El diputado nacional del Frente para la Victoria Axel Kicillof embistió contra el Gobierno nacional al considerar que "no tiene ni una sola buena noticia para mostrar", y reflexionó que es por esa razón que "que tiene que hablar de Cristina" Kirchner y de la "pesada herencia".

"No tienen ni una sola buena noticia para mostrar, por eso tienen que hablar de Cristina", evaluó Kicillof al participar de la inauguración del Centro Cultural Rodolfo Walsh en la ciudad de Quilmes, donde estuvo acompañado por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y por el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano.

Según opinó, el oficialismo continúa con su campaña de "hostigamiento mediático" contra la anterior gestión para tapar los problemas ocasionadas por la política económica aplicada en los últimos nueve meses.

El último ministro de Economía de Cristina Kirchner aseguró que los referentes del oficialismo gobernante "inventaron la ´pesada herencia´ cuando la economía empezó a no dar buenos resultados".

Por otra parte, Kirchner cargó, sin hacer nombres propios, contra los dirigentes del peronismo que proponen moldear una oposición más moderada que no confronte con el Gobierno nacional, licuando el perfil del Frente para la Victoria.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, admitió hoy que frente a la recomendación de la Oficina Anticorrupción (OA) al ministro de Energía, Juan José Aranguren, de vender las acciones que tiene en la petrolera Shell por “razones de ética pública”, el jefe de esa cartera debe “hacerle caso” o renunciar a su cargo.

No obstante, calificó a Aranguren como “sumamente honesto” y definió a la cantidad de acciones del ministro como una “cucharita de té en el mar” comparada con el resto del capital de la compañía de hidrocarburos angloholandesa.

“Si (la OA) le dijo (al ministro de Energía) tenés que vender todas tus acciones, (Aranguren) tendrá dos caminos: hacerle caso o dejar de actuar”, reconoció Pinedo en diálogo con Con Vos.

El dirigente del PRO, sin embargo, manifestó no tener “la menor duda sobre le honorabilidad de Aranguren” y lo calificó como “sumamente honesto”.

“Yo tomo a las acciones de Aranguren como si fueran una cucharadita de té en el mar, comparada con las acciones de Shell”, expresó.

La OA, en un dictamen, sostuvo que el funcionario nacional más cuestionado del Gabinete por el aumento de tarifas “no incurre” en conflicto de intereses por haber sido CEO de la empresa angloholandesa y “no tiene obligación legal” de deshacerse de las acciones.

Pero le recomendó que las venda o tome alguna medida como la de constituir un fideicomiso ciego, sustentada en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública.

“A mí me parecía irrelevante. Yo nunca habría pensado que tuviera un tema de ética porque (Aranguren) tiene cinco acciones de una empresa que tiene cinco mil millones de acciones”, finalizó hoy Pinedo.

En una resolución difundida hoy, la Oficina Anticorrupción le recomendó al ministro desprenderse de las acciones o "adoptar alguna medida patrimonial", tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición.

La Oficina Anticorrupción sustenta su recomendación en el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que "el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad" y deben "evitarse acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

Además, la OA le hizo saber al ministro que "deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (Royal Dutch Shell cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario".

"En caso que se presente una situación de este tipo, el Ministro deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo", consignó.

En ese sentido, la Oficina Anticorrupción destacó que si bien la Ley 25.188 "no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas".

Según señaló la OA, esta disposición se encuentra "en sintonía" con lo pronunciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2003, que dice que "los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.

Además, recordó que la OCDE expresó en 2005 que "para un funcionario público, tener un aparente conflicto de interés puede ser tan serio como tener un conflicto real, por la potencial duda que puede surgir sobre la integridad del funcionario, y la integridad de la organización del funcionario”.

Los pueblos y ciudades más afectados y que tuvieron que cerrar, una vez más, la terminal de ferrocarril dueron: Tandil, 25 de Mayo, Chascomús, Bragado, Junín, Alberdi, Pringles y a La Pampa. Tambien se encuentran Coronel Boerr, Cacharí, Hinojo, Las Martinetas hasta Laprida, el lugar de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Esto quiere decir que más de 670 mil habitantes se vieron perjudicados al no tener un servicio de transporte barato y al liquidar la vida económica que nace por la terminal férrea. Justo cuando el presidente Mauricio Macri anuncia un mega proyecto ferroviario dedicado exclusivamente al Área Metropolitana, reveló el diario Tiempo Argentino.

Es que el 30 de junio pasado, el Ministerio de Infraestructura bonaerense anuncio la suspensión de todos los servicios prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP, más conocida por su razón comercial: Ferrobaires), aduciendo razones de seguridad, y "hasta nuevo aviso".

