En diálogo con Primereando el ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, analizó en profundidad quienes son los ganadores y perdedores de la política energética del gobierno de Cambiemos.

Después de dos años de sucesivos aumentos de tarifas, el presidente Macri ordenó vender al mejor postor las acciones del Estado en las empresas eléctricas. La gobernadora Vidal no se queda atrás, y al tiempo que convive alegremente con un virtual monopolio eléctrico en la provincia, estudia la venta de la principal empresa energética del estado local.

¿Cuáles son las prioridades de política energética para un proyecto neoliberal como el de Cambiemos?

Al igual que con otros sectores de la economía, la prioridad del gobierno de Cambiemos es garantizar una drástica distribución de ingresos desde los hogares a las empresas. En el caso particular del sector energético, esta transferencia se concreta a partir del descomunal ajuste tarifario, la desregulación de los precios y el virtual congelamiento de la acción de los organismos de regulación y control. La retirada del Estado redunda en crecientes ingresos para las empresas, y en el caso del sector eléctrico la yapa es la venta de la participación del Estado en las empresas del sector.

¿Porque el gobierno nacional dice que “es negocio para el Estado vender las acciones que tiene en las empresas de energía eléctrica”?

Planteado de esa manera, parecería que es una decisión improvisada del poder ejecutivo. Como si un día el presidente revisara el precio de las acciones, y como es elevado, decide vender. En realidad, la decisión de Macri de vender las acciones del Estado en las empresas eléctricas, es parte de un plan económico que ejecuta este paso luego de concretar un ajuste brutal de los precios de la energía que garantiza una transferencia de ingresos desde los hogares a las principales empresas del sector. Como consecuencia de esta política, el balance de las empresas mejoró notablemente. Y es en ese contexto que el presidente decide retirar al Estado y venderle las acciones a los privados. Un negocio redondo, al menos por algunos años.

¿El caso de TRANSENER parece particularmente polémico. Se puede hablar de que la venta de la participación del Estado en este empresa atenta contra la soberanía nacional?

Todo el Decreto 882/17 es, por lo menos, polémico. En algunos casos se están vendiendo las pocas participaciones que quedaron en manos del Estado luego de la ola privatizadora de los años noventa. En otros, como las centrales de ENARSA, se privatiza el enorme esfuerzo económico que hizo el Estado durante los últimos años. Parecería que este gobierno socializa la inversión y privatiza las ganancias.

El caso de TRANSENER es ciertamente crítico. Se trata de una empresa estratégica que garantiza el transporte de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Lo más llamativo es que la actual gestión incrementó hace algunos meses la participación del Estado en esta empresa, argumentando que era clave por la función que cumple. Ahora, parece que ganó el criterio empresario, cuyo único objetivo es garantizarle a las empresas del sector el máximo de rentabilidad posible, durante el tiempo que dure la actual política tarifaria.

TRANSENER tiene particular importancia para la provincia de Buenos Aires, dado que su controlada TRANSBA realiza el transporte de la energía eléctrica. ¿Cómo ve la situación de la distribución eléctrica en la provincia, teniendo en cuenta las últimas operaciones de compra y venta de empresas?

Con preocupación. Llama la atención la velocidad con que el grupo DESA se expandió en este segmento. Prácticamente, en menos de un año y medio este grupo se quedó con toda la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires, sin contemplar a las cooperativas. Se trata de una situación monopólica que atenta contra los derechos de los usuarios y el espíritu de la normativa vigente. Me imagino que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires estarán siguiendo el tema de cerca, sobre todo por las implicancias que tiene.

En los últimos días ha trascendido que la gobernadora Vidal planea vender la empresa provincial Centrales de la Costa Atlántica S.A. por su pésima situación financiera. ¿Cómo analiza esta situación?

No conozco los números de la empresa, pero me cuesta creer que se encuentre en una situación deficitaria, sobre todo después del feroz ajuste de tarifas que impulsó la gobernadora junto con el gobierno nacional. La intención de vender la empresa no me sorprende, es una política que se encuentra en plena sintonía con la implementada por el presidente Macri y que apunta a garantizar que los únicos beneficiarios de la actual política energética sean las empresas.

