La propuesta anunciada por ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de modificar la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados despertó el rechazo de varios sectores de la política y el ámbito penal. Referentes de diferentes signos políticos salieron al cruce del cuestionado cambio.

Tras el anuncio por parte el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, de la intención del Presidente Mauricio Macri de bajar de dieseis a catorce años la edad de imputabilidad por delitos, diversos referentes se manifestaron en contra de la polémica medida.

Los que hasta el momento alzaron sus voces contra el proyecto de encarcelar a preadolescentes de 14 años fueron figuras como Andrés Larroque, del Frente Para la Victoria (FPV); Margarita Stolbizer del GEN; el dirigente del Frente Renovador Daniel Arroyo y el ex diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño.

Uno de los primeros en oponerse al proyecto anunciado por  Garavano fue el referente nacional de La Cámpora y diputado nacional,Larroque, quien manifestó vía twitter que  “La respuesta a problemas de seguridad no pasa x bajar la edad de imputabilidad de niños/as y adolescentes", y luego detalló que “el problema no son los menores; los delitos cometidos por menores de edad son un 5%".

Las declaraciones de Larroque sobre el tema están justificadas y van en la misma dirección a lo afirmado por  Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal, quien manifestó: “Está demostrado a través del tiempo que estas medidas no rinden los frutos ni los resultados que espera la sociedad. No contribuyen en absoluto a pacificar. Muy por el contrario, viendo experiencias de otros países, la baja de imputabilidad a edades aun menores no contribuyó nunca a la paz social”.

Para Stolbizer la idea de avanzar en una medida que apunte a “que un pibe de 14 años vaya preso” es “populista y demagógica” y luego aseguró:“Hubiera sido bueno que el presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos” sostuvo la dirigente a través de su cuenta de Twitter, tras lo cual se preguntó: “¿y si prueban con educación igualitaria y de calidad, en lugar de seguir con las cárceles, que son la academia del delito?”.

Por su parte, Arroyo aseguró que es “un error abordar el problema de los jóvenes y el delito desde la baja de la imputabilidad” porque a su entender primero habría que destinar recursos “para mejorar los institutos de menores y crear centros de atención de las adicciones”.

Para el referente  del Frente Renovador es correcto “que el Gobierno convoque a especialistas para analizar el tema” pero advierte que eso debe suceder “desde una mirada integral y no solo desde un cambio de las leyes” y afirma que en aquellos países donde se aplicó la medida “no dio resultados”.

Al calor de la polémica baja en la imputabilidad de los menores, el ex legislador del FIT, sentenció: “Mientras despide y recorta en educación, el Gobierno pretende bajar la edad de imputabilidad para profundizar su política de criminalización y cárcel para la juventud”, dijo del Caño, quien consideró como “clarísimo que el Gobierno pacta con las cúpulas policiales que comandan el gran delito”.

Así lo revelaron datos arrojados por la propia Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y publicados por el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC). LUna radiografía energética del proceso de desindustrialización y pauperización del mercado interno.

La demanda eléctrica para los sectores industrial y de grandes comercios registró, según últimos datos publicados por CAMMESA y elaborados por OETEC, su peor registro desde 2013.

En base a datos de CAMMESA, el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), encontró que la demanda de energía eléctrica para los sectores industrial y de grandes comercios en 2016 (enero-noviembre) fue el más bajo de los últimos tres años. Asimismo, la caída interanual para el período mencionado en relación al año pasado fue del 4,65%.

Al respecto, Federico Bernal, director general del OETEC manifestó: "No nos sorprende el último dato publicado por CAMMESA en 2016. Es la radiografía energética del proceso de desindustrialización y pauperización del mercado interno implementada por el macrismo desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha".

