El Gobierno oficializó hoy la emisión de una Letra del Tesoro hasta un valor nominal de u$s 1.500 millones a 105 días de plazo, con una tasa del 3% anual, bajo legislación argentina. Argentina ya es el país emergente que más deuda tomó en 2016.

Así lo dispuso mediante la Resolución Conjunta 35 – E/2016 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Se trata de una Letra del Tesoro en dólares estadounidenses a un plazo de 105 días, con vencimiento el 3 de abril de 2017.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 de hoy y finalizará a las 15 de mañana, ya había anunciado el Ministerio de Hacienda el lunes pasado.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal, a un precio de suscripción de u$s 991,44 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3%.

La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares y el tipo de cambio para la suscripción en pesos de estas Letras.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores.

El diputado provincial oficialista Marcelo Nasif propuso llamar a una "consulta popular" para que los jujeños se pronuncien sobre la continuidad o no de la prisión preventiva para Milagro Sala, en un proyecto de ley que presentó a la Legislatura y que generó polémica y blanqueó el lugar decisivo que en esa provincia ocupa la política sobre la Justicia.

"A través de este proyecto se convoca al Poder Ejecutivo para que haga una consulta popular al pueblo de Jujuy y que seamos los jujeños los que nos expresemos en relación a si Milagro Sala debe continuar sometida a proceso judicial en prisión preventiva o no", dijo Nasif a Télam.

El legislador del bloque Primero Jujuy, que integra el gobernante Frente Cambia Jujuy, dijo que esa propuesta permitiría "conocer cuál es la opinión de los jujeños, de los que vivimos en Jujuy", respecto de pedidos de que Sala sea liberada de inmediato formulados por el Grupo de Trabajo sobre Prisión Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según Nasif, organismos internacionales "están prácticamente atacando a la justicia de Jujuy a partir de un lobby que se ha hecho en favor de Milagro Sala, además de que ninguno de ellos sabe dónde queda nuestra provincia".

Por su parte, voceros del Comité por la Libertad de Milagro Sala repudiaron el proyecto y anticiparon que lo enviarán a todos los organismos internacionales para -según alegaron- "dar a conocer la violación del Estado de Derecho" por parte del gobernador Gerardo Morales, legisladores oficialistas y el Poder Judicial en la provincia.

"El proyecto presentado es escandaloso y demuestra el carácter político de la privación de la libertad de Milagro Sala", afirmó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, integrante del Comité.

Y añadió que "en un estado de Derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas, ni por lo que opina la gente ni por un referéndum".

"Dejar de lado las leyes, las resoluciones de organismos internacionales para tener como rehén a Milagro Sala muestra el carácter autoritario del gobierno de Morales y tanto o más grave es la complicidad del gobierno nacional", aseveró Ibarra.

En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria repudió el "intento de un grupo de legisladores jujeños de convocar a una pseudoconsulta popular para decidir la continuidad de la prisión de Milagro Sala, y nos oponemos a este verdadero linchamiento que pretenden llevar a cabo".

"Es la confesión de la falta de independencia del Poder Judicial jujeño, y del desprecio por los Derechos Humanos y las garantías consagradas desde el Preámbulo de la Constitución Nacional, que mandan "afianzar la justicia", agregó el bloque que comanda el diputado Héctor Recalde.

Por su parte, Nasif argumentó que los jujeños sufren "un avasallamiento constante" en sus derechos a "vivir en libertad y no volver atrás", en alusión al cambio de gobierno de diciembre de 2015 y la detención de Sala en enero a raíz de un acampe de protesta frente a la casa de gobierno provincial.

El proyecto que podría tomar estado parlamentario en la sesión extraordinaria de hoy está acompañado de 16 firmas entre peronistas alineados con el massismo y radicales, dijo Nasif, del bloque Primero Jujuy, liderado por el vicegobernador Carlos Haquim.

Para el Comité por la Libertad de Milagro Sala, el proyecto de Nasif "da clara muestra de la falta de independencia de los poderes" e indica una intención de "imponerse sobre facultades propias e indelegables del Poder Judicial".

"Sin dudas se trata de una práctica fascista. No son los humores públicos los que deben resolver sobre la libertad o no de una persona", al margen de criterios jurídicos y "pruebas que deben acreditarse en el expediente", opinó Eduardo Tavani, también integrante del Comité.

El proyecto de Nasif implica "una vulneración absoluta del Estado de Derecho y del Estado Democrático de Derecho y hay que condenarlo. No tenemos registro en los estados contemporáneos de un hecho de estas características", dijo el abogado Tavani.

El organismo nacional lo componen secretarios de todas las provincias del país. Piden el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales como la ONU, OEA y la CIDH, que se manifestaron por la liberación de la dirigente política.

El Consejo Federal de Derechos Humanos en su último encuentro firmaron un acta en la piden al Estado nacional cumplir con las resoluciones de Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación a la liberación de Milagro Sala.

El acta lleva las firmas de los Secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz y La Pampa.

En el acta se puntualiza: El Consejo Federal de Derechos Humanos, reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 12 y 13 de diciembre de 2016 en su XXV Reunión Plenaria manifiesta, su adhesión a las recomendaciones y observaciones emitidas por los organismos internacionales respecto de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy y a las declaraciones del Secretario General de la OEA de noviembre de 2016 entendiendo que las mismas deben ser atendidas y consideradas para velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en materia de Derechos Humanos, en el marco del sistema federal, republicano y democrático del Estado Argentino”.

El acta va con copia a la Presidencia de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el tribunal Supremo de Justicia de esa provincia norteña y a los organismos internacionales a través de la Cancillería argentina.

Se trata de dos diputados del oficialismo que participaron de una movilización contra la Gobernadora de Santa Cruz. Mientras desconocidos incendiaban la puerta de la morada de la mandataria provincial estos parlamentarios se sacaban selfies. Mirá las fotos.

Los legisladores de Cambiemos por Santa Cruz, Roxana Reyes y Alberto Lozano participaron hoy de una marcha a la residencia de la Gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner, donde se registraron serios incidentes.

Cuando los manifestantes bloquearon el ingreso de las casa de Alicia Kirchner, rápidamente prendieron fuego la puerta de su casa. Tanto Reyes como Lozano en vez de calmar la situación convalidaron la acción violenta y hasta posaban para ser fotografiados.

Lozano es diputado por Santa Cruz por la Alianza Cambiemos pero es militante de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que Reyes es del PRO. Ambos asumieron sus bancas el 10 de diciembre de 2015 por la Unión Para Vivir Mejor.

El expresidente lidera la intención de votos para la primera vuelta electoral de 2018 en todos los escenarios simulados, según los resultados de una encuesta que se conoció esta semana. Los resultados indican que vencería a todos los postulantes de los partidos brasileros.

Según el centro de investigaciones de Datafolha, que entrevistó a 2.828 personas entre el 7 y 8 de diciembre, los resultados previstos para una primera vuelta electoral en 2018 reflejan que el Partido de los Trabajadores (PT) tendría a su favor un 25 por ciento de los votos, enfrentando a un 15 por ciento del partido Rede Sustentabilidade (REDE) liderado por Marina Silva.

Le siguen con un 11 por ciento el senador Aécio Neves del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Jair Bolsonaro (PSC): 9 por ciento, Ciro Gomes (PDT): 5 por ciento, Michel Temer (PMDB): 4 por ciento,  Luciana Genro (PSOL): 2 por ciento. Ronaldo Caiado (DEM): 2 por ciento, Eduardo Jorge (PV): 1 por ciento, Blanco / nulo: 20 por ciento.

Después de compartir liderazgo con la exsenadora Marina Silva en las encuestas recientes, el PT experimenta un comportamiento positivo y abre ventaja sobre el potencial oponente, que cayó en la preferencia de los brasileños.

El estudio, con un margen de error de más-menos el dos por ciento, arrojó que si tuvieran que enfrentarse en segunda vuelta electoral, Silva obtendría un 43 por ciento de las preferencias frente a un 34 por ciento de Lula.

La encuesta de Datafolha también reflejó un incremento del rechazo de la población brasileña hacia el presidente Michel Temer, surgido del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Las opiniones negativas alcanzan un 45 por ciento.

