El dueño de una pyme chaqueña sufrió un infarto fulminante al enterarse que debía pagar casi 50.000 pesos de luz. Falleció con las boletas en la mano. No es el primer deceso que se registra por los desmedidos aumentos realizados por Cambiemos.
Carlos Bueno, propietario de una pequeña fábrica de hielo en Presidente Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, es otra de las víctimas fatales de los tarifazos de Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, hombre de la Shell.
Bueno murió de un infartó al recibir dos boletas de luz que sumaban unos 50 mil pesos. Su esposa, Natalia Mudrik, que lo encontró tirado en una habitación de la fábrica “casi sin vida”, dijo que tenía “las facturas de luz en la mano” y que el “ataque fue fulminante”.
“De pagar 3.000 pesos pasamos a pagar 17 mil, después 19 mil, y él en la mano tenía dos facturas, una mayor a 20 mil y otra superior a 28.000 pesos. Tenemos 26 años en el rubro del hielo y Carlos murió a los 62 años, tenía grandes proyectos para crear fuentes de trabajo en nuestra ciudad. Creo que el gobierno debería darle una mano a las pymes y no tener que llegar a esta situaciones”, expresó ayer la mujer al portal local Periodismo365.
Los últimos tarifazos anunciado por Aranguren este año van del 61% al 148%, pero si se consideran los aumentos desde el inicio de la gestión de Cambiemos el precio del suministro eléctrico registra un crecimiento de hasta un 1050%.
Asimismo, las tarifas del agua y el gas tuvieron lo largo de 2016 un incremento promedio del 500%. En marzo último, Aranguren informó aumentos en el gas del orden del 36 por ciento para los usuarios de menor consumo, aunque con respecto al último invierno el acumulado llega al 400 por ciento. En algunas provincias, las nuevas boletas llegarán con aumentos del 300% al 500%.
Esto es criminal para los sectores de menores recursos. Durante el invierno pasado, sólo en Córdoba, se registraron 20 muertos por hipotermia o intoxicación con monóxido de carbono, cuando de 2010 a 2015 los decesos por las mismas causas habían sido cinco.
Organizaciones de defensa de los consumidores y expertos como los del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura (OETEC) hablan desde el año pasado de “un genocidio energético” y denuncian que las políticas tarifarias del gobierno sólo benefician a las grandes empresas del sector.
A principios de este mes, Macri y Aranguren fueron imputados en una causa en la que se investiga si el aumento de tarifas en el servicio del gas aplicado el año pasado buscó favorecer a empresarios del rubro energético cercanos al Gobierno, entre los cuales figuran Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin.
La investigación está cargo del fiscal federal Franco Picardi a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que el año pasado advirtió sobre negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.
La familia Caputo tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país, con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera. En generación, la firma posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución tiene intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro. A su vez, otra de las beneficiadas fue Pampa Energía, presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, pero bajo la órbita del grupo Tavistock de John Lewis, el magnate británico en cuya casa Macri pasó Semana Santa el año pasado.
