Se trata de Rolando Barreiro, el ex AFI detenido que reconoció su pertenencia a un equipo que hacía tareas de espionaje que tenían como consumidor final al propio Estado que gobierna Macri
Hugo Barriero se encontraba prófugo hasta ayer, cuando por vía de su abogado pidió contactar primero al fiscal Curi, en lo que parece un intento de ser aceptado como arrepentido. Se trata del agente de la AFI que funcionó como nexo entre el falso abogado y el Poder Judicial.
Tanto Mauricio Macri como el ministro de Justicia Germán Garavano pidieron la destitución del juez Ramos Padilla, por el mero hecho de haber señalado la connivencia entre espías, policías, funcionarios judiciales, legisladores y periodistas. Una conexión que a esta altura resulta innegable.
Un escandaloso convenio firmado entre la Corte y la AFI al que accedió el portal Nuestras Voces revela que los espías siguen teniendo el control operativo de las escuchas, lo que le permite al Poder Ejecutivo acceder al contenido de las conversaciones intervenidas y facilita la filtración de escuchas de los enemigos políticos del Gobierno. El oscuro rol de Martín Doctrina Irurzun.
La oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema firmó un convenio con la AFI que sentó las bases para el regreso de los servicios de inteligencia al (des)control de las escuchas judiciales y habilitó específicamente el accionar de la casa de los espías en escuchas directas como las que hicieron sobre CFK y Oscar Parrilli. Este es el telón de fondo que tanto la Corte como el Gobierno ocultan a la hora de echarse culpas sobre las filtraciones teledirigidas de escuchas de opositores a los medios y voceros oficialistas.
El convenio fue firmado el 11 de julio de 2016, a pocos meses de que la Corte se hiciera cargo de las escuchas telefónicas. Un pase de manos que, vale recordar, fue ordenado por Macri.
El convenio tiene 18 puntos. El décimo sexto es clave para comprender la operación en la que escucharon y luego filtraron las conversaciones de CFK y Parrilli. Según consta en el informe sobre estas filtraciones que elaboró el juez Martín Doctrina Irurzun, puesto a dedo de forma irregular por la Corte al frente de la dirección de escuchas, el pinchazo al celular de Parrilli lo realizó en forma directa personal de la AFI. Hasta la gestión Lorenzetti de las escuchas, la AFI no podía realizar escuchas de forma directa en una causa como esta. De hecho, el artículo 18 de la Ley de Inteligencia establece que si la AFI tiene que hacer una escucha debe pedir autorización al juez. Aquí sucedió lo contrario: fue el juez Ariel Lijo el que requirió, según el informe de Irurzun, que las escuchas las hiciera la AFI. El convenio entre la oficina de la Corte y Arribas lo permitió. “La Dirección se compromete a arbitrar los medios para permitir a la AFI realizar escuchas directas autorizadas judicialmente (…) requeridas judicialmente en causas de su competencia”, dice el convenio.
Lo que no explican, sin embargo, son varias cosas. El juez Lijo ordenó las escuchas directas en una causa vinculada al narco Ibar Pérez Corradi cuando éste ya estaba detenido. Ergo, no había ninguna urgencia para escuchas a Parrilli online. Pero, lo que es más grave, había menos justificación aún en otorgarle la tarea a la AFI, algo que pidió Lijo y que autorizaron Irurzun y sus compinches. La deducción es clara. La AFI, sucesora de la SIDE, depende directo de Macri. Por ende, la escucha directa a CFK y Parrilli quedó bajo el control de una dependencia del Poder Ejecutivo.
Nuestras Voces confrontó el convenio con la fiscal Cristina Caamaño, un ex funcionario de la AFI y una integrante de una organización que monitorea el rol de los servicios de inteligencia. Todos coincidieron en que se trata de una restauración del poder de la vieja SIDE por sobre las escuchas telefónicas. Estos materiales son la moneda de cambio en las relaciones promiscuas entre servicios de inteligencia, sectores judiciales y los medios hegemónicos.