"Debemos recordar cuando Cambiemos -precisa Bernal- afirmaba desde su rol opositor que la industria y el comercio se veían afectados por la supuesta crisis energética, lo cual las llevaba a disminuir su producción por falta de electricidad. Lo cierto es que, no sólo que jamás faltó energía eléctrica, sino que la demanda aumentó desde 2013 de forma sostenida (año en el que CAMMESA comenzó a medir discriminadamente por tipo de usuario): entre 2013 y 2014 la variación fue positiva en 0,39%; mientras que entre 2014 y 2015 fue aún mejor, 0,91%. Si hubiera faltado electricidad, dichos aumentos habrían sido imposible".

El diputado nacional y principal referente del Partido Solidario denunció en una entrevista radial que los miembros del oficialismo con altos cargos de Estado se encuentran trabajando para beneficiarse económicamente. Cuestionó a los grandes medios de comunicación y advirtió acerca del desgaste de algunos ministros del la alianza gobernante.

“Está claro que para Nicolás Dujovne, más allá de sus esfuerzos dialécticos, el objetivo es profundizar el ajuste. En todas las declaraciones que hizo habló recurrentemente de bajar el costo laboral, y bajar el costo laboral desde su perspectiva es flexibilidad laboral”, sostuvo el diputado nacional Carlos Heller.

“Dujovne también dice ´son muy altos los impuestos al trabajo´, y me hace acordar a (Domingo) Cavallo cuando redujo los aportes patronales, porque es una manera de bajar el costo laboral, desde luego a costa de desfinanciar el sistema previsional, lo que luego terminó siendo la justificación para privatizarlo. Hay que prestarle mucha atención a este tema, yo creo que es un tema clave en esta etapa”, para luego asegurar que “Dujovne no deja de decir que su objetivo es la reducción del déficit fiscal. Eso supone un ajuste aún mayor al que se aprobó en el Presupuesto”, advirtió Heller.

“Los apologistas del ajuste brutal son como los Jinetes del Apocalipsis, vienen cabalgando siempre y no paran. Tienen espacios en los medios e insisten”, graficó el Presidente del Partido Solidario.

Heller también se refirió al tratamiento sesgado que se le dio a la noticia de la recaudación y al decreto que establece mayores descuentos en las retenciones a la soja: “Incluyendo los ingresos del blanqueo, la recaudación creció un 34,6%, con una inflación que nadie ubica en menos del 40%. Por lo tanto, ni el blanqueo, que es una medida excepcional y que este año no van a tener, puede resolver el problema. El problema es la menor actividad económica y las medidas que el gobierno toma de baja de impuestos a los sectores que efectivamente quiere privilegiar”, dijo el diputado, y sumó: “al respecto, es llamativo que el gobierno firme antes de fin de año un decreto que comenzará a tener efecto el 1 de enero de 2018, me refiero al decreto 1343/2016 firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña, Alfonso Prat-Gay y Ricardo Buryaile, que establece una reducción mensual del 0,5% en las alícuotas de la soja, que llegarían al 24% en diciembre de 2018, y al 18% en diciembre de 2019”.

El legislador señaló además un detalle que tuvo casi nulo desarrollo en los medios masivos: “Nadie dice que estos datos que dan están referidos al poroto de soja, que es nada más que el 21% de los ingresos de exportación. El 55% es harina de soja y el resto, el 24%, es aceite de soja. Estos dos rubros ya están en el 27% ahora, no en el 30% como el poroto. Por lo que van a bajar al 21% en diciembre de 2018 y al 15% en diciembre de 2019. Es decir que desde el punto de vista fiscal, según nuestra estimación, este decreto que va a entrar en vigencia el año que viene implica entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones al año de beneficio al sector sojero. Habría que preguntarse cómo encaja eso en el marco del objetivo de reducción del déficit fiscal”, concluyó.

