Se trata de la última fábrica con 32 años en el mercado y con 80 empleados que fabrica el insumo. Denuncian la falta de respuesta del Estado y negociados con importadores en detrimento de la producción nacional.

La última fábrica nacional de jeringas, Productos Médico Descartables, está a punto de desaparecer como consecuencia de las políticas de importación que impulsa el gobierno nacional.

La crítica situación que atraviesa la empresa Productos Médicos Descartables se dio a conocer en diferentes programas televisivos, donde el titular de la firma, Enrique Lisjak, apuntó contra el director de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), organismo que regula y provee a los centros médicos con este tipo de insumos, Carlos Alberto Chiale.

El empresario aseguró que durante una reunión, el titular del organismo que depende del Ministerio de Salud le exigió que cierre su fábrica y despida a sus empleados, para convertirse en una empresa importadora de productos chinos, los cuales no cumplen con las reglamentaciones internacionales.

Por otra parte, el empresario dialogó con Víctor Hugo Morales en su programa de AM 750 donde indicó que “la situación es desesperante, la empresa no está en condiciones de operar, esto se debe a que debemos cuenta corriente con los proveedores, luz, salarios a la gente. Seguimos trabajando porque la gente no quiere perder su fuente de trabajo”.

En cuanto a las causas de la situación que atraviesa la empresa, mencionó que “desde hace bastante tiempo venimos pidiendo respuestas a algo que consideramos justo y que técnicamente, los técnicos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y la Dirección de Competencia Desleal corroboraron que estamos así porque la importación de jeringas desde China nos está generando un daño que hace imposible trabajar”.

La empresa que es la última de cinco que llegaron a funcionar en el país, cuenta con 80 empleados para la fabricación de jeringas nacionales con todas las exigencias del Ministerio de Salud. Desde el gobierno nacional los quieren obligar a cerrar y firmar un acuerdo para dedicarse exclusivamente a la importación. En este sentido, recordó que “en el momento que funcionaban las cinco empresas nacionales, había seis importadores. La única que queda hoy es Productos Médicos, la nuestra, contra dieciocho empresas importadoras. Pero estos importadores que se suman lo hacen con productos de China”.

“Lo que más bronca da y la sensación de más desprotección es que vamos a quedar expuestos a que el mundo nos venda lo que quiera. China tomo la decisión comercial de venderle al mundo barato y Argentina es el país que compra las jeringas más baratas en el mundo y esto es por una cuestión de calidad, aparte de la política de comercio exterior que impone China”, sentenció.

En busca de respuestas a la apremiante situación, el empresario comentó que “hablamos con la Secretaría de Comercio Exterior y con la Subsecretaría de Industria y no hay una respuesta positiva, todo es dilatorio. La respuesta de la Secretaría de Comercio es que no toman ninguna determinación hasta que Salud no se expida”

“Nuestra denuncia es comercial, no tiene absolutamente nada que ver con el ministerio de Salud. La Organización Mundial de Comercio no dice en ningún lado que hay que pedirle respuesta a otro organismo”, aclaró.

En este contexto, auguró el empresario que “el comerciante que nos reemplace genera 20 veces menos empleo que nosotros. Esta empresa que llegó a tener 120 empleados y que hoy somos 80, se reemplaza con no más de 6 personas. Y si tomamos los indirectos, la relación de generación de empleo es de 35 a 1”, concluyó el empresario.

De esa manera sentenciaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) las promesas del gobierno, tras un año de gestión de Cambiemos.

En un comunicado publicado por esa entidad, los productores manifestaron: “Luego de un año de anuncios y expresiones del Gobierno sobre la situación grave de la lechería, poco o nada se ha hecho para subsanar la preocupante situación que atraviesa uno de los sectores económicos más dinámicos del país”.

