“Exigimos al Gobierno nacional que esclarezca este atentado que apuntó directamente contra militantes kirchneristas pero que afecta a toda la Democracia”, expresó ayer Martín Sabbatella y agregó: “Este hecho debe tener el repudio enérgico de todas las fuerzas políticas y un rechazo claro y contundente del presidente Mauricio Macri”.

El sábado por la noche dos militantes kirchneristas fueron heridas con balas de plomo mientras participaban, junto a los legisladores porteños José Campagnoli y Andrea Conde, de la inauguración de un local de Nuevo Encuentro en Padilla y Gurruchaga, en Villa Crespo.

“El Gobierno nacional es responsable de la seguridad de todos los ciudadanos, de encontrar a quienes ejercieron este atentado y de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio pleno de los derechos democráticos”, consideró el referente nacional de NE, quien hoy verá a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“El hecho se da en el marco de un clima creciente de violencia verbal y discursiva promovido por el Gobierno nacional contra el kirchnerismo, que derrama en hechos de violencia institucional y violencia política como éste”, afirmó Sabbatella.

“Este clima de violencia se expresa en desaforadas represiones como las que se hicieron contra despedidos de Cresta Roja, municipales de La Plata, nenes murguistas del Bajo Flores, docentes de Santiago del Estero, vecinos de La Pampa, entre muchas otras. Se expresa también con cordones de Infantería y carros hidrantes en la puerta de organismos públicos para impedir el ingreso de trabajadores. Y, además, da marco para que cualquiera se sienta con derecho a disparar a mansalva contra 500 militantes democráticos”. "Es el inicio más violento de un mandato presidencial de las últimas décadas", consideró el ex intendente de Morón.

“Cristina me expresó su profunda preocupación y su profunda tristeza porque esto le recuerda los peores años de la historia política de Argentina”, agregó.

El referente de Nuevo Encuentro subrayó que “este hecho se da también en el medio de una campaña de permanente estigmatización de la militancia política, de demonización del kirchnerismo y de los trabajadores públicos, que incentiva la violencia física y verbal contra los opositores”

“El presidente Macri es el responsable de desarmar este contexto de violencia institucional, de poner fin a la campaña de demonización que él mismo propaga y de pronunciarse contundentemente y sin excusas a favor de la paz y del libre ejercicio de los derechos a la expresión y a la participación democrática”, concluyó.

También participaron de la conferencia de prensa en el local donde ocurrieron los hechos, los dirigentes porteños Gabriela Cerruti y Mariano Recalde; los diputados nacionales del FpV Adrián Grana, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carolina Galliard, y Aracelli Ferreyra; los legisladores porteños del FpV José Cruz Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca, y Lorena Pokoik; el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; el parlamentario por el Mercosur Daniel Filmus; los dirigentes radicales Leopoldo Moreau y Leandro Santoro; el dirigente Luis D'Elia; los dirigentes sindicales Víctor Santa Maria (SUTERH) y Eduardo López (Cetera y UTE); el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González; Carlos Barragán y Edgardo Mocca, entre otras personalidades. Sobre el final, cantaron ante los más de 500 asistentes Liliana Herrero, Horacio Fontova, Dolores y Marilina Ross, que expresaron su solidaridad y el repudio al grave atentado.

"Hay problemas en el proyecto, que básicamente es un cheque en blanco porque no tiene límites de endeudamiento, no tiene características de cómo son los bonos que eventualmente se emitirían y el tema del gasto no queda claro", dijo Marco Lavagna.

Aclaró, no obstante, que el Frente Renovador concuerda con el Gobierno de Maurcio Macri en la idea de que la Argentina necesita buscar una solución y cerrar definitivamente el conflicto de la deuda en default.

"La clave está en cómo utilizamos esto que va a ser muy costoso en un beneficio concreto para la gente después. Si está el costo tiene que ser para algo muy concreto. Esas combinaciones tienen que darse", dijo.

En declaraciones a Radio Continental, Lavagna insistió que el proyecto de acuerdo con los holdouts "necesita cambios" y expresó que tanto él como el resto de los legisladores que responden a Sergio Massa esperan "que el Gobierno esté dispuesto a esto".

Indicó el economista que a la iniciativa del Poder Ejecutivo le falta trabajar sobre la cobertura legal para evitar que haya juicios a futuros contra la Argentina: "La clave es cómo nos vamos a cubrir. Tuvimos observaciones que fueron bien recibidas".

El director de asuntos gremiales de ANSES, Francisco Bosh, fue acusado nuevamente por trabajadores del organismo por ejercer métodos extorsivos para que abandonen sus puestos de trabajo.

La primer denuncia contra el funcionario Pro, se dio a conocer la semana pasada, cuando un trabajador hizo pública una grabación donde se podía observar a Bosh ofreciéndole al ex jefe de la UDAI de San Vicente que deje de ir a trabajar compensándolo con tres meses de sueldo y que luego presente una renuncia diferida.

Ante la negativa de Diego Barrale, Francisco Bosch, lo amenazó asegurándole que iban a inventar una "causa justa" para echarlo.

A partir de que este caso se hizo público, se acrecentaron las denuncias dentro de ANSES, dado que el mecanismo extorsivo se repitió en la mayoría de las UDAI.

Los trabajadores y ex jefes presentaron denuncias a la justicia, y si bien el escándalo llegó a la rosada y la orden fue calmar las aguas, el tema ya tomó conocimiento público.

Francisco Bosh, es uno de los funcionarios más allegados al nuevo titular de ANSES, Emilio Basavilbaso.

El directivo, que se reunió con 14 de los 178 ex jefes repitió el modus operandi en cada uno de los encuentros. Ante la negativa de los trabajadores, el funcionario Pro decidió dar marcha con la agenda de reuniones que había previsto en todo el país.

El ex jefe de la departamental de Wilde, Juan Torreiro detalló cómo fue el encuentro que mantuvo con el director de asuntos gremiales y denunció que "me ofrecieron 3 sueldos diciéndome que me liberaban para que pueda ir buscando trabajo y que no hacía falta que me presentara a trabajar".

Ante su negativa a la propuesta, el directivo respondió que "de cualquier empleado podemos encontrar algo para echarlo con justa causa", en tono amenazante, recordó Torreiro.

Manuel De Benedectis, por su parte, que ingresó al organismo en el año 2010 contó que "empecé a recibir llamados de Francisco Bosch, quien dijo ser mano derecha de Basavilbaso. Tuve una entrevista con él, en donde me propuso hacer una renuncia diferida a 3 meses, cobrando el sueldo de jefe de UDAI sin ejercer el cargo, y que de no aceptar la propuesta iban a encontrar alguna vía para desvincularme del organismo".

En la misma línea, De Benedectis, agregó que en ANSES se está viviendo un clima de "persecución ideológica sin precedentes, en ningún momento hubo algún tipo de cuestionamiento sobre nuestra gestión, o sobre los resultados, o de las distintas medidas o decisiones que habíamos tomado como para desvincularnos", aseguró.

Los trabajadores además denunciaron que están recibiendo citaciones a declaración indagatoria que podría implicar el inicio de un sumario administrativo. En tal caso, si son despedidos, ANSES no está obligada a indemnizarlos.

Los trabajadores denunciaron que hay 120 telegramas de despido que llegarán en el transcurso de la semana.

Los gremios por su parte, rechazaron los despidos, y repudiaron las extorsiones y la persecución ideológica.

En caso de que se confirmen las denuncias contra el director de asuntos gremiales, el delito caratulado como "coacción agravada" prevé una pena de hasta 12 años de prisión.

El gobierno argentino, días atrás anunció un principio de acuerdo con el fondo NML Capital de Paul Singer y otros holdouts para pagarles hasta el próximo 14 de abril u$s 4.653 millones en efectivo, que implicaría el inicio del camino de resolución del litigio con los Fondos Buitre.

Daniel Pollack, mediador desingnado por Nueva York para mediar entre los houldots y la Argentina aseguró que el acuerdo con Singer, presenta un 75 por ciento de la totalidad de las sentencias, incluyendo capital e intereses.

Sin embargo, el mismo abogado, advirtió que "este es un gigantesco paso adelante en este largo litigio, pero no el paso final".

El de acuerdo implica que Argentina se compromete al pago en efectivo de la suma de 235 millones de dólares Señaló que el pago se llevará a cabo en efectivo en dólares estadounidenses y destacó que "el país debe conseguir el capital" para saldar esa deuda. Asimismo, Pollack explicó que las partes acordaron que Argentina hará el pago de 235 millones de dólares en concepto de costos legales y para cerrar otros litigios fuera de Nueva York.

"El Principio de Acuerdo está sujeto a la aprobación del Congreso de Argentina y, específicamente, al levantamiento de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, que fueron puestas en vigor bajo un gobierno anterior y que ahora impiden tales acuerdos", detalló Pollack.

Antes, en un comunicado, había destacado: "me da mucho placer anunciar que la batalla legal de 15 años entre la República Argentina y Elliott Management, liderado por Paul Singer, está en camino a ser resuelta", dice. "Las partes firmaron anoche un principio de acuerdo después de tres meses de intensas negociaciones contrarreloj, bajo mi supervisión".