Ante la pregunta sobre si el gobierno cree que las medidas económicas que implementa van a traer buenas noticias para los indicadores de la economía, Heller respondió citando una nota que publica hoy Clarín, firmada por Paul Krugman, Premio Nobel de Economía: “Krugman sostiene que el gobierno de Estados Unidos ha sido tomado por un grupo de empresarios que busca acrecentar sus ganancias y que lo hacen desde el poder, dejando de lado a los políticos que tienen otro tipo de compromisos. Estoy convencido de que en Argentina está pasando exactamente eso mismo”.

En esa misma línea, el legislador sostuvo que los funcionarios de alto rango del gabinete no temen que sus figuras se desgasten: “Ni Mario Quintana ni Gustavo Lopetegui tienen proyecto político. Lo que quieren es fortalecer sus esquemas de negocios y los de los grupos económicos a los que están vinculados, cosa que están haciendo desde el primer día, desde la compra de dólar futuro hasta la firma del Memorándum con Qatar, que es una vergüenza”, remató.

Consultado sobre la no renovación del reintegro del 5% del IVA sobre las compras realizadas con tarjetas de débito, Heller opinó que es una medida que “afecta directamente a los trabajadores registrados, que fueron incorporando el uso de la tarjeta de débito sobre la base del beneficio de la devolución del 5% del IVA” y sostuvo que la decisión de Dujovne “de hecho significa que el costo real de lo que compraban con tarjeta de débito los trabajadores, que en general son los productos de consumo permanente -alimentos, artículos de limpieza, etcétera-, a partir del 1 de enero les cuestan más”.

“La otra cuestión que hay que tener en cuenta –agregó el legislador- es que es una pésima medida desde el punto de vista fiscal: van a perder plata. Al desincentivar el interés del uso del pago con tarjeta de débito van a aparecer otra vez, sobre todo en los comercios minoristas y en los boliches de barrio, los descuentos por pago en efectivo, lo que significa que esos comerciantes dejarán de tributar. El descuento en efectivo no es un acto graciable, sino que es la preparación del camino para la no tributación. Por eso digo que en el balance final el Estado va a perder plata. Es una mala medida desde todo punto de vista”, subrayó.

Se trata del famoso familiar del Presidente de la Nación, Ángelo Calcaterra, quien fue denunciado ante la justicia por entregar coimas a la constructora brasileña en nuestro país.

La presentación fue realizada hoy ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, donde se encaró una recolección de datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país.

Las obras en cuestión son una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Con anterioridad se conoció en Estados Unidos un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon. Según un documento aportado por el Departamento de Justicia estadounidense, donde se lleva adelante el juicio por los casos de presunta corrupción en Brasil, Odebrecht pagó sobornos por más de u$s 35 millones en Argentina entre 2007 y 2014.

El fiscal Rodríguez busca desde aquí las pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de exfuncionarios.

La reciente denuncia no solo alcanza al primo del Presidente. También incluye a Juan José Aranguren y otros funcionarios anónimos del Ministro de Energía y Minería, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros personales con enviados de la firma brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.

El abogado denunciante, Daniel Igolnikov, pide seguir la doctrina del "recorrido del delito", y que supone un antes y después del ilícito, con una sucesión de aconteceres, donde los que participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el pago de coimas a los argentinos.

"Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, expresó el letrado.

"Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como en el caso de Milagro Sala", comparó Igolnikov.

En febrero la Cámara Federal tendrá que resolver si ordena investigar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el presunto precio artificial del dólar que se fijó por la emisión de deuda externa y Lebacs, lo que habría resultado perjudicial para la economía.

La denuncia había sido presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria por la elevada emisión de LEBAC en detrimento de las arcas del estado, contra el Presidente de la Nación y su equipo y fue impulsada en su momento por la fiscal Paloma Ochoa.

La fiscal Ochoa pidió el 7 de diciembre investigar el caso pero 10 días después el juez Rafecas desestimó el planteo.

El magistrado había considerado que la cuestión estaba relacionada con la política económica del actual gobierno, específicamente, con la estrategia del gobierno de sostenimiento de la cotización del peso frente al dólar mediante la emisión de LEBACS por parte del Banco Central, así como también mediante el endeudamiento externo.

