"Vemos en principio que las reformas se trabajan seria y responsablemente, aseguró Diego Bossio en una entrevista al diario La Nación, donde evalúa las reformas de Cambiemos y adelanta que estaría de acuerdo “en ceder en pos de arribar a consensos en aspectos centrales”.

El jefe del Bloque Justicialista de diputados, Diego Bossio, muestra una postura dialoguista con el gobierno de Cambiemos y forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Mauricio Macri en su viaje a Nueva York.

Entre tantos ‘cambios’ que presentó y presenta la Argentina de Mauricio Macri, Diego Bossio es para el oficialismo el opositor ideal: Dividió al bloque PJ – Kirchnerista, no dudó en votar a favor de Cambiemos proyectos como el pago a los Fondos Buitres, y en la actualidad comparte la idea del presidente de que “la Argentina necesita encarar una serie de reformas profundas”, para "salir de la trampa de la pobreza".

En otro fragmento de la entrevista de La Nación, el ex titular de ANSES durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se reconoce parte de “una lógica de oposición totalmente distinta”, donde “para nosotros sería muy fácil decir: no estamos de acuerdo, votamos en contra. Esto es no hacerse cargo de los problemas de la Argentina”, sostiene.

Causalidad o casualidad. Ninguno de los dos diarios con mayor tirada de la Argentina publicaron en su tapa la noticia de los Paradise Papers, donde el ministro de Finanzas y amigo personal del presidente Macri, Luis Caputo, figura en cuentas offshore en paraísos fiscales.

Al otro día de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicara un nuevo entramado de capital sin declarar en paraísos fiscales, tanto Clarín como La Nación, ignoraron el caso en sus tapas. En ambos casos, el “superclásico” de la Superliga Argentina jugado entre River y Boca fue más importante que la aparición del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en un escándalo internacional de dinero oculto en paraísos fiscales.

En el caso de La Nación, llama poderosamente la atención, ya que a pesar de que el ICIJ contiene entre sus filas a los periodistas Hugo Alconada Mon, Iván Ruíz y Maia Jastreblansky, de La Nación, el medio prefirió no darle importancia.

Los documentos del Paradice Papers provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.

Una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los Paradise Papers, ubican al ministro de Finanzas de Macri como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales.

Un nuevo escándalo de evasión impositiva a nivel mundial vuelve a golpear al entorno del presidente Mauricio Macri. Tras el escándalo de los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitun, dieron a conocer los Paradise Papers, donde figura el actual ministro de Finanzas y amigo personal del presidente Macri, Luis Caputo. Esta vez, se trata de un armado de cuentas offshore, de dos grandes estudios jurídicos: Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur.

Según los Paradise Papers, Caputo fue administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo también manejó este último fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares. Estas empresas se ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Las últimas operaron en territorio nacional junto con Alto Global y se radicaron en la calle Martha Lynch 489. En esta red de offshores crearon también el 6 de mayo del 2009 la firma Noctua International WMG, registrada también en Delaware, y Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL, con domicilio en Alem 928 piso 7. El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades.

El ministro de Finanzas aseguró que con Martin Guyot no se hablan hace dos años, y se defendió ante los medios locales que publicaron la filtración: “No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la ventana”.

El diario Página 12, asegura que ninguno de los fondos figura en su declaración jurada, y afirmo que los honorarios que recibió por esa actividad se canalizaron a través de una empresa argentina llamada LC y que fueron declarados ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría y pagó los impuestos correspondientes cuando los ingresó al país y los cambió al tipo de cambio oficial. No se aclaró, en tanto, si los fondos que controlaban cumplían con las mismas normas ante la Argentina ni tampoco de qué manera manejaron a sus clientes en relación con la restricción a la adquisición de dólares desde 2011.

Entre las firmas que aparecen afiliadas al fondo Noctua está Axis, la inversora que creó Caputo en 2012 junto a Carlos Planas, Alejandro Abergcobo y Fernando Iribarne (este último, vinculado a Noctua) y de la que también se desvinculó en 2015, días antes de asumir como funcionario. No obstante, Caputo fue denunciado porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses hizo colocaciones a través de Axis por 500 millones de pesos.

Según el diario La Nación, miembro del ICIJ, Appleby es un estudio jurídico fundado en las islas Bermudas hace a fines del siglo XIX, y que ofrece servicios 'offshore' a sus clientes. Cuenta con oficinas en diez países con baja o nula fiscalidad y absoluta opacidad, como las islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, la isla de Man, las islas Seychelles o Hong Kong. Integrante del llamado "círculo mágico offshore", es decir, el selecto grupo de los nueve bufetes más prestigiosos que proveen servicios 'offshore', los clientes de Appleby suelen ser millonarios con más de US$ 30 millones y multinacionales. Por su parte, Asiaciti Trust también es un estudio jurídico que crea compañías y estructuras fiscales opacas, con sede central en Singapur y oficinas en Samoa, San Cristóbal y Nieves.