Federico Basualdo, ex director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

En una conferencia de prensa el bloque de diputados y senadores de esa fuerza política manifestaron que Cambiemos  está tratando de evitar el normal funcionamiento del Congreso de la Nación, y prometieron trabajar con toda la oposición para derogar la iniciativa del oficialismo  en el recinto.

El bloque de la Cámara Alta y Baja del Frente Para la Victoria (FPV) expresó hoy su profundo rechazo al megadecreto firmado por el presidente Mauricio Macri en el mes de enero, por considerar que no hay razones para el mismo, y estimarlo “inconstitucional”.

A través de una conferencia de prensa encabezada por el jefe del bloque de la Cámara baja, Agustín Rossi, detallaron que la amplitud del DNU la marca el hecho de que el mismo modifica 140 leyes, deroga otras 19, y consta de 192 artículos, divido en 22 capítulos. “Claramente no cumple con ninguno de los requisitos que la Constitución prevé para los decretos de necesidad y urgencia”, sostuvo Rossi, remarcando que el mismo “vulnera y se atribuye facultades que son del Congreso”.

“No hay ningún motivo que justifique la aplicación de ese DNU”, destacó el titular del bloque FpV, y recordó que hasta hubo funcionarios que “reconocieron que hacía 3 o 4 meses que venían trabajando en la elaboración del mismo, que aborda diferentes temáticas; algunas con las que no podemos estar en desacuerdo, como el trámite habilitante para conducir cuatriciclos, y otros temas fuertemente críticos, como la posibilidad de embargar las cuentas sueldo”.

Para Rossi, “este megadecreto que no tiene ningún sentido y es claramente inconstitucional, es además harto evidente que la herramienta del decreto” tiene otros motivos de justificación. Señaló que si en lugar de apelar a un megadecreto se hubiese presentado como ley, “hubiese sido un proyecto ómnibus”. Asimismo destacó el contrasentido oficial que enmarcó en que “por un lado el Gobierno emite este megadecreto y por otro no convoca a sesiones extraordinarias en febrero”.

Esa actitud marca “un claro intento de obviar los trámites ordinarios de sanción de leyes”, a través de “un decretazo”, que atribuyó a lo sucedido el año pasado en ocasión del debate por la reforma previsional, que para él le debe haber dejado al Gobierno “un gusto amargo, porque ganó en el recinto, pero perdió en el conjunto de la sociedad”, razón por la cual ahora “evita el funcionamiento normal y ordinario del Congreso”.

Luego apuntó a expresiones del diputado oficialista Pablo Tonelli, “que suele expresar en actos de sincericidio los actos del Ejecutivo”, y recordó que el legislador del PRO dijo que si se hubiera mandado como proyecto, “seguramente no pasarían por el Parlamento algunos artículos”.

Así las cosas, anticipó que los tres representantes del FPV en la Bicameral de DNU expresarían su opinión contraria, propiciando el rechazo del decreto. “Somos conscientes de que los DNU tienen validez hasta que sean rechazadas por ambas cámaras. Por eso vamos a seguir trabajando para que cuando estén dadas las condiciones podamos rechazar con las mayorías necesarias este decreto. Eso se logra con mayoría simple, y en el momento en que estén dadas las condiciones, en función de los acuerdos, vamos a proceder a rechazarlo”.

Sentado a la izquierda de Rossi, el diputado Marcos Cleri reiteró que a su juicio “no hay ningún tipo de necesidad y urgencia” de parte del Ejecutivo para este DNU, y consideró que estas actitudes “demuestran que están tratando de evitar el normal funcionamiento del Congreso de la Nación”.

Integrante de la bicameral, el diputado de La Cámpora anticipó que el kirchnerismo presentará un dictamen pidiendo la invalidez del decreto, argumentando que “no hay cuestión de necesidad y urgencia, y que atenta contra los derechos de los trabajadores”, citando específicamente la posibilidad de embargar las cuentas sueldo, como así también cuestionó la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, y que se bajen los plazos para las licitaciones, entre otras coas.

Para Cleri, se busca “evitar el debate parlamentario”, a sabiendas de que hay “muchísimas cosas que no pasaban por este recinto”, y anticipó que “vamos a seguir trabajando para declarar la invalidez de este decreto que busca sacarle derechos a los trabajadores”.

Otra integrante de la Bicameral de DNU, Anabel Fernández Sagasti, ratificó el “firme rechazo para este mega DNU, que también es inconstitucional”, y recordó que por el mismo se presentó una demanda contra el presidente de la Nación por “usurpación de los poderes del Estado, tentativa de malversación de fondos públicos, incumplimiento de funcionario público y prevaricato”.

En el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dijo que se lo ha “puesto a disposición de la timba financiera”, y afirmó: “No puede ser que con el trabajo de 2 o 3 en alguna oficina oscura de la Casa Rosada se hayan derogado más de 19 leyes”.

“Simplemente decimos que se ha hecho incendiar la Constitución argentina -disparó-. Llamamos a todos los legisladores de la oposición a tomar cartas en el asunto, a debatir , necesitamos un debate amplio y una denuncia a los poderes que tienen la Nación”.

Ante las preguntas de la prensa, Rossi afirmó que hay un “diálogo permanente” con todos los bloques opositores, y recordó que el Frente Renovador ha expresado su “mirada crítica” hacia el DNU, como así también lo hizo el bloque Argentina Federal, por lo que afirmó que “tenemos expectativa de tener los 129 votos que nos permitan convocar a la sesión y rechazar el megadecreto. Porque tendría que ser un decreto que sea rechazado por todos (…) Sería un muy mal antecedente que este megadecreto quede vigente. Nunca habíamos visto un DNU de estas características”.

A su turno, el titular del bloque, Marcelo Fuentes, ratificó lo manifestado por Agustín Rossi y atribuyó al oficialismo la intención de “paralizar el Congreso a lo largo del año”. Ellos van a tratar de “garantizar que el Congreso cumpla las funciones normales que la Constitución establece”, y con relación al diálogo que mantienen con otras bancadas, aclaró que “no vamos a adelantar nada hasta tener los números sobre la mesa”.

Así lo aseguró la ministra de Seguridad, cuando defendió al policía que mató a un joven en La Boca. Dijo que la cinta que se dio a conocer y puso en duda el accionar del efectivo "está mal editada y recortada". Odas al gatillo fácil entre otras escandalosas y brutales declaraciones. Caso Maldonado y Nahuel.

La encargada de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la acción del oficial Luis Chocobar al resaltar que el cuchillo que portaba Pablo Kukoc "es considerada un arma letal" y, a la vez, manifestó que "es un buen momento para comenzar a discutir el uso de armas inmovilizantes" en las fuerzas de seguridad.

En una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos), la funcionaria criticó a la prensa por expresar opiniones basadas "en un video mal editado y recortado", sin tener en cuenta que "el policía estaba en persecución de un delito que seguía y existía, y había posibilidades de que esa persona utilizase esa arma nuevamente”.

Bullrich fue tajante al reiterar su apoyo al efectivo que disparó y mató a uno de los ladrones que atacó a puñaladas al turista estadounidense en La Boca y que semanas atrás fue procesado por la Justicia por el delito de "homicidio agravado".

“Desde el Ministerio de Seguridad consideramos que es una acción de cumplimiento de deber de un funcionario público”, aseveró sus declaraciones apoyada por el argumento: “El cuchillo es considerada una arma letal y acercarse es más peligroso que estar a distancia”.

Según la ministra, Kukok "estaba escapando, pero era un asesino" con posibilidades de "agarrar a un tercero o meterle más puñaladas al mismo policía".

"Los jueces que hagan lo que quieran, nosotros como política pública vamos a ir en defensa de los policías", afirmó además la ministra que se justificó diciendo que en su doctrina la Policía no es culpable en un enfrentamiento".

En ese marco, volvió a ratificar “es por eso que el Presidente y desde nuestro gobierno avalamos la acción del Chocobar”.

Bullrich también afirmó “tuvimos razón con el caso Maldonado. Vamos a tener razón con el caso Nahuel”

En el caso del joven asesinado en Villa Mascardi por la Prefectura, el oficialismo -en un primer momento- difundió un comunicado de esa fuerza donde decía que la comunidad mapuche había utilizado armas de fuego y disparado contra los integrantes del grupo Albatros.

Sin embargo, en las siguientes semanas quedó en evidencia que eso era falso. Las únicas vainas que se encontraron en el lugar correspondían a las armas que portaba Prefectura. Además no fueron hallados rastros que demostraran que había existido un enfrentamiento.

En el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la ministra mintió escandalosamente sobre lo ocurrido, negando en primer lugar que Gendarmería hubiera ingresado al territorio de la Pu Lof. Además había afirmado que los gendarmes no llegaron hasta la orilla del Río Chubut.

Los hechos demostraron que esa fuerza federal había ingresado atacando brutalmente a los integrantes de la comunidad, portando armas de fuego y llegando incluso hasta el mismo río.

Lo único que se confirmó en ambos casos, como ocurre ahora con el hecho en el que está involucrado el policía Chocobar, es que el gobierno y la ministra de Seguridad mienten abiertamente para encubrir el accionar represivo.

La medida de fuerza adoptada por los camioneros nucleados en TGA hoy cumple siete días y se siente con fuerza en las principales ciudades del país. Piden reunirse con Dietrich, quien se niega a dialogar con los trabajadores.

A una semana del paro de los transportistas de Granos Autoconvocados (TGA), que reclaman  para que se abone por el servicio de fletes de granos las tarifas indicativas publicadas por la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación,

Son varias las acciones de protesta realizadas por el TGA ante la falta del Ministerio de Transporte de la Nación, quien se niega a recibir a los trabajadores, quienes desde abril de 2016 ya no es obligatorio cumplir con dicha tarifa indicativa sino que funciona simplemente como una referencia de valores del servicio que se dan en negociaciones libres y privadas entre las partes.

En las últimas horas se emitió un comunicado de TGA, el cual informa a los transportistas que se está  a la espera de  que el Ministro de Transporte se ponga en contacto para fijar una audiencia

En el mismo comunicado refieren que la Bolsa de Comercio de Rosario también se ha manifestado solicitándole al ministro de transporte que de una solución ya que se ven afectados al no tener un buen ingreso de cereal que les permita cumplir con contratos.

En ese sentido, además de provocar la pérdida de mercadería a los cargadores, productores, acopiadores y cooperativas, están determinando que los exportadores no puedan cumplir en tiempo y forma con los embarques que parten hacía el exterior.

Por último expresan que están convencidos que continuar con la medida de fuerza, podrían obtener lo que buscan que es que el Ministro de Transporte los reciba.

Cabe recordar que el 2 de febrero se entregó un petitorio al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, y según manifestaron los transportistas de granos auto convocados, hasta no recibir respuestas permanecerán en la ruta manifestándose.

En el petitorio, le solicitan al Ministro una urgente mesa de diálogo para poder arribar a un acuerdo sobre los reclamos del sector.

Los reclamos pasan por  establecer una  tarifa unificada en todo el territorio de la República Argentina,   el establecimiento de un  órgano de control en AFIP, además de que se otorguen derechos  como, que  en los puertos y plantas de acopio se  brinden los servicios adecuados y que empiece a regir el pago de estadía por demora superiores a las 24 horas, en las terminales de descargas.

Luego de ser entregado el petitorio, los transportistas auto convocados de granos, establecieron continuar con la protesta, hasta el momento que se los convoque a una reunión.

En menos de dos semanas la petrolera estatal volvió a subir sus costos. De esta manera, llevó el precio de la nafta súper a $24,39 el litro. Es un incremento del 3,5% promedio. Es el cuarto ajuste desde que el Gobierno dispuso la liberación de los precios en el mercado de combustibles, en octubre del año pasado.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)  aumentó este martes en un 3,5% promedio el precio de los combustibles que comercializa, por segunda vez en los últimos quince días: la empresa ya había subido los precios en un 4,5% el 24 de enero último.

En Ciudad de Buenos Aires, los nuevos valores son los siguientes: Nafta Súper, $24,39 por litro; Nafta Infinia, $28,29; Diesel 500, $21,52 y Diesel Infinia, 25,07 pesos.

Se trata del cuarto ajuste desde que el Gobierno dispuso la liberación de los precios en el mercado de Combustibles, en octubre del año pasado.

"Acabamos de recibir el mail con los nuevos precios. Es un aumento del 3,5%", expresó el presidente de la Confederación del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina, Oscar Díaz.

El dirigente dijo estar "sorprendido" por este nuevo ajuste, y enfatizó: "hace poco tiempo tuvimos un aumento de casi 5%. YPF había sido la última en incrementar los precios, pero esta vez tomó la iniciativa".

En este marco, la Asociación de Operadores de YPF informó, en base a los números que registra el Ministerio de Energía, una suba interanual del 7,3% en la venta de naftas durante 2017, al tiempo que precisó que la petrolera estatal cerró ese año con una participación de mercado de 55%, por encima del año anterior.

También destacó que Shell fue la compañía que más creció en ventas, con 10,22%; Oil subió 6,56; Axion, 3,26; Refinor, 2,81 y Petrobras, 0,66, según publicó el sitio Surtidores.

Con relación a la participación de las compañías, tras YPF, Shell fue la segunda con 20,1%; Esso, 14,3; Petrobras, 4,8; Oil, 2,9 y Refinor, 2,1.

Por su parte, las ventas de gasoil se mantuvieron en 2017 en niveles similares respecto a 2016, con un leve descenso de 0,1%, y se ubicaron en los 13.582.979 metros cúbicos.

Con este combustible, YPF logró una participación de mercado del 56,7%; Shell se ubicó en el 14,7%; Esso, 14,6; Petrobras, 5,6; Oil, 4,8 y Refinor, 1,4.

La denuncia fue realizada por los propios trabajadores de la radio pública a través de un comunicado. Manifestaron que las autoridades cortaron todo tipo de diálogo y se acrecentan las olas de cesantías.

Trabajadores de Radio Nacional difundieron hoy un documento en el que denunciaron que las autoridades de la emisora la están llevando al "abandono, desinversión y pérdida de audiencia en todo el país" y alertaron sobre posibles nuevos despidos.

Los empleados de la radio pública vienen de realizar una serie de medidas de fuerza desde que las autoridades de la empresa avanzaron con la no renovación de contratos de trabajadores en diciembre pasado, mientras que días atrás a los paros y asambleas se sumó un festival y acciones en conjunto con Canal 7 y la agencia Télam.

"Los despidos de compañeros empezaron este año con una tanda 16, más ofrecimientos de jubilaciones anticipada para más de 200 compañeros y lo que ya creemos que una nueva tanda de despidos de marzo, porque muchos contratos se renovaron solo para enero y febrero", denunció Cecilia Bari, titular de la ATRaNa (Asociación de Trabajadores de Radio Nacional).

A su vez, se quejó de que las autoridades "han cortado todo tipo de diálogo" ya que la última reunión que pidieron "fue para tratar temas de dos compañeras" despedidas pero en la fecha pactada para el encuentro, que era el 30 de enero "no nos atendió la directora Ana Gerschenson".

El encuentro se desarrollará a partir de las 14 en la Casa de Gobierno. Le entregarán un petitorio al mandatario y plantearán su rechazo a cualquier homenaje a los marinos por parte del Gobierno

El presidente Mauricio Macri recibirá este martes en la Casa Rosada a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, quienes le entregarán un petitorio para solicitar que se amplíe el presupuesto y el área de búsqueda del submarino desaparecido desde el 15 de noviembre.

El encuentro se desarrollará a partir de las 14 en la Casa de Gobierno, y allí estarán presentes familiares que llegarán desde Mar del Plata, Punta Alta y Mendoza, entre otras localidades, a quienes se sumarán algunos que residen en la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión había sido pedida en reiteradas oportunidades por los allegados de los 44 tripulantes del San Juan, y fue confirmada días atrás por el gobierno y por voceros navales.

Será el segundo encuentro que mantendrán, luego de la visita que Macri realizó a la Base Naval marplatense el 20 de noviembre último, mientras los familiares aguardaban novedades del buque que entonces llevaba cinco días sin contacto.