A Chascomús llegaban dos trenes: el de Ferrobaires desde Alejandro Korn y el semirrápido chino desde Constitución inaugurado en diciembre de 2014. Ya no. "No hay explicaciones. La excusa es la falla en la señalización, pero los trabajadores aseguran que no hay riesgo", dijo a ese diario el diputado bonaerense José Ignacio "Cote" Rossi (FPV), que presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial, aún sin respuesta.

"El plan noventista de Cambiemos para los trenes se complementa con la transferencia de servicios ferroviarios del Estado nacional a provincias y municipios, sin posibilidades económicas y operativas para sostenerlos –como en los '90–, a contramano de la ley aprobada en 2015 con apoyo del actual oficialismo, que obligaba a recuperar para Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado todos los ramales concesionados a las provincias por Menem. Esa es la idea que se pretende aplicar en Neuquén y Chaco. El Tren del Valle, que une Cipolletti y la capital neuquina –e iba a extenderse a Plottier y General Roca– sería la primera víctima de este proceso. Aníbal Tortoriello (CC-ARI), intendente cipoleño, ya avisó que "las arcas municipales no están en condiciones de asumirlo". Los trenes que circulan por Chaco, que en 2010 habían pasado al Estado nacional, volverían a la provincia si prospera la iniciativa impulsada por el senador Ángel Rozas (UCR)", asegura en un párrafo de su nota Tiempo Argentino.

"No va a haber nuevas discusiones" salariales "porque el aumento que se arregló está por encima de la inflación. Sabemos que tenemos deficiencias en este tema, pero eso no se puede mejorar de un día para otro. Vamos a seguir trabajando en el tema", señaló el funcionario en declaraciones a la prensa local tras el festejo por el Día del Maestro en San Juan.

Bullrich explicó que, para su criterio. a nivel general, “la suba salarial implicaría casi un 50 por ciento hasta enero por encima de los sueldos vigentes hasta 2015”.

En las últimas semanas varios sindicatos pidieron nuevos aumentos de hasta el 42 por ciento en base a los cálculos inflacionarios anuales, pero el titular de la cartera educativa descartó esa posibilidad.

La tensión con los docentes fue increscendo, luego de un inicio de clases casi sin sobresaltos y ahora la negativa rotunda del ministro podría disparar nuevas medidas de fuerza.

En otro orden, el ministro afirmó que “los políticos" son "los principales responsables de los inconvenientes" que padece la sociedad argentina en materia de educación.

"A través de nuestro mal ejemplo, la sociedad ha dejado de creer que la educación es la que puede resolver sus problemas. Debemos hacernos cargo de eso, porque el dirigente justamente es que el debe dirigir y no estamos yendo en la dirección correcta", consideró.

Y en ese sentido, reclamó "dejar de lado las cosas chiquitas, el metro cuadrado personal, para pensar entre todos una Argentina más grande, con una educación y oportunidades para todos".

Los actos encabezados por Bullrich por el Día del Maestro se realizaron esta mañana en la Casa de Sarmiento y luego se llevó a cabo la reunión del Consejo Federal de Educación con los ministros provinciales del área, durante el cual se trató la posibilidad de implementar "un trabajo conjunto para formar mejor a los docentes", informó un comunicado oficial.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, afirmó que "no se ha detectado la presencia de miembros de ISIS en Argentina, ni de una de sus células", en función de la posible presencia de miembros del ejército del Estado Islámico en Corrientes.

"Ante la reciente denuncia que mencionaba la posible presencia de miembros de ISIS en Corrientes, a través de las fuerzas de seguridad seguimos esa línea de trabajo y al momento no se encontró nada que indique su presencia en nuestro país", aseguró Burzaco en un comunicado.

En cuanto a sus declaraciones a un medio local durante su visita a Misiones, aclaró que hizo una "apreciación general (en respuesta sobre la presencia en Corrientes) y que hizo referencia a esa línea de investigación".

En declaraciones al diario de Misiones Primera Edición, Burzaco señaló que el gobierno ha "detectado argentinos que se han formado en Isis (grupo terrorista)" y que, por tanto, es algo que "preocupa" principalmente porque saben que "han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak".

"Hay ciudadanos que han ido y han vuelto al país o a países vecinos como Uruguay. Estamos trabajando para evitar ese fenómeno de ‘células dormidas’, porque la experiencia nos dice que una o dos personas con pocos recursos pero mucha decisión pueden generar un desastre, como lamentablemente sucedió en Europa o Estados Unidos", relató Burzaco.

Al respecto, agregó que "las áreas de inteligencia de las cuatro fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) trabajan en ese tema".

En tanto, en el comunicado, Burzaco destacó que "desde el Ministerio de Seguridad de la Nación queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía, estamos trabajando de manera permanente, intercambiando información con agencias internacionales e incrementando los controles en los aeropuertos y en los pasos fronterizos", finalizó.

El secretario de Seguridad se refirió a diversos temas vinculados con su área y, al ser consultado acerca de la presencia de elementos del grupo terrorista, admitió la detección de argentinos formados por Isis.

"Mediante un trabajo profundo hemos detectado argentinos que se han formado en ISIS. Eso es algo que realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak", dijo Burzaco según publicó hoy La Política On Line.

En ese sentido, añadió que "hay ciudadanos que han ido y han vuelto al país o a países vecinos como Uruguay".

"Estamos trabajando para evitar ese fenómeno de 'células dormidas', porque la experiencia nos dice que una o dos personas con pocos recursos pero mucha decisión pueden generar un desastre", explicó al diario misionero Primera Edición.

Después de citar como ejemplo los ataques perpetrados por ISIS en Europa o Estados Unidos, el funcionario señaló que "las áreas de inteligencia de las cuatro fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) trabajan en ese tema".

Al ser consultado sobre la supuesta presencia del mismo grupo terrorista en Corrientes, donde realizaría tareas de entrenamiento, Burzaco negó que tal información, divulgada por una agencia de inteligencia de Rusia, fuera confirmada.

"No, no. No pudimos confirmar algo concreto con respecto a ese caso", expresó, tras lo cual se refirió a la situación en la Triple Frontera, donde "hemos trabajado mucho intercambiando informaciones e inteligencia con Brasil y Paraguay".

Burzaco añadió que "el terrorismo es un tema que ocupa y que nos obliga a entrecruzar datos. En ese sentido es que hemos creado lo que llamamos 'Centros de Fusión', donde convergen áreas de inteligencia de las distintas fuerzas, para compartir información".

"Estamos con los ojos abiertos en ese tema, recomponiendo relaciones con los vecinos de la región, cuestión clave en el tema" de la seguridad en la región, advirtió el funcionario macrista.

El juez federal Daniel Rafecas recibió el respaldo del papa Francisco, por medio de un acercamiento que venía gestándose desde hace un mes y se consagró en las últimas horas con una invitación oficial para viajar al Vaticano.

La decisión del papa Francisco, que llegó en una carta firmada por su canciller, Marcelo Sánchez Sorondo, volvió a dar una muestra de apoyo a un magistrado cuestionado por el macrismo y algunos sectores del poder y los medios de comunicación, consignó hoy Diario Registrado.

Rafecas fue invitado a un coloquio sobre narcotráfico y crimen organizado que se llevará a cabo en la Pontificia Academia de las Ciencias, en Roma, que dirige el canciller Sorondo, y que contará con la participación del Papa, jueces, fiscales y especialistas de todo el mundo.

El encuentro tendrá lugar 23 y 24 de noviembre. No se descarta una audiencia privada. La pata local del encuentro es organizada por el legislador porteño Gustavo Vera, de la ONG La Alameda, que estuvo reunido con Francisco esta semana.

Rafecas calificó como “presión brutal” la solicitada que pidió su destitución. El pedido de destitución fue firmado por un colectivo de más de 340 personas de la colectividad judía, los medios, el radicalismo y juristas como respuesta a la decisión de Rafecas de mantener archivada la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner.

Este sabado 10 de septiembre se llevaron a cabo las Audiencias Publicas y Populares contra el tarifazo en todo el paìs, impulsada por el colectivo Economia Politica para la Argentina (EPPA) y en las mismas se insistió sobre el severo impacto regresivo que tiene el tarifazo en las economías familiares al tiempo que se resaltó la dificultad de muchas Pymes para permanecer en condiciones de sustentabilidad, con las graves consecuencias que ello puede acarrear para el empleo y la actividad económica.

La jornada fue abierta y tuvo una importante participación. Miles de vecinos se reunieron a debatir en Santa Fe, Salta, Tucumán, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego y 16 distritos de la Provincia de Buenos Aires. Los economistas de EPPA se centraron en los aspectos fiscales y distributivos de los aumentos, y los enmarcaron dentro del plan económico de Cambiemos, que en sólo nueve meses disparó el desempleo, el endeudamiento externo y la inflación.

En los lugares de encuentro y debate se desandaron los argumentos que intenta instalar el Gobierno acerca de un eventual “derroche” de los recursos que debe destinar el Estado Nacional para garantizar el acceso a los servicios públicos y la energía por parte de las mayorías populares y las pymes.

Asimismo, se insistió en la importancia de la soberanía energética y la equidad en materia de acceso a los servicios básicos, como pilares de un proyecto de desarrollo con inclusión.