Además, reveló que el 65 por ciento de las personas cree que Temer es un hombre “falso”; el 58 por ciento lo considera “deshonesto” y el 75 por ciento coincide en que defiende los intereses de los más ricos.

Por otro lado, el 63 por ciento está a favor de que golpista renuncie del titular del Ejecutivo y a la convocatoria inmediata de elecciones, consecuencia que se deriva de la complicada situación económica en la que se encuentra el país luego de su llegada al poder.

La mayoría de los entrevistados considera que los indicadores económicos se deteriorarán y aumentará la inflación, el desempleo, lo que representará una peor situación para los brasileños.

Para el ex ministro de la Nación, Agustín Rossí, la posibilidad de enviar al Ejército a custodiar ese tipo de instalaciones “es un paso más involucrando paulatinamente a los militares en seguridad interior”. El gobierno de Cambiemos analiza emitir un decreto de necesidad y urgencia, lo que violaría las leyes de Defensa y Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, estudian la posibilidad de reemplazar a gendarmes con militares en la custodia de las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares Atucha I y Atucha II.

Si bien Bullrich negó hoy que el Gobierno nacional tenga la intención de que las Fuerzas Armadas “participen de la seguridad interior”, confirmó que hay “borradores” sobre el tema con el objetivo de destinar 1.200 gendarmes que hoy cumplen esa tarea a patrullar el Gran Buenos Aires.

Como la medida violaría las leyes de Defensa y Seguridad Interior, el macrismo ya piensa en un decreto presidencial de necesidad y urgencia para aplicarla.

El extitular de Defensa, Agustín Rossi, calificó la idea como “peligrosa” y consideró que “esto es un paso más involucrando paulatinamente a los militares en seguridad interior”.

“Es una situación que está al límite de la legalidad. Si una usina recibe un ataque, esos militares no pueden actuar”, explicó el actual diputado del Parlasur a Radio 10 y agregó que medidas de ese tipo son “sensibles” a la democracia, por lo que “como mínimo necesitan un debate parlamentario”

Para Rossi, el ministro Martínez estaría “propugnando una modificación de la reglamentación de la Ley de Defensa en la que taxativamente dice que los militares solo pueden actuar ante un agresión militar estatal externa. Si se modifica eso en la Ley de Defensa, entramos en una zona peligrosa porque después empezás a calificar qué es un hecho de terrorismo o no”.

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y pidió abrir una investigación por el supuesto delito de "abuso de autoridad", a raíz de la inclusión de familiares de funcionarios públicos en el blanqueo de capitales.

En tanto, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por el presidente Mauricio Macri, Peña aseguró que en el Gobierno tiene "una enorme tranquilidad sobre la acción planteada", en referencia al decreto del Ejecutivo que dispuso la ampliación del alcance del denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal, aprobado por el Congreso.

"Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia", aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuán, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro ampliado de Gabinete.

En el dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió medidas de prueba relativas en su mayoría a documentación certificada, como las actas del debate parlamentario de la ley y el posterior Decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, explicaron fuentes judiciales.

Marijuán sostuvo que debe investigarse a los "mencionados en la denuncia" de Donda -el presidente Macri, Peña y Prat Gay- en el dictamen que llegó al juzgado ayer al cierre del horario judicial y que se difundió hoy.

El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos.

En la denuncia, se advirtió que el decreto "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".

En su dictamen, Marijuán tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación.

"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", sostuvo la legisladora en su denuncia.

Como es de rigor, ahora será el juez federal Ariel Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.

El exministro de Economía de Carlos Menem sostuvo que se deben volver a privatizar las empresas estatizadas durante el kirchnerismo e instó a Macri a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo desempolvó la vieja receta y propuso que "todas las empresas que se han reestatizado" durante el kirchnerismo se "podrían privatizar", e instó a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

Cavallo consideró que, en el gobierno del presidente Mauricio Macri, "subestimaron la gravedad de la crisis heredada por 12 años de kirchnerismo".

Para el ex jefe del Palacio de Hacienda durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, "lo mejor para el país es que haya ganado Macri", pero advirtió que "no estuvo bien preparado" en materia económica.

"Hay que reformar al Estado, por ejemplo todas las empresas que se han reestatizado las podrían privatizar. A las empresas hay que manejarlas con estilo empresario", aconsejó Cavallo, en diálogo con el canal 26.

Insistió en realizar también una reforma monetaria en el marco de "un régimen coherente y un sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso".

"Este régimen ha funcionado de mil maravillas en Perú, dos monedas de competencia que le trajo estabilidad y mayor crecimiento" a ese país, añadió.

Luego le aconsejó al oficialismo: "Traten de ganar la elección (legislativa) de 2017 de la forma como puedan, pero utilicen el año para hacer lo que debieron, tener preparado un buen plan de estabilización y crecimiento".

También criticó a Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano del presidente Macri, porque le recomendó "gradualismo" y no tomar la cuenta la "crisis heredada".

Al respecto, recordó que Durán Barba fue asesor del ex presidente de Ecuador Jamil Mahuad, quien en enero de 2000 tuvo que dejar el poder por una crisis económica-financiera, hecho de lo que responsabilizó al consultor.

El proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, modifica las escalas y crea nuevos tributos al juego y a la actividad minera, comenzará a ser debatido hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional.

La iniciativa fue aprobada en Diputados la semana pasada gracias a un acuerdo al que arribaron los bloques del Frente Renovador de Sergio Massa, el peronismo disidente de Diego Bossio y el kirchnerista Frente para la Victoria.Además contó con el respaldo de la centroizquierda.

El proyecto es rechazado por el oficialismo, que no logró imponer uno propio, y ahora llega al Senado, donde el interbloque Cambiemos posee sólo quince legisladores para tratar de modificar la iniciativa o retrasar su tratamiento, ya que no tiene número suficiente para rechazarla.

Desde las diez, la comisión recibirá al titular de la AFIP, Alberto Abad, y a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; también se especula con que llegue a estar presente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que está regresando desde China.

Para el mediodía está prevista la presencia de algunos gobernadores, ya que la reforma afecta fuertemente las arcas provinciales debido al costo fiscal que no estaba contemplado en el diseño del Presupuesto 2017.

Hasta ahora está confirmada la asistencia de los gobernadores Juan Manuel Urtubey, de Salta; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; y el chubutense Mario Das Neves.

Asimismo, también podrían ser de la partida el cordobés Juan Schiaretti y el pampeano Carlos Verna; ambos peronistas no kirchneristas; y el neuquino Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino.

De esos mandatarios, los únicos que se expresaron favorablemente al proyecto de la oposición fueron Verna y Das Neves, ya que el resto lo cuestionó duramente.

En tanto, a las 15, los senadores recibirán a la cúpula de la Confederación General del Trabajo.

La intención del peronismo es avanzar con el proyecto que ya fue votado por diputados de sus mismas provincias la semana pasada.

Por ello, tras la firma del dictamen, prevista para esta noche, la oposición prevé llevar al recinto sobre tablas la iniciativa mañana, durante la sesión especial en la que también se debatirán la nueva ley de ART, la Emergencia Social y la ley de Emprendedores.

El oficialismo, en evidente desventaja numérica, sólo podría intentar sumar veinticinco voluntades para bloquear su tratamiento, evitando que el peronismo llegue a los dos tercios para impulsar la discusión.

Si Cambiemos, con quince legisladores, suma a otros diez, podría retrasar la discusión hasta el miércoles 21 de diciembre.

Entre los legisladores que no pertenecen al oficialismo pero no darían los dos tercios para el tratamiento sobre tablas figuran los salteños Rodolfo Urtubey (FPV), María Fiore (PARES), Juan Carlos Romero (Peronismo disidente), Roberto Basualdo (Peronismo disidente) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, opinó ayer que "el Gobierno se autoinfligió una derrota", al poner en discusión una reforma al Impuesto a las Ganancias sin tener los números necesarios en ambas Cámaras del Congreso.

"No es comprensible su actitud. El Gobierno no ha funcionado con la necesaria profesionalidad que debe tener", evaluó el senador rionegrino.

