Si bien es uno de los sectores más golpeados por la reforma tributaria de Mauricio Macri, los diputados oficialistas decidieron obstaculizar la iniciativa de la oposición. Desde el FpV-PJ anunciaron que la llevarán al recinto en la próxima sesión para intentar aprobar su incorporación al temario.

La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara Baja, presidida por el diputado nacional Martín Doñate (FpV-PJ), recibió ayer a representantes de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) para analizar el nuevo régimen tributario impulsado por el Gobierno nacional.

“En la reunión expusieron representantes de mutuales y cooperativas para contar las problemáticas surgidas a partir de la modificación de la Ley impositiva y cómo podría afectar el rol social que cumplen a lo largo y ancho del país”, comentó Doñate.

Por su parte, el diputado Carlos Heller sostuvo que “la actividad cooperativa y mutual no debe ser alcanzada por un tributo que está vinculado a la ganancia, a la renta, cuando son entidades sin fines de lucro”.

“La voracidad fiscal puede devorarse los principios si no actuamos con la intensidad que la situación requiere”, advirtió el legislador.

En la reforma tributaria se elimina la exención del Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales que presten servicios financieros o de seguros, una punta de lanza para extender este gravamen a la totalidad de las cooperativas.

Por eso, Doñate hizo hincapié en el proyecto del ley que declara la emergencia económica por la situación de las denominadas empresas recuperadas del sector, que no contó con el acompañamiento de Cambiemos.

“A pesar de no haber podido tratarlo por falta de quorum, hemos acordado llevarlo al recinto en la próxima sesión para intentar aprobar su incorporación al temario”, adelantó el titular de la comisión.

Eduardo Montes, integrante de la Cooperativa Gráfica Patricios, remarcó que se trata de un proyecto “importante” para “defender los derechos de los trabajadores”; mientras que Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa de trabajadores del Hotel Bauen, solicitó “la suspensión de todo proceso judicial en contra del personal”.

La relación de la vida política y el ejercicio del poder con las cuestiones de salud fueron siempre motivo de intrigas palaciegas, acompañadas por el desarrollo de una especialización periodística que tuvo su mayor apogeo con la pseudo patología de hubris inmortalizada por Nelson Castro.

La salud de los políticos siempre se manejó entre el ocultamiento y la discrecionalidad, cuando no por la mentira.

En una reciente entrevista al Diario Perfil, Marcos Peña, destacaba como una virtud de Cambiemos y fundamentalmente del Presidente Macri la cuestión del manejo del ego. En sus palabras, “la estabilización del ego”, virtud que se manifiesta en un equilibrio saludable entre los extremos que genera el poder: ambición-depresión, compañía-soledad, euforia-tristeza.

Para la gobernadora Vidal, la condición de la estabilización de su ego pasa por la estabilidad de su dieta.

Difícilmente puedan conocerse fotos de María Eugenia Vidal como trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social en épocas de Palito Ortega o de sus primeros años al frente del área social de los think tanks del PRO. Ella se ha encargado celosamente de eliminar todo rastro de un tiempo pasado que en cuestión de peso no siempre fue mejor.

“Su figura marcada por el sobrepeso la atormenta” reconoce una persona que la conoce desde aquellas épocas. En La Plata todos afirman que el tema “es una cuestión de Estado”.

Todo el mundo está al tanto que no se puede hacer referencia al tema e incluso el encargado de comunicación, Federico Suarez, distribuyó un documento estructurado en el pensamiento feminista para aportar argumentos que combatan desde la cuestión de género cualquier expresión o manifestación que refiera al peso y talla de la Gobernadora.

Más allá del correcto posicionamiento ideológico del documento y el rechazo a las expresiones que agravian y cosifican a las mujeres, lo que no deja de ser cierto es la incomodidad que le genera a Vidal no poder manejar su tendencia al sobrepeso. Su vestuario y su agenda han variado en función de ello.

Mientras públicamente festeja la aprobación del presupuesto provincial y parte de los recursos del Fondo del Conurbano, sus principales obsesiones siguen siendo el diámetro de sus brazos y la forma de sus rodillas. Es común que personas que manifiestan calidez y la frescura hacia afuera carguen con fuertes traumas y complejos que las atormentan y persiguen en su vida privada.

El bloque de senadores bonaerenses del FpV-PJ adelantó su rechazo al proyecto presupuestario, impositivo y fiscal, que el oficialismo pretende aprobar en la Legislatura.

Diputados y senadores bonaerenses tratarán hoy el Presupuesto 2018 que envió la gobernadora María Eugenia Vidal junto a la Ley Impositiva y un Pacto de Responsabilidad Fiscal Municipal.

Mientras el oficialismo negocia con el massismo y otros bloques para obtener el número necesario, desde el bloque de senadores del FpV-PJ anunciaron que no acompañarán una propuesta que “se acopla al modelo de ajuste impulsado por el Gobierno nacional, ahonda el deterioro de las cuentas fiscales provinciales, incrementa la dependencia financiera de los gobiernos locales y profundiza la angustia de los bonaerenses.

“Desde que asumió Maria Eugenia Vidal al frente de la gobernación bonaerense endeudó a la Provincia en cerca de 5.300 millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa de India, el sexto país con mayor PBI del planeta”, señalaron a través de un comunicado y agregaron que “como si fuera poco nos propone seguir endeudándonos, aumentando la toma de deuda en un 30% con respecto al ejercicio anterior”.

Asimismo, indicaron que durante 2017 “subejecutó las partidas en áreas clave como Salud, Desarrollo Social y las políticas de género”.

“La ecuación es simple. Vidal toma deuda a niveles históricos y desatiende las necesidades del pueblo. Sonríe a la gente en televisión, pero no en su presupuesto”, subrayaron los senadores al considerar que “la gobernadora encabeza un proyecto que en dos años puso en crisis el aparato industrial e incrementó los índices de desocupación, pobreza e indigencia en toda la provincia”.

También rechazaron “la virtual intervención del Gobierno provincial en las cuentas públicas municipales”, prevista en los proyectos enviados por Vidal.

“El cuadro de situación se agrava ante el encuentro oficial de este jueves 9 entre el presidente Macri y los gobernadores donde se anunció una modificación del Impuesto a las Ganancias como prenda de acuerdo por el Fondo del Conurbano”, advirtieron y añadieron que “la incertidumbre respecto al destino y utilización de los nuevos ingresos exige que retiren los proyectos de presupuesto presentados y actualicen la totalidad del reparto de la renta federal, la ANSES y las provincias”.

(por Andrés Fidanza) Con el envión amarillo de las legislativas, el gobierno amenaza con incluir a una parte de Comodoro Py en su reformismo permanente. Lo hace veladamente, a través de un lenguaje que jueces y fiscales decodifican a la perfección. Entre los actores judiciales figura a la cabeza el supremo Ricardo Lorenzetti, quien ya prometió una serie de recambios menores, en fidelidad con el renovado clima de época. Así, el manipulite acelerado y de trazo grueso contra el kirchnerismo es, en buena medida, hijo de esa entendimiento mutuo.

Por debajo de la jactancia sobre la independencia de poderes, una ONG trabaja a pedir del gobierno. Se trata de Será Justicia, una asociación tan cercana al macrismo como a los estudios de abogados más poderosos de la Argentina y al muy conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

La renuncia inducida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou y la suspensión del camarista Eduardo Freiler fueron empujados por esa ONG. Uno de sus principales dirigentes, Guillermo Lipera, incluso se postula para reemplazar a Gils Carbó en la Procuración. Moderador de un inédito panel sobre agenda judicial en el último coloquio empresario de IDEA, Lipera integra el enorme estudio Bulló.

Otra de las fundadoras de Será Justicia es la abogada Eugenia Talerico, elegida por Mauricio Macri para ser la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (la UIF, más conocida como oficina anti-lavado). Talarico sorteó con éxito los cuestionamientos que le llovieron al momento de su postulación, a raíz de sus anteriores vínculos con el banco HSBC, denunciado por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita.

Fundada hace cinco años, Será Justicia es una suerte de desprendimiento aggiornado del Colegio de Abogados de calle Montevideo. Desde su creación, funcionó como su pata militante y política. Pese a su breve trayectoria, en lo últimos meses demostró su banca y capacidad de influencia. En el Consejo de la Magistratura colaboró con dos denuncias contra un juez que integraba la lista negra del oficialismo: el camarista Eduardo Freiler, ya suspendido y con pronóstico reservado. A su vez ayudó para cumplir con una de las obsesiones que tenía Mauricio Macri desde que asumió: que Gils Carbó dejará de ser la jefa de los 400 fiscales del país.

A fines del año pasado, presentó una demanda contra el Estado. Reclamaba que se declarara inconstitucional la vía del juicio político para remover a la procuradora. Un planteo hecho a pedir del oficialismo, al punto de que el ministro de Justicia Germán Garavano lo avaló.

Semanas atrás, junto al mismo Colegio de Abogados y a la ONG Usina de Justicia, Será Justicia volvió a presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Ahí acusó a los jueces Lijo y Daniel Rafecas de cajonear algunas causas. En especial, las orientadas contra los ex funcionarios kirchneristas.

Parado en la montaña de su mejor momento, el macrismo se ve poderoso, seguro de sí mismo, razonado en sus políticas (de ajuste) y plebiscitado socialmente. Prácticamente eterno. Frente a esa auto-percepción, el sainete de los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren con sociedades offshore en paraísos fiscales le resultan temas insignificantes. La mega-filtración completa de los Paradise Papers casi no le merece opinión alguna. Casa Rosada da por descontado una resolución similar a la de Mauricio Macri con los Panamá Papers. Hace dos meses, la Cámara Federal confirmó el cierre de la causa en su contra por lavado de dinero.

Las acusaciones por evasión y explotación laboral contra Luis Miguel Etchevehere, quien saltó fluidamente desde la presidencia de La Sociedad Rural hasta el ministerio de Agroindustria, también le parece una cuestión menor. Una trama destinada a ser diluida, olvidada y archivada judicialmente. Ahora, como otras veces a lo largo de la historia, el gobierno no puede, no quiere ni tiene interés en percibir un desenlace diferente.

Ante más de 170 mil discapacitados que siguen sin su pensión, la Cámara Nacional de Seguridad Social rechazó la medida de apelación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, quien debe restituir las pensiones “dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso”.

Ya en marzo de este año, la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad Social decidió rechazar la medida de apelación que Cambiemos inició en contra de la medida cautelar que ordenaba restablecer las pensiones por invalidez. En esa ocasión desde Cambiemos, Guillermo Badino, ex titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), aseguraba que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de down, "puede trabajar si lo desea o quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo".

En septiembre, luego de que Stanley apelara el primer fallo que exigía la restitución de las pensiones, la Cámara Federal dejó sin efecto cualquier recorte hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero resolvieron que la pensiones por discapacidad "se trata de derechos alimentarios e irrenunciables", por lo cual esas pensiones deben.

En concreto, la cartera que conduce Carolina Stanley fue intimada a que en un plazo máximo de diez días cumpla con la cautelar que ordena restablecer las pensiones suspendidas o eliminadas. Hasta el momento el Ministerio devolvió apenas 10 mil prestaciones.

Para el presidente Macri, su “proyecto es de continuidad”, y adelanta que la gestión Cambiemos tiene 3 mandatos por delante: “Me quedan seis años de gobierno y después vendrán ocho años más de Cambiemos”, afirmó en Nueva York, ante ejecutivos de empresas, banqueros y representantes del mundo financiero. También aseguró .

Dentro del mismo planteo, de la gobernadora María Eugenia Vidal se dice que va por la reelección en provincia, y por ello el Ejecutivo le entregó más de 65 mil millones extras, mientras a las demás provincias, le reclaman austeridad. Por último, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bastión PRO-Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta irá por la reelección, por lo cual quedará pensar quiénes integrarán la fórmula en el 2023: Larreta, Vidal o Marcos Peña.

Dentro de las proyecciones que intenta Macri, a la vicepresidenta Gabriela Michetti le tocará una embajada importante en Europa.

Los primeros efectos de la reforma fiscal parece que no tuvieron el éxito esperado. El Gobierno quiere subir de 8 a 16% los gravámenes a las bebidas azucaradas y Coca Cola dio marcha atrás con inversiones. Repercusiones picantes

La noticia surge luego de que el oficialismo decidiera anular el impuesto a los vinos, el champagne y las cervezas.

La empresa líder de gaseosas hoy paga un 8% por ese tributo y pasaría a 16%. Como reacción, decidió frenar una inversión de US$ 1.000 millones anunciada durante el 2016, según confirmaron.

Las gaseosas azucaradas representan casi tres cuartas partes de las ventas de Coca Cola, que ya se considera fuertemente gravada por impuestos que representan hasta un 50% de sus costos, según dicen.

Por la misma medida, también dejaría de comprar jugos de fruta argentinos. Los concentrados frutales adquiridos en Argentina representan alrededor de US$ 250 millones. El 80% se exporta. Se trata de jugo de limones, manzanas, naranjas, peras, pomelos, uvas y durazno del NEA, NOA y Alto Valle.

Incluso afectaría a los ingenios azucareros, que estiman que el aumento de impuestos a las bebidas gaseosas implicará 100 mil toneladas menos de venta de azúcar a las embotelladoras, que se exportarían a precios mucho más bajos.​

El presidente Mauricio Macri estuvo con autoridades de Coca Cola en New York, en su reciente visita. Les dijo que el tema se seguiría tratando en estos días.

Las repercusiones picantes en Twitter parecen demostrar que a Cambiemos todo le sigue saliendo al revés.

El Director de ANSES de la localidad de General Alvear, Julio Fonzalida, fue filmado golpeando a su secretaria, quien le solicitó su indemnización al ser despedida luego de 11 años de trabajo en negro.

Al hacerle el reclamo, el funcionario se enfureció y la golpeó. El hecho quedó registrado ante la cámara de seguridad. La mujer realizó la denuncia policial y lo hará en la Justicia.

Mendoza Post, el medio que difundió el video, aseguró que “no es la primera vez que Fonzalida tiene conductas violentas dentro de su empresa y para con sus empleadas“

El intendente local, Walther Marcolini, emitió un comunicado oficial en el que repudia el accionar de su funcionario y solicita un reemplazo al Gobierno Nacional.

“Debido al evidente hecho de violencia de género ocurrido en General Alvear que protagonizara un funcionario de Anses; desde la Municipalidad de General Alvear, repudiamos este acto. Asimismo, el Sr. Intendente Lic. Walther Marcolini, solicita al Gobierno Nacional la separación inmediata e indeclinable del funcionario involucrado, de su cargo en Anses, y su correspondiente reemplazo“

Mirá el video:

Fuente: El disenso

La carrera dirigida por Elsa Llenderrozas dio de baja una materia cuyo profesor titular fue candidato en las listas opositoras al espacio gobernante. Cambiemos no sólo conduce los destinos del país, sino también los de Ciencia Política de la UBA.

(Por Tomás Crespo* y Juan Manuel Facorro **) El pasado martes 31 de octubre la Junta de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tuvo su primera sesión con la composición que la misma adquirió tras los comicios que se llevaron adelante en esa casa de estudios hace dos años atrás.

En el orden del día dispuesto –al margen de algunas cuestiones de menor relevancia- se destacaba la aprobación de la grilla de materias optativas que los estudiantes podrán cursar a lo largo del año 2018.

En el proceso electoral acaecido en el mes de septiembre de este año, surgieron numerosos rumores que hacían mención al modo en que se otorgarías las materias para el próximo ciclo lectivo. Sin embargo, como miembros de la comunidad académica de Sociales -la que transitamos y habitamos desde hace tantos años- elegimos creer que primaría en la dirección de la Carrera el espíritu de camaradería y compañerismo que, al margen de las coyunturas electorales, ve en el adversario político un otro necesario en la tarea colectiva que implica la construcción de conocimiento.

Pero no fue así. Pese a que la materia Marxismo e Historia Argentina a cargo del profesor Pablo López Fiorito figuraba en la planilla que circuló el día previo a la votación, al llegar a la sesión de la Junta advertimos que la misma había sido excluida de la oferta que se ponía a consideración. La misma suerte corrieron las propuestas de los profesores Fabián Lavallén Ranea y Pablo Javier Salinas, con quienes nos solidarizamos plenamente.

Los motivos por los que esto sucedió pueden ser varios y de distinta índole. Sin pretender ser exhaustivos en la enumeración, podríamos mencionar entre los plausibles: mero cálculo electoral (para que el espacio que conduce la carrera de Ciencia Política pueda contar con un voto más en el claustro docente); revancha política (debido a la posición asumida tanto por el titular de la materia como por muchos de sus integrantes a favor de la Lista 10, opositora a la que finalmente resultó triunfante); o hasta la propia temática de la materia.

Sin embargo, ninguna de esas razones –algunas más nobles que otras- resulta plausible. Lo que ocurrió es mucho más grave. La alianza electoral CAMBIEMOS –a través de la Unión Cívica Radical- no sólo conduce los destinos del país, sino también los de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Y al igual que sus pares en el Estado nacional, bajo un manto institucionalista y pretendidamente democrático ejercen en realidad un gobierno profundamente autoritario y excluyente.

No hay en la decisión de excluirnos otra motivación que demostrarle a la comunidad de Sociales y de Ciencia Política que no importa cuán legitimada esté una asignatura entre los estudiantes, cuán original sea su propuesta educativa y cuál sea el posicionamiento adoptado por sus integrantes en la política interna de la Facultad. Lo que debe quedar claro es que el espacio gobernante aspira a quedarse con todo lo que esté a su alcance y no dudará en marginar a quien sea necesario con ese objetivo. Hoy nos tocó a nosotros y mañana será el turno de otros compañeros y compañeras.

Mientras tanto, el armado que fuimos construyendo al calor de la Universidad continuará trabajando a pesar de no contar con un lugar institucional y seguiremos dando las peleas que haya que dar para tenerlo de vuelta.

Claro que esa batalla no será llevada adelante sólo por el profesor titular o por el cuerpo docente. Durante 5 años presentamos nuestra materia en la carrera de Ciencia Política y somos plenamente conscientes de que si no hubiéramos contado con la ayuda inestimable de los compañeros y compañeras del Frente de Graduados y demás organizaciones de estudiantes, no hubiéramos logrado nada. Se trata entonces de una lucha colectiva, que es el único modo en que concebimos el accionar político en cualquiera de sus formas.

Creemos en lo que hacemos y sabemos que nuestra labor aporta en cantidad y calidad a los contenidos que la Facultad brinda. No cejaremos en nuestros objetivos, sino que seguimos construyendo con el fin de que la Universidad pueda acompañar a nuestro pueblo en este momento tan complejo para el país y ser parte junto a él del proceso que supere la actual restauración liberal-conservadora.

Finalmente queremos convocar a todos los compañeros y compañeras que integran las distintas fuerzas de la izquierda y del movimiento nacional y popular a que nos acompañen tanto para lograr que se mantenga la asignatura como para mejorar el programa y los contenidos de la misma.

Por lo pronto, no es una buena señal lo que ha sucedido. Concretamente, se dio de baja una asignatura cuyo titular había sido candidato tanto en Ciencia Política (como profesor) y Sociología (como graduado) en las listas opositoras al oficialismo en mbas carreras, sumado al hecho de haber manifestado su apoyo a la Lista 10 en lo atinente al gobierno de la Facultad, que finalmente fue derrotada por el espacio que encabeza la decana electa.

Y si bien las consideraciones estrictamente académicas siempre deben ser tenidas en cuenta, lo ocurrido no deja de despertar cierta suspicacia.

Nuestra materia fue pensada para desentramar los muros evitables que en la realidad latinoamericana se han construido entre la izquierda y el movimiento nacional y que impidieron el establecimiento de cualquier dialogo fraterno, tan necesario para ambas tradiciones teórico-políticas.

Nosotros hemos demostrado, cuatrimestre tras cuatrimestre, que ese puente no solo es posible sino imprescindible y fecundo.

Esperamos que las autoridades de la Carrera y de la Facultad también puedan advertir lo necesario de este debate.

(*) Graduado de Ciencias de la Comunicación, docente de la Cátedra Marxismo e Historia Argentina.

(**) Graduado de Ciencia Política, docente de la Cátedra Marxismo e Historia Argentina.

Tras conocerse la denuncia que el Colegio de Abogados de la Ciudad y la asociación Será Justicia en el Consejo de la Magistratura contra el juez por el supuesto "cajoneo" de causas, en el día de hoy la ex esposa de su hermano, Alfredo Lijo, presentó información de una cuenta bancaria por la que habrían pasado 1,7 millón de dólares.

Según la denuncia de Carla Lago, ex esposa del hermano del juez federal Ariel Lijo, la millonaria cuenta suiza del Royal Bank of Canadá está a nombre de “The Settimo Trust”, un fideicomiso con domicilio en Auckland, Nueva Zelanda. Todos los bienes incluidos fueron cedidos a sus hijos.

Sin embargo, Alfredo Lijo aclaró que no tiene ninguna cuenta en Suiza y que todos sus bienes están declarados.

"Si yo, Alfredo Lijo, estuviera legalmente incapacitado, y durante el lapso de mi incapacidad el fiduciario autorizara la transferencia de fondos necesarios para cubrir mi mantenimiento mensual, dicha transferencia no será inferior a US$ 5000 por mes", escribió en una "carta de deseos" firmada en enero de 2015.

De acuerdo al diario La Nación, el hermano del juez fijó en esa carta las reglas para transferir los activos de The Settimo Trust a través de Investa Trustee Ltd, otro fideicomiso, en caso de enfermedad o muerte.

Las presiones sobre el magistrado que se encargó de detener al ex vicepresidente Amado Boudou sin juicio ni condena –tras la denuncia del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la asociación macrista Será Justicia- recién comienzan.

Cabe destacar que Alfredo Lijo está siendo investigado por el vínculo con dos sociedades del camarista Eduardo Freiler, quien procesó a Mauricio Macri por las escuchas ilegales y hoy es sometido a juicio político. Además, su ex mujer, dijo que fue nombrada en la financiera Minning Pride a pedido de él, al tiempo que presentaron ante el Consejo de la Magistratura unos mails que involucrarían al hermano de Ariel Lijo como dueño de balnearios en Necochea, también como socio de Freiler.