"El principio de acuerdo, si se consuma, pagará a NML Capital Ltd, el fondo manejado por Elliot, y a varios otros fondos que han demandado con NML, la suma agregada de aproximadamente u$s 4.653 millones para arreglar todas las demandas, tanto en el Distrito Sur de New York como en todo el mundo.", señala el escrito.

"Es un paso gigante para este litigio de larga data, pero no el paso final", agregó el mediador, indicando que ahora el Congreso argentino debe derogar las leyes que impedían un acuerdo de este tipo (Ley Cerrojo y de la Ley de Pago Soberano).

En la misma línea, el abogado de los bonistas italianos exigieron avanzar en un acuerdo similar con el gobierno argentino.

A inicio de febrero, se dio a conocer un preacuerdo con 50.000 bonistas italianos para pagar al contado 150% del importe original del capital de 900 millones de dólares por títulos en default, es decir un total de "1.350 millones de euros", según su representante Nicola Stock.

El principio de acuerdo entre el ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Argentina y la Task Force Argentina (TFA) supuso un punto a favor para el gobierno. Sin embargo, el ministro de la cartera, Alfonso Prat-Gay, evitó develar los puntos referentes a cómo pagará, los plazos o a cuánto ascenderán los intereses.

El abogado de los bonistas italianos, Nicola Stock, reveló que el preacuerdo contempla que la “Argentina pagará al contado el 150% del importe”, equivalente a unos USD 1.350 millones; es decir los 900 millones de dólares de capital más 450 millones de intereses.

Los 50.000 bonistas italianos pretendían USD 2.500 millones en capital e intereses punitorios en el CIADI y esperan que los pagos se efectúen en mayo o junio.

La posibilidad de que la Argentina acepte el histórico endeudamiento con los fondos, es una decisión que pasará por el Congreso Nacional los próximos días.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se mostró a favor del acuerdo del gobierno nacional con los fondos buitres y dijo que “hay que modificar la ley para permitir que Argentina pueda negociar”.

"En el tema de los holdouts hay que modificar la ley para permitir que Argentina pueda negociar y cumplir con sus obligaciones”, sostuvo el mandatario provincial.

En ese sentido, aseguró que va a acompañar el proyecto para derogar la ley Cerrojo y la de Pago Soberano.  "Vamos a garantizar al gobierno la posibilidad de sancionar estas leyes, no desde la negociación sino con el convencimiento de que Argentina necesita hacerlo", dijo a Cadena 3.

El gobernador salteño explicó que van "a hacer todos los esfuerzos posibles". Además prometió unir fuerzas en el Congreso con el gobierno para lograr la aprobación de la ley: "El oficialismo, más algunos sectores de la oposición, entre ellos yo, creo que vamos a tener el número necesario para avanzar en estas leyes. No son leyes para Macri sino para los argentinos".

En relación a la cercanía de un acuerdo entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores justicialistas, sostuvo: "Esperemos que esté cerca, vamos a ver la semana que viene. Estamos trabajando en eso, estamos analizando diferentes alternativas, y yo soy optimista”.

“Yo creo que se va a llegar a ese acuerdo. Dos cosas quiero ser claro, la discusión de cómo se institucionaliza el aporte del 15 por ciento a las provincias no debe condicionar la discusión que hoy hay en el Congreso, eso va por carriles separados", sostuvo.

El Frente para la Victoria (FpV) decidió que presentará una lista propia para conducir el Partido Justicialista nacional, con vistas a las próximas elecciones internas previstas para el 8 de mayo, ya que “no habrá una lista de unidad” debido a las “diferencias conceptuales” con el sector "justicialista" más dialoguista con el gobierno nacional.

El Frente para la Victoria (FpV) decidió hoy que presentará una lista propia para conducir el Partido Justicialista nacional, con vistas a las próximas elecciones internas previstas para el 8 de mayo, ya que “no habrá una lista de unidad” debido a las “diferencias conceptuales” con el sector "justicialista" más dialoguista con el gobierno nacional.

Para el sector del peronismo más cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional José Luis Gioja -que se mencionaba para encabezar una lista de unidad- "no representa" a todo el partido, y existen "marcadas diferencias" con respecto al rol del PJ en temas clave como la derogación de la ley Cerrojo y de pago soberano.

