Chubut advirtiÃģ al Gobierno con no entregar petrÃģleo y gas si no recibe los fondos de la coparticipaciÃģn

Con el aval de los demÃĄs gobernadores patagÃģnicos, el chubutense Ignacio Torres publicÃģ un duro pronunciamiento en medio del conflicto por el recorte de las transferencias a las provincias. “El gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones”, afirmÃģ

Desde el cambio de gestiÃģn en los Ejecutivos provinciales, y a pesar de provenir de distintos partidos políticos, los gobernadores de la Patagonia sostienen una articulaciÃģn para defender una agenda conjunta. En ese marco, volvieron a reclamar a Javier Milei por fondos adeudados de NaciÃģn a la regiÃģn, aunque se centran en el caso de la provincia de Chubut, apuntando que “el Ministerio de Economía de la NaciÃģn le retuvo ilegalmente $ 13.500 millones, mÃĄs de un tercio de su coparticipaciÃģn mensual”.

En un documento firmado por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (NeuquÃĐn) y Alberto Weretilneck (Río Negro) recuerdan que “las provincias son preexistentes a la NaciÃģn y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricciÃģn de fondos pÚblicos que les pertenecen por derecho propio”.

Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni estÃĄn sujetos a sus Ãģrdenes”, continÚa el documento, en donde consideran que “de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte pÚblico. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignaciÃģn específica”.

El documento concluye afirmando que “si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregarÃĄ su petrÃģleo y su gas. Quitarle a una provincia mÃĄs de un tercio de su coparticipaciÃģn es una acciÃģn criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. NingÚn gobernador lo va a consentir”.

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