Espionaje macrista en la AFI: el juez Carzoglio deberá ir a declarar
Lo hará en el marco de la causa que lleva adelante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi. El juez de Avellaneda deberá expedirese “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.
La ronda de declaraciones testimoniales en la causa que investiga espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo seguirá este próximo lunes con la citación al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien podría pedir postergar el trámite como ya lo hizo Mariano Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri.
Por otro lado, en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi preparan cuestionarios de preguntas para enviar a otros dos de los testigos que fueron convocados, el diputado Diego Santilli y la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quienes por sus cargos hicieron uso de su derecho a declarar por escrito, informaron fuentes judiciales.
En cuanto a Mariano Macri, el magistrado reprogramará la audiencia luego que el hermano del exPresidente pidió postergarla por razones de salud.
Carzoglio está convocado para el lunes al trámite que se haría a través de la plataforma Zoom, pero según fuentes del caso podría pedir postergación.
El juez de Avellaneda estuvo suspendido y está en la actualidad de licencia y fue convocado para que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano“, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.
Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.
Martínez De Giorgi ordenó las citaciones para declarar bajo juramento de verdad, entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación que pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.
En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.
Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.
Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.
La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.
La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.
El magistrado dispuso las nuevas medidas y, entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.
La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.
Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.
A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.
