La ex fiscal del caso Nisman sostuvo que el Juez Julián Ercolini la responsabilizó, junto a distintos funcionarios, de haber realizado declaraciones públicas tendientes a instalar que Nisman se suicidó y cuestionó su accionar, por no haber imputado a Diego Lagomarsino y otros cuatro custodios.

En la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento de la torre Le Parc, la ex fiscal de la causa, Viviana Fein, recusó al juez Julian Ercolini. Según Fein, existe una falta de imparcialidad por parte de Ercolini, ya que al investigar la muerte concluyó que existió una "conspiración" para instalar públicamente la idea de que Nisman se suicidó, y que indirectamente se refirió con ello a su persona. "De seguirse esta hipótesis -expuso Fein- es claro que la suscripta habría tomado parte en una supuesta conspiración para que la investigación tenga un curso y no otro, pero lo cierto es que la intervención del fuero ordinario encuentra explicación en el expediente", señaló.

Además, la fiscal negó que haya sostenido desde el inicio de la investigación la hipótesis del suicidio y se despega de declaraciones que en ese sentido hizo en su momento la entonces presidenta Cristina Kirchner sobre un suicidio inducido.  "Mucho menos puede sugerirse que ambas tengan algo que ver con aquella finalidad de instalar en el público la idea de que Nisman se había suicidado", agregó.

Ante los cuestionamientos que Ercolini hiciera hacia la fiscal por no haber imputado a cuatro custodios y a Diego Lagomarsino, Fein le recordó a Ercolini que la citación del empleado informático como partícipe necesario del homicidio de Nisman, fue luego de conocerse un peritaje de Gendarmería sobre la escena del crimen, algo que no se había realizado cuando ella tuvo a cargo la investigación. Incluso, advirtió que existe un peritaje contradictorio elaborado por el Cuerpo Médico Forense, que fue hecho cuando ella tenía a cargo la causa.

Ahora, la recusación deberá ser evaluada por Julián Ercolini y luego por su superior, la Cámara Federal porteña, que decidirá si deja al magistrado frente a la investigación contra Fein.

El técnico Diego Lagomarsino brindó una entrevista televisiva en la que aseguró que tiene "terror de que se cometa una injusticia" y pueda ir a prisión por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"Nisman me cagó la vida. Si voy preso me termino de romper, no hay nada peor que un inocente preso", aseguró.

Lagomarsino está acusado de ser partícipe de "un plan criminal" contra el fiscal que apareció muerto en su departamento. En la causa, hay dos pericias: la del cuerpo de peritos de la Corte Suprema que habla de un posible suicidio y la de Gendarmería, que se inclinó por el asesinato. Lagomarsino fue la persona que le dio el arma a Nisman que fue utilizada en su muerte.

"Nisman me metió en un quilombo", cerró el técnico informático en diálogo con América. Además, desmintió a la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman: "Ella miente, dijo que el tiro fue atrás de la nuca, lo que no es cierto". La Justicia decidió ponerle una tobillera electrónica mientras siga procesado.

En un escrito dirigido al juez Claudio Bonadío, el ex titular de Interpol, Ronald Noble, solicitó ser testigo de la causa por el Memorándum con Irán, que involucra a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros dirigentes, por el supuesto delito de “Traición a la Patria”.

“No tengo ninguna razón para querer perjudicar o beneficiar a las personas investigadas en esta causa”, aseguró Noble.

Con un escrito de cuatro carillas, Noble explicó: "En su denuncia el (fallecido) fiscal Alberto Nisman menciona en más de diez oportunidades que fui yo, como secretario general de Interpol, quien impidió que se levantaran las notificaciones rojas en el caso AMIA. La denuncia afirma que el entonces ministro Héctor Timerman intentó en setiembre y noviembre del 2013 ‘convencer a Ronald Noble para que ceda y autorice el cese de las notificaciones rojas’. Le adelanto que mi testimonio no coincidirá con la denuncia".

En la misma línea, agregó: "Argentina y sus representantes siempre le expresaron a Interpol que las notificaciones rojas debían mantenerse. En febrero del 2013 Interpol recibió una nota firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman donde específicamente requería se mantuvieran las notificaciones rojas, acompañando una nota protocolar conjunta de Argentina y la República Islámica de Irán que daba cuenta que los dos países habían firmado un Memorándum".