“Este documento vuelve a la promiscuidad que se intentó derogar cuando le sacaron las escuchas a la AFI”, afirma la fiscal Cristina Caamaño, que estuvo a cargo de las escuchas telefónicas durante el breve período que estuvieron bajo la órbita de la Procuración General de la Nación que conducía Alejandra Gils Carbó. A diferencia de la actualidad, durante la gestión de Caamaño no se registraron filtraciones de escuchas a medios. Con la decisión de Macri de entregarle las escuchas a la Corte y el retorno a las oficinas de avenida de Los Incas 3834 de personal de la casa de los espías las cosas cambiaron. La consecuencia es que las filtraciones llegaron a magnitudes que no sólo contrastan con la gestión de Caamaño. Aún en la oscura historia de la Dirección de Observaciones Judiciales que manejaba la SIDE, más conocida como la “OJOTA”, no se recuerdan casos de filtraciones a medios oficialistas de conversaciones de opositores políticos y, menos aún, de una ex presidenta.
“Es una restauración del poder de la AFI que el Ministerio Público Fiscal trató de limitar”, resume Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización que integra la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI).
Uno de los puntos centrales del convenio entre la oficina de la Corte y la casa de los espías es acorde a una de las muletillas del merchandising de Cambiemos: el trabajo en equipo. Este es uno de los ejes centrales del convenio que firmaron el juez Doctrina Irurzun y el amigo presidencial Arribas.
Así quedó establecido en el primer punto del convenio: “Las partes convienen mantener el personal de la AFI”. Mientras durante la gestión de la fiscal Caamaño se buscaba desprenderse del personal de inteligencia a medida que se capacitaba a nuevos miembros de la DICOM, la Corte directamente los mantiene adentro. El detalle, que también funcionaba durante la etapa anterior, es que los agentes de inteligencia que siguen en esta oficina cobran su sueldo de la AFI y los rigen las leyes que regulan al personal de inteligencia. La pertenencia, por ende, es clara.
El punto cuarto refuerza la presencia de la AFI en la oficina de la Corte. “La AFI se compromete a prestar soporte técnico, funcional y operativo a la ‘Solución Informática’ con el que opera la Dirección, hasta tanto el personal técnico del Poder Judicial de la Nación pueda hacerlo de forma autónoma”, convienen. Consultada sobre este punto, al fiscal Caamaño afirmó que, en su gestión, ya se había logrado esa autonomía con nuevo personal de la Procuración General de la Nación. El acuerdo actual indica el retorno de agentes de inteligencia al área. El punto sexto vuelve a reforzar la “asistencia” de la AFI en cuestiones operativas de la oficina de escuchas pese a que en la gestión anterior ya no participaban.
El convenio está orientado al trabajo conjunto. Establece, por ejemplo, que la Dirección le enviará información estadística a la AFI, algo que no sucedía antes. La fiscal Caamaño sostiene: “Nunca nos comprometimos a trabajar juntos, al contrario”.
Uno de los puntos críticos es el décimo quinto, donde “las partes se comprometen a evaluar la conveniencia y factibilidad técnica de la adquisición de un software a través del cual puedan generarse parámetros de alerta y de búsqueda en el marco de las captaciones de telecomunicaciones que son ejecutadas en la órbita de la Dirección, y que permitan, previa autorización judicial, dar aviso a la Agencia en caso de detectarse parámetros que pudieran encontrarse vinculados a sus funciones”. Traducido, los jueces hacen las escuchas y se las pasan a los espías cuando les parece que son de su interés.
Pero el punto sigue, y plantea que van a evaluar al compra de equipos para “ampliar la capacidad operativa de la Dirección y hacerla extensiva a nuevas tecnologías de comunicaciones”. Es decir, equipos para interceptar no sólo las llamadas telefónicas sino todo lo que pase por un celular.
Designación a dedo de sus autoridades, ampliación de sus funciones mucho más allá de las escuchas, aumento de personal y duplicación del presupuesto, convenios para acceder a las bases de datos del Estado y controles nulos son algunas de las principales características que, como reveló Nuestras Voces en diciembre pasado, hacen de la oficina de escuchas una SIDE paralela bajo el ala de Lorenzetti y sus huestes.
El convenio firmado entre la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial y la AFI muestra las complicidades en el armado de esta estructura de inteligencia cuyas lealtades, ahora, parecen quebradas.
El convenio tiene cuatro firmas. Por la AFI figura Arribas, su director general. Por la dirección de escuchas telefónicas de la Corte lo hacen los jueces Irurzun y Javier Leal de Ibarra y el secretario letrado Juan Tomás Rodriguez Ponte. Tal como informó Nuestras Voces, Irurzun y Leal de Ibarra fueron nombrados a dedo por Lorenzetti, quien informó de un sorteo para designarlos, del cuál no existen pruebas. Macri no quedó afuera de esta irregularidad. El nombramiento era por un año pero decidió extenederlo a tres vía decreto. El caso de Rodriguez Ponte da cuenta de la influencia del juez Ariel Lijo en el asunto, ya que se trata de su ex secretario y persona de confianza. Que el eje del conflicto actual sean las escuchas telefónicas a Parrilli ordenadas por Lijo y realizadas por personal de la AFI muestra las consecuencias de esos nexos.
Fuente: Nuestras Voces
Autor: Ari Lijalad
Link del Convenio: https://es.scribd.com/document/375090731/Convenio-AFI#download&from_embed
En tiempo récord, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió el año pasado sobreseer al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, a pesar de que un arrepentido lo había señalado por el cobro de coimas en el caso Odebrecht. No sólo el juez dejó de investigarlo, el fiscal Gerardo Moldes decidió no apelar y la causa cayó.
Ahora, la policía Federal de Brasil volvió a involucrar a Arribas por el supuesto cobro de una coima de 850 mil dólares. La nueva denuncia generó un escándalo en el país que vecino que llegó hasta la tapa del diario The New York Times.
Sin embargo, en la Justicia argentina no quieren saber con investigar a un íntimo amigo del presidente Mauricio Macri. El juez Canicoba Corral dijo que las nuevas pruebas "son confusas" y que no ameritan que se reabra la investigación.
Mientras, desde la oposición pidieron interpelar a Arribas en el Congreso para que explique la situación. El jefe de los servicios es un hombre muy cercano a Macri: de hecho, vive en un departamento que es propiedad del mandatario.
Legisladores nacionales de la oposición presentaron el proyecto para que el director general de la Agencia Federal de Inteligencia proporcione explicaciones sobre su vinculación con la “Operación Descartes”
Diputados nacionales del Frente Para la Victoria (FPV) presentaron este viernes el pedido de interpelación al director general de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas.
El pedido es para que se proporcione explicaciones sobre su vinculación con la “Operación Descartes” -derivada del megacaso de corrupción Lava Jato- en la que, según la Policía Federal de Brasil, el funcionario macrista habría recibido un depósito de 850 mil dólares provenientes de operaciones ilícitas.
El proyecto de resolución solicita la presencia de Arribas al Congreso en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados, es encabezado por el diputado Rodolfo Tailhade, acompañado por el titular de la bancada, Agustín Rossi, y otros diputados del bloque.
El proyecto:
El ex Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, criticó con dureza a la ministra de Seguridad por el caso de los policías torturados en La Rioja: "Es una chanta". Además, cuestionó a la clase política: "Es bastante corriente que pase esto en las academias de policías".
En diálogo con el programa "Detrás de las noticias" por Radio del Plata, el especialista en seguridad comentó que el caso Emanuel Garay se enmarca en lo que "es una práctica habitual y histórica, a mí me asombra el asombro de la política y de la sociedad al respecto porque ese es un tema bastante corriente en las academias de policías".
