3% de pobreza y 10,8% de indigencia. Se trata de los valores más altos del país, sólo por debajo de Concordia (Entre Ríos), San Juan y Santiago del Estero.

De acuerdo al Indec, la pobreza alcanza al 30,3% del país, y la indigencia, al 6,1%. Aumentó desde que Mauricio Macri llegó a Casa Rosada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Gallegos (Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego) son los aglomerados con los índices más bajos.

Mientras avanza la ofensiva judicial contra la ex mandataria, el presidente de la Corte Suprema se reunió con el polémico juez federal. Ocurrió horas después de que se conociera que Claudio Bonadio recibió la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra Cristina por "encubrimiento de AMIA".

El encuentro entre Ricardo Lorenzetti y Bonadio, informado por el portal El Destape, agrega suspicacias sobre la actuación de un sector judicial sobre CFK. La ex presidenta volvió a insistir con que es "víctima de una persecución inédita". La denuncia de Nisman fue desacreditada por jueces, fiscales y especialistas en Derecho. Sin embargo, ahora la causa será analizada por el polémico juez federal.

En las redes sociales, CFK se refirió además a otro hecho que tiene que ver con su situación procesal. Cuestionó el encuentro que Jorge Lanata, periodista del Grupo Clarín, reconoció tener con el presidente Mauricio Macri en el que le pidió la detención de Cristina. "Es un hecho de inédita e inusitada gravedad para la salud de la democracia argentina", agregó.

Ayer, el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, le recordó esa reunión al jefe de Gabinete, Marcos Peña. "¿De qué se trató ese encuentro? ¿Fue un apriete del Grupo Clarín? ¿El presidente informó de esa reunión o denuncia ante la Justicia si fue un aprieta?", interrogó Tailhade.

La oposición disparó duro contra el Jefe de Gabinete luego de su visita a Diputados. "Me extrañó que un hombre tan entrenado por el coaching mediático se haya puesto tan agresivo" dijo Kicilof. "Se ve que las encuestas lo tienen nervioso", agregó. "Pintó una Argentina que no existe", disparó Felipe Solá. Mirá los testimonios.

La visita de Marcos Peña a la Cámara de Diputados dejó una andanada de críticas de la oposición. Desde todos los bloques señalaron la agresividad y "el relato" del Jefe de Gabinete que contestó con evasivas y ataques los cuestionamientos de los legisladores.

"Me extraña que Marcos Peña, un hombre tan entrenado por el coaching mediático, se haya puesto tan nervioso", dijo Axel Kicillof sobre lo sucedido en el recinto. "Se ve que el tema electoral o las encuestas lo tienen un poco nervioso", añadió. Además el ex ministro de Economía aseguró: "A nosotros no nos contestó casi nada".

"Pintó una Argentina que no existe", explicó a su turno Felipe Solá. "Además nos dijo que las metas se van a cumplir, pero acá no sabemos cuáles son las metas".

"Nos vamos defraudados", sentenció Néstor Pitrola. "Habló 35 minutos y encubrió todos los problemas de la Argentina", dijo el legislador del FIT.

Por su parte Héctor Recalde se quejó porque Peña no contestó preguntas y le recriminó el fraude electoral y las mentiras de campañas.

El Indec confirmó que las edificaciones crecieron 10% apalancadas por la Obra Pública. La producción fabril cayó 2,3% en abril, llegando a 15 meses consecutivos de baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), confirmó que la producción de las fábricas nacionales cayó 2,3% interanual en el mes de abril. De esta manera, acumula quince meses de caída consecutiva. El Estimador Mensual Industrial (EMI) registró su última alza en enero de 2016, con un 1,2%. En marzo pasado el indicador mostró una caída de 0,4%.

Por otra parte, y afectada por la obra pública, la actividad de la construcción mejoró en abril un 10,5% ante el mismo mes del 2016, y acumuló de esta manera su segunda alza consecutiva, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el sector cerró el primer cuatrimestre con un ascenso del 3,8% en comparación con igual período de un año antes.

Los datos del consumo de los insumos para la construcción reflejaron, con relación a igual mes del año anterior, subas del 80,6% en asfalto, un 33% en hierro redondo para hormigón, un 11,6% en cemento, un 8,4% en ladrillos huecos, 5,3% en resto de insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura) y 0,6% en placas de yeso.

En tanto, se registraron bajas del 9,2% en pisos y revestimientos cerámicos, un 4,1% en artículos sanitarios de cerámica y un 1% en pinturas para construcción.