Además, pese a reconocer que "es cierto que desde ese momento la República Islámica de Irán consideró que el punto 7 del Memorándum exigía la remoción de las notificaciones rojas", Noble afirmó que "para evitar toda confusión", ordenó "que se agregara un texto en las mismas notificaciones rojas dejando claro que éstas no eran afectadas en su vigencia por la aprobación del Memorándum", al tiempo que señaló que trató el tema con el fallecido fiscal.

Hasta el momento, no hubo respuesta del magistrado. Por su parte, Noble aclaró: “Estoy dispuesto a concurrir inmediatamente a la Embajada o al Consulado Argentino en Emiratos Árabes Unidos donde resido”, e insiste: “Sería un error que el señor juez ponga en duda mi profesionalidad e imparcialidad”. Y se ofreció declarar “por escrito o por videoconferencia” y dejó claro que declarará “sin ampararme en ninguna inmunidad”.

A través de Twitter, Ronald Noble desmintió la actual versión iraní que afirmaba que el memorandum pondría fin a las alertas rojas y publicó documentos enviados por Timerman.

"La carta es falsa", escribió y acompañó su afirmación con documentos intercambiados oportunamente entre el excanciller argentino, Héctor Timerman, y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Noble señáló que los dichos del funcionario iraní son falsos y destacó que en su momento "ninguno de los dos cancilleres envió inmediatamente el memorandum después de firmarlo el 27 de enero de 2013 para que las alertas rojas de la AMIA pudieran ser removidas. La carta de Timerman fue enviada el 15 de febrero del mismo año aclarando que las altertas permanecían sin cambios".

Luego compartió la misiva enviada por el ex canciller argentino donde anunciaba la firma del memorandum de entendemiento, pero aclarando que aún no se encontraba vigente porque estaba siendo considerado por los órganos relevantes de uno y otro país a los efectos de su aprobación de conformidad con las leyes respectivas.

En esa misma carta, Timerman resaltaba que "cualquier cambio en los requerimientos de captura internacional oportunamente formulados a INTERPOL desde La Argentina en relación con los graves crímenes investigados en la causa AMIA, sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral".

El ex titular de INTERPOL también difundió la respuesta del Consejero Jurídico, Joël Sollier, con fecha del 15 de marzo de 2013. En esta, el funcionario destacó que "la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de INTERPOL manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA".

Asimismo, Sollier, resaltó que la Oficina de Asuntos Jurídicos considera que el referido acuerdo (el memorandum) "es un desarrollo positivo en el esclarecimiento postivo en el desarrollo de la causa".

Respecto del fiscal fallecido, Alberto Nisman, Noble también hizo referencia: “En 2015 Nisman declaró que Irán ‘abandonó todo interés en el asunto (del acuerdo) tras el comunicado oficial de Interpol un mes y medio después, el 15 de marzo de 2013. Y efectivamente, transcurridos casi dos años, desde aquel entonces no hubo avance alguno’”.

También recalcó en otro tuit que “Nisman destacó el impacto de INTERPOL: ‘Desde el momento en que #INTERPOL comunicó que no caerían las notificaciones, Irán suspendió el tratamiento interno de ratificación del Acuerdo, retirándolo del parlamento (…) difiriendo en forma indefinida su implementación’".

Fuente: Infonews

El juez macrista citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros 12 imputados por la denuncia que hiciera el ex fiscal Alberto Nisman antes de morir. Se los acusa por encubrimiento del atentado de la AMIA. Deberán declarar el 26 de octubre, 4 días después de las elecciones generales.

El juez Claudio Bonadio hizo lo que se esperaba: poner el caso Nisman en medio de la campaña electoral. A menos de 20 días de las elecciones generales, citó a indagatoria a CFK y a otros imputados por la denuncia que hiciera Nisman. La Justicia decidió reabrir el caso a pesar de que diferentes magistrados afirmaron que no había ningún delito en lo señalado por el ex fiscal.

Como si fuera poco, Bonadio decidió que la ronda de declaraciones comenzará el 17 de octubre, así se asegura que el tema esté en los medios en la última semana previa a los comicios. Desde esa fecha hasta el 26, serán citados alrededor de 20 personas.

Mediante un escueto comunicado, la Corte Suprema aseguró el Cuerpo Médico Forense "tiene completa autonomía en su actividad profesional y actuó conforme a la directiva de la fiscal y la jueza". Ese organismo dictaminó que el ex fiscal Alberto Nisman se suicidió. Ahora la Corte salió a marcar distancia.

Eso ocurrió luego de que trascendiera que la pericia de la Gendarmería asegura que a Nisman lo asesinaron dos personas "a sangre fría". Este último informe coincide con los planteos del Gobierno nacional en la causa. Hasta el momento, todos estudios aportados a la causa habían descartado la posibilidad de un asesinato.

La pericia de la Gendarmería, a su vez, aparece mientras esa fuerza federal es cuestionada por su rol durante la desaparición de Santiago Maldonado, el joven que desapareció hace 50 días. Testigos afirman que fueron gendarmes quienes levantaron a Maldonado después de una brutal represión.

Esta mañana, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la nueva pericia: "Es una fenomenal cortina de humo para que no se hable de la desaparición de Maldonado". Y agregó: "El gobierno tiene que dar respuestas".

En el video que se hizo viral en las redes sociales se ve a Jorge Lanata realizando un duro informe sobre la causa AMIA. Según el periodista, "hay un fiscal que se llama (Alberto) Nisman. Realizó un informe que involucra a Irán. Lo leí, no hay nada, nada".

Además, aseguró que "la causa está contaminada por los servicios de inteligencia". "En toda la investigación no hay nada, nada, nada. La causa fue operada, hubo presión de Estados Unidos e Israel".

Mirá el video publicado por Agencia Registrada:

El video que recuerda cuando Lanata destrozó a Nisman por su investigación sobre el atentado a la AMIA pic.twitter.com/GzG1JBQBPN

— El Destape (@eldestapeweb) 15 de septiembre de 2017

Hoy, esos dos medios adelantaron "en exclusiva" que la Gendarmería había terminado la pericia por la muerte de Alberto Nisman y la misma había arrojado que el fiscal fue "asesinado". Gendarmería informó que "la institución no produjo ningún informe final conclusivo".

Otra vez, la fuerza federal vuelve a estar en el centro de la polémica. Señalada como posible responsable de una desaparición forzada de persona por el caso Maldonado, ahora se la vincula con el caso Nisman.

"El disparo fue hecho detrás de la oreja y en forma perpendicular, y no se apoyó el caño. Ese no es un procedimiento habitual en un suicida. No hay forma física de hacerlo", escribió por su parte el periodista Román Lejtman en Infobae. Es sabido que Lejtman tiene históricos vínculos con los servicios de inteligencia.

Ahora la Gendarmería salió con un comunidado en el que desmintió esa versión: "La institución no produjo ningún informe final conclusivo en el marco de la junta interdisciplinaria respecto a las pericias del denominado mediáticamente 'Caso Nisman'".

El cuerpo de abogados de la ex Presidenta de la nación solicitó a Casanello la copia del expediente judicial en el cual el fallecido fiscal  había denunciado al juez por intentar apartarlo de la causa AMIA, la cual cuenta con amenazas contra su integración física.

Cristina Fernández de Kirchner pidió copias de una causa de 2010, en la que el entonces fiscal Alberto Nisman denunciaba al juez federal Claudio Bonadio por una presunta maniobra para apartarlo de la UFI AMIA, incluso con la posibilidad de ataques contra su seguridad personal.

A través de su abogado Alejandro Rúa, la expresidenta reclamó al juez federal Sebastián Casanello las fotocopias de todo el expediente 8912/10, en el que también es querellante el exagente de inteligencia Antonio ‘Jaime’ Stiuso.

La causa fue iniciada por Nisman en 2010 a partir de un anónimo que recibió, en el que se le advertía sobre un supuesto acuerdo entre Bonadio y Jorge ‘Fino’ Palacios (por entonces detenido por la causa de las escuchas ilegales en el gobierno porteño) para apartar a Nisman de la causa AMIA.

l anónimo mencionaba una supuesta visita de Bonadio a Palacios a la cárcel, reuniones en las que se había hablado sobre amedrentamientos y ataques al fiscal y hasta el contacto con militantes de Quebracho para que concretaran la intimidación.

Incluso Stiuso pidió en 2014 la indagatoria de Bonadio, a quien acusaba de "encubrimiento y prevaricato" por una supuesta maniobra contra Nisman, orquestada -según la presentación- en connivencia con Palacios, excomisario de la Policía Federal y extitular de la Metropolitana.

También la fiscal federal Paloma Ochoa pidió la indagatoria de Bonadio, aunque sujeta a la previa comprobación de una serie de circunstancias que le son imputadas en el expediente.

La causa que se inició en 2010 aún permanece abierta y en trámite de producción de prueba, aunque Stiuso dejó de impulsarla desde la muerte de Nisman, en enero de 2015.

A medida de Cambiemos, la Cámara de Casación decidió que debe investigarse la denuncia de Nisman. La causa quedará bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien ya se había declarado incompetente. Un fin de año judicial redondo para el macrismo.

Cómo se esperaba, la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, ordenó reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra el gobierno anterior por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA, posibilitando que la justicia vuelva a juzgar algo ya juzgado, lo que viola garantías constitucionales (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa).

La Cámara de Casación no conforme con que la acusación de Nisman haya sido cerrada dos veces por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas y por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, cuestionó a los tres magistrados por resolver de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial”, y reabrió una denuncia clave para el gobierno actual en su persecución contra el kirchnerismo.

Borisky, Hornos y Figueroa se hicieron, así, eco del pedido que este año realizó la DAIA. La aceptó como querellante y avaló el aporte de una grabación de una conversación privada entre el presidente de esa institución y el por entonces canciller Héctor Timerman en el que hablaban al memorando, como evidencia.

Según consigna el portal InfoJusticia, los jueces de Casación hicieron, cada uno, un voto distinto. El que está escrito en los términos más duros es el de Borinsky. Su texto se dedica analizar las decisiones de Rafecas y los camaristas. Les cuestiona, como un dato llamativo, la rapidez. Y le recrimina ,además, que no utiliza la misma vara para analizar los elementos que se le presentan: que no hace lugar a ninguna de las pruebas pedidas por Pollicita pero a la vez admitió una presentación de la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, donde entregaba material que apuntaba a mostrar que el acuerdo no implicaba el levantamiento de las alertas rojas, algo ratificado por el secretario de Interpol Ronald Noble.

Hornos, dice que hay que investigar a los hechos que involucran a funcionarios públicos porque es un deber hacia la sociedad, que tiene que recibir –en sus palabras– “una respuesta genuina”. Especifica que el análisis tiene que someterse “al tamiz de la expectativa social”. Dice que es “arbitrario” el análisis que hizo la Cámara sobre las supuestas nuevas pruebas. Y que a su modo de ver tanto la grabación subrepticia como la firmeza de la inconstitucionalidad sí son elementos nuevos. La conversación fue analizada, sostiene “de manera descontextualizada y fragmentada”. Hasta dice que los iraníes sabían del diálogo entre Borger y Timerman sin explicar de dónde. Carga las tintas en investigar una supuesta diplomacia paralela, sostiene el portal especializado.

Finalmente, Figueroa señala un punto controvertido, que es que la grabación no tiene origen conocido y el juez de instrucción debería verificarlo. También pone sobre la mesa una discusión muy anterior, que es la duda sobre qué sala de Casación debería intervenir y si hay conexidad con el resto del caso AMIA. Pero de todos modos falla igual que sus colegas excepto en lo que atañe al papel que tendrán los fiscales.

Ahora se supo que el juez federal Ariel Lijo tomará la causa que tiene como objetivos a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y un grupo de personajes secundarios sin cargos públicos.

Así quedó determinado esta mañana tras el sorteo realizado en la mesa general de entradas de la Cámara Federal, con sede en el segundo piso de Comodoro Py 2.002, de esta capital.

Lijo fue el juez que estaba de turno en enero de 2015, durante la feria judicial, cuando el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia. Lijo se declaró incompetente. y luego, tras la feria, recayó el el juzgado de Daniel Rafecas quien, en abril de 2015. la desestimó alegando “inexistencia de delito”.