Según Rafecas el caso no era susceptible de investigación porque la decisión sobre las Lebacs y la emisión de deuda es una facultad del Gobierno y se trata de "cuestiones políticas no judiciables".

En consecuencia Ochoa respondió argumentando que en este caso lo que se debe investigar es "una presunta política monetaria abusiva decidida por funcionarios públicos, que extralimitándose en sus funciones, manipularon el valor real –fijado por el mercado– con el objeto de perjudicar las arcas del estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos".

Además remarcó que  "habrá de ser juzgada necesariamente a la luz de los lineamientos" que dispuso la Cámara en la causa del dólar futuro.

El presidente de la Cámara de Diputados expresó la necesidad de que Cambiemos "conduzca el espacio desde lo político", ya que luego del triunfo electoral de 2015, "está vacío". 

"Nosotros tenemos que volver a lograr que Cambiemos conduzca el espacio desde lo político. Hoy el espacio desde lo político está vacío desde hace un año, desde el triunfo electoral", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en una entrevista publicada hoy en el diario Clarín.

Monzó, quien en noviembre pasado se había referido a Cambiemos como simplemente “un esquema electoral” que estaba lejos de “transformarse en un cuerpo sólido como partido político”, reavivó la polémica y evidenció la interna dentro del espacio encabezado por Mauricio Macri.

Además, propuso sumar a Cambiemos a "dirigentes impresionantes" del peronismo, como Omar Perotti, Florencio Randazzo, Julián Domínguez, Diego Bossio, Gabriel Katopodis y Juan Manuel Urtubey. Además aseguró: “Con Lilita Carrió nos tenemos que reunir en alguna mesa, y conducir políticamente apoyando al Presidente de la Nación, apoyando a los gobernadores, pero la conducción política no la podemos delegar".

El funcionario advirtió para concluir, que, si Cambiemos no gana las elecciones legislativas de este año, habrá "dificultades en la negociación de las leyes". "Me parece que el triunfo en la provincia de Buenos Aires es un triunfo que lo tenemos que garantizar por el bien de todos", destacó.

El flamante ministro de Finanzas, es socio y principal acreedor de la firma Sacha Rupaska, dedicada a la compra de terrenos en esa provincia del Noroeste y denunciada por intentos de desalojo violento a más de un centenar de familias que vivían en esos predios adquiridos.

De acuerdo con la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el ex secretario de Finanzas tiene participación en 16 sociedades, entre las que se encuentra Sacha Rupaska SA, que el 12 de octubre de 2007, adquirió entre otros, el lote conocido como Piruaj Bajo, y reconfiguró desde entonces el destino de las 80 familias de campesinos que habitan esa zona desde hace más de un siglo. Cuando se llevó a cabo la compra de 17.800 hectáreas, les prometieron de palabra ceder cerca de 7 mil hectáreas a las 800 personas que habitaban allí, pero no cumplieron y buscan desde entonces desalojarlas.

El noroeste santiagueño continúa en peligro de desmonte y de desalojo de comunidades campesinas. Son grandes emprendimientos agrícolas los que en las últimas décadas vienen avanzando a modo de pinzas, tanto desde el límite con Salta como desde el sureste de Santiago. La adquisición de campos para la producción de soja fue desplazando las tierras para el cultivo de algodón, y con ellas las viviendas de los trabajadores que se desempeñan allí.

Según informó este  miércoles el diario Página12, en 2007 los empresarios Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra compraron tres lotes por un total de 17.800 hectáreas en el noroeste de Santiago del Estero bajo la firma Sacha Rupaska. Uno de los lotes, el Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con la zona en la que se asientan aproximadamente 80 familias, fue vendida al empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). De acuerdo con el escrito oportunamente presentado, la división de los terrenos fue parte de una estrategia de los empresarios para que el reclamo de la comunidad se focalice solo sobre estas 3000 hectáreas y no sobre el total, del que las familias vienen haciendo uso por generaciones, ni de las 6000 ó 7000 hectáreas que les habían prometido de palabra.

Según la declaración jurada que presentó el flamante ministro de Finanzas un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7200 pesos, aunque en el listado de “créditos en el país” Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos. El dato confirma que la participación accionaria del funcionario en esa empresa fue variando y era mucho mayor cuando se concretó la compra de terrenos que los campesinos denunciaron ante la Justicia y que ahora buscan anular. Su participación accionaria en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, consorte del entonces ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives, integrante del gabinete del entonces gobernador Gerardo Zamora.

Al año siguiente de la operación (2008), las familias denunciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respuesta, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal acusándolos por entorpecer la posesión de la propiedad vendida. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tener una resolución. Tras una pueblada en 2010 se logró frenar los trabajos.

Dos años después, cuando el clima social ya se había calmado los empresarios de Sacha Rupaska regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj en esos territorios. En agosto de 2015 se comenzaron a organizar nuevamente y entre las diversas actividades que realizaron los curas jesuitas en conjunto con las comunidades, se pueden enumerar reuniones con los pobladores más afectados, talleres con el Comité de Emergencia de Tierras de la provincia y encuentros con el fiscal general Gustavo Gómez. Hasta el momento hubo sólo dos reuniones. El primer encuentro se realizó el 28 y 29 de noviembre de 2015 y el segundo taller fue el fin de semana del 9 y 10 de abril último, donde se analizaron las diferentes estrategias para continuar avanzando con el reclamo a nivel judicial.

Mauricio Macri tiene listo el decreto con el que anunciará de forma oficial que el Poder Ejecutivo Nacional le transferirá 25 mil millones de pesos al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La Casa Rosada se ampara en el congelamiento del Fondo del Conurbano, que se creó en 1992 y se congeló en 1995 por las peleas entre Menem y Duhalde.

Recién comenzado el año electoral la medida despierta sospechas pero la Casa Rosada tiene listo el argumento: los fondos saldrán del Tesoro Nacional y buscan compensar el congelamiento del Fondo del Conurbano.

Ese tema, sin embargo, es central para la administración de María Eugenia Vidal, quien horas después de asumir en territorio bonaerense fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que el fondo de ayuda fuera restituido.

El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 a modo de compensación por los 7 puntos de coparticipación que Buenos Aires había cedido en 1988. Quedó compuesto por el 10% de lo recaudado por Ganancias, pero en 1995, mientras Carlos Menem (Presidente entonces) y Eduardo Duhalde (gobernador de Buenos Aires) comenzaban su tensa y peligrosa separación política, se estableció por ley el tope de $ 650 millones y nunca se actualizó.

El reclamo de Vidal ante el máximo tribunal incluyó cinco años hacia atrás, por una cifra total estimada en $300 mil millones, unos $50 mil millones por año.

El Ministerio de Transporte promueve un nuevo cuatro tarifario con excesivos incrementos, que superan el 100%. El esquema se discutirá en audiencia pública el 3 de febrero próximo. Se estipula que el gasto mensual, de un vehículo podría llegar a los 12.500 pesos.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Nación propuso un nuevo cuadro tarifario con fuertes aumentos que pueden superar el 100%  para los peajes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. El esquema deberá ser discutido en una audiencia pública el 3 de febrero.

La cartera que conduce Guillermo Dietrich, mediante Vialidad Nacional, busca implementar un nuevo esquema de tarifas para los peajes de los Accesos Norte (Panamericana) y Oeste, dos de los principales ingresos a Buenos Aires. Además, plantea sumar una hora pico a la mañana (mano al centro), que pasaría de 7 a 10 a 7 a 11; y otra a la tarde (mano a provincia), que sería de 16 a 20, en lugar que de 17 a 20 como lo es hoy.

El Gobierno propuso también otros tres segmentos de horarios: "promocional" (de menor valor, horario nocturno entre las 22 y 5 am del día siguiente); "congestión" (va de 7 a 9 en dirección a la Ciudad y de 19 a 20 para la vuelta); y, por último, “valle” (el resto del horario).

Con respecto a los aumentos, según precisa el esquema publicado hoy por el Gobierno, un automóvil pasará de pagar 25 a 55 pesos en el horario “congestión” y de 20 a 25 pesos en el “promocional”. Las otras dos tarifas intermedias serán de 35 y 45 pesos.

En el caso de las motos, que hoy abonan $5, los incrementos serán de hasta un 400%, y pasarán a pagar en un rango de 10 a 25 pesos. Los conductores podrán ahorrar entre 30 y 40% si incorporan el sistema de apertura automática de barrera, denominado TelePASE.

Sobre las razones de estos incrementos, Vialidad Nacional aseguró que "permitirán asimilar el aumento que hubo durante el 2016 en los costos de administración y mantenimiento de las autopistas” y lograr un plan de 1.425 kilómetros de obras, con $5.671 millones de inversión y la creación de 5.400 puestos de trabajo, según precisa la resolución.

De esta manera, viajar en auto del conurbano para  trabajar en la Ciudad todos los días puede aumentar hasta 41%. El gasto mensual, llegaría a los 12.500 pesos.

El presupuesto para viajar en auto de casa al trabajo y del trabajo a casa rozará el valor de la Canasta Básica Total que usa el Indec para estimar el ingreso mínimo necesario para no caer en la pobreza ($ 13.126,2). Y será 55% superior al Salario Mínimo Vital y Móvil, que este mes llegar a $ 8060.

Sumado todoe esto, que la nafta aumentará un 8% promedio en los próximos días; así que llenar un tanque pequeño, con nafta premium costará 1146,2 pesos. Si el automovilista gasta un tanque semanal para ir de casa al trabajo y volver (algo habitual para quien vive a 40 o 50 kilómetros de la Capital y viene a la Ciudad de lunes a viernes), deberá desembolsar, nada más y nada menos, que 5731 pesos mensuales.

En una entrevista radial, el Gobernador de Chubut criticó fuertemente al Presidente de la nación, vinculó el aporte con al año electoral y cuestionó el salario de la mandataría bonaerense. "Va a haber un descalabro", aseguró.

Mario Das Neves, al dialogar hoy con Radio 10, habló del sueldo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal  y aseguró que “no sabemos cuánto cobra, se está tapando información”.

Das Neves además reveló: "Uno empieza a ver cosas que tienen que ver con las futuras elecciones". Y le pegó duro al ministro de Producción, Francisco Cabrera. "Avísenle si lo ven que atienda el teléfono. Si lo encuentran en Punta del Este, mándenlo". El funcionario vacaciona en Uruguay, fue fotografiado y es apuntado para ser el próximo ministro a ser despedido.

En el inicio del año electoral Macri destinará a María Eugenia Vidal 25 mil millones de pesos extra a modo de compensación por el tope del Fondo del Conurbano, congelado hace casi dos décadas en 650 millones de pesos.

En ese sentido el Gobernador patagónico aseguró: advirtió que “se empiezan a ver medidas que tienen que ver con las futuras elecciones y entonces va a haber un descalabro y va a haber injusticias”.

"La gobernadora venía reclamando, con presentaciones ante la Corte Suprema y proyectos legislativos, por los recursos que Buenos Aires dejaba de percibir a partir del límite de $ 650 millones, fijado por ley en 1995", afirma el matutino. Con esta jugada, el Gobierno intenta apurar los tiempos con una clara necesidad electoral de Cambiemos en la Provincia, donde todas las encuestas lo dan primero al Frente Para la Victoria (FPV).

Escucha la entrevista completa acá: