La ex ministra de Defensa de la Nación se refirió de esa manera a la escandalosa compra de armamento a Washington.  Tras la primera versión oficial que el Gobierno intento instalar que no se trataba de una compra sino de una “donación”.

“Obviamente, el complejo militar industrial que está detrás del Departamento de Defensa de Estados Unidos quiere vender, no donar”, dijo la ex ministra de Defensa y actual diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV), Nilda Garre, en declaraciones al diario Contexto.

“La compra no está hecha, pero sí el requerimiento ante las autoridades norteamericanas. Uno querría saber dónde se planificó todo esto porque, además, hay dos diputados involucrados que no tienen especialización en materia de Defensa, ni fueron mandatados por el Congreso. Ni siquiera integran la Comisión de Defensa de la Cámara Baja”, señaló Garré en alusión a Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, los legisladores de Cambiemos que se reunieron con Visclosky antes de que el embajador formulara el pedido de material bélico por canales formales.

A Garré también le llamó la atención la magnitud del armamento, que de ningún modo se justifica para combatir “el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, como alegó Lousteau en su carta.

Allí se solicitan, entre otras cosas, 64 helicópteros Cobra AH1, Chinook, Black Hawk UH60 y Bell 412; más de 300 tanquetas de guerra, entre las que se destacan las StryKer M1128, M1130, M1132, M1134 y M1139, equipadas con ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y cañones de 105 milímetros; 24 vehículos anfibios AAVR7A1; 80 lanzamisiles Javelin; 14 aviones caza F16C, con cañones M61 y soportes para misiles, bombas y tanques de combustible suplementarios; y 2 aeronaves Orion P-3C de combate antisubmarinos.

“La cantidad de blindados que se establece en la lista es como para cinco ejércitos y los helicópteros son los mismos que se utilizaron en las guerras de Vietnam, el Golfo Pérsico, el Líbano y Afganistán. Sería inimaginable utilizar uno de esos helicópteros para combatir el narcotráfico y no es Defensa la encargada de hacer eso, sino las fuerzas de seguridad. Tampoco se puede hablar de terrorismo porque no tenemos. Así que cuesta entender cuál es la hipótesis de conflicto que ven o para la que se preparan desde el Gobierno”, enfatizó la diputada.

Para Garre, una posible explicación es que traten de “alinearnos a la colaboración que pueda pedir Estados Unidos”, con una política de Defensa conjunta cada vez más alejada de América Latina, como ocurría durante los noventa, cuando Carlos Menem envió tropas a Medio Oriente y los Balcanes.

“La Defensa tiene que ser con la región, no con Washington. Esa alianza militar sería contradictoria, absurda e inviable”, sostuvo la ex ministra al recordar que “Estados Unidos fue nuestro contrincante en la Guerra de Malvinas”.

Por eso mismo, reclamó que Macri explicite lo que Marcos Peña se negó a trasparentar en su último informe ante el Congreso: “Cuando vino el jefe de Gabinete dijo que el Plan Nacional de Defensa existía, pero que era secreto. Puede haber una pequeña parte que justifique ser secreta por alguna situación estratégica, pero en líneas generales el plan debe ser público. Lo tiene que conocer el Congreso y toda la sociedad”.

Mientras el Gobierno ocultaba el escándalo, el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, probaba in situ algunos de los armamentos que ahora Martínez dice que su cartera nunca pensó adquirir. El funcionario viajó la semana pasada a Estados Unidos junto a oficiales superiores del Ejército y la Fuerza Aérea, con quienes visitó la casa matriz de Bell Helicopter, cerró los acuerdos por los Texan T6 y se jactó de “varios proyectos en común” con Lockheed para incrementar “el poder aéreo nacional”.

La primera versión oficial que hizo rodar la Casa Rosada trató de instalar la idea de que no se trataba de una compra sino de una “donación”, algo que fue rápida y ampliamente reproducido por los medios hegemónicos que suelen blindar a Cambiemos.

El bloque de diputados del FpV pudo presentar una denuncia penal contra el propio presidente y los funcionarios involucrados, así como un pedido de interpelación al ministro Julio Martínez y la canciller Susana Malcorra.

