María Eugenia Vidal confirmó que para 2018 el techo salarial del Gobierno de la Provincia será del 10% para estatales, docentes, judiciales y médicos. Por ello los gremios ya están en alerta. Advierten que no aceptarán destrucción de haberes y piden un salario mínimo por encima de la línea de pobreza.

El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, salió al cruce luego de conocer que el gobierno de María Eugenia Vidal ya piensa en la apertura de paritarias. En ese marco exigió salarios mínimos por encima de la línea de la pobreza y confirmó que marcharán el jueves 19 a la gobernación en La Plata.

El gremialista expresó a través de un comunicado que el Poder Ejecutivo pensaría en aplicar un aumento que ronda en el 10% y añadió que se “vuelve el estilo de lanzar globos de ensayo por los medios, sin terminar de hacerse cargo ni mirar de frente a los trabajadores”.

Entonces sostuvo: “exigimos la convocatoria a paritaria para todos los trabajadores del Estado para los primeros días de noviembre. Vamos a ir con los mismos criterios que los años anteriores, exigiendo un aumento que contenga la recuperación de los años perdidos, un salario mínimo por encima de la línea de pobreza y que el aumento equipare a la proyección inflacionaria. Además, vamos a plantear el pase a planta permanente de los precarios y el descongelamiento de vacantes”.

A su vez adelantó que “vamos a rechazar cualquier porcentaje que no permita recuperar el poder adquisitivo, que no contemple la proyección inflacionaria del 2018 y que no ponga al salario mínimo por encima de la línea de pobreza”.

“Esta decisión del gobierno provincial mantiene coherencia con el camino tomado por el gobierno nacional de descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores populares. Camino que tuvo su último tramo en la presentación de tres proyectos de Ley”, agregó.

Luego explicó que “el presupuesto nacional que plantea ajustes en las áreas sociales, tarifazos y endeudamiento externo; la reforma tributaria que lejos de grabar a la riqueza aliviana aún más a los grupos económicos de los pocos impuestos que pagan; y la Ley de Responsabilidad Fiscal donde va a estar inserta la estrategia salarial del gobierno provincial, ya que entre otras cosas dice que el gasto público no va a poder estar por encima de la proyección inflacionaria que plantea el gobierno. En el mejor de los casos, esta proyección será el techo de la negociación salarial, proyección que para el gobierno va a ser del 15,9%, pero que para la mayoría de los analistas va a rondar el 20%”.

Finalmente aseguró que el jueves 19 de octubre con los gremios integrantes de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, junto a la CTEP, la CCC y la FULP marcharán a la Casa de Gobierno provincial para reclamar “políticas que tiendan a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y, en ese marco, que mejoren las condiciones laborales y salariales de los estatales”.

Se trata de una obra que unirá la ciudad de Cipolletti con la capital neuquina. “Fue más una tomada de pelo que otra cosa”, remarcó el sindicalista Carlos Quintriqueo, que encabezó una marcha de estatales contra las políticas de ajuste, la libertad de Milagro Sala y la aparición de Santiago Maldonado.

El Gobierno de Cambiemos anunció hoy con bombos y platillos la “inauguración” del tercer puente biprovincial entre Rio Negro y Neuquén, pero en realidad la obra aún no está terminada. No fue más que un acto proselitista del presidente Mauricio Macri para decir que “se ha batido el récord de (producción) de asfalto de la historia argentina”.

"Macri ni siquiera estuvo en Neuquén, porque ‘inauguró’ el puente del otro lado (Río Negro). Y con el tiempo que estuvo, fue más una tomada de pelo que otra cosa”, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén, Carlos Quintriqueo.

El gremialista agregó que fue “un acto protocolar y de campaña”, porque "todos sabemos que la obra todavía no está terminada”.

Los estatales se movilizaron hoy en contra de las políticas de ajuste, los despidos y “cualquier intento de armonización o de intentar llevar la caja de jubilaciones en el orden nacional porque la política de Macri definitiva es volver a las AFPJ”.

También exigieron la libertad de Milagro Sala, la aparición con vida de Santiago Maldonado y el cese a las persecuciones de los pueblos originarios”.