“Los funcionarios que asumieron la responsabilidad de conducir el área diagnosticaron mal, y actuaron peor”, la entidad ruralista explicó que “se explicó una y otra vez que en pocos meses los mercados se irían ‘normalizando’, aplicándose paliativos (subsidios) que resultaron una aspirina para un enfermo gravísimo que, de mínima, necesitaba una sala de terapia intensiva", indicaron en el comunicado los productores

Desde la Carbaplos  recordaron que “los tamberos que aún continúan en pie siguen percibiendo un precio que no alcanza a cubrir los costos. Se agudiza el proceso de destrucción del rodeo lechero nacional, de cierre de tambos y de concentración progresiva de la actividad. Desaparecen tambos, los pueblos aledaños se empobrecen y el país pierde recursos y divisas”.

“Sin política lechera, y solo a expensas de las variables de mercado, será difícil encauzar la senda del desarrollo y el progreso sectorial. Más de un especialista advirtió que, en 5 años ‘normales’, Argentina podría estar produciendo 16.000 millones de litros, y exportando el 40% de ese volumen. De no cambiar el rumbo e implementar una política clara al sector, vemos con tristeza que nos encaminamos hacia una lechería de subsistencia, sólo capaz de abastecer el mercado interno”, alertaron.

Ante esto, cuestionaron la postura de los funcionarios de Cambiemos. “Se dijo que el exceso de stocks de leche en polvo era el problema, y más tarde que el bajo precio internacional no permitía que se mejore el precio al tambero. Consideraron que el problema se iría resolviendo conforme se fuera recuperando el mercado internacional (y el local, por merma de la oferta consecuencia de las inundaciones). No se aplicó entonces ningún plan de contingencia para la grave situación, ni tampoco se implementaron medidas tendientes a corregir las distorsiones evidentes de una cadena láctea que sistemáticamente termina ajustándose por su eslabón más débil, que no puede ni trasladar costos ni acopiar producto”.

Para finalizar, esa entidad reclamó a ,os funcionarios del sector "actuar con celeridad frente a esta grave situación para evitar que sigan desapareciendo tambos y perder una vez más el tren del desarrollo en el que están subidos el resto de los países productores de leche".

Al conmemorarse el decimoquinto aniversario de las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre de 2001 el país se encuentra gestionado por el mejor “equipo de los últimos 50 años” que cuentan en sus antecedentes haber sido los responsables de la decadencia política, social y económica por la que tuvo que atravesar Argentina.

La violencia ejercida por el establishment, los grupos concentrados de poder y el gobierno del ex presidente Fernando de la Rua (1999-2001), asesinó a 38 personas en todo el país en apenas dos días; eso sin contar a los miles que fallecieron gracias a las políticas económicas digitadas desde otras capitales del famoso primer mundo.

La ex miembro de la Alianza y ahora figura central de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió dijo el domingo pasado por TV que “el 20 de diciembre de 2001, los que mataron en Plaza de Mayo, estaban enviados por la Provincia de Buenos Aires. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder”.

Otros ex funcionarios de la Alianza que ahora se pasean con total impunidad por canales de TV, radios y mantienen sus sobvervias oficinas en los diferentes ministerios son personajes como la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich; el entonces ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Y funcionarios como Darío Lopérfido, José de la Sota, Prat Gay y otros que hoy forman parte de ese famoso “mejor equipo de los últimos 50 años”.

Recordemos que los primeros “actos” se originaron con diferentes saqueos a supermecados que comenzaron en el interior del país en las últimas horas del 18 de diciembre de 2001. Así comenzaban las protestas decididas contra una década de infamia neoliberal. Sectores medios urbanos confluyeron con los desposeídos de los ’90 y sus movimientos piqueteros. El 19 y 20 el Congreso y la Plaza de Mayo recordaban escenas el Cordobazo o la lucha del pueblo palestino por su liberación. El pueblo con piedras, la policía (uniformada y de civil) con balas de goma, plomo, gases lacrimógenos (vencidos en buena parte de ellos), caballos, motos, palos, etc, etc,etc.

Llegó la muerte, las detenciones arbitrarias, golpes a las Madres de Plaza de Mayo, heridos, asfixiados, consignas y muy a lo lejos se respiraba que en esa consigna vacía del “que se vayan todos”, había una más superadora, sin nombre aún, pero que transformó al país desde 2003 hasta 2015.

El presidente debió retirarse en helicóptero, pero  volvieron de la mano de Mauricio Macri. El resto es historia conocida, y futuro incierto.