El contingente de aproximadamente 30 familiares que llegará desde Mar del Plata será trasladado al Edificio Libertad, sede de la fuerza naval ubicada en Retiro, y luego de un almuerzo se reunirá con el mandatario en Balcarce 50 junto a quienes llegan desde otras ciudades.

"Vamos a entregar al presidente un petitorio que vamos a leer en la reunión con nuestros pedidos principales, y después cada familiar planteará las cuestiones que crea necesarias", dijo a Télam Marcela Moyano, esposa del maquinista del San Juan, Hernán Rodríguez.

Según explicó, los puntos centrales del escrito serán "que no se abandone la búsqueda, que se refuerce, al igual que el presupuesto y el equipamiento utilizado, y que se amplíe el área".

Reclamarán también que se ofrezca una recompensa para buques privados que ayuden en la localización del submarino, iniciativa que había sido avalada por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, durante el encuentro que mantuvieron hace diez días en Mar del Plata.

En la misma línea, Luis Taglipietra, padre de otro tripulante, dijo a Télam que reiterarán "la necesidad de que se replantee la zona de búsqueda, que se sume a otras fuerzas como Prefectura, a pesqueros que se han ofrecido, y también de avanzar con el tema de la recompensa para atraer a empresas privadas".

"A nuestro entender, la estrategia de la Armada está errada, y el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas puede hacer que la búsqueda sea más efectiva", agregó Tagliapietra, quien se sumará en Buenos Aires al encuentro.

Los familiares señalaron que entregarán por duplicado un texto con sus planteos, y pedirán que el mandatario les devuelva una copia firmada por él mismo.

A su vez, explicaron que plantearán su rechazo a cualquier tipo de homenaje a los marinos por parte del Gobierno nacional.

Fuentes allegadas a Primerando relataron que el Agregado Cultural en la representación diplomática nacional en Berlín tiene 45 días para regresar al país. Por tercera vez en dos años el ex funcionario del Gobierno de Fernando De La Rua debe dimitir.

Según pudo saber Primereando, desde la Cancillería pidieron la expulsión Dario Lopérfido de la Embajada Argentina en Alemania. El cuestionado funcionario de Cambiemos, cuando ejerció el cargo de Ministro de Cultura porteño, había dicho en 2016 que "no eran 30 mil los desaparecidos", lo que generó su renuncia al cargo ante el repudio de las organizaciones de Derechos Humanos.

Según la fuente consultada, la decisión del despido de Lopérfido se debe a la reforma en los puestos políticos que viene realizando el oficialismo, pero no se descarta que sea por motivos de otra índole, ya que es insólito que un funcionario que niega el genocidio tenga un cargo justamente en Alemania.

Lopérfido, quien puso en duda las cifras de los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, al decir  que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada", frase que generó el repudio de organismos de Derechos Humanos y amplios sectores de la cultura y por ello debió dimitir. De allí pasó a estar al frente del Teatro Colón, donde tuvo que renunciar para asumir el cargo en Berlín.

Así lo confirmó el director del hospital local uno de los funcionarios del municipio quien dijo que primero tiene que pensar en los pinamareños. Las declaraciones del funcionario del municipio gobernado por Cambiemos fueron realizadas en vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

La insensibilidad sin límite de Cambiemos afecta ahora a los pacientes oncológicos de Villa Gessel, que se quedaron sin la prestación del tomógrafo que posee el hospital de Pinamar por cuestiones económicas.

Dos días antes del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el director del Hospital de Pinamar, Pablo Zenon, explicó que en Gesell “tienen un tomógrafo obsoleto, que no les sirve para las funciones que requieren algún tipo de patologías”. Por ese motivo, “firmamos un acuerdo para tener algún tipo de recupero”, pero desde el distrito del intendente peronista Gustavo Barrera “nunca cumplieron”, agregó el funcionario del macrista Martín Yeza, en diálogo con la radio local Estación Marina.

“Entonces –continuó Zanón- decidí no darle más las prestaciones del tomógrafo. Tengo que pensar primero en los ciudadanos pinamerenses y después en los pacientes de otros distritos”.

Queda claro que una medida de este tipo no es autónoma del director del hospital, sino que proviene de la decisión política del intendente Yeza, quien hasta el momento no hizo ninguna referencia a las declaraciones de su funcionario.

Así lo reveló la última medición del Monitor del Humor Social y Político que realizó DAlessio Irol/Berensztein. La inflación, los ajuste en los servicios publicos y la suba del dólar son los principales temas que generan fastidio.

El sondeo, realizado el mes pasado a más de 1000 adultos en todo el país, muestra un incremento en la evaluación negativa sobre la situación económica en la que se encuentra el país respecto de un año atrás. En esa línea se expresaron un 57% de los encuestados contra solo un 40% de respuestas positivas, un registro que marca un piso más favorable para comenzar el año, en comparación con lo registrado en 2017, aunque también señala el peor nivel desde julio pasado, el mes previo al paso por las urnas para las elecciones primarias, indicó hoy El Crónista.

sobre el futuro que alcanzó un pico de pesimismo desde julio de 2016, cuando comenzó a publicarse el estudio. Para más de la mitad de los entrevistados, la situación económica dentro de un año estará peor, mientras que un 44% cree que mejorará. Los datos son diametralmente opuestos a los recabados en noviembre último y muestran el peor nivel de la serie.

A la hora de analizar las razones, el informe hace hincapié en la incertidumbre asociada a "los rezagos del convulsionado mes de diciembre", en el que fueron protagonistas los enfrentamientos en las calles durante la aprobación de la reforma previsional y la evolución de los precios encendió una luz de alerta.

los incrementos de tarifas, el incumplimiento de las metas de inflación y los vaivenes del dólar, entre otros hechos, contribuyeron a una mayoritaria visión crítica atravesada por las diferentes posturas políticas. Por caso, a la hora de opinar sobre la proyección del empleo, un 47% de los encuestados que votó por Mauricio Macri en 2015 cree que este año aumentará, mientras que solo uno de cada diez de los consultados que no apoyaron en las urnas al actual Presidente se expresa de la misma forma y cuatro de cada cinco prevé que disminuirá.

La lectura se repite sobre la inflación y, en menor medida, respecto del bienestar. En el primero de los casos, un 41% de los votantes de Cambiemos en el ballottage presidencial dice que bajará, en cambio un 77% de los que adhirieron al por entonces FpV sostiene que crecerá. En el segundo, solo 36% de quien votó al ahora oficialismo supone que aumentará y el mismo guarismo espera que se mantenga igual, mientras que 84% de los opositores proyecta una reducción.

la suba del dólar es observada como un reacomodamiento necesario para uno de cada dos electores de Cambiemos pero acentúa la sensación de pérdida de control sobre la economía para los opositores (79%).

Como consecuencia de este panorama, la proyección de inversión o consumo personal se retrajo un poco, aunque presentó 54% de respuestas favorables. Una de cada tres personas indicó que su proyecto para este año era irse de vacaciones durante el verano y un 46% manifestó no tener ninguno.

Respecto de la gestión, se mantuvo la calificación negativa para el Gobierno que había registrado en diciembre pasado (54%) y cedió un punto más la positiva (44%), aunque también allí la diferencia es marcada por la brecha. Cambiemos retiene la adhesión a su administración de 77% de sus electores consultados y tiene el rechazo de 89%. Sin embargo, remarca el estudio, "los votantes de Macri exigen más del gobierno que eligieron para esta segunda parte del mandato", ya que uno de cada tres considera que la gestión aún es peor de lo que esperaba.

Pese a ello, los principales políticos oficialistas sigue liderando en imagen, aunque aún no retornaron a los valores de noviembre pasado. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal muestra un 54% de imagen positiva y es la única con un diferencia favorable (+13%). La siguen Elisa Carrió (47% de positiva y 47% de negativa) y Mauricio Macri (46% y 49%). El opositor mejor posicionado es Martín Lousteau (35% y 50%), mientras que Cristina Kirchner se mantiene con 28% de imagen positiva y 65% de negativa.