En el marco de un paro nacional, los trabajadores se movilizaron para denunciar que el proyecto de Presupuesto 2018 implicará un nuevo ajuste, tarifazos por encima del 40 por ciento y más endeudamiento externo. También criticaron a la cúpula de la CGT por ser “cómplice” de “una reforma laboral en los hechos”.

Los empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marcharon en Capital Federal y en otros puntos del país en contra el Presupuesto 2018 y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, acordado entre el presidente Mauricio Macri y gran parte de los gobernadores.

En este marco denunciaron que estas iniciativas del Gobierno nacional implicarán un nuevo, tarifazos por encima del 40 por ciento y más endeudamiento externo.

“No queremos más ajuste y tarifazos, no queremos más endeudamiento externo para la especulación financiera. Los que estamos acá peleamos para que se apruebe una ley de emergencia social que el gobierno no termina de aplicar plenamente”, dijo frente al Congreso el titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, junto a otros gremios y organizaciones sociales.

La marcha hasta el Congreso se realizó en el marco de un paro nacional de estatales para exigir “ponerle freno a la avalancha neoliberal” de Cambiemos y presentar un proyecto alternativo de Presupuesto con políticas que “fortalezcan el mercado interno y un sentido de la inversión pública orientado al fortalecimiento de la capacidad industrial y de producción energética del Estado”.

Durante el multitudinario acto, Godoy también apuntó contra el triunvirato de la CGT, al que acusó de ser “cómplice” de “una reforma laboral en los hechos”.

“Estamos convencidos de que si los trabajadores no nos manifestamos y peleamos por nuestros derechos, el Gobierno avanza con una reforma laboral que se convalida con dirigentes complacientes y cómplices”, enfatizó.

Los trabajadores estatales de todo el país irán este miércoles al paro y presentarán en el Congreso un proyecto alternativo al Presupuesto de Cambiemos, con políticas que “fortalezcan el mercado interno y un sentido de la inversión pública orientado al fortalecimiento de la capacidad industrial y de producción energética del Estado”.

ATE reiteró hoy su convocatoria a un paro nacional con movilizaciones en todo el país para este 4 de octubre contra el Presupuesto 2018, que junto al proyecto de Responsabilidad Fiscal, acordado entre el presidente Mauricio Macri y gran parte de los gobernadores, más el de reforma impositiva y revalúo, “significarán ajuste, más tarifazos y endeudamiento externo”.

“Este combo intenta condicionar las variables para nombrar más personal en el Estado, aumentar salarios y la inversión en políticas públicas, con una inflación mentirosa que el Gobierno estima en el 15,7% y ATE en el 20%”, explicó el secretario general del gremio, Hugo “Cachorro” Godoy.

El sindicalista también alertó que “se reducirán los subsidios, lo que provocará incrementos en las tarifas de los servicios públicos” y que “la única partida que destina recursos por arriba del 20% es la destinada al pago de deuda externa”.

“En paralelo, el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal condiciona a las provincias a que no aumenten su presupuesto por encima de la inflación ni el personal por arriba de la tasa de crecimiento poblacional”, añadió.

“Para los trabajadores estatales –continuó- habrá una mayor rigidez a la hora de discutir salarios y erradicar la precarización laboral. El gobierno incumplió este año con el pase a planta de 12 mil trabajadores con más de diez años en el Estado y con el reconocimiento de más de 3 mil concursos”.

Ante todo esto, los empleados estatales decidieron presentar en el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales proyectos alternativos al Presupuesto 2018 de Cambiemos, haciendo énfasis en políticas que “fortalezcan el mercado interno y un sentido de la inversión pública orientado al fortalecimiento de la capacidad industrial y de producción energética del Estado”.

La convocatoria central es a las 12 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia el Congreso donde se realizará un acto junto a distintos gremios nucleados en la CTA Autónoma y organizaciones sociales.

Trabajadores y sindicatos alertan que la transferencia de un programa nacional a la órbita de la obra social de los estatales bonaerenses afectará las arcas de la prestataria y “no mejorará el servicio”. Además hablan de maniobras para utilizar la caja de la obra social en tono político partidario para apuntalar a los candidatos de Vidal.