Por otra parte, a través de la intervención de los abogados de la Multisectorial contra el Tarifazo, se problematizó sobre la compleja trama jurídica e institucional que está detrás de la determinación de los cuadros tarifarios, con la que el Gobierno entró en flagrante conflicto cuando intentó imponer los aumentos.

Una de las conclusiones principales en casi todos los encuentros fue el acuerdo sobre la necesidad de elaborar una propuesta de los trabajadores, los usuarios y las Pymes para la audiencia pública del próximo Viernes 16, que sirva como referencia alternativa, concreta, real y razonable frente al aumento brutal que propone el Gobierno.

Una propuesta centrada en las posibilidades y las necesidades de las mayorías populares y los actores de la producción y el trabajo, los sujetos que deben ubicarse en el centro de las políticas públicas y la regulación estatal.

Los titulares de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, ratificaron la convocatoria de “un paro nacional en octubre” con la CGT para reclamar la reapertura de paritarias, la eximición de los trabajadores al pago del impuesto de Ganancias y un aumento de emergencia para los jubilados.

Los sindicalistas reiteraron el llamado a la medida de fuerza en todo el país tras reunirse con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al sostener que “hay que forzar la posibilidad de respuestas positivas” y reforzar “la resistencia social contra el ajuste del gobierno”.

“El Gobierno tiene que recapacitar y no creer que para bajar la inflación hay que enfriar la economía”, reclamó Yasky al salir de la reunión que se realizó en la sede de la cartera laboral.

Y agregó: “Nos vamos con las manos vacías, sólo nos ofrecieron continuar las discusiones con la comisión de empleo. Pero el Gobierno se niega a reabrir las paritarias”.

Creo que el Gobierno no está a la altura de la oleada de despidos que generó. Nosotros le planteamos la contradicción que significaba haber vetado la ley antidespidos, porque los despidos siguen y la caída de los salarios es pronunciada y se niegan a reabrir las paritarias”, remarcó Yasky.

En ese sentido explicó que “le dijimos que esa negativa va a generar conflictos y conflictos porque vamos a seguir reclamando la reapertura de las paritarias, lo otro sería aceptar que nosotros tenemos que pagar con nuestros salarios los platos rotos del plan de ajuste y por último el aumento de emergencia a los jubilados”.

Asimismo y al hacer referencia al impuesto a las Ganancias, Yasky sostuvo que “ni siquiera obtuvimos una respuesta positiva en relación a no descontar ganancias al medio aguinaldo de fin de año, cosa que pensamos que era lo mínimo de lo mínimo”.

Consultado sobre su frase de nos “vamos con las manos vacías”, con que impresión se van de la cartera laboral el gremialista destacó que “nos vamos con la impresión con la que veníamos, sabíamos que veníamos a cumplir con una formalidad porque el resultado que obtuvo la CGT es el mismo que el nuestro: cero”.

“Por eso estoy convencido -añadió- que lo que sigue es continuar con la lucha y el paro nacional, que seguramente se va a resolver en los próximos días y no es un tema menor para nosotros, porque puede ser un gran momento para el que todas las centrales unificadamente estemos diciéndole al Gobierno que hay que discutir la agenda social”.

El secretario gremial de la CGT señaló que “el 99,9 por ciento” de los sindicatos que integran la CGT están “de acuerdo con una medida de fuerza para el mes de octubre”.

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, anticipó que en el próximo encuentro de la CGT su sindicato se pronunciará a favor de convocar a un paro general en octubre próximo, aunque no descartó que finalmente se acuerde hacer “una gran movilización”.

“El 23 (de septiembre) va a salir una medida de fuerza. Nuestra Federación de Camioneros va a pedir que se haga un paro nacional para el mes de octubre por estas políticas que está llevando el Gobierno, contra el tarifazo, la inflación, los despidos y la precarización laboral”, advirtió Moyano.

En declaraciones periodísticas, el sindicalista señaló que “el 99,9 por ciento” de los sindicatos que integran la CGT están “de acuerdo con una medida de fuerza para el mes de octubre”, pero que aún se discute si se tratará de una movilización o una huelga general.

Por su parte, señaló que se inclinará por convocar a un paro nacional ya que, según consideró, el Gobierno “ataca a los trabajadores” y reiteró que para él, “Macri es Menem sin patillas”.

“Es el mismo modelo económico de los años noventa, se vuelve a hablar de flexibilización laboral para achicar costos”, se quejó.

De esta manera, el secretario adjunto de Camioneros mantuvo su postura de mayor confrontación con el macrismo, con respecto al resto de sus colegas de la CGT, en sintonía con las dos CTA, con las que se movilizó la semana pasada a la Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal.