Un grupo de economistas que forman parte del colectivo Economía Política Para La Argentina (EPPA) publicaron una solicitada en donde rechazan el acuerdo con los fondos buitres y consideran que se trata de un camino de regreso a las recetas de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

En declaraciones radiales, Santiago Fraschina, uno de los firmantes de la solicitada, contó porqué los economistas del colectivo EPPA están en contra del acuerdo “usurario”  con los fondos buitre.

“Vemos que se va a tirar por la borda la mayor restructuración de la deuda que se logró bajo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es justamente el triunfo de los buitres; se está legitimando una estrategia especulativa, que no sólo le va a generar problemas a la economía argentina sino a todo el mundo, porque va a legitimar la prevalencia de los financieros sobre la producción y el trabajo”, explicó Fraschina.

En tanto, consideró que “el problema más grande es que nos va a llevar a una ola de endeudamiento eterno para tratar de que la velocidad del ajuste sea más lento, significa patear para más adelante el ajuste de shock, mientras tanto van a ir ajustando con devaluaciones y reducción del gasto público”.

“Hay que contextualizarlo en el modelo que está instaurando el gobierno de Cambiemos, lo que es mucho más trágico”, remarcó.

La solicitada fue firmada además por funcionarios del anterior gobierno del Frente para la Victoria, es el caso de Alejandro Vanoli, Augusto Costa, José Sbattella, Paula Español, entre otros. También acompañan el documento académicos de las ciencias sociales.

A continuación, el texto completo de la solicitada:

SOLICITADA

EN DEFENSA DE LA LEGISLACIÓN SOBERANA Y EL DESENDEUDAMIENTO

Un nuevo ciclo de endeudamiento ha comenzado en nuestro país. Se ha puesto en marcha con los 5.000 millones de dólares que el BCRA canjeó con bancos privados (Megacanje II autorizado por el DNU del 22 de diciembre) y se profundizará con la emisión de bonos por 15.000 millones de dólares que nunca ingresarán a la Argentina. La rendición ante los Fondos Buitres será sólo uno de los pasos que vendrán a completar la saga de la mega-devaluación, los despidos, el ajuste y el tarifazo, y que tendrá continuidad con la vuelta al Fondo Monetario Internacional.

Por ello solicitamos y manifestamos:

Respetar el acuerdo realizado con el 93% de bonistas que aceptaron la restructuración de la deuda y con ella, la quita cercana al 70%: la más grande de la historia. Quienes entraron aceptaron cobrar 0,30 centavos por cada dólar, mientras que los fondos buitres piden cobrar 4 dólares, luego de haber pagado 0,25 centavos de dólar.

Respetar los principios de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas soberanas, rechazando la derogación de la Ley de Orden Público  Nº 27.207, apoyada por 136 países.

Rechazar el ofrecimiento a los fondos buitres y solicitar al Gobierno Nacional que negocie con firmeza con el 7% que decidió no aceptar una oferta que no hipoteque el futuro de nuestro país y nos lleve a una crisis económica, social y política, como la que desató el último ciclo de endeudamiento externo, que comenzó el 24 de marzo de 1976 y culminó con el estallido de 2001.

Rechazar la derogación de la Ley Cerrojo Nº 26.017, dictada en consideración a la Ley 25.827, el Decreto 1735/2004 y la Ley  de Pago Soberano Nº 26.984 del 2014, puesto que eso constituye el paso necesario para poder realizar el pago en efectivo a los fondos buitres y comenzar el nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Alertar enfáticamente sobre los riesgos legales futuros que puede acarrear esta oferta y la legitimación de las ganancias extraordinarias (1600%) a los fondos buitres ante la posibilidad de que el 93% restante busque un acuerdo similar.

Rechazar la derogación de la Ley  de Pago Soberano Nº 26.984 del 2014. Por su intermedio se reemplazó al Bank of New York por Nación Fideicomisos, permitiendo el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada. Asimismo, la ley creó una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa, desde la última dictadura hasta las reestructuración de 2005 y 2010.

Rechazar el endeudamiento por 15 o 20.000 millones de dólares, comparable con el proceso de endeudamiento de los 90; y del pago a los servicios y comisiones a los bancos operantes: HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citi y UBS.

Exigir que se informe pública y detalladamente el monto de las comisiones y honorarios que, por todo concepto, se abonará a los bancos, abogados y mediadores, a fin de evitar el pago de sumas indebidas, como ocurrió con el Megacanje I del gobierno de De la Rúa, por el que se encuentra procesado el actual Presidente del BCRA, Federico Sturzenegger.

Denunciar la manifiesta incompatibilidad por parte de los actuales funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para encarar la mayor emisión de deuda por parte de un país en desarrollo en los últimos 20 años, con los mismos agentes financieros que fueron sus empleadores en el pasado reciente.

Denunciar que este intento de retomar la espiral del endeudamiento está enmarcado en una política económica que, en menos de 100 días, se concentró en destruir puestos de trabajo, reducir el salario real y hacer pesar sobre las mayorías populares una redistribución brutal de ingresos a favor de los sectores más concentrados de la economía.

Denunciar que el Gobierno no ha sido capaz de desatar la tan prometida lluvia de dólares esperada luego de una mega-devaluación que licuó el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los argentinos y que necesita acudir al mercado internacional de capitales para tapar temporariamente la manifiesta inconsistencia del plan económico puesto en marcha el 10 de diciembre de 2015.