En los últimos días, trabajadores y sindicatos bonaerenses mostraron gran preocupación ante la transferencia del programa Incluir Salud a la órbita del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la órbita de Carlos D'Abate, sucesor de Sergio Cassinotti, quien desembarcó en PAMI.

Desde ATE afirman que la decisión podría producir un “desfinanciamiento” de la obra social, dado que “los recursos que el Ministerio de Salud bonaerense recibía de Nación para cumplir con las obligaciones del programa nacional eran escasos”.

El vaciamiento de IOMA tiene, además, otra instancia que por ahora tiene el formato de sospecha. Es que se vienen detectando prácticas que alertarían a pensar que se utiliza el pago de alquiler de ambulancias a modo de “caja política”, a partir del pago de servicios que no se prestan, fundamentalmente en el interior provincial.

Volviendo al Programa Incluir Salur, ahora “IOMA tendrá que hacerse cargo con fondos propios de los amparos y de las complicaciones que eso genera”, advirtieron.

Según los gremios, el gobierno provincial, a través de un decreto, delegó el convenio que tenía el Nación con el Ministerio de Salud provincial para ejecutar el ex Programa Federal de Salud (Profe) en territorio bonaerense, al ámbito de la obra social de los trabajadores del Estado y encendió la “preocupación” tanto de los beneficiarios como de los trabajadores de la prestataria.

Además focalizan en las falencias del programa Incluir Salud, que se encarga de brindarle cobertura integral a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) en todo el territorio nacional, situación que provocó el estado de alerta que mantienen los trabajadores de IOMA.

“Es un programa con altos índices de uso de los servicios por parte de los beneficiarios porque por lo general es gente que necesita la medicación para los tratamientos, más allá de que no dé respuesta”, comentó Facundo Villalba, delegado de ATE al portal InfoCiello

“Lo que hace Vidal para descomprimir la situación es traspasarle a IOMA la ejecución del programa y a partir de octubre se empieza a hacer cargo de las prestaciones de aproximadamente 230 mil beneficiarios en la provincia”, agregó.

“IOMA tendrá que hacerse cargo con fondos propios de los amparos y de las complicaciones que genera el programa por no cumplir con sus obligaciones porque, como viene sucediendo hasta el momento, no le va a alcanzar con la partida presupuestaria que le llega desde el Estado nacional”, explicó Villalba “va a generar un déficit en la caja de IOMA, que no es una caja del gobierno sino de los trabajadores”.

En cuanto a los reclamos del sindicato, Villalba contó que pidieron una audiencia con el director de IOMA, Carlos D'Abate, pero aún sin lograr respuesta.

Se trata de Iván Wrobel, quien  fue agredido por tres hombres a metros de su casa, cuando volvía de Chubut. Responsabilizaron al presidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “cualquier otro hecho de violencia” que puedan sufrir los integrantes del gremio.

El secretario de Derechos Humanos de ATE Capital, Iván Wrobel, había viajado a Esquel junto a una comitiva del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado e interiorizarse sobre la situación represiva que padece la comunidad mapuche de Cushamen.

El viernes, poco después de volver a la ciudad de Buenos Aires, tres hombres lo atacaron a dos cuadras de su casa. “¡Es ese!”, llegó a escuchar antes de la agresión. No le robaron nada y no se movieron de ahí una vez que dejaron de golpearlo.

“Aunque nuestro compañero apenas sufrió lesiones leves, dado que atinó a repeler los golpes como pudo, ya realizó la constatación de las lesiones en hospital y formularemos la denuncia correspondiente”, indicó el gremio en un comunicado.

En el mismo texto, ATE agregó que “no deja de sorprendernos la ocurrencia de este sugestivo ataque en pleno contexto represivo, con presos políticos, un desaparecido, reiteradas agresiones a balazos a unidades básicas y llamativos episodios de hostigamiento y persecución muy similares a este”.

“Responsabilizamos al presidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de cualquier otro hecho de violencia, de los daños o lesiones que puedan sufrir nuestros compañeros y compañeras”, concluyó el sindicato.

Según comunicó la Junta Interna de ATE, los trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones nucleados en ese sindicato se encuentran en estado de alerta y movilización para salvaguardar la fuente de trabajo y los derechos adquiridos. Este viernes habrá una asamblea para definir futuras medidas de fuerza.

A través de un comunicado elaborado por la Junta Interna de ATE Pensiones se informó a los trabajadores de las Comisión Nacional de Pensiones que existe un “estado de alerta y movilización, en defensa del organismo, de las fuentes de trabajo y de los derechos adquiridos”.

Tras el desplazamiento de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, desde el Sindicato se oponen “al vaciamiento de funciones y a la disolución del organismo, que implicaría la pérdida de fuentes de trabajo”.

Para ATE pensiones la medida del gobierno se “enmarcaría dentro del plan de ajuste en materia de políticas sociales, que afecta directamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Además, los trabajadores recordaron que con anterioridad, se “logró la restitución de más de 70 mil pensiones no contributivas que habían sido suspendidas o dadas de baja arbitrariamente, sin previo aviso.

Este viernes a las13 hs, en la sede central de ese organismo, los trabajadores convocaron a una asamblea para definir las futuras medidas de fuerza.

Así lo definió esa corriente sindical en un Congreso que se realizó hoy en Mar del Plata. Exigen “la liberación y desprocesamiento” de los dirigentes del gremio y la reapertura de paritarias, entre otros reclamos. Los principales puntos de las acciones serán Buenos Aires y Río Negro.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió en su conclave anual en Mar del Plata la realización de una huelga nacional en demanda de “salarios dignos y la defensa del convenio colectivo” y en rechazo de la paritaria anual del 20% firmada entre el gobierno y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)

Uno de los referentes de de ATE, Hugo Godoy, explicó que la protesta también fue convocada para rechazar “la utilización de los ítems presentismo y productividad como una extorsión sobre los trabajadores y el cese de la precariedad laboral, y en demanda del pase a planta”, agregó.

“El aumento acordado por la UPCN del 20% en tres tramos fue vergonzoso, porque no significó siquiera el 17% anualizado. Además, violó el convenio colectivo al permitir el pago de bonificaciones -presentismo y productividad- como instrumentos extorsivos”, puntualizó el dirigente sindical.

Julio Fuentes, secretario adjunto nacional de la ATE, explicó además que el 7 de junio se realizará una jornada nacional de lucha -con epicentro en Río Negro- en demanda de “la inmediata liberación de los dirigentes estatales Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti”, y añadió que el 27 de ese mes -Día del Trabajador del Estado- habrá “una nueva jornada nacional de protesta general”.

Aguiar es secretario general de la ATE Río Negro y de la CTA Autónoma local y, su par Capretti, es el adjunto del gremio estatal en la provincia.

“Las marchas para exigir la libertad de Aguiar y Capretti, detenidos la semana anterior luego de encabezar una movilización en rechazo del plan de ajuste y endeudamiento aprobado por la Legislatura rionegrina, se realizarán hacia la Casa de Gobierno de Rí­o Negro y frente a la Casa de esa provincia en Buenos Aires”, coincidieron en señalar esta tarde a esta agencia Godoy y Fuentes.

Además, los congresales nacionales determinaron otra jornada de protesta para el 27 de junio próximo, respaldada por la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE), de la que Fuentes es secretario general, luego de ser reelecto en febrero último en el Congreso de Cartagena de Indias, Colombia.

El Congreso también decidió acompañar el 3 de junio próximo “la marcha impulsada por el colectivo ‘Ni una Menos’ y las trabajadoras de la ATE contra la violencia de género”, y declaró “el alerta máxima ante el intento de destrucción que sufre el gremio, cuya última expresión fueron los casos Aguiar-Capretti”.

Tras el encarcelamiento del secretario adjunto del gremio, anoche fueron allanadas las casas de otros diez referentes de esa corriente sindical. Distintos sectores denuncian  que se trata de una causa armada y llevada adelante por la connivencia político-judicial de la provincia patagónica.

La Policía de Río Negro allanó anoche la casa de diez integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de forma violenta, manteniendo la persecución política y sindical por parte del gobernador  Alberto Weretilneck

El viernes pasado efectivos policiales irrumpieron, sin orden judicial, la casa del secretario adjunto del gremio, Aldo Capretti, a quien detuvieron a la rastra delante de su familia. Continúa encarcelado.

El dirigente quedó alojado en la Comisaría 1ra de Viedma a disposición del fiscal Juan Pedro Puntel y el Juez Carlos Mussi, quienes además ordenaron la detención de Aguiar y otros dos gremialistas de ATE acusados de “coacción agravada” por protestar contra el Plan Castello, un proyecto de obras viales del goberandor que endeuda a la provincia por más de 580 millones de dólares.

La causa contra los referentes estatales se inició luego de la brutal represión policial que sufrieron el miércoles último, cuando realizaban un paro de 24 horas y protestaban frente a la Legislatura contra la aprobación de la iniciativa.

Así lo afirmó el secretario adjunto de ATE de Río Negro, Aldo Capretti, tras ser detenido de forma ilegal en su domicilio. Además, se ordenó la captura de Rodolfo Aguiar y otros dirigentes en una “causa armada y llevada adelante por la connivencia político-judicial de la provincia”.

El máximo referente de los estatales rionegrinos, Rodolfo Aguiar, exigió “la inmediata libertad” del secretario adjunto de ATE, Aldo Capretti, detenido anoche de manera “salvaje e ilegal” en su domicilio, y se mostró preocupado por su estado de salud.

Según denunciaron desde el sindicato, la policía lo apresó sin mostrar ninguna orden judicial y, pese a que no ofreció resistencia, “fue tirado sobre la vereda de su casa, golpeado y esposado”.

El dirigente quedó alojado en la Comisaría 1ra de Viedma a disposición del fiscal Juan Pedro Puntel y el Juez Carlos Mussi, quienes además ordenaron la detención de Aguiar y otros dos gremialistas de ATE acusados de “coacción agravada” por protestar contra el Plan Castello, un proyecto de obras viales del gobernador Alberto Weretilneck que endeuda a la provincia por más de 580 millones de dólares.

La causa contra los referentes estatales se inició luego de la brutal represión policial que sufrieron el miércoles, cuando realizaban un paro de 24 horas y protestaban frente a la Legislatura contra la aprobación de la iniciativa.

Tras señalar que se trata de una “causa armada y llevada adelante por la connivencia político-judicial, Aguiar dijo que “no existe ningún tipo de  prueba material y objetiva que pueda acreditar las imputaciones que se nos pretenden realizar, salvo algún falso testimonio de alguna autoridad pública”.

“Temo en este momento por mi vida y la seguridad de mi familia. Hay una escalada de violencia en la Provincia y no se advierte que las autoridades estén a la altura de las circunstancias para ponerle freno. Por cualquier cosa que ocurra mientras esté bajo estas circunstancias, hasta que sea apresado o bien decida mi presentación voluntaria, hago  directamente responsables por mi integridad al gobernador Weretilneck,  al juez Mussi y al actual jefe de la Policía (Daniel) Jara”, sostuvo el secretario general de ATE.

Aguiar llamó a toda la militancia rionegrina a realizar asambleas y recorridas por los sectores de trabajo con “una campaña esclarecedora que ponga en debate el discurso oficial y hegemónico”.

“El poder político está utilizando todas sus herramientas y no duda en  violentar el orden constitucional para infundir miedo, temor y llevar a cabo un disciplinamiento generalizado sobre todos los trabajadores”, advirtió.

Los estatales se movilizaron en las ciudades de General Roca y Viedma para reclamar la liberación de Capretti y el cese a la criminalización de la protesta social.

“Demandamos al juez Mussi que se expida rápidamente sobre la situación de nuestro secretario general adjunto”, dijo el dirigente Federico Gabarra durante la marcha en General Roca y agregó: “Esta actuación de la Justicia excede todos los parámetros legales. El compañero debe recuperar su libertad de manera inmediata y se debe dejar de perseguir a los militantes sociales y populares”.