“Vamos a dirimir el rumbo del partido en internas porque no puede haber una lista de unidad si no hay consenso en los conceptos fundamentales y nosotros –el FpV- tenemos claro que el peronismo tiene que ser un partido de oposición y que defienda a la sociedad de las políticas neoliberales del gobierno de (Mauricio) Macri”, explicó a Télam el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

El tema que puso punto final a la búsqueda de unidad y profundizó las diferencias entre el kirchnerismo y el justicialismo fue, según lo explicó Ferraresi , que “para el FpV, el límite son los fondos buitre y si hay otros –peronistas- que quieren colaborar con el Gobierno para volver entregar la soberanía nacional, eso lo tenemos que resolver en elecciones internas porque el PJ no puede ser cómplice de esta entrega”.

“El peronismo tiene que defender a los que están despedidos, a los afectados por la suba del costo de vida y a todos los que comienzan a sufrir los embates de la economía neoliberal de (Mauricio) Macri”, reclamó el intendente y uno de los principales voceros del kirchnerismo dentro del PJ mientras se espera la vuelta de Cristina Kirchner.

Sobre los efectos que provocará una elección interna por la conducción partidaria de cara a las elecciones del próximo año, Ferraresi consideró que “algunos aceptarán el resultado y trabajarán dentro del partido y otros se irán al Frente Renovador de Sergio Massa o al Justicialismo de (Juan Manuel) Urtubey que es la antesala de ingreso al partido neoliberal del PRO”.

“Hay muchos –peronistas- que se sienten cómodos siendo funcionales a Macri y otros no se animan a vestirse de amarillo y están en el Frente Renovador, pero los peronistas sabemos que tenemos que darles respuestas al pueblo que está sufriendo y perdiendo derechos que había conquistado en estos doce años de kirchnerismo”, sentenció.

Al respecto, aclaró: “La mayoría de los compañeros peronistas saben, y muchos de los gobernadores dieron muestra de ello, que debemos estar unidos pero siendo oposición al Gobierno”.

Ferraresi reiteró: “Vamos a competir en la interna porque no hay unidad y ahí veremos qué es lo que quiere el afiliado, ya que todos los nuevos afiliados quieren un partido con un rol de fuerte oposición al Gobierno y a favor del pueblo”.

Uno de los primeros nombres que surge para ser el candidato a presidente del PJ es el intendente de Resistencia (Chaco), Jorge Capitanich, aunque Ferraresi sostuvo que “todavía no se discutió el nombre, pero por suerte hay varios posibles candidatos”.

"La magnitud del problema es grande porque hay muchos acreedores e instancias diferentes. El problema era efectivamente muy grande", afirmó Alfonso PratGa y aclaró que el reclamo total alcanza a los 18.800 millones de dólares.

El funcionario se expresó así al hablar ante legisladores en la Cámara de Diputados para explicar en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas el proyecto de ley para habilitar el pago a los Fondos Buitres.

"Simplemente venimos a explicar lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sobre la base de las negociaciones que hemos tenido con los bonistas en Nueva York", dijo el funcionario.

La discusión en las Cortes de Nueva York, donde entiende el juez Thomas Griesa, alcanza los 11.825 millones de dólares por una deuda original de 3.488 millones, precisó el funcionario, acompañado por su secretario de Finanzas, Luis Caputo.

El diferendo con los bonistas italianos liderados por Nicola Stock, en tanto, acumuló una deuda hasta la actualidad por un total de 2.300 millones de dólares, cuando el monto original era de 960 millones.

Aún quedan por ingresar a una instancia de negociación para acordar bonistas en Alemania, que mantienen procesos de litigiosidad, y también hay otros no identificados, entre los que hay bonos que prescribieron.

"Esta deuda que viene de gobiernos anteriores al de 2001, que la repudió durante una presidencia transitoria. Los primeros litigios se iniciaron durante el gobierno de Eduardo Duhalde", precisó Prat Gay.

Así se fue acumulando deuda con litigios a través de distintas administraciones y cuya sentencia definitiva se dio durante el Gobierno de Cristina Kirchner, "pero básicamente es una cuestión de Estado que si no se resuelve impide volver a crecer", dijo el ministro.

"De 6.100 millones de dólares se han hecho 18.800 millones de dólares, que incluso podría ser algo más. Esto da la pauta de lo que ha sido el costo del transcurso del tiempo", se quejó el funcionario ante los legisladores que lo escuchaban y observaban unas filminas con datos.

El gobierno de Mauricio Macri envío el jueves a Diputados el proyecto de ley de Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito, mediante la cual se derogarán las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, se formalizará la oferta de pago a los holdouts y fondos buitre y se autorizará la emisión de títulos públicos por hasta 12.000 millones de dólares.

La ola de despidos masivos en el sector público ya toma color como un claro vaciamiento de las políticas públicas y el desmantelamiento de programas estatales. Eso sucedió ayer en el Ministerio de Educación de La Nación, donde tras casi tres meses de abandono, en los que ni siquiera cobraron los salarios, los más de mil empleados del Programa Conectar Igualdad fueron notificados verbalmente de que esa política no continuaría.

El cierre del programa está compañado por el despido de todo el plantel de trabajadores que suman más de mil en todo el país.

La información todavía no tuvo un correlato formal debido a que no llegaron telegramas de despidos, pero los empleados ya fueron avisados de la decisión, algunos verbalmente y otros vía correo electrónico.

La Junta Interna de ATE del Ministerio de Educación ayer publicó un breve comunicado en el que expresaron: “queremos denunciar que hoy, después de meses de insistencia y falta de respuesta, los funcionarios del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, que conduce Esteban Bullrich, dijeron que QUE CONECTAR IGUALDAD NO CONTINÚA Y QUE TODO EL EQUIPO DE CONECTAR IGUALDAD ESTÁ DESPEDIDO”.

“Echando trabajadores y discontinuando políticas y recursos para la escuela pública, Bullrich está negando el derecho a la educación del pueblo”, sostuvieron desde ATE.

El programa de inclusión digital desde su puesta en funcionamiento entregó más de 5 millones de netbooks y tuvo incidencia en más de 10 mil escuelas primarias públicas de todo el país.

Trabajadores y delegados convocan hoy en el Hall del Palacio Sarmiento (Ministerio de Educación y Deporte de la Nación) a una protesta “para decir NO a los despidos y exigir la reincorporación de los compañeros”.

El presidente Mauricio Macri confirmó hoy que su par estadounidense Barack Obama pasará "unos días" en la ciudad rionegrina de Bariloche durante la visita oficial que el mandatario norteamericano realizará a fines de mes.

Durante su discurso en la sede de INVAP, el mandatario argentino afirmó también que la agencia espacial estadounidense -la NASA- tiene que "ser parte del futuro trabajo" conjunto con la empresa rionegrina que ya desarrolló tecnología aeroespacial y cuyo logro más reciente fue la construcción de los satélites Arsat 1 y 2.

El 18 de febrero el gobierno nacional había confirmado la llegada del mandatario estadounidense al país el 23 y 24 de marzo, tras su histórica visita a Cuba el 21 y 22.

En la ciudad rionegrina la llegada del dirigente demócrata estadounidense se volvió un comentario extendido durante los últimos días, pero no trascendieron detalles sobre el paso definitivo de Obama por Bariloche, ni siquiera después de las declaraciones de Macri.

Obama se hospedaría junto a su comitiva en el hotel Llao Llao durante dos noches, dato que fuentes barilochenses dan en "un 99 por ciento cerrado", ya que aun se están "autorizando cuestiones de seguridad del hotel", que terminarían de confirmarse en el mediodía de mañana.

La seguridad del presidente estadounidense es uno de los motivos por los que el tradicional resort ubicado en el kilómetro 25 de la avenida Bustillo está derivando sus reservas ya acordadas entre el 24 y el 26 de marzo a otros hoteles, para quedar totalmente disponible para el jefe de Estado norteamericano. Entre ellos, el establecimiento cinco estrellas El Casco recibió en estos días 19 reservas provenientes del Llao Llao.

De producirse la llegada de Obama a Bariloche el jueves 24, el mandatario norteamericano no coincidiría en Buenos Aires con la marcha que los organismos de derechos humanos convocan por el 40 aniversario del golpe de Estado de 1976, sin embargo, las marchas por el día de la memoria se realizan en todo el país y se comenta por lo bajo que este año en lugar de realizarse en el Centro Cívico se podría convocarse en el tradicional Hotel barilochense.

El presidente del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, afirmó que "los 84 diputados" no darán quórum para el tratamiento de la derogación de la "ley cerrojo".

La polémica de derogación impulsada por el gobierno nacional es condición de los fondos buitre para cerrar el acuerdo.

"Los 84 diputados decidimos no dar quórum", aseguró Recalde, y enfatizó que su bancada buscará "reducir los riesgos" para el país "de la negociación" con los fondos buitre.

El Gobierno nacional necesita derogar la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberno pra terminar las negociaciones con los Fondos Buitre.

Diputados del Frente Renovador y el GEN darían apoyo a la iniciativa presidencial.

La propuesta que elevó el gobierno nacional, mediante el secretario de Finanzas, Luis Caputo, es por alrededor de US$9000 millones. Si los acreedores aceptan y el congreso lo avala, cobrarán aproximadamente 6500 millones de dólares.