En tanto, el radical Julio Cobos comentó que "el bache fiscal" que dejaría el proyecto de ley si fuera aprobado tal como llegó de la Cámara de Diputados "es de más de 65 mil millones de pesos".

"El proyecto tiene un costo fiscal excesivo. Es muy complejo e inentendible. Genera incertidumbre y desfinancia al Estado nacional y a las provincias", sentenció el oficialista mendocino.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, dejó abierta la posibilidad de ser candidato en las elecciones del año próximo y ratificó que su agrupación política, ECO, competirá en esos comicios, aunque no explicitó si será dentro de la coalición gobernante Cambiemos.

En un acto en la histórica sede porteña de la UCR, el embajador en Estados Unidos volvió a mostrarse con sus socios radicales y sus aliados en ECO, Paula Oliveto (Coalición Cívica -ARI), Roy Cortina (partido Socialista) y Graciela Ocaña (Confianza Pública), y criticó a la administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, de la que dijo que "no se ven demasiados cambios pese al enorme presupuesto" con que cuenta.

En medio de la liturgia radical, Lousteau -quien perdió el año último la jefatura comunal por sólo 40.000 votos ante el actual jefe de Gobierno- negó también que existan incompatibilidades entre su cargo de embajador y su rol de referente opositor en la Ciudad.

"ECO va estar presente el año próximo", aseguró Lousteau, y remarcó que la coalición que lo que lo llevó como candidato a jefe de Gobierno el año pasado "esta mas organizada y más fuerte que nunca".

Así, el también ex ministro de Economía no descartó asumir una candidatura en 2017 e, inclusive, se mostró dispuesto a renunciar a la embajada en Washington si su espacio se lo pide.

"Somos un espacio que decide colectivamente y, si así se decide, lo voy a hacer", declaró Lousteau en un contacto que mantuvo con la prensa, minutos antes de participar de un homenaje a Raúl Alfonsín a 33 años de su llegada al poder, el 10 de diciembre de 1983, que fue organizado por el radicalismo porteño.

"El presidente Mauricio Macri supo desde el comienzo cuando me ofreció el cargo que la vocación de ECO es seguir compitiendo en la Ciudad", sostuvo Lousteau.

Además, indicó que su decisión de competir el año próximo la tomará en forma "independiente" de lo que decida la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respecto de si la diputada se presentará en la Capital o en la Provincia de Buenos Aires.

Por último, el embajador no cerró las puertas a integrase en Cambiemos en la ciudad "si los valores que defiende ECO no están en juego".

El acto, en el que se reivindicó la figura del ex presidente Raúl Alfonsín como el "restaurador de la democracia" tras la última dictadura militar, sirvió para reforzar las potencialidades de ECO de cara a las legislativas del 2017.

De esta manera, Lousteau volvió a ubicarse como principal referente extrapartidario del radicalismo porteño, algo que ya había esbozado en un homenaje a Hipólito Yrigoyen, el 12 de octubre pasado.

La antigua sede de Tucumán 1660 reunió a legisladores nacionales y locales, autoridades partidarias, como el titular del partido, Emiliano Yacobitti, y los históricos referentes de la UCR porteña, Jesús Rodríguez, Rafael Pascual y el actual embajador argentino en Colombia, Marcelo Stubrin.

Estuvieron además, la diputada nacional Carla Carrizo y los legisladores de la ciudad Juan Nosiglia, Hernán Rossi, Marcelo Guouman e Inés Gorbea.

Lousteau volvió así a incomodar al macrismo en su principal bastión, uno de los pocos distritos donde la fuerza que lidera el presidente Mauricio Macri no logró la conformación de Cambiemos con sus socios nacionales de la UCR y la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI)

El economista no eligió cualquier momento para retornar a Buenos Aires: la caída de la reforma política a nivel nacional anticipó la discusión en torno a cuales serán las reglas de juego de la competencia 2017 en la Ciudad.

Larreta tenía decidido avanzar con una reforma electoral en la Ciudad y poder así desdoblar las elecciones, pero el rechazo en el Senado de la Nación de la reforma política pretendida por la Casa Rosada, frenó el ingreso del texto local en la Legislatura.