La ex legisladora por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, se refirió al episodio en el que detuvieron al ex secretario de Obras Públicas José López portando un arma de guerra e intentando esconder bolsos con millones de dólares en un convento en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

“Qué asco lo de José López. Ojalá vayan todos presos los que aprovecharon un gobierno nacional y popular para robar y hacer sus negocios”, escribió en su red social Twitter la militante de Nuevo Encuentro.

Y agregó: “Tristeza y bronca porque le hacen daño a un proyecto que fue lo mejor que le pasó a este país en muchas décadas. Vamos a volver, mejores”.

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José López se desempeñó en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como secretario del actual diputado y entonces ministro de Planificación Julio De Vido, e intervino en muchas de las adjudicaciones de obras públicas.

José López, ex secretario de Obras Públicas y actual parlamentario del Mercosur por Tucumán, se encuentra detenido y a disposición de la Justicia luego de ser sorprendido por policías bonaerenses cuando intentaba esconder 160 bultos con alrededor de 8 millones de dólares en el Monasterio de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de General Rodríguez.

Desde el bloque de diputados nacionales y legisladores del Parlasur del FpV-PJ expresaron “su más enérgico repudio a la conducta de cualquier actual o ex funcionario público, con prescindencia de su pertenencia política, en cuanto a la tenencia de dinero no declarado, en el país o en el exterior, ya que ello implica cuanto menos la comisión de los delitos de evasión, defraudación a la administración pública, enriquecimiento ilícito y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Bregamos, como siempre hemos dicho y nuestras acciones nos avalan, por el accionar autónomo e independiente del Poder Judicial, esperando que actúe con celeridad y sin privilegios de ningún tipo”, agregaron.

En el comunicado, firmado por Héctor Recalde, subrayaron que “este hecho, sumado al escándalo internacional de los Panamá Papers y al de la denuncia también internacional de las cuentas del HSBC, exige que la transparencia no tenga color ni partido político”.

“Resulta imprescindible que ante el inminente tratamiento de una ley de blanqueo de fondos no declarados, propuesta por el Gobierno Nacional, se excluya también en forma taxativa y expresa, no solo a los funcionarios públicos, sino también, y especialmente, a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, primos) y cónyuge”, concluyeron.

la detención de José López y el escándalo de dinero no declarado en su poder, despertaron el repudio de todo el arco político. Desde el Partido Justicialista se emitió un comunicado en el que se expresaba "su más enérgico rechazo hacia conductas emparentadas con la ilegalidad, la corrupción, y la tenencia de dinero no declarado, provengan de funcionarios o ex funcionarios públicos, sin importar su pertenencia política", en referencia a la detención del ex secretario de Obras Públicas José López, tras ser encontrado en un convento del municipio bonaerense de General Rodríguez con más de 8 millones de dólares.

A las decenas de manifestaciones de ex funcionarios kirchneristas y dirigentes del peronismo que repudiaron el caso de presunto lavado de dinero que involucra a López, el PJ expresó que "no avala ni avalará procederes como los del ex funcionario involucrado en este hecho escandaloso en el que fuera encontrado 'in fraganti delito', ni tampoco los convalidará cuando los actos correspondan a servidores públicos de actuales y/o pasadas administraciones".

"Queremos expresar que, así como nos preocupa este episodio de reciente conocimiento, también lo hacen algunos hechos relacionados con evasión y ocultamiento de cuentas bancarias y dinero de dudosa procedencia que actualmente se encuentra bajo investigación judicial", agregaron a través de un comunicado firmado por el presidente del PJ, José Luis Gioja.

En ese sentido, señalaron que "desde el peronismo lucharemos incansablemente por promover la transparencia en los actos de gobierno y de la cosa pública, entendiendo que la política bien entendida es enemiga de la corrupción".

Asimismo, el Consejo Nacional Justicialista manifestó "el absoluto apoyo al Poder Judicial, bregando para que pueda trabajar con absoluta libertad e independencia, en el esclarecimiento total de este hecho condenable".

Por su parte La Cámpora repudió también al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López al afirmar que “este tipo de personajes no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos”, al mismo tiempo señaló que el ex funcionario nacional “eligió dañar al proyecto político transformador, perjudicando con su accionar no sólo a sus simpatizantes sino al conjunto del pueblo argentino”.

Bajo el título “Reivindicación de la política”, un comunicado de la agrupación política que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo que “pertenecer a un movimiento que se plantea como objetivo central el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares no puede ser un mero acto declamativo o una foto en un cartel: es una forma de vivir y un compromiso para toda la vida”.

En ese sentido, La Cámpora coincidió con lo expresado hoy por los bloques de diputados nacionales y del Parlasur del Frente para la Victoria “rechazando la conducta de cualquier actual o ex funcionario público, con prescindencia de su pertenencia política, en cuanto a la tenencia de dinero no declarado, en el país o en el exterior”.

