En mayo de 2017, en el local de Caballito de la cadena Coto fueron encontradas 200 granadas, 27 armas de fuego y 3800 municiones. âÂŋUstedes no se dan cuenta lo que pasÃģ de 2001 en adelante en el paÃs?â, reconociÃģ.
La sala I de la CÃĄmara Federal dictÃģ la falta de mÃĐrito para Alfredo Coto y su hijo por la causa en que estaban procesados por tener cientos de armas de guerra pertenecientes a fuerzas de seguridad en uno de sus supermercados
El procesamiento lo dictÃģ el juez SebastiÃĄn Ramos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, quien ademÃĄs dictÃģ un embargÃģ de 3 millones de pesos contra el empresario.
Trabajadores de la cadena de supermecados denunciaron âaprietesâ por parte de la patronal para quienes de adhieran al paro. Las sucursales del interior y GBA no abrieron. Apuntan a un sindicalista por esta situaciÃģn.
En el marco de la causa que investiga el hallazgo de un arsenal en una sucursal de Caballito, la justicia citó al empresario Alfredo Coto e hijo.
Ante el hallazo de un arsenal con más de 200 granadas, proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta y hasta un silenciador de armas, entre tantos, el empresario dueño de la cadena y su hijo deberán presentarse el 17 y el 19 de abril ante ante el juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa.
La Justicia los imputó en mayo del año pasado, tras una denuncia realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello luego de recibir una denuncia anónima y realizar una investigación preliminar que le llevó más de medio año.
Según DiarioPulse, también fueron citados a declarar cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex RENAR, e integrantes de la Policía Federal (PFA) y la Prefectura Naval (PNA), por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y suministro de armas”.
Los convocados son el director de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales de la ANMaC, Fernando Fumeo; el coordinador de inspección de la misma repartición, Juan Kotelchuck; el comisario Carlos López Vázquez, jefe de armamento y munición de la PFA, y el prefecto Cristian González, jefe de armas de infantería, munición y explosivos de agrupación Albatros de la PNA.
El empresario Alfredo Coto fue uno de los mayores beneficiarios por el generoso blanqueo de capitales que el Gobierno de Mauricio Macri impulsó el año pasado. Una prima de Paolo Rocca, de Techint, ingresó 6900 millones. Entre ellos dos explican casi 15 mil millones de pesos que estaban fuera del sistema legal.
En su nuevo portal, El Cohete a la Luna, el periodista Horacio Verbitsky siguió con su investigación sobre el blanqueo de capitales que el Gobierno de Cambiemos impulsó en 2016. La ley fue aprobada por el Congreso y modificada por el oficialismo durante su promulgación. Ese último cambio permitió que familiares de funcionarios nacionales ingresaran a la moratoria, algo que había sido rechazado por los legisladores que acompañaron la inicitativa en el Parlamento.
En su portal, Verbitsky contó que el dueño de los supermercados Coto ingresó 390 millones de dólares, cifra similar a la blanqueda por Marcela Rocca, prima de uno de los empresarios más importantes de Argentina.
Además, Verbitsky recordó los casos de tres familiares directos de funcionarios de primer nivel del Gobierno de Cambiemos: Gianfranco, hermano de Mauricio Macri, Alejandro Jaime Peña Braun, primo segundo del jefe de Gabinete, y Manuel Lucio Torino Ortíz, cuñado de Pablo Clusellas Zorraquín, Secretario Legal y Técnica. Entre los tres blanquearon casi 1100 millones de pesos.
La fiscal Paloma Ochoa imputó al empresario Alfredo Coto y su hijo Germán por el arsenal encontrado en una de las sucursales de su cadena de supermercados, así como también a los funcionarios responsables de ANMAC (ex Renar) que tuvieron participación en el procedimiento llevado a cabo en el depósito del negocio familiar y son sospechados de haber ocultado el caso.
La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa. La inspección de parte de ANMAC, fue realizada el 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito.
El arsenal encontrado es escandaloso: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.
Asimismo, resultó llamativo para los investigadores un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado, además de ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003.
Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les habían borrado los números de serie.
En lo que respecta a los directivos ANMAC fueron avisados en su momento sobre tamaño arsenal pero respondieron que "dejaran todo como está", ya que ellos se ocuparían. Por lo tanto la ANMAC no actuó y se ocultaron las pruebas hasta que la UFI-ARM, a cargo de Jorge Di Lello, recibió una denuncia anónima sobre el caso y actuó de oficio, donde constató la veracidad de la acusación y formuló la denuncia penal, que recayó en la fiscalía federal número 10, a cargo de Paloma Ochoa, y del juez Sebastián Ramos.