Con respecto a la formación policial destacó: "No tiene, a mi modo de ver, ningún tipo de correlato con lo que es un policía pensante, reflexivo, buen gestor de situaciones conflictivas que es en el fondo lo que después tiene que enfrentar un policía en la calle".
"No quieren formar buenos policías en el sentido de personas con capacidad reflexiva, con tratos ciudadanos habituales, sino lo que construyen es una fuerza corporativa, muy endógena, cuyo valor más importante es la obediencia hacia un superior", sostuvo el ex Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Además analizó el tipo de formación que recibe la fuerza, y señaló que "esta militarización que prácticamente no se utiliza en el ámbito de las Fuerzas Armadas sigue como un remanente institucional, una aberración por donde se lo mire".
Continuando con el caso de Emanuel Garay, Saín afirmó: "Que el gobernador de La Rioja se alarme y se encuentre con una situación así, significa varias cosas, primero que tiene un ministro que o tiene la gorra puesta o es un estúpido o es un cómplice de ese conjunto de prácticas".
En otro momento de la entrevista resaltó que "las policías argentinas, son policías de ocupación territorial y de gestión poblacional, no son policías de prevención del crimen", a lo cual añadió, "en el fondo es una policía de disciplinamiento social, de detención masiva de personas sospechosas".
En cuanto a las autoridades remarcó que "la dirigencia comisarial, son una burocracia de las más ignorantes del país".
Además, el ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, arremetió contra la conducción política de la fuerza: "La clase política como sabe que la seguridad no le da votos y esos temas tampoco, sólo le pueden generar un costo político en situaciones de crisis, entonces no les importa y hacen una 'gestión de riesgo'".
"Hacen lo que hace Patricia Bullrich, el otro día dijo que hay una nueva doctrina, con el protocolo Tueller, que es un policía californiano que estableció 21 pasos o reglas para conjurar a un delincuente con un cuchillo, eso no tiene nada que ver con una doctrina, es una chanta esa mujer", fustigó a la ministra ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia.
Cuando le preguntaron acerca de la instalación de una Base Militar de EEUU para combatir el narcotráfico y el terrorismo, Saín fue contundente "es todo humo, porque ya hay una unidad operativa de la DEA y las agencias norteamericanas en materia de narcotráfico en Salta". Y añadió que "Acá han hecho tareas junto con la SIDE ahora AFI en materia de control de terrorismo. Stiuso era empleado de la CIA en esa materia, en la Triple Frontera y no pasa nada, no hay terrorismo".
Finalmente, volvió a arremeter contra la ministra que está al frente de la cartera de Seguridad: "Para mí Patricia Bullrich es una chanta pero es una chanta que dice cosas que garpan electoralmente, que sensibilizan a ciertos sectores fascistas de la opinión pública, y a Macri le gusta en función del focus group", concluyó Marcelo Saín.
(por Andrés Fidanza) Mientras se discute cómo se repartirá el recorte entre jubilados, trabajadores y estatales, la AFI volvió a consagrarse ganadora en el reparto presupuestario. Con perfil bajísimo, un poco obligado y otro tanto buscado, la Agencia Federal de Inteligencia logrará en 2018 una suba de casi el 21% de sus recursos para el 2018. Se trata de un aumento pautado de más de 374 millones de pesos. Con Gustavo Arribas ya corrido del foco mediático, y hasta sobreseído de forma exprés en la causa de las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht, la AFI macrista sigue acumulando fondos, discrecionalidad y poder.
El aumento presupuestario está 5 puntos por encima de la inflación proyectada por el oficialismo, y que supera ampliamente lo conseguido por otros ministerios y áreas de gobierno. Comparada con los 20 ministerios nacionales, la ex SIDE lograría crecer proporcionalmente más que 17 carteras.
Hace un año, un decreto presidencial habilitó la confidencialidad plena de sus recursos. Y ahora, por segundo año consecutivo, su presupuesto le ganará a la inflación prevista (según el oficialismo, será del 15,7% a lo largo del 2018) y al resto del gasto (un 16%, de acuerdo al proyecto presentado por ministro de Hacienda Nicolás Dujovne).
Si bien la reunión del G-20, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires, explica en parte el refuerzo presupuestario, se trata del segundo año de bonanza para la AFI. A fines del año pasado, la ex SIDE se anotó un plus de 355 millones de pesos: o sea, un 24,5% de aumento que la ubicó arriba de la suba integral del presupuesto para 2017 (22%) y de la inflación proyectada (17%). En comparación con la inflación real este año, al que todavía le faltan dos meses y medio, los cálculos oficialistas pronostican un empate en 24,5%.
Ahora, de aprobarse el proyecto del macrismo, volvería a integrar el podio de los organismos más premiados. De los 1.804.468.000 pesos actuales a los 2.178.680.000 previstos para 2018, los 374.212.000 de pesos agregados se traducen en una escalada de 20,74%.
Ese salto es sólo superado, y por muy poco, por el de tres ministerios: Trabajo (22,3%), Educación (21,9%) y Desarrollo Social (21,2%). Las demás carteras quedan bastante relegadas respecto a la ex SIDE: Medio Ambiente sube la mitad que la AFI; y Salud, unos 7 puntos menos.
“La AFI de Arribas y Majdalani va tener el doble de lo que se destina al SEDRONAR. Hay que disolverla y crear un organismo contra el crimen complejo y el terrorismo. Basta de financiar a los Stiuso y otros”, opinó la diputada Margarita Stolbizer.
Hasta mayo pasado del año pasado, se podía conocer el uso de los fondos de la AFI, con excepción de los destinados a tareas específicas de inteligencia. Pero Mauricio Macri eliminó el decreto que permitía el acceso a esa parte de la información: lo hizo por vía del decreto 656.
“No hay que confundir falta de transparencia con que el fondo sea reservado, que no quiere decir sin control”, se justificó Arribas, durante su exposición en el Congreso para defender su postulación. Fue una de sus poquísimas apariciones públicas.
Desde que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó en marzo pasado, concluyendo que no había cobrado coimas de la brasileña Odebrecht, la AFI prácticamente desapareció de la agenda mediática. Macri, sin embargo, la invocó indirectamente y sin buscarlo semanas atrás. Lo hizo al respaldar la teoría del asesinato del fiscal Alberto Nisman, en contra de la voluntad de la conducción de la AFI. Ese deseo de la Agencia no implica que no coincidan con Macri. Al contrario, una parte de la jefatura de la ex SIDE se inclina por esa misma versión. Pero el interés supremo de la Agencia es despegarse por completo de la trama que terminó con esa muerte, haya sido un crimen o un suicidio.
“Es la AFI pasada”, repiten desde la Agencia Federal de Inteligencia, en un intento por separarse de la vieja guardia de espías vinculados al fiscal Nisman, como el mítico Jaime Stiuso.
Pese al planteo refundacional, algunos espías antiguos volvieron por goteo a "la casa": como el director de Finanzas Juan José Gallea, un personaje muy cercano al ex subjefe de la SIDE en tiempos de la Alianza, el abogado Darío Richarte. De la mano del presidente de Boca Daniel Angelici, otro de los dirigentes que intenta influir sobre la justicia, Richarte concretó una suerte de ingreso informal al PRO.
Así se lo informó el Ministerio Público Fiscal del vecino país a la Procuración General de la Nación. Esa información está relacionada con transferencias bancarias a distintos beneficiarios, entre ellos el titular de la AFI y mano derecha de Mauricio Macri, Gustavo Arribas.
Las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Brasil informaron a la Procuración General de la Nación de Argentina que tienen documentación aportada por el "arrepentido" Leonardo Meirelles sobre transferencias bancarias que dijo haber hecho a nombre de Odebrecht, entre cuyos beneficiarios aseguró que se encuentra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
Así lo hizo saber mediante comunicaciones informales que mantuvieron las autoridades de Brasilia con la Unidad de Cooperación Internacional que funciona en la Procuración General que conduce Alejandra Gils Carbó.
Según se adelantó, el Ministerio Público brasilero informó que Meirelles entregó la documentación en la que consta la supuestas transferencias bancarias que aquel hizo a nombre de Odebrecht, entre las cuales aseguró que están las que recibió Arribas.
Meirelles había declarado semanas atrás ante el fiscal Federico Delgado y el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez, que por orden de Odebrecht transfirió a Arribas en 2013 unos 850 mil dólares por sus gestiones en la designación de empresas para la obra del soterramiento del tren Sarmiento.
El "arrepentido" detalló que hizo un total de 4.000 operaciones en nombre de Odebrecht por pago de sobornos y que entre esas están las que hizo a favor de Arribas.
En esa videoconferencia y por pedido del fiscal Delgado, Meirelles había adelantado que la información él había aportado al juez Sergio Moro en Brasil y que las autoridades judiciales argentinas debían solicitarla.
Según señaló Meirelles, las transferencias fueron hechas a una cuenta bancaria que Arribas tiene en el Credit Suisse, en Suiza.
En su descargo, Arribas dijo que la única transferencia que recibió fue de 75 mil dólares por una operación de venta de bienes muebles y que el intermediario elegido por el comprador fue Meirelles.
Lejos de la división de poderes republicana, el Presidente pidió una justicia en línea con la política del Gobierno. Al participar del aniversario del Colegio de Abogados, Macri criticó a los jueces y amenazó con reemplazarlos.
En el marco del 104º aniversario del Colegio Público de Abogados, el presidente Mauricio Macri cuestionó a la Justicia y lanzó una dura amenaza por no "avanzar" contra los casos de corrupción. "Más vale que nos representen, sino vamos a buscar otros".
Además, aprovechó la oportunidad y volvió a cargar contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por su "inacción" en el caso Odebrecht.
"Tenemos una procuradora que se tomó todo este tiempo en amparar delitos que se cometieron en el gobierno kirchnerista", aseguró Macri durante una entrevista pública, como parte del seminario Transparencia y Desarrollo, realizado anoche en la sede de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires.
En referencia al caso del pago de coimas por parte del la constructora brasileña en Argentina, el mandatario sostuvo que Gils Carbó "se ha dedicado a generar cortinas de humo para que se investigue a director de la AFI (Gustavo Arribas), que en ese momento era un ciudadano brasilero y no tenía ninguna relación con el gobierno argentino".
Además, denunció hoy que en el país "hay decenas de mafias" que "se resisten" a que se apliquen políticas de transparencia en el país, y reclamó a la Justicia que "actúe" para investigar la corrupción.
"Hay una empresa que confesó haber pagado y hoy no sabemos todavía a quién le pagó. En los próximos días, semanas, seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad que ha manejado en toda la causa la procuradora hasta el día de la fecha", insistió.
Según el Presidente, producto "de su inacción", Argentina es "uno de los tres países que no firmaron el acuerdo para ir (a Brasil) a tomarle declaración a los arrepentidos". Para él, muchas causas por corrupción en el Estado no avanzan "porque se viene de muchos años de que la Justicia estuvo enredada en la política".
"Tenemos claro que este es el camino, depende de todos, que entienda la justicia que queremos saber la verdad. Entonces si el señor (Julio) De Vido que es un emblema, tiene muchos amigos en la justicia federal, la justicia federal tiene que saber que cuidado, porque los argentinos queremos saber la verdad, entonces más vale que ellos nos representen, sino vamos a buscar otros jueces que nos representen", amenazó.
Luego, sin embargo, planteó que la Justicia "es un poder independiente" y dijo que desde el Ejecutivo "no se puede querer pasar por arriba de la institucionalidad cuando conviene".