Los ex combatientes argentinos que participaron en el conflicto bélico con Inglaterra por las Islas del Atlántico Sur se movilizarán el martes que viene frente al Congreso, luego que el Presidente de la nación vetara al Art 3 de la ley de jubilación anticipada para los veteranos.

La semana pasada la Casa Rosada promulgó en el Boletín Oficial la ley que habilita a los ex combatientes, con 53 años de edad, a acceder a la “jubilación anticipada” por el servicio militar prestado en el Atlántico Sur. Pero la norma, que fue sancionada por el Congreso el 16 de noviembre, trajo una novedad: fue eliminada la “garantía” de cobro de dos jubilaciones mínimas al momento del retiro, uno de los reclamos considerados fundamentales para los ex conscriptos que no pudieron reinsertarse en el mercado laboral o trabajaron “en negro” tras el conflicto bélico.

El decreto, que incluyó la firma del presidente Mauricio Macri y de todos los ministros del gabinete, “observó”el artículo N°3 de la ley 27.329, que estipulaba que aquellos que pidan la jubilación anticipada “en ningún caso, el haber resultante podrá ser menor que el equivalente a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

“El martes 20 de diciembre a las 17 horas tendremos una nueva batalla legal. Esta vez el pueblo, representado por el Congreso, junto a nosotros los ex-soldados que combatimos en Malvinas, los mismos que en el año 1982 al volver de la guerra fuimos abandonados por el Estado luego que fuéramos a dar lo más sublime que un hombre le puede dar a su patria: la vida”, informó a través de las redes Fabián Luis Volonté, dirigente de la agrupación M28 y miembro de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos (ACOMADEH). Y concluyó: “Los espero en el Congreso de la Nación para torcer la decisión del Presidente que de por sí ya perdió el voto de todos los ex-soldados que fuimos a dar la vida por la patria. Los espero en el último combate del año”.

El legislador Roberto Requião, del Partido del Movimento Democrático Brasileño, presentó un pedido de informes por la dilación en la entrega de documentación de cuentas vinculadas a Macri y sus familiares que operan en Brasil.

Un senador de la oposición al gobierno de Michel Temer presentó un pedido de informes ante el Parlamento para que se inste al Ministerio de Justicia local a explicar por qué retrasa la entrega de información solicitada por un juez argentino sobre la posible existencia de vínculos entre empresas que operan en Brasil y el presidente Mauricio Macri, en el marco de los Panamá Papers.

El requerimiento fue presentado por el legislador Roberto Requião, quien se hizo eco del exhorto enviado al Palacio Planalto por el juez federal Sebastián Casanello, que investiga los vínculos de Macri con empresas off shore. El magistrado había remitido al ministro de Justicia y Ciudadanía, Alexandre de Moraes (ex abogado de Eduardo Cunha, el destituido diputado y arquitecto político del golpe contra Dilma Rousseff) un pedido de datos sobre Fleg Trading, Global Colección y Owners do Brasil Participações. El objetivo es determinar si existe una relación comercial entre ellas y el jefe de Estado argentino. La respuesta había sido un mero “no”, a lo que Casanello envió otro pedido de cooperación con más detalles. Nunca hubo respuesta.

Por su parte, el senador Requião había presentado el 14 de diciembre también un pedido de informes para que se explique en qué empresas brasileras tenía participación Mauricio Macri. Ante el continuo silencio del gobierno de Temer, el legislador elevó una queja ante el Senado Federal, que ahora deberá resolver si insta a De Moraes para que dé una respuesta.

El legislador opositor no solo pidió saber “cuál es el contenido exacto de la solicitud de cooperación internacional” hecho por Casanello sino también sobre los requerimientos que “involucren” a Macri, a su padre Franco, a sus hermanos Mariano y Gianfranco, o a funcionarios del Grupo Macri.

Hace días, los hermanos del titular de la Casa Rosada pidieron al banco alemán UBS Deutschland AG que cierre la cuenta de su sociedad offshore BF Corporation abierta en esa entidad, y que también destruya ” toda la correspondencia” que tuviera en sus manos. Luego de este pedido, los apoderados de esa compañía se negaron a responder sobre operaciones por varios millones de dólares y pidieron que se transfiera los fondos de esa firma a la entidad suiza J Safra Sarasin.