Tampoco se habla de “donación” en la carta que le envió el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, al senador demócrata Peter Visclosky, integrante de la comisión estadounidense encargada de aprobar la exportación de armas a través del programa Foreign Military Sales (FMS), ni en la autorización del Departamento de Estado para avanzar en “una posible venta militar extranjera a la Argentina”, documentos dados a conocer por el canal de noticias C5N.

Defensa reconoció el martes la compra de doce aviones de entrenamiento Texan T6, pero negó el resto del armamento por más de 2.000 millones de dólares que figura en los anexos de la carta de Lousteau. Según el ministro Martínez, el listado con unos cien ítems “tiene carácter exploratorio, genérico y público, y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires busca multar con más de medio millón de pesos de la cuenta corriente del Bapro que tiene el sindicato de profesores que dirige Roberto Baradel.

A través de un expediente, la mandataria bonaerense busca agredir a los gremios de los docentes con millonarias multas, argumentando que los maestros incumplieron con la conciliación obligatoria dictada por el ejecutivo provincial en la negociación paritaria.

Si esa iniciativa avanza, el más perjudicado será Roberto Baradel toda vez que Suteba es el gremio más importante en términos de afiliados. Sin embargo afectará al resto de los sindicatos que se resistieron: FEB, Udocba, UDA y Sadop, aseguró hoy La Política Online.

Fuentes del gobierno confiaron a LPO que el Ejecutivo está facultado a determinar multas que pueden ir del 0,5 hasta el 2.000 por ciento del salario mínimo vital y móvil (fijado en $8.060).

En el gobierno estiman que la multa hacia Suteba podría recaer en unos 600 millones de pesos. El resto de los gremios tendrán un impacto algo menor en función de la cantidad de afiliados.

Vidal juega con una carta fuerte: es que el gobierno provincial es quien le deposita a cada uno de los gremios, millonarios aportes por cantidad de afiliados y por cuota sindical. En el caso de Suteba, fuentes del gobierno aseguran que recibe unos 1.200 millones de pesos anuales en una cuenta del Banco Provincia. La clave entonces pasaría por la posibilidad del gobierno de embargarle al gremio de Baradel esos millones.

"Contar con una personería gremial significa acatarse a ciertas reglas, no es un derecho absoluto", explicó a LPO una fuente muy cercana a las negociaciones y agregó que "incumplir la conciliación obligatoria es un abuso de la personería gremial que le fue otorgada".

El expediente ya fue iniciado por la cartera de Trabajo bonaerense y ese será el ámbito de definiciones. Luego los gremios tendrán una instancia judicial para apelar la medida.

LPO adelantó ayer que Vidal estaba decidida a aprovechar los paros para discutir a fondo el sistema educativo. Para el gobierno, el incumplimiento de la conciliación obligatoria es uno de los tantos "abusos" a corregir.

La Gobernadora está decidida a capitalizar la crisis y remover algunas ‘imperfecciones' de un sistema público educativo que requiere más de 127.000 millones para su funcionamiento.

Pero mientras el expediente tome su curso, en el Ejecutivo aguardan novedades de las gestiones realizadas ante el ministerio de Trabajo de Nación para quitarle la personería gremial a los gremios que desobedecieron la conciliación.

Por lo pronto, fuentes del gobierno recordaron el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que revocó la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp).

Con el espaldarazo del Presidente, La Gobernadora acelera a fondo contra los docentes y habla de una "cruzada" por el cambio. Hoy estuvo timbreando en José C Paz.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, visitó hoy por la mañana la sede que la Fundación San José Providente, que brinda contención a jóvenes de bajos recursos, junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, con quien además realizó un timbreo por un barrio de José C Paz.

Vidal y Stanley, junto al ministro de Desarrollo Social provincial, Santiago López Medrano, recorrieron el hogar y el instituto que recibe a diario a más de 500 niños y jóvenes a quienes se les da contención, alimentación, salud, educación y vestimenta, como así también acompañamiento a sus familias.

Luego, la mandataria provincial, los ministros y el padre Gustavo, a cargo de la Fundación San José Providente, recorrieron varias cuadras del barrio Frino de José C. Paz, realizaron un “timbreo” y dialogaron con vecinos en sus casas.

La idea de Vidal es aprovechar la confrontación, que alienta fuertemente, con los docentes para posicionar la idea de "una cruzada por el cambio", con la que piensa posicionar a Cambiemos de cara a la legislativas de 2017.

Lejos de poner paños fríos, María Eugenia Vidal cuestionó a los docentes por los paros y señaló que apuntan a desgastar su gestión. Volvió a sostener que protestan porque son kirchneristas y dijo que persiguen fines políticos. Conflicto sin fin.

“Los dirigentes del gremio docente persiguen el objetivo de desgastar mi Gobierno y el de (Mauricio) Macri. Muchos de ellos, como (Roberto) Baradel son kirchneristas y han estado el 24 de marzo en Plaza de Mayo junto a Aníbal Fernández y Hebe de Bonafini, que a mí me llamó asesina”, señaló Vidal.

En declaraciones a canal América, la mandataria aclaró que no cuestiona la presencia de los dirigentes docentes del Suteba en el acto por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, pero observó que “cada uno elige con quién sentarse”.

“Los gremios persiguen intereses políticos y no nos podemos olvidar que este año habrá elecciones internas en varios sindicatos. Sé que esta es una discusión difícil porque no es como enfrentar a las mafias policiales. Muchos docentes nos votaron, pero tengo en claro que fui elegida para llevar adelante un cambio profundo en la provincia, y ese es mi compromiso”, fundamentó.

En la noche de hoy, manifestantes de la CTA y Nuevo Encuentro se manifestaron frente a la base aérea de Morón donde reside Vidal, en respaldo a la postura de los gremios docentes, una demostración que fue reprobada por la titular del Ejecutivo bonaerense.

“Hubo un grupo de delegados gremiales en frente de mi casa. ¿No pensaron que ahí están mis hijos? Estaba preocupada porque estaban por llegar, pero finalmente se desconcentraron”, dijo la mandataria bonaerense.

Organizaciones que nuclean a residentes extranjeros saldrán a la calle en rechazo del decreto presidencial que permite expulsarlos del país. “El hecho de ser migrantes no nos transforma en delincuentes. Somos trabajadores y trabajadoras, aportamos al fisco y formamos parte de una vasta riqueza cultural que tiene este país”, subrayaron.

Anticipan que será una jornada histórica. Frente a las políticas xenófobas, racistas y discriminatorias del gobierno de Mauricio Macri, los migrantes decidieron realizar este jueves un primer paro que movilizará a más de 30 organizaciones desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, donde confluirán con la marcha convocada por las dos CTA.

Las comunidades de residentes extranjeros se muestran sumamente preocupadas por el aumento de la persecución y la represión desde que asumió Cambiemos, lo que tuvo como consecuencia un importante crecimiento de las deportaciones. Según los propios datos de la Dirección de Migraciones, a septiembre de 2016 se registraron 3258 expulsiones, un 70 por ciento más que en 2015.

A esto se sumó el decreto de “necesidad y urgencia” (DNU 70) firmado por Macri el 30 de enero pasado para modificar la Ley 25.871 de Migraciones. Los cambios permiten endurecer las condiciones de ingreso al país, facilitar las expulsiones y restringir numerosos derechos. Este DNU es objeto de una dura pulseada entre el oficialismo y la oposición debido a que se mete con cuestiones penales que, de acuerdo a la Constitución, sólo deben ser legisladas por el Congreso.

La organizaciones explicaron que todo está relacionado con la necesidad de Cambiemos de tener un “chivo expiatorio” en medio de “una crisis económica que se viene agudizando día a día en la sociedad argentina: ajustes de presupuesto, aumento de la inflación, desempleo, tarifazos y despidos masivos”

Juan Vásquez, del colectivo boliviano Simbiosis Cultural, indicó que “el DNU globaliza la población migrante como narco cuando menos del 6% de la población carcelaria total es extranjera. A eso se agrega que de los 2 millones de migrantes que viven en Argentina, menos del 1% están presos por delitos vinculados a drogas”.

“El hecho de ser migrantes no nos transforma en delincuentes. Somos trabajadores y trabajadoras, aportamos al fisco y formamos parte de una vasta riqueza cultural que tiene este país”, agregó Thomas Valenzuela, integrante del Movimiento 138 de residentes paraguayos en Argentina.

La fecha del paro migrante coincide con el aniversario del incendio del taller textil clandestino de Caballito, en la calle Luis Viale 1269, donde murieron diez menores y una mujer. “Es cuando comenzaron a visibilizarse las problemáticas laborales que tenemos todas las personas migrantes. Se cumplen 11 años del incendio, y después de 10 años se logró llegar a juicio oral para condenar a dos responsables. Este 30 de marzo es la marcha para visibilizar y crear un símbolo de nuestra lucha”, remarcó Vásquez.

La concentración frente al Congreso, bajo la consigna “Paramos porque migrar no es un delito sino un derecho humano”, está prevista para las 15. Allí habrá un acto con artistas y se leerá un documento consensuado entre todas las organizaciones, para luego marchar a Plaza de Mayo. Junto a las CTA lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, los migrantes también le dirán a Macri que pare la mano con el ajuste, los despidos y la precarización laboral.

Se trata de Miguel Calvete quien se encuentra sospechado de alquilar un departamento en el que se ofrecían servicios sexuales. La Justicia investiga al concejal de La Matanza, por su presunta conexión con una red de prostíbulos, por alquilar un departamento.

En la causa se exigió realizar una serie de allanamientos a los inmuebles involucrados en la investigación, entre las que figuran propiedades de Calvete y su hermano Alejandro, quien reside en España.

Según la investigación, se desprende en forma “nítida” una hipótesis de “promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena”. Sin embargo, como no se trataría de una trata de personas, rebotó en la Justicia Federal y piden que vuelva a la Justicia ordinaria.

La investigación fue iniciada con tareas de Prefectura en Puerto Madero, en un edificio ubicado en la calle Encarnación Ezcurra 449. Allí, en un departamento del octavo piso, distintas mujeres ofrecían servicios sexuales con nombres de fantasía (se las menciona como “Jade”, “Aixa”, “Alice”, “Mel”, “Karen”, “Tiziana”, “Maia”, “Natacha”), describe hoy La Política Online.

A través de distintas publicaciones, se identificaron algunos números telefónicos -entre ellos, el de Calvete- que posibilitaron el avance de la causa.

En ella se develó que intervinieron al menos cinco personas en actividades de “promoción, facilitación y/o explotación de la prostitución ajena con distintos grados de injerencia”. Allí se menciona como principales investigados a Claudia Jones Rossi, Ramiro Martín Rius, Miguel Ángel Calvete, Alejandro Calvete y Susana Carmen Calvete.

Se describe que Jones Rossi, la principal investigada, antes realizaba pases sexuales pero ahora “se beneficiaría de la prostitución ajena”. Ella es el enlace con Ramiro Martín Rius (sería su pareja), quien alquilaba el departamento a los Calvete y se lo “subalquilaba” a Rossi.

Por ese motivo, Rius quedó bajo sospecha de “montar un negocio de subalquiler de propiedades para el ejercicio de la prostitución”. Esos departamentos se los alquilaría al concejal Calvete y a su hermano Alejandro. Susana Carmen, hermana de ambos, es mencionada porque realizaría ocasionales cobros para sus hermanos en los departamentos subalquilados.

“Puntualmente se verificó que (Rius) regentea el privado que funciona en Avenida Libertador 6710 8º C, y los que funcionan en Avenida Belgrano 1345 7º E y 10º A. Por último, también regentearía un privado en la calle Ayacucho pero no se pudo individualizar”, indican las fuentes judiciales.

La causa explica que “se detectó el funcionamiento de departamentos que ligan a esos actores individualizados”. Si bien aclara que no se pudo determinar la ubicación exacta de todos los, se lo hizo de cinco domicilios y se ordenaron allanamientos.

El repudio sucedió hoy, cuando el Presidente de la Nación se dirigía para participar de la inauguración del nuevo Centro de trasbordo de Constitución, que conectará la terminal de trenes con las líneas de colectivos y el subterráneo. En el acto defendió a Vidal y criticó a los maestros. Mirá el video.

Unas horas después que aterrizó del avión que lo traía de Holanda, el mandatario Mauricio Macri se dirigió a la inauguración que se realizó en la plaza ubicada frente a la estación de trenes de Constitución. Allí fue repudiado por ciudadanos que manifestaban que el dinero, ni el trabajo no les alcanzaba.

El jefe de Estado, también había sido escrachado en Holanda por organismo de derechos humanos cuando participaba de una visita oficial en ese país europeo.

Luego de eludir el escrache, el mandatario ingresó al Centro de Trasbordo Constitución y a la hora de hablar respaldo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal brindar un fuerte respaldo a la gobernadora María Eugenia Vidal al señalar que alienta "esta discusión de fondo” que la mandataria mantiene con los gremios docentes por los salarios de este año.

Ademas dijo que hay que mostrar "convicción” y apuntó que "las batallas que estamos dando son por el futuro; por eso gobernadora la quiero alentar en esta discusión de fondos: queremos mejorar la calidad de educación pública; eso iguala las oportunidades, una educación pública de calidad hace que todos los chicos tengan las mismas oportunidades”.

Así lo asegura un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas al  señalar que los beneficiarios de la devaluación fueron las grandes empresas que privilegiaron la lógica financiera de valorización por sobre la productiva. En el último año, facturaron casi 20 por ciento más que el Producto Bruto Interno corriente.

Mientras la política económica de Cambiemos destruye pymes, comercios y cientos de miles de empleos, genera precariedad laboral y empuja a millones de argentinos a la pobreza más extrema, la riqueza del país se concentra rápidamente en un puñado de grandes empresas, entre ellas la de la propia familia presidencial y las ligadas al gobierno como la de Nicolás Caputo y el Grupo Clarín.

En un reciente informe, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) sostiene que las 54 empresas que componen la cúpula económica que cotiza en la Bolsa de Valores incrementaron su facturación por encima del PBI corriente. Mientras éste creció en un 34,8% anual durante los primeros nueve meses, las grandes firmas lo hicieron en un 53,4%.

“Por un lado, los datos confirman que las ganancias extraordinarias de las empresas más grandes –en especial las productivas- se explican principalmente por la valorización financiera de sus excedentes económicos, que han sido multiplicados gracias a la devaluación. Este fenómeno aporta elementos para verificar una tendencia creciente hacia la financiarización económica por parte del capital concentrado”, afirmó Ana Rameri, coautora de la investigación del IPyPP.

El documento pone en evidencia el impacto inmediato de la devaluación en la cúpula empresarial argentina a partir de la presentación de sus balances contables, y destaca el caso de la estatal YPF y Pan American Energy, líderes del oligopolio petrolero, que concentraron más del 90% de la acumulación positiva de las diferencias de cambios entre las firmas productivas.

Según el informe consignado por la agencia de la CTA Autónoma, creció exponencialmente el rubro “diferencia de cambio”, que es el resultado del cambio en la cotización de las divisas extranjeras (el dólar como expresión más común) por efecto de la devaluación. Este impacto es mayor en la medida en que más activos financieros dolarizados presenten las firmas. Se trata de un concepto que mide el impacto en moneda local de los efectos de modificar el tipo de cambio. Este rubro tuvo un crecimiento exponencial del 945,9% anual.

De este modo, las diferencias de cambio pegaron un salto en los balances de las firmas. Representaban apenas el 10% de las ganancias netas en el primer trimestre del 2015 y llegaron a alcanzar el 120% en el primer trimestre de 2016.

El estudio también advierte que la devaluación afectó de manera heterogénea al conjunto de la economía. Si bien en el primer trimestre del 2016 las ganancias netas del conjunto de las firmas cayeron un 14,5% respecto de 2015, hacia el interior de los sectores se redujeron un 46% en las firmas productivas, pero se incrementaron en las financieras en un 36%.

“Se podría hacer otra valoración política, asociada a que el comportamiento rentístico verificado de las empresas está muy alejado de poder concretar la lluvia de inversiones pregonada por Mauricio Macri. A pesar del proceso de transferencia regresiva del ingreso llevado a cabo por diversas vías con el objetivo de promover la inversión productiva (devaluación, quita de retenciones, tarifazo, etc.), muy por el contrario éstas facilitaron la acumulación de capital en nichos financieros”, sostuvo Rameri.

En este sentido, la investigadora detalló que “si bien las empresas financieras presentaron un importante incremento del 374%, las productivas son las que tienen el salto exponencial: en ellas este rubro crece al 1226%”.

Tras los pedidos de un legislador de Cambiemos de presionar a la justicia para que la ex mandataria vaya presa, las presiones y operaciones del oficialismo por ocupar puestos de importancia en los tribunales se hace sentir. El fallo de la Corte Suprema que restablece el límite de 75 años para los jueces en actividad.

Hace apenas dos días, desde Primereando, se publicó un video con las declaraciones del diputado por Santa Cruz, Eduardo Costas, quien pedía presionar al Poder Judicial en un mitin del Comité de la UCR.

También hace 48 horas, se conoció de un fallo de la Corte Suprema De Justicia (CSJ) que restableció el límite constitucional de 75 años de edad para la función judicial, abandonando la jurisprudencia anterior que posibilitaba a magistrados seguir en sus cargos una vez cumplida esa edad.

Con este fallo, decenas de jueces deben jubilarse y de esa manera quedarán decenas de puestos bacantes. Lugares importantes dentro del Poder Judicial que desde el oficialismo vienen digitando para ubicar juristas allegados a Cambiemos.

En esa línea, la jueza María Servini de Cubría, en un reportaje brindado a Ámbito Financiero señaló que  en diciembre pasado el fallo y se postergó hasta que la propia magistrada de la CSJ, Elena Highton de Nolasco, consiguió un amparo para continuar en su cargo.

"Me llama mucho la atención. No sé si me quieren desplazar del Poder Judicial, diría que quieren desplazar de determinadas personas", recalcó, aunque aclaró que no ve una "mano" del Poder Ejecutivo detrás de la maniobra. "Quiero pensar que no. Tengo buena relación con la gente que depende electoralmente de mí, estamos hablando de las cosas que necesitamos para esta nueva elección, me vinieron a ver. Me extraña que sea por este lado", deslizó la funcionaria.

Para Servini de Cubría, la decisión de la CSJ obedece a una sentencia "digitada" en su contra con el objetivo de desplazarla de una causa que vincula a Ricardo Lorenzetti con las supuestas maniobras irregulares del dinero del Fútbol para Todos.

Siguiendo esa línea, la jueza recuerda que en diciembre del año pasado, Elisa Carrió presentó un escrito ante la Justicia federal donde vinculó al presidente de la Corte con un sospechoso intercambio de cheques entre clubes de fútbol y cooperativas, por el cual las entidades deportivas recibían de la AFA cheques diferidos y los cambiaban anticipadamente en mutuales "amigas" a cambio de altísimos intereses. Presentación recayó en el juzgado de Servini de Cubría.

Aunque las declaraciones del diputado santacruceño y de la jueza, no vayan de la mano, de ambas palabras se logra entrever la decisión del oficialismo de copar al Poder Judicial y utilizarlo para encubrir sus operaciones que vayan por fuera de la ley.

"La convocatoria que se realiza por redes sociales para manifestarse el 1 de abril en respaldo al Gobierno nacional no es organizada por nuestro partido ni por Cambiemos", dice un comunicado de la UCR que busca despegarse de la marcha del #1A.

La Unión Cívica Radical (UCR) aclaró que no convoca a una movilización a favor del Gobierno nacional para el 1 de abril próximo.

"La convocatoria que se realiza por redes sociales para manifestarse el 1 de abril en respaldo al gobierno nacional no es organizada por nuestro partido ni por Cambiemos", señaló el partido a través de un comunicado.

El partido que encabeza el intendente de Santa Fe, José Corral, destacó "la importancia de que la ciudadanía pueda expresar sus ideas y posiciones políticas con absoluta libertad y autonomía".

"Nosotros, los radicales, estamos enfocados en trabajar para que el gobierno represente el cambio que los argentinos eligieron. Confiamos que en 2017, junto a todos los compatriotas que quieren salir adelante, vamos a consolidar el cambio en todo el país", añadió.