Al respecto del dinero no declarado, consideraron que “ello implica cuanto menos la comisión de los delitos de evasión, defraudación a la administración pública, enriquecimiento ilícito y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El empleo vuelve a ser uno de los principales focos de preocupación de los argentinos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), desde la asunción del gobierno de Cambiemos, en el mes de diciembre, se acumulan ya 167 mil despidos y suspensiones.

Siguiendo la tendencia iniciada el mes pasado, de las 13 mil personas que quedaron sin trabajo o suspendidas en mayo, de las cuales 8.448 se desempeñaban en la industria.

Asimismo, según denuncias de la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles (Setia) y la Unión de Cortadores de la Indumentaria y el vestido (Soiva) los trabajadores más afectados por los despidos fueron los textiles, con 1.530 cesantías.

Los otros sectores que sufrieron despidos y suspensiones fueron: el energético que también perdió una importante cantidad de puestos de trabajo, 1280, seguido por el petrolero con 989 echados y suspendidos en empresas como Fox Petrol, Halliburton, Mencap e YPF.

Por su parte, la metalurgia contó 813 nuevos despidos y suspensiones, sumando de diciembre a hoy ya hay más de 12 mil desocupados.

La metalurgia se encuentra segunda en el ranking de despidos detrás del sector de la construcción que lleva un acumulado de nada menos que 58 mil.

Por otra parte, según un estudio de la consultora privada Manpower, la creación de empleo privado continuará estancada durante el tercer trimestre de 2016.

Según la encuesta de Expectativa de Empleo el 80% de las firmas consultadas de nueve sectores aseguró que no prevén contratar nuevos empleados entre julio y septiembre.

Elisa Carrió sostuvo que el intendente de Vicente López y primo del Presidente, Jorge Macri, junto con Gustavo Posse  y Sergio Massa “están impidiendo que se procese al ex fiscal General de San Isidro, Luis Novo”, a quien se acusa de encubrir narcotraficantes.

La aliada de Mauricio Macri explicó que Jorge Macri, Gustavo Posse  y Sergio Massa protegen a Novo, quien está imputado por encubrimiento en la investigación de la causa “Unicenter”, como se denomina a la ejecución de dos colombianos en dicho Shopping en el 2008.

En una extensa entrevista con Alejandro Fantino, anoche Carrió habló de un plan de desestabilización, que incluye un sabotaje en las facturas de luz y gas para que los aumentos sean mayores en los sectores bajos. Pero hacia el final de la charla, metió la cuchara en su tema preferido, el narcotráfico.

Cuando el conductor le preguntó por qué si es tan influyente no forma parte de la mesa chica del PRO, la diputada aseguró que el Presidente la invita pero ella se aburre en esas discusiones, “porque no sirvo para eso” y “ustedes tienen que entender que estoy luchando contra el narcotráfico en la Argentina, y ahora en la provincia de Buenos Aires”.

En ese marco, Carrió volvió a vincular a la política y a la Justicia con la venta de drogas. Ante la pregunta de cómo funciona el narco en la provincia, la líder de la Coalición Cívica dijo que “la manejan Aníbal Fernández, o los abogados de los narcos y los fiscales que encubren los crímenes”.

“Por ejemplo (Juan José) Ribelli, que está acusado en la Amia. Por ejemplo (Carlos) Broitman (abogado de Pérez Corradi), que es socio de Ribelli. Y María del Carmen Falbo que garantiza todo", sostuvo la chaqueña.

Carrió entonces advirtió que hay “gente de Cambiemos que me está trabando que saquemos a fiscales que protegen el narcotráfico, y entonces yo estoy en problemas”.

La diputada dijo: “Posse, Massa y Jorge Macri están impidiendo que se lo procese al fiscal (Julio) Novo, cuya secretaria es la esposa del abogado de los narcotraficantes, Broitman".

¿En qué podría proteger Novo a los intendentes?, le preguntó Fantino.

"En los delitos que cometen en sus propios distritos, porque son fiscales provinciales. Defraudación a la administración pública, coimas, qué sé yo. Estoy diciendo la verdad", indicó Carrió.

Las acusaciones de Carrió contra Massa y Aníbal Fernández por Novo son repetidas, lo mismo que contra Posse, por ser el alcalde del distrito en cuyo departamento judicial mandaba Novo.

Massa y Jorge Macri son probables  candidatos para las elecciones del año que viene, en  las que la provincia de Buenos Aires elegirá diputados y senadores nacionales, y en la que ambos podrían ser rivales de Carrió, ya sea en la interna (Macri), como en la elección en sí.  De cara a las legislativas, Carrió busca venderse como la figura para combatir la corrupción y el narcotráfico  en  Buenos Aires.

La Cámara Federal porteña aceptó como querellante a Cristina Kirchner y podrá impulsar la investigación por las operaciones de venta de dólar a futuro en la que están imputados el juez Claudio Bonadio y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

La Sala I de la Cámara revocó la decisión del juez Torres que había rechazado el pedido de la defensa de la expresidenta, por lo que ahora podrá impulsar el caso. La causa que se originó en una denuncia de diputados kirchneristas presentada cuando Cristina Fernández fue a declarar ante el juez Bonadio el 13 de abril pasado.

Los denunciantes acusaron a Bonadio y a Sturzenegger de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y  violación a los deberes de funcionario público, entre otros.

El defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi había pedido ser querellante en la causa a cargo de Torres, lo que había sido negado. Ahora la Sala I de la Cámara, con la firma de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, revocó esa decisión, por lo que la ex mandataria podrá activar el caso.

"Tras el examen de la materia venida a decisión, no es posible soslayar que los episodios denunciados involucran serias imputaciones al magistrado a cargo de la investigación de las operatorias cambiarias de fines de 2015 que, en efecto y siempre en grado de hipótesis, habrían importado para la pretensa querellante la ocurrencia de concretas lesiones a sus derechos", dice el fallo de la Cámara.

La ex presidenta sostuvo con anterioridad que los hechos que se investigan la tienen como particular ofendida "en la medida en que, entre otras conductas, refieren al ilegítimo obrar del Dr. Bonadio" en la causa en la que está procesada por la operatoria conocida como "dólar a futuro".

Tras remarcar que "a la gente no le alcanza la plata" y que "las pymes y las familias son las que más están sintiendo los aumentos de tarifas", el líder del Frente Renovador recomendó "que se revisen los incrementos en las tarifas región por región y cuadro por cuadro".

Al hablar en la conferencia de prensa en la que se anunció el IPC Congreso, Massa destacó la decisión de corregir algunas tarifas "a favor de la gente", aunque advirtió que "con eso no alcanza".

"Hay que suspender el tarifazo, y sentar a los empresarios a la mesa, renegociar los contratos si es necesario y que la extensión sea mayor para que puedan amortizar los gastos", propuso el legislador bonaerense.

Pidió que "también se realicen inversiones, porque ya sea en invierno o en verano se producen cortes de gas o de luz".

Sobre el pronunciamiento de algunos jueces y funcionarios municipales respecto a que no se deben pagar las boletas con aumentos hasta que vengan las readecuaciones, llamó a "no confundir a la gente"

"Tenemos que tomar decisiones que ayuden a la gente, no confundirla; porque nos votan para resolverles los problemas, no para generárselos", concluyó Massa.

El presidente Mauricio Macri recibió a la principal figura de la oposición venezolana, Henrique Capriles, quien fue derrotado en una primera oportunidad por el fallecido, Hugo Chávez Frías y en segunda instancia por Nicolás Maduro.

El dirigente opositor, ratificó que avanzará este año en el proceso de revocatoria de mandato del actual presidente de Venezuela, en una apuesta que atenta contra el mandato popular.

"Queremos comunicar directamente lo que estamos viviendo en nuestra Venezuela, con la peor crisis de nuestra historia, con falta de comida, medicamentos y todo tipo de insumos", aseguró Capriles en un breve diálogo con la prensa en la explanada de la Casa Rosada, mientras fue repudiado por militantes argentinos que apoyan a Maduro y comenzaron a gritarle "golpista" y acusarlo de que había venido a anticiparle a Macri un golpe de estado.

Con sorna el opostor respondió,"voy a invitarlos a Venezuela".

En su mas de media hora de reunión con Mauricio Macri, Capriles le pidió apoyo para revocar el mandato popular, en ese sentido el líder de la oposición, sostuvo que "nosotros queremos que en Venezuela haya una solución constitucional y le pedimos a Argentina, como al resto de nuestros hermanos latinoamericanos, que se planten firmes en las instancias internacionales para que se respete la constitución de la República Bolivariana de Venezuela", recalcó e insistió en que "la oposición venezolana está unida y buscando una solución".

Finalmente, el dirigente enfatizó que "no hay ningún motivo para que el proceso de revocatoria pase para el año que viene".

La fecha en que se haga el referendo revocatorio de mandato no es un tema menor. Si el referendo se realiza antes del 10 de enero, cuando se cumple la mitad del mandato de Maduro, la Constitución prevé que se convoque a elecciones presidenciales dentro de los 30 días. Si es posterior a esa fecha, asume el vicepresidente ejecutivo, que es designado por el presidente.

En el encuentro también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

La visita de Capriles es parte de una gira sudamericana, que comenzó ayer en Paraguay, para promover las alianzas necesarias en el continente para truncar los procesos democráticos de la región.

“Venimos a pedirle a la región que se plante en respeto a Venezuela. Venimos aquí a pedirle a Mercosur y a Unasur que le exijan a Maduro que respete la Constitución, porque la solución a la crisis social que estamos viviendo en Venezuela, pasa necesariamente por una solución electoral, por la consulta al pueblo. El gobierno de Maduro ha puesto miles de trabas al revocatorio y eso lo tiene que saber nuestra América”, exigió Capriles, al obviar que los venezolanos mediante el ejercicio ciudadano de derecho al voto, optaron por el actual presidente.

Otro dato no menor, es que el "pedido de ayuda" de Capriles, tiene un nuevo punto de llegada, en el vecino país de Brasil, donde ya se produjo un golpe a la democracia, al apartar del gobierno a la presidenta electa por el voto popular Dilma Rousseff.