En tanto, el senador Requião también pregunta “cuáles son los pedidos de cooperación internacional provenientes de la Argentina vinculados a los Panamá Papers” y “cuál es la fecha y el contenido de esas solicitudes”. En otro de los puntos del planteo llevado al Parlamento pide que se precise si Macri “figuraba como uno de los socios o accionistas” de Fleg Trading (“creada –según el texto- para instalar el sistema de cobranzas Pago Fácil” en Brasil a través de Global Collection) y Global Colection Owner do Brasil Participações, y si Socma “habría realizado aportes” en ellas.

El organismo internacional reclama subir la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, reducir 20% la fórmula de cálculo de los haberes y cambiar el método de ajuste.

Con el viejo argumento de que el régimen previsional no es sustentable, el Fondo Monetario Internacional (FMI) propone aumentar en forma gradual la edad de jubilación de las mujeres llevándola de la actual opción a los 60 años a los 65 años. La receta del organismo internacional plantea, además, reducir un 20% la fórmula de cálculo de las nuevas jubilaciones y modificar la fórmula de movilidad que ajusta 2 veces por año los haberes.

La propuesta del FMI se conoce en un momento clave ya que la ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de año, fijó un plazo máximo de 3 años para que se implemente una reforma del sistema previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”.

El documento del FMI es de noviembre pasado (Report 16/346) se enmarca en el artículo IV del Convenio de Consulta que elabora el “staff team” del organismo luego de visitar cada país y recabar información del Gobierno y del sector privado.

El largo Informe, que difundió el Instituto de Trabajo y Economía, Fundación G. Abdala y que dio a conocer Ismael Bermudez en Clarín, analiza la situación general de la Argentina y contiene una propuesta de reforma previsional.

El Informe señala que en los últimos años hubo “una expansión del número de beneficiarios” a la que se sumó la inclusión reciente de una pensión universal para adultos mayores no contributiva.

A eso se agrega, dice el texto, el costo de los ajustes del Programa de Reparación Historica, el proceso de envejecimiento poblacional en curso, a la vez que el sistema dejó de recibir el 15% de la coparticipación por un fallo de la Corte Suprema que benefició a varias provincias.

Para “corregir el desbalance previsional”, el Informe propone: Incrementar la edad de jubilación de las mujeres: pasar de la actual opción de jubilarse a los 60 años a 65 años en los próximos 10 años.

No obstante, el Informe dice que el Gobierno les informó que en promedio las mujeres se están jubilando a los 63 años.

Reducir el haber inicial. Esto es bajar la relación entre el haber jubilatorio inicial y el salario (“tasa de reemplazo”), que actualmente sería del 72%, a un 60%.

Ahora, el haber inicial se compone de una Prestación de suma fija más el 1,5% del salario promedio actualizado de los últimos 10 años por cada año de aporte ( de un mínimo de 30 años de aportes hasta 45 años).

Además el FMI plantea reemplazarla por la variación del índice de costo de vida ya que de este modo, según el FMI, los incrementos de los haberes serán menores, como también la determinación del haber inicial, logrando un importante “ahorro previsional.

Otra de las recomendaciones implica transferir programas de ANSES a distintas cartetas, algo que ya está en marcha. Eso significa pasar la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar y Procrear al Ministerio de Desarrollo Social y el Conectar Igualdad a la órbita del Ministerio de Educación y Deporte.

Llamativamente, el pasado 7 de diciembre, a través del decreto 1239/2016, el Gobierno transfirió el programa Conectar Igualdad a la órbita de Educ.Ar Sociedad del Estado, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes, cartera que conduce Esteban Bullrich.

El último ministro de Economía del gobierno de la Alianza, Domingo Cavallo, reiteró hoy que la "crisis financiera" del 2001 se produjo por una combinación de sucesos económicos en los que "no" tuvo "responsabilidad" alguna y, por el contrario, sostuvo que le tendrían que "hacer un monumento" por haberse "jugado" su "prestigio" para que el presidente Fernando de la Rúa "pudiera continuar".

Quien fuera también presidente del Banco Central durante la última dictadura nacional y responsable de la estatización de la deuda privada a principio de la década de 1980, sostuvo que en el 2001 se produjo un "golpe institucional" en el que se perpetró "el mayor robo del siglo" al quitarle el "75 por ciento de los ahorros" para "regalárselos a los deudores en dólares" a quienes los tenían en el sistema financiero.

"Yo luché para que De la Rúa pudiera continuar. Lamentablemente tuvimos este traspié con el Fondo Monetario Internacional que, en el momento crítico, nos quitó el apoyo, ya que si hubiera desembolsado los fondos comprometidos, se hubiera evitado la corrida bancaria de noviembre", explicó Cavallo en diálogo con Radio Nacional.

Por último, con respecto a las responsabilidades políticas en relación a la crisis que derivó en la caída del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, Cavallo dijo que el ex presidente Raúl Alfonsín se equivocó al quitarle el apoyo al gobierno de su partido, cometiendo el "gravísimo error" de poner a como presidente a Eduardo Duhalde, a quién calificó como un "idiota útil" que "no tenía capacidad para razonar todo eso que estaba haciendo".

Subido al caballo del flamante mandatario norteamericano, el jefe del bloque de los senadores del PJ-FPV alentó a convertir al Estado en "un país serio" y a cerrar las fronteras. "Argentina puede ser México, o un país serio", disparó.

Lindante con la xenofobia, la seguridad interior, las migraciones y las amenazas transnacionales que enfrenta el mundo, son una de las preocupaciones que impera actualmente en la agenda de este senador, devenido en librepensador. El jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Pichetto, pidió ayer que las Fuerzas Armadas tengan "un rol más importante, en función del control de fronteras" para combatir "delitos complejos", como el narcotráfico, y advirtió al respecto que "Argentina puede ser México, o un país serio".

De esta manera se mete de lleno en la discusión sobre con qué elementos combatir el problema narco y, sobre todo, si las Fuerzas Armadas deberían interferir o no en asuntos de seguridad interior controlado desde el Ejecutivo.

"Me parece que las FF.AA. podrían tener un rol más importante (del que ahora tienen) en función del control de fronteras, para que no sean tan permeables. Sería muy importante un control ligado a los delitos complejos: narcotráfico y trata de personas", enfatizó. Además, pidió dejar atrás la visión "de los '70 u '80" y dijo sustentar una postura "de cara al futuro".

En tanto, consideró que "Argentina tiene que tener un espejo donde mirarse, y no puede ser México", por lo que llamó a "discutir el rol" de las Fuerzas Armadas. "Argentina puede ser México o un país serio. México fue un gran país, pero hoy están pasando cosas dramáticas. Argentina tiene que tener un espejo donde mirarse y no puede ser México", manifestó en declaraciones a TN.

Además, llamó a la "creación de una policía migratoria con fuerte tecnología que permita saber quién es quién", e insistió con su polémica posición, que le acarreó problemas en el interior del peronismo: "Debemos fortalecer el concepto de la inmigración delictiva que entra a la Argentina".

"Un inmigrante con antecedentes no debería entrar al país. En ningún país serio puede entrar, ni en Bolivia, ni en Chile, ni en Uruguay", ejemplificó.

Becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docentes y estudiantes decidieron ocupan el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por los "recortes presupuestarios" que impiden el ingreso de 500 postulantes ya seleccionados y evaluados.

Los manifestantes, entre los que había representantes de Fuba, Conadu, Conadu histórica, AGD y ATE-Conicet, aseguraron que tras hablar con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y "no obtener respuesta" decidieron pasar la noche dentro del edificio.

La protesta es por el "recorte del 60% en los ingresos del Conicet" que impiden el ingreso de los 500 postulantes a investigadores que ya fueron seleccionados y evaluados por el organismo. Dada la reducción presupuestaria se anunció que sólo ingresarán 385 para el 2017 de los 900 que estaba previsto en el plan estratégico Argentina 2020.

Victoria García, doctora en Letras y referente de la Corriente Nacional de docentes e investigadores 12 de Mayo afirmó que la ocupación "continúa porque hay bronca en la comunidad científica ante el recorte . Somos cientos que por esta situación nos vemos expulsados del sistema científico".

“Yo fui una de las postulantes que el Conicet admitió para ingresar a la carrera científica, pero que ante el recorte presupuestario veo cercenada la posibilidad de continuar mi carrera. Así como yo hay cientos de científicos formados en la universidad pública que ahora se verán forzados a emigrar”, advirtió.

La becaria doctoral del Conicet y representante de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), Lucila D'Urso, dijo a Télam que "este recorte presupuestario implica la obstrucción y el corte de líneas de investigación muy importantes que se venían llevando a cabo. Es un golpe muy duro a la investigación pública".

"Hay riesgo de fuga de cerebros porque si el Conicet no nos da una inserción laboral no hay otros ámbitos de trabajo", afirmó D'Urso y agregó: "Venimos de una situación laboral muy precaria, estos son despidos aunque los quieran disfrazar de conveniencia académica".

El mismo sentido se expresó Nuria Giniger, becaria del Conicet y perteneciente a Científicos Universitarios Autoconvocados, quien pidió el giro de la partidaria presupuestaria necesaria para que los 489 recomendados que quedaron afuera puedan ingresar a la carrera del investigador científico".

Advirtió que "los que se quedaron afuera no tienen otra salida laboral, se van a ir a trabajar al exterior porque no hay muchas otras opciones".

En tanto, desde las organizaciones sociales se mostraron más intransigentes en el pedido de renuncia del ministro Barañao y del presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto.

"Reclamamos que se vayan Barañao y Ceccatto porque quedó en sus manos el manejo de los incorporación de los científicos que aprobaron el examen de ingreso", aseguró el secretario adjunto nacional de Conadu Histórica, Antonio Rossello, y advirtió que "el ajuste en ciencia está ocurriendo en todo el mundo, es una crisis de expulsión de científicos".

A la convocatoria de ingreso a la carrera de investigador se habían postulado unos 1.500 becarios, con cinco a siete años de trabajo, de los cuales 874 fueron evaluados por comisiones científicas del Conicet y recomendados para la incorporación por ser personal capacitado y contar con infraestructura adecuada para seguir investigando.

No obstante, en una lista que publicó el Conicet el viernes se supo que serán 385 los ingresantes al organismo, que pasarán a integrar el sistema científico con otros 80 que ingresarán desde el exterior.

La insólita foto que “retocó Massa” dio que hablar hoy en el mundo de las redes sociales y en todos los medios de comunicación del país. Las negociaciones por ganancias entre el líder del Frente Renovador y funcionarios del Gobierno pasó a un plano secundario, mientras la CGT acordó con el Ejecutivo.

Esta nota se podría titular también “encuentre las 10 diferencias”, pero todo empezó cuando la diputada Graciela Camaño subió a Twitter una imagen de una reunión sobre tema ganancias. "Nosotros el domingo a la noche trabajamos", remarcaba la legisladora, quien en su mensaje disparaba hacia otros políticos.

En la imagen se podía ver a Sergio Massa junto al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el diputado de Cambiemos Luciano Laspina.

Aunque lo importante de la(s) foto(s) era una negociación por Ganancias, el asunto que se llevó toda la atención fue el fotoshop utilizado. "Sushi no”,  fue la consigna que, alguien ordenó  a un que se encargó de borrar, los platos que contenían arroz y pescado.

El encuentro fue entre sushi y sanguchitos de miga, y tuvo por objeto destrabar las negociaciones sobre el proyecto de Ganancias. Uno de los puntos centrales, que según fuentes de la oposición manifestaron que tendría el visto bueno del bloque PJ en el Senado, sería el de establecer para los trabajadores casados con hijos, un mínimo no imponible cercano a los $ 40.000 pesos.

Muchos remarcaron, en las redes, la necesidad de Camaño de despegar al grupo de la foto de otro grupo, el grupo Sushi, círculo de confianza del ex presidente Fernando De la Rúa apodado de esa manera porque eran habitués de restaurantes exclusivos del barrio Las Cañitas.