De esta manera el Gobierno suma un nuevo escándalo de corrupción internacional. Hace un año y medio, tras la revelación de los Panamá Papers del estudio Mossack Fonseca, Macri apareció vinculado a dos empresas: inicialmente como director en la sociedad Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas en 1998 y que se mantuvo en funcionamiento hasta 2009. Más tarde le fue detectada una segunda empresa, Kagemusha SA, todavía activa.

Envalentonada por la victoria electoral la gobernadora Vidal plantea una serie de iniciativas que avanzan en detrimento de las autonomías municipales, agregando discrecionalidad, para que los municipios amigos de la Gobernadora puedan contar con recursos y quienes no se visten de amarillo tengan que gestionar con un corset.

Por Hel-echo Maldito

La Gobernadora asumió en 2015, con una deuda provincial que rondaba los $ 100.000 millones. Durante los años 2016 y 2017, Vidal acordó con los legisladores e intendentes un endeudamiento que se aproximaba a los $ 60.000 millones anuales, que incluía un Fondo para Obras de Infraestructura en los municipios que se distribuía con el mismo coeficiente que la coparticipación provincial.

El endeudamiento continuará al mismo ritmo, ya que la gobernadora pidió a la legislatura autorización para endeudarse por otros $ 65.000 millones, lo que hará que al fin de su tercer año de gobierno haya triplicado la deuda de los bonaerenses.

Lo que no continuará es el Fondo de Infraestructura, con lo cual no habrá distribución de fondos para obras de manera equitativa. Todas las obras que se realicen en los municipios deberán ser solicitadas a la Gobernadora, que dirá si o no, según su más absoluta discrecionalidad.

La segunda novedad que la Gobernadora establece para obtener la suma del poder sobre los municipios y manejarla discrecionalmente tienen que ver con otro fondo: el Fondo Nacional Educativo. Hasta el año anterior los municipios recibían los dineros de ese fondo mediante el mismo coeficiente de distribución que el resto de la coparticipación. Ya no será así, la Provincia establecerá un nuevo coeficiente con otros indicadores.

Un ejemplo de cómo impactará esto: el Municipio de Laprida recibió en 2017 alrededor de 16 millones de pesos, como el fondo crecerá un 26 %, se esperaba para 2018 alrededor de 20 millones, pero con el nuevo coeficiente serán aproximadamente $ 15 millones. Es decir, menos que el año 2017.

Pero eso no es todo. Hasta 2017 esos dineros debían ser utilizados en cuestiones educativas del sistema formal o informal. Así los municipios podían abonar becas para estudiantes, carreras en sus distritos, jardines maternales, cursos y capacitaciones. A partir de 2018 no será así: el 85 % de lo recibido por el Fondo Educativo deberá ser destinado a obras de infraestructura escolar del sistema formal (es decir, jardines y escuelas provinciales). Pero eso no es todo. La decisión de que obras realizar en la infraestructura escolar tampoco estará en manos de los municipios: se deberá consensuar con la Provincia de Buenos Aires.

Así lo establece el art 45º del presupuesto enviado a la Legislatura que dice textualmente: “los municipios deberán destinar como mínimo el ochenta y cinco por ciento de estos recursos a la infraestructura educativa en el marco del Plan Provincial de Infraestructura Escolar del mencionado organismo, para lo cual deberán acordar con dicho organismo (se refiere a la Dirección Gral. de Educación), antes del 31 de marzo de 2018, el plan de obras a ejecutar. La Dirección Gral. de Educación podrá suspender las transferencias de los fondos, en los supuestos de incumplimiento de las normas vigentes”.

Decir esto y decir que los municipios ya no tendrán poder de decisión sobre los dineros que reciban del Fondo Educativo es lo mismo.

De nuevo un ejemplo del Municipio en que vivo: recibirá aproximadamente 15 millones, podrá destinar a cuestiones ajenas a infraestructura escolar el 15 %, es decir $ 2 millones 250 mil. Durante 2017 este municipio entregó en becas estudiantiles $ 4 millones con dineros del Fondo Educativo, en 2018 dispondrá de $ 2.250.000, es decir algo más de la mitad de lo que entregó en 2017, pero con una inflación del 25 %, con lo cual en vez de aumentarlas el 25 % deberá reducirlas. Y todo esto sin contar que se abonaban tres carreras universitarias para cursar en el distrito, se abría un jardín maternal y muchas acciones más que no viene al caso detallar.

Resumiendo, Mariú se sigue endeudando, pero durante 2018 quitó a los municipios el Fondo de Infraestructura y birló el manejo de los Fondos del Educativo. Pero no es todo. El principal avance contra las autonomías municipales lo constituye el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que la Gobernadora impulsa.

Cuando sea ley la responsabilidad fiscal los municipios “podrán” adherirse. El podrán es irónico. Quienes no se adhieran no recibirán obras con fondos provinciales, ni recibirán Ayudas del Tesoro Provincial. Hay municipios como el mío que no recibieron ni las unas ni las otras durante estos dos años de macrismo. Supongamos que Municipios bien administrados puedan decir “gobernaré como los dos últimos años, sin obras provinciales y sin ayudas del tesoro provincial” pero… quienes no adhieran a la ley mencionada tampoco estarán autorizados a endeudarse (aunque tenga la capacidad de endeudamiento que la ley vigente establece). Es decir, los 135 municipios de la Provincia deberán adherir a la ley que busca controlar el gasto publico.

Que implica la ley, muchas cosas, pero mencionamos algunas de ellas: establecerá que el gasto público no podrá subir más que la inflación (art 4º del proyecto que modifica el art. 5º de la ley 13.295) y que no podrá aumentar el número de empleados respecto del total de habitantes (art 7º que reemplaza al art 6º de la ley 13.295), también la Provincia establece topes a las tasas municipales (art 11º que reemplaza al art 8º de la 13.295). En otras palabras pone limites (entre otras cosas) al aumento de sueldos que los municipios podrán dar a sus empleados (es decir, fijará un porcentaje la provincia y los municipios deberán atenerse a dicho porcentaje) y también el número de empleados que cada municipio podrá contratar.

Autonomía municipal cero.

La gobernadora podrá incidir hasta en detalles menores de los municipios, sin importar el intendente que hayan votado sus ciudadanos.

Uno supone que el radicalismo que siempre alardeó de su interés por la autonomía de los municipios dirá algo. Que sus diputados y senadores no votarán la ley y el presupuesto.

Entre paréntesis, el presupuesto será votado con la legislatura que dejará de funcionar el 10 de diciembre, por legisladores que están de salida de las cámaras. Seguramente porque son más fáciles para “convencer” (mmm, si digamos que es convencimiento el material que los hará votar como quiere la Gobernadora).

En 2018, si estos instrumentos se aprueban sin modificaciones María Eugenia Vidal no sólo será la Gobernadora, también será la Intendenta Municipal de todos y cada uno de los 135 municipios bonaerenses.

http://bloghelechomaldito.blogspot.com.ar/2017/11/la-emperatriz-mariu-o-la-destruccion-de.html?m=1

Se trata de Khalil Aleua, que antes de ayer presentó su dimisión luego de ser denunciado por amenazas y lesiones por el dueño de un local gastronómico de la capital riojana.

El ataque que protagonizó junto a otras personas fue filmado por las cámaras de seguridad de la provincia y puso en jaque la carrera del dirigente del PRO.

Según lo expuesto, el conflicto comenzó porque el concejal le envió mensajes íntimos a la novia del cocinero mientras estaba adentro del local. El escándalo que se desencadenó terminó con la separación del chef de su pareja.

"Me tiraron al piso, me patearon, me pegaban piñas por todo el cuerpo y me insultaban", denunció el propietario del local. Además, aseguró que uno de los atacantes sacó un cuchillo con el que lo amenazó. "Aquí se termina todo, te voy a matar", le dijo.

Sobre la decisión del concejal de renunciar a su cargo, su abogado, en declaraciones a Radio Independiente, sostuvo: “(Aleua) manifestó su necesidad y su deseo de renunciar al cargo. Asume este bajón anímico y esta cuestión que excede la función y, a pesar de que considera que no hizo nada grave, cree necesario dar un paso al costado”. "Es necesario que dé un paso al costado y, a partir de ahí, que la Justicia investigue cómo debe hacerlo".

Mirá el video:

Tras la salida de Pablo Pusetto como titular del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, versiones apuntan al abogado de la concesionaria del ministro de Transporte Guillermo Dietrich como posible sucesor.

Miguel Donadío, socio fundador del PRO en Bahía, candidato a intendente una década atrás, abogado de las concesionarias del ministro de Transporte Dietrich y hombre de su confianza, suena como posible sucesor del titular del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, donde su titular Pablo Pusetto, quien dejó su cargo por presiones de Nación.

Según el sitio Infocielo, el pedido de renuncia para Pusetto fue ejecutado por el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, aunque la orden vino del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que crece en influencia. Pusetto es un ingeniero muy cercano al legislador bahiense Santiago Nardelli y vinculado a la empresa Profertil. Dejó el cargo con una carta dirigida a María Eugenia Vidal en la que aseguró valorar “el trabajo que viene realizando” al frente de la Provincia y deseándole “el mayor de los éxitos”.

Tras demandar a los argentinos que "cada uno tiene que ceder un poco", el presidente eliminó la obligatoriedad de la liquidación de divisas para los exportadores.

Gracias al generoso gesto de Macri, el mercado local perderá USD18.791 millones sólo del agro, mostrando a las claras hacia dónde va el modelo Cambiemos y quiénes son sus ganadores y perdedores. El empujón de las elecciones legislativas envalentona al oficialismo que luego de poner al presidente de la Sociedad Rural Argentina en el ministerio de Agroindustria, ahora elimina vía Decreto de necesidad y urgencia la obligatoriedad de la liquidación de divisas para los exportadores.

Al ser consultados sobre la posibilidad de que con esta medida ingresen menos divisas de las exportaciones y que consecuentemente una menor cantidad de dólares en el mercado local provoque un aumento del tipo de cambio, los funcionarios PRO aseguraron que "en la práctica, cuando llevamos el plazo a 10 años, ya no existía esta obligación", y señalan que "la tensión que pueda haber sobre el precio de dólar se va a corregir cuando alguien venda". "Si hay alguna restricción, entonces el precio no es libre", concluyeron.

Hasta la asunción de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo, el plazo que marcaba la ley para liquidar divisas a exportadores era de 30 días, luego pasó a ser a 5 años, luego a 10 años, con esta medida directamente se elimina la obligación que tenía este poderoso sector de la economía de liquidar divisas.

A pocos días de un grave e inédito hecho de censura que tuvo lugar en Radio Nacional Córdoba, una radio de Entre Ríos fue obligada por el Enacom a "cesar las emisiones" y a "desmantelarse".  El representante local del organismo es nada menos que Juan Diego Etchevehere, hermano del nuevo ministro de Agroindustria.

Se trata de la popular FM Radio Mix de Diamante que operaba en el dial 106.5 Mhz. desde hace once años. La emisora mantenía una línea crítica hacia la gestión municipal del intendente Lénico Aranda, de Cambiemos.

Juan Diego Etchevehere es, además, presidente de la Fundación Pensar perteneciente al macrismo y presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos.

Daniel Spretz, titular de FM Radio Mix, difundió un video por redes sociales donde explica cómo sucedió de un momento a otro sin invocar “ningún motivo que justifique tal decisión”.

“Quiero contarles lo que está pasando con radio Mix, ha llegado un comunicado de la ENACOM ordenando que esta radio debe cesar su aire en 106.5 Mhz, debe dejar de funcionar. Es lo que me han comunicado a través de una cédula que me ha llegado”, explicó.

“Estoy muy preocupado porque es como una sentencia que me ha llegado directamente, en ningún momento se me intimó, ni se me preguntó sobre las inscripciones de la radio, las presentaciones que tenemos hechas, nada. Directamente me llegó la orden de cierre total de la radio y desmantelamiento, así dice textualmente”.

“Evidentemente hay una cuestión bastante locuaz vinculada a la política”.

“Esta radio tiene once años, me llama poderosamente la atención también que haya caído esto sobre esta radio. En realidad no, a veces tiene precios la forma en que uno lleva adelante la comunicación”.

“Me duele que una radio humilde como esta moleste a tal punto que haya una decisión de algunos amigos del poder de turno que están pidiendo la cabeza de esta radio. Parece que en los papeles lo han conseguido. Hay una sentencia, es como decir marche preso y ya está”.

Desde este miércoles la radio ya no está al aire en cumplimiento de la orden nacional, aunque un grupo de abogados está analizando la situación. Por ahora, la programación podrá ser escuchada por internet.

Mirá el video:

Los principales dirigentes de la central le comunicaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que rechazan la regresiva reforma laboral impulsada por Cambiemos. "El proyecto original de reforma laboral, tal como está planteado por el gobierno, no solo fue cuestionado sino rechazado", aseguró Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT.

Por su parte, el camionero Pablo Moyano fue más allá con las críticas a la reforma: "Por parte de esta conducción gremial, de esta confederación (por la CGT), los compañeros trabajadores quédense tranquilos que nos van a tener que cortar la mano para firmar esta ley de reforma para cagar a los trabajadores", aseguró.

Y agregó: "Con la excusa de encarcelar dirigentes gremiales, o todos los días atacarnos desde los medios de comunicación, quieren allanar el camino de la reforma laboral, y debilitan a los gremios para atacar a los trabajadores con el verso del costo laboral". "Esta reforma es peor que la de los 90 y que la de Brasil", dijo.

De esta manera, se tensa la relación entre la CGT y los sindicatos por la reforma que pretende imponer el Ejecutivo. Además, las dos CTA también rechazaron lo planteado por el Gobierno de Cambiemos.

En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar.

En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.

Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional.

Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias Juez en lo contencioso de La Plata.

Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país.

En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia.

Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse.

Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente.

En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente.

Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares.

Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general.

Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho.