Se filtraron una serie de videos donde se observa el triste papel realizado por funcionarios macristas de la Secretaría de Derechos Humanos que bailaban y festejaban en esa dependencia gubernamental que fue escenario de desapariciones y torturas de la última dictadura cívico-militar. Aquí los videos.

Se filtraron una serie de videos, donde se puede ver como funcionarios medios y altos de Cambiemos que “trabajan” en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, realizan pasos de baile en la Ex Esma.

Una filmación tomada con un teléfono celular  mostró los efectos "etílicos" que produjo la celebración sobre los funcionarios de dicha Secretaría, que hasta se animaron a bailar sobre las mesas.

Es sabido y conocido el "fervor" hacia las bebidas alcohólicas que manifestaron siempre los marinos, forman parte del acervo histórico de los navegantes, y no para combatir el frio necesariamente, tal como quedó demostrado en las noches entre el 24 de diciembre y 1°de enero de 1979, cuando el Contralmirante Supisich (Director de la ESMA) se presentó, visiblemente borracho, en el sótano del Casino de Oficiales y se dirigió a los prisioneros y les dijo: "Señoras y señores, felices fiestas".

En aquella oportunidad, varios de los que fueron "saludados" por Supisich (hoy muerto) fueron finalmente trasladados y nunca se supo más de ellos.

Por la ESMA, pasaron más de 5000 desaparecidos. Hoy los funcionarios del gobierno que niegan el genocidio, que pretende imponer una vez más la política de los dos demonios, bailan alegres y borrachos en el Centro Clandestino de detención donde miles de personas sufrieron las peores torturas.

La concejala por el FpV Nacional y Popular apuntó contra el intendente macrista al cumplirse un año de la represión a los trabajadores municipales de La Plata que reclamaban por los 4.600 despidos.

“Mientras el Estado disparaba balas de goma contra a su pueblo, el intendente recurrió a otro tipo violencia que complementaba lo que ocurría en la puerta del palacio municipal y habló de ´empleados de papel´”, recordó y apuntó: “no bastó con la violencia física; el gobierno apeló también a la simbólica", dijo Florencia Saintout, al conmemorarse un año de la represión a trabajadores cooperativos en la capital bonaerense  .

Este domingo se cumplió un año de la represión a los trabajadores y trabajadoras municipales de La Plata que reclamaban por los 4.600 despidos dispuestos por Julio Garro al asumir el cargo como intendente de La Plata. Al respecto, Saintout señaló: “esta fecha nos remite a imágenes muy dolorosas, donde el Estado, que hasta el 10 de diciembre de 2015 había sido garante de los derechos de los trabajadores, comenzaba a consolidarse en la vereda de enfrente”.

Para la concejala por el Frente para la Victoria Nacional y Popular “ese fue el primer golpe de una serie que continuó a lo largo de todo 2016, signado por políticas de achicamiento, ajuste, recesión, despidos y represión”.

Asimismo, agregó que la nueva gestión de gobierno está “de espaldas al pueblo trabajador; un gobierno que ha violentando el derecho al trabajo digno, a la protesta y a la libertad de expresión” y recordó: “mientras el Estado disparaba balas de goma contra a su pueblo, el intendente Garro recurrió a otro tipo violencia que complementaba lo que ocurría en la puerta del palacio municipal y habló de “empleados de papel”. No bastó con la violencia física; el gobierno apeló también a la simbólica. Estigmatizó, despidió y reprimió a los trabajadores y trabajadoras. Hizo todo lo contrario a cómo esperamos que un gobierno actúe”.

Finalmente, a través de las redes sociales, la decana de la facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata exigió “trabajo digno para nuestros vecinos y vecinas y que el Estado garantice sus derechos”.

En medio del conflicto por las cesantías, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, planea recortar las funciones del INET y crear una Agencia Nacional de Formación de Talentos. El sector empresario ganaría poder de decisión en la educación técnica, en detrimento del Estado y los docentes.

Mientras continúa el conflicto por el despido de trabajadores del Ministerio de Educación, la “revolución educativa” anunciada por el ministro Esteban Bullrich está por cobrarse una nueva víctima: el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). El organismo creado en 2005 para definir los perfiles profesionales y el diseño curricular de la educación técnica está a punto de ser desguazado y reemplazado por un nuevo ente, cuyo nombre llevaría la marca PRO: “Agencia nacional de Formación de Talentos”. En el nuevo esquema, los sindicatos y el Estado retroceden en voz y voto a la hora de la formación de futuros técnicos en favor del sector empresario, que se verá doblemente beneficiado: dejará de tener intermediarios a la hora de capacitar potenciales empleados y contará para ello con fondos estatales. El Gobierno prevé implementar la medida a través de un decreto, que está a tiro de la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio Bullrich, y a cuyo borrador accedió PáginaI12.

La nueva “Agencia de Talentos” absorberá la actual Dirección Nacional de Formación Profesional y la Coordinación de Terciarios Técnicos, hasta ahora dependientes del INET, que transferirá además la facultad de evaluar los planes de estudios. Y lo hará con objetivos bien distintos: mientras que en el INET tenían representación el Estado, los sindicatos y el sector privado, en una mesa tripartita que funcionó como política pública desde la sanción de la ley de Educación Técnico Profesional en 2005, la “Agencia de Talentos” macrista está diseñada exclusivamente para beneficio del sector privado. Según consta en el borrador del decreto al que accedió este diario, el organismo tendrá como objetivo “prospectar la demanda del sector socioproductivo de forma sistemática y unificada”, lo que se traduce en que el Estado hará un inventario de las necesidades de formación profesional que presenten las empresas. También tendrá la facultad de “determinar los programas de formación en función de la demanda identificada”, es decir, que la formación de técnicos estará adaptada a los requerimientos corporativos. No hay en todo el decreto mención a la participación del sector sindical en el proceso.

“De concretarse esta nueva iniciativa privatizadora de Bullrich, las escuelas técnicas, en lugar de enseñar a pensar, a discernir, a apropiarse críticamente de las herramientas científico técnicas, pasarán a formar mano de obra barata para las empresas. Los estudiantes pierden libertad dentro de su formación, en la que intervenían la comunidad educativa y el Estado y ahora será sólo decisión de las empresas. Cada vez está más claro que Bullrich es un gerente de recursos humanos, como se definió el mismo, que un ministro de Educación, que es lo que necesita el país”, señaló a PáginaI12  el secretario gremial de Ctera, Eduardo López.

Algo de lo que se vendrá con la nueva agencia lo había adelantado el propio Bullrich en una columna de opinión publicada en el diario Clarín a principios de octubre. Allí aseguró que con el objetivo de “preparar recursos humanos para el mundo de hoy, ser permeables a lo qué pasa en ese mundo”, durante el último año el INET y el Ministerio de Trabajo “realizaron una encuesta a casi 900 empresas, para ver qué es lo que necesitan de nuestros recursos humanos”. En esa misma línea, el decreto que está a punto de publicarse dice en su tercer artículo que la Agencia se enfocará en “prospectar la demanda del sector socioproductivo”, lo que acota drásticamente los fines del INET, que según la ley de formación técnica buscaba educar en “una política nacional y federal, integral” articulada entre “los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo”.

“El decreto plantea que el eje central de la formación profesional y técnico superior tiene que ver con la demanda del sector socioproductivo. La educación, contrario a lo que plantea este gobierno, no está para resolver la demanda de un sector, sino para formar en función de un proyecto de país y de las necesidades del conjunto”, advirtió el secretario gremial de UTE, Guillermo Parodi. “El decreto tiene muchas debilidades –indicó Parodi–. Imaginemos que viene una empresa muy poderosa, se instala en el país, forma profesionales muy específicos de acuerdo a lo que necesita y luego de se va o decide cambiar el plan de negocios. El que se formó en ese perfil viejo se quedó sin poder trabajar y además, no tuvo antes formación general, que es la que se da ahora. Es un intento más de precarización.”

El INET fue creado por la Ley de Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005 a fin de regular de funcionamiento de las instituciones de la educación técnica en todo el país. Según esa ley, el INET se llevaba el 0,2 por ciento del total del presupuesto. Para 2016, esa cifra fue de 3300 millones de pesos, casi un 4 por ciento de las partidas del Ministerio de Educación. La intención del Gobierno, según se desprende del borrador de decreto al que accedió este diario, es transferir al menos dos tercios de los recursos del INET a la nueva “agencia de talentos”.

“Hasta hoy, las empresas históricamente tomaban técnicos con formación general e invertían en una mayor capacitación de acuerdo a su necesidad específica. A través de esta nueva agencia, van a tercerizar esa tarea en el Estado. Es una transferencia de ingresos del sector educativo a las empresas”, explicó Parodi. “Es materia de discusión si el Estado debería o no subsidiar a las empresas en el proceso de formación de sus trabajadores. Lo que está fuera de discusión es que tenga que financiarse con fondos de la educación”, puntualizó.

Como paso previo a la transferencia, Bullrich se dedicó el último año a subejecutar el presupuesto del INET, tal como lo hizo con el área de Infraestructura y Equipamiento y los programas de Formación Docente, entre otros. En el caso del INET, se llegó al tramo final de 2016 con apenas el 11 por ciento del presupuesto ejecutado. También hubo indicios del desguace en el presupuesto 2017, en el que el organismo recibió un recorte de más de 900 millones de pesos, dejándolo por debajo del 0,2 por ciento establecido por ley, según un informe de UTE y del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala de ATE Capital.

No será esta la primera vez que el Gobierno modifique por decreto una norma relacionada con la educación. En diciembre de 2015, el decreto 13/2015 que estructuraba el nuevo organigrama del Ejecutivo omitió mencionar la Ley de Financiamiento Educativo, lo que despertó el rechazo unánime de la comunidad educativa. El decreto fue corregido y Bullrich dijo que se había tratado de un “error”. En diciembre pasado, el decreto 1222/2016 transfirió los canales Encuentro y Pakapaka de la órbita de Educación a la Jefatura de Gabinete, en contradicción con la ley de Educación.

En este caso, de publicarse el decreto al que accedió este diario, se modificarían varios artículos de la ley de Formación Técnica: el 32º, sobre las funciones del INET; el 34º y el 35º, para quitarle a ese organismo la función de realizar un “registro de instituciones” de la educación técnica; y los artículos 26º, 27º y 28º, que trasladarán a la Agencia de Talentos la facultad de homologar los títulos secundarios.

Para el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, ingresar o salir del mercado laboral debería ser como “comer o descomer”. En Hacienda evalúan incentivos para quienes cobran planes.

El Gobierno avanza con su proyecto de bajar los impuestos al trabajo dentro de un marco de mayor flexibilización laboral. Si bien prefiere no utilizar este término, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, confirmó que se planea el regreso del sistema de pasantías y hasta habló que incorporar o despedir a personal debería ser como “comer o descomer”.

“La única forma de integrar la educación con el mundo del trabajo es con prácticas formativas”, definió Ponte en diálogo con el programa Toma y Daca de “Radio Con Vos”. El ex director general del Grupo Techint sostuvo que “la posibilidad de entrar y salir (del mercado laboral) hace a su esencia; es como comer y descomer”.

“Si todos ellos no pueden tener una fluida presencia de aprendizaje en el mundo del trabajo y de las empresas, tampoco vamos a tener la posibilidad que aunque haya trabajo, de que haya empleabilidad sobre estas personas”, defendió respecto a la posibilidad de instalar un esquema de pasantías o prácticas laborales.

También habló de “favorecer un blanqueo laboral aplicando después esquemas muy serios de fiscalización”. Aseguró además que “el empleo no registrado en Argentina es un drama y para el Gobierno es un tema prioritario”. Y que “la competitividad requiere costos razonables”.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó alejar la palabra “flexibilización” del esquema oficial de generación de empleo. “Ese es un término que está lejos de lo que queremos. Nosotros buscamos que haya más producción, porque eso va a generar más trabajo en la Argentina y para eso tenemos que pensar cómo producir mejor y es lo que hemos hecho”, según sostuvo en declaraciones radiales. Sin embargo, el esquema de pasantías y las definiciones de Ponte de ayer irían en el sentido contrario.

A su vez, desde el Ministerio de Hacienda evalúan diversas alternativas dentro de lo que Nicolás Dujovne trazó como una de sus prioridades: reducir la carga laboral. Luego de reunirse el miércoles pasado con Triaca, el viernes fue el turno de un almuerzo entre el ministro de Trabajo y el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani.

“Hay muchas ideas en evaluación”, sostuvo una fuente de Hacienda. Además de la posibilidad de una agencia de talento (para fomentar el primer empleo) suena una propuesta que intentará incentivar a quienes reciban un plan social a sumarse al mercado laboral: el Gobierno lo seguirá abonando y ese dinero será parte del salario que reciba ese trabajador. “Funcionaría como un voucher para aquellas personas que tienen planes sociales, para que el Estado siga pagando ese plan social”, explicaron.

También está en juego el blanqueo laboral, elaborado por Triaca, y que tuvo buena aceptación por parte de Dujovne: buscará sumar 300.000 trabajadores por año al sistema formal, en el que el Estado se haría cargo de abonar parte de los aportes patronales de quienes sean regularizados. El programa sería para primeros empleos dentro de sectores específicos y con salarios brutos de hasta $ 12.000 mensuales. Desde Hacienda visualizan este plan como uno posible pero para más largo plazo.

Dujovne sostuvo, en entrevista con este diario, que “la carga laboral es anormalmente alta frente al resto del mundo y eso explica en buena medida que la Argentina tenga 35% de empleo en negro”.

Se trata de Néstor Pérez Baliño, quien había asumido elcargo en diciembre de 2015. Se informó por el Boletín Oficial que cuenta con la firma del Presidente de la Nación y del Ministro sanitario.

Pérez Baliño dejó de ser secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud. Así fue informado en el Boletín Oficial mediante el decreto 22/2017 que cuenta con la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro del área, Jorge Lemus.

"Acéptase, a partir de la notificación del presente, la renuncia presentada por el Dr. Néstor Abel Pérez Baliño al cargo de secretario de la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud", dispone el artículo 1° de la resolución.

Luego, se agradece "al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo".

El médico cardiólogo Pérez Baliño, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), había sido designado en el puesto en diciembre de 2015, aunque anteriormente ya había ocupado otros cargos en la cartera sanitaria de la Ciudad y de la Nación.

Mediante el decreto 1278/16 se crea el régimen modular para el personal de gabinete, en el que se le asigna a cada funcionario una cantidad determinada de módulos para armar su equipo de “asesores”.

Esta suma le fue asignada para la contratación de “personal de gabinete”, es decir asesores, personal de confianza o militantes de Cambiemos.

El decreto lleva la firma de María Eugenia Vidal, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el ex titular de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante.

Este entramado reglamentario, si bien impide nuevos nombramientos, habilita la llegada de militantes de Cambiemos disfrazados de asesores de forma temporaria, situación que viola las disposiciones laborales legales para contratar personal, pero que habilita un pago superior por estar en esa condición de desventaja.

La normativa expresa que la gobernadora dispone de 30 mil módulos, por lo que cuenta con 525 mil pesos mensuales para destinar a sus asesores-militantes. En tanto, los ministros y secretarios cuentan con 25 mil módulos cada uno, lo que corresponde a 437.500 pesos por mes. A los subsecretarios se les asignaron 20 mil módulos, por lo que están habilitados a gastar 350 mil pesos mensuales.

La suma destinada a la contratación temporaria de militantes supera ampliamente los 10 millones de pesos.

Fuente:Realpolitik

Asesores del ministro de Cambiemos le habían sugerido que realizará la compra de helicópteros para combatir estos tipos de catástrofes, pero jamás se realizó la licitación. Además sólo invirtió la mitad de lo presupuestado en todo el país.

Un informe al que tuvo acceso el sitio El Destape  indica que miembros técnicos del Ministerio de Medioambiente le señalaron al jefe de esa cartera, Sergio Bergman, la urgencia de comprar aeronaves hidrantes para evitar los daños que se produjeron en los incendios. A pesar de las advertencias, el destacado funcionario de Cambiemos hizo oídos sordos a las sugerencias y sólo utilizó la mitad del presupuesto que tenía para los últimos meses de 2016.

El famoso equipo técnico eran aviones y helicópteros fabricados para combatir incendios, lo que hubiera, pero Bergman decidió no realizar la transacción, y a pidió rezar como prevención, luego de asegurar que “los incendios son como una profecía apocalíptica”.

Las prevenciones brindadas por los asesores del ministro datan de mitad de año cuando, en pleno invierno, le manifestaron que era necesario un nuevo equipamiento, pero Bergman decidió no hacer la compra. Sin embargo, la licitación estuvo lista en un documento en su despacho todos estos meses, con la leyenda: "Contratación de un Servicio de Medios Aéreos de Ala Rotativa para ser afectado a las jurisdicciones provinciales, parques Nacionales y diversas regiones del Sistema Federal de Manejo del Fuego, dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, por un período de VEINTICUATRO (24) meses".

A pesar de que el presupuesto se encontraba para ser utilizado, Bergman sólo utilizó el 51% del dinero que le habían girado para prevenir incendios. El Sistema Federal de Manejo del Fuego dejó sin usar el 49% de las partidas que tenía disponibles: de los $450 millones presupuestados, apenas aprovechó 232 millones de pesos. Es por eso que el Presupuesto 2017 tiene una reducción significativa en el área.

Esta subejecución se repitió en todos los programas del Ministerio y en todas las áreas. Pero en algunas provincias fue más grosero. En Río Negro, una de las zonas afectadas preveía destinar $1.282.000 para evitar incendios. No obstante, solo se pagaron 80.000 pesos: un 6% del total para prevenir incendios de pastizales, que fue lo que ocurrió en estos días.

A Bergman le habían recomendado comprar helicópteros semipesados de extinción y transporte de brigadas. Para eso le habían redactado un texto listo con la licitación para que el rabino la firme, pero no lo hizo, pese a que esa primera convocatoria se hubiera efectuado recién a los siete meses de su asunción. Allí se consignaba que la disponibilidad de aeronaves debía ser de seis unidades durante los meses del verano.

El Ministerio de Ambiente admitió a fines del año pasado que solo cuenta con dos helicópteros y que esperaba comprar otros seis, aunque se demoró y la dotación no llegó al verano.

"Esa licitación era indispensable, pero no se hizo. No hay equipamiento para estos incendios" admitió un funcionario nacional. En diciembre, el rabino había admitido en el portal Infobae que la licitación no había prosperado.

Las ofertas de esa licitación se iban a hacer de forma abierta "en un acto formal ante los funcionarios designados a tal efecto, y ante todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Asimismo, se labrará un acta que será firmada por los mencionados funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo". Las compras nunca se hicieron, y el ministro volvió de sus vacaciones recién una semana después de que se prendieran fuego más de un millón de hectáreas en el país.

Los docentes bonaerenses no cobraron su salario integro y encima les descontaron Ganancias en el aguinaldo. La administración provincial reconoció el problema y aseguró que abonará lo que falta antes del 10 de enero.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de la provincia de Buenos Aires denunció que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, “vuelve a quedarse con parte del sueldo de 350 mil docentes” ante el pago incompleto de los salarios y el aguinaldo.

El gobierno provincial depositó un 10% menos del salario al no depositar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dinero que envía Nación hace años y “que es producto de una larga lucha docente encarnada en la Carpa Blanca, gesta que logró la Ley que lo regula”, detallaron desde el gremio.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) informaron que se “ha verificado un inconveniente en la acreditación de los haberes correspondientes al mes de diciembre último” y explicaron que “esa diferencia es el monto vinculado al FONID”.

“La alta carga administrativa asociada al cierre del año provocó un indeseado retraso en la transferencia originada en Nación. Todos los funcionarios del Ministerio relacionados con el circuito administrativo se encuentran abocados a resolver velozmente la dificultad. Los importes faltantes – aproximadamente 10% del salario de cada agente – estarán acreditados el día martes 10 de enero”, se excusaron.

“A pesar de todos los marcos legales que resguardan los derechos de los trabajadores de la Educación, el Gobierno Provincial actúa de ‘facto’ y sigue fustigando al sector, desoyendo reclamos y metiéndole la mano en el bolsillo a los maestros”, expresaron desde la CTA que convocó a una conferencia de prensa para este viernes por la tarde.

“Esto se suma al descuento ‘ilegal’ realizado en el aguinaldo, donde se retuvo Impuesto a las Ganancias contra el decreto firmado por el propio Gobierno, además de miles de profesores de los Programas Socioeducativos que hace meses no cobran su salario”, agregaron desde la central gremial.

“La Gobernadora tiene que saber que así no se procede, que no puede seguir quedándose con la plata de los docentes, que de este modo lo único que logra es apagar el fuego con nafta Lamentablemente, terminamos un año totalmente ignorados en nuestros reclamos, iniciamos un año con un robo en nuestro salario. El Gobierno decide profundizar el conflicto y es el único responsable del riesgo de inicio del ciclo lectivo”, concluyeron.

Así lo aseguró el Índice de Estabilidad Social (IES), publicado por RF Consultores durante diciembre último. La inseguridad, inflación, los bajos salarios y el desempleo son las principales preocupaciones de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

A un año y algunos días de gestión Cambiemos a nivel nacional y provincial, un trabajo realizado por la consultora RF Consultores durante el mes pasado reveló que 7 de cada 10 bonaerenses llegaron al flamante año con frustración y bronca.

Los principales motivos de la bronca y la frustración de los vecinos de la Provincia es la inseguridad con un 27%, seguido por la inflación con 21 puntos. En tercer lugar, con el 18 % se encuentran los bajos salarios y como cuarta categoría el desempleo con 12 puntos porcentuales.

No es noticia, ni novedad que la crisis económica y su capacidad de subsistencia están impactando de forma negativa en el estado de ánimo de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Las conclusiones se desprenden del índice que elabora la consultora RF Consultores todos los meses sobre la situación social en el conurbano bonaerense. Allí el IES subió 2 puntos entre noviembre y diciembre pasando, alcanzando los 49 puntos en una escala de 0 a 100, donde el puntaje más bajo representa mayor estabilidad y bienestar y el puntaje más alto expresa mayor inestabilidad y malestar.

Los efectos de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el stress que genera la inestabilidad laboral, consolidan a los temas económicos que agobian al 51% de los encuestados.

Durante noviembre de 2017, el 53% de las personas entrevistadas expresaron que la situación económica en su hogar era negativa, mientras que en diciembre ese número ascendió a 59%.

A la par, la preocupación por la inflación aumentó considerablemente, pasando de 14% en noviembre a 21% en diciembre. La crisis económica repercute en el bolsillo y empuja a más bonaerenses a tomar decisiones no deseadas como reemplazar alimentos o pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

La crisis obligó a muchos vecinos del conurbano a buscar nuevas fuentes de ingreso y por ello la mitad expresó que en el mes último debió realizar trabajos adicionales fuera de su horario laboral, para afrontar deudas o para poder llegar a las fiestas de fin de año.

Este número se incrementó considerablemente, pasando de 42% en noviembre al 50% en diciembre. La otra estrategia utilizada para paliar el impacto negativo de la situación económica fue pedir dinero prestado a terceros. En diciembre poco más de la mitad de los consultados reconoció haber solicitado dinero prestado durante los últimos 30 días (55%)

Los problemas en la economía familiar también generan cambios en la alimentación. El 78% de los encuestados se vio forzado a reemplazar algún alimento o directamente tuvo que eliminarlo de su compra debido a su costo. Este valor ascendió 6 puntos porcentuales respecto de la medición de noviembre.

El 48% de los consultados indicaron que ya no puede esperar más a que la economía mejore. Ese porcentaje se incrementó 9 puntos porcentuales desde el mes anterior, afectando principalmente a quienes tienen menores ingresos y son más críticos con el gobierno provincial.

Otro de los datos sobresalientes del estudio es que siete de cada diez personas consultadas llega a fin de año con bronca o frustración. El porcentaje que afirma sentir “bronca” pasó de 34% en noviembre a 41% en diciembre.

El mal desempeño de la economía incide negativamente en los niveles de aprobación del gobierno nacional y del gobierno de la provincia. Tanto la evaluación de la gestión del gobierno de Mauricio Macri como la de la gobernadora María Eugenia Vidal, cayeron 6 puntos porcentuales respecto de la medición de noviembre.

En diciembre de 2017, el 65% evaluó negativamente la gestión del gobierno nacional y el 41% evaluó negativamente la gestión del gobierno provincial.

Los más golpeados por la crisis económica son quienes tienen entre 30 y 49 años, es decir, quienes están en la etapa de trabajo más productiva; al igual que quienes cuentan con menores ingresos.

A su vez, los vecinos de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires manifiestan estar más apretados económicamente, en comparación con los de la primera sección electoral.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió que durante el primer año de gobierno de Cambiemos “se han profundizado” las postergaciones en la elevación a juicio oral y en la conclusión de los expedientes por crímenes de la dictadura.

Las demoras en la elevación a juicio de causas judiciales por crímenes cometidos durante la última dictadura, así como en el inicio y la finalización del debate oral en aquellas que están listas para esas instancias, son tendencias que “se han profundizado durante 2016” en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, según concluyó el informe anual de la Procuraduría especializada en esas causas.

De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el organismo dirigido por Jorge Auat y Carolina Varsky, casi la mitad de las causas judiciales abiertas permanece en etapa de instrucción; el 20 por ciento espera por el comienzo del juicio oral, mientras que solo el 3 por ciento lo está transitando.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) sistematizó y procesó datos sobre causas judiciales de todo el país en las que el Ministerio Público Fiscal tiene intervención y elaboró un informe estadístico al 20 de diciembre de 2016.

Según esos datos, entre 2006, cuando comenzó el proceso de justicia en el que se investigan los crímenes del terrorismo de Estado, y los últimos días del año pasado, son exactamente 585 causas las que tramitan o tramitaron ante la Justicia federal para evaluar la responsabilidad de un total de 2771 imputados por delitos de lesa humanidad.

De esa cantidad de imputados, 806 se encuentran procesados, consignó Página12. A 155 se les dictó la falta de mérito y 52 fueron sobreseídos. Otros 438 aguardan que se resuelva su situación procesal. En cuanto a la “condición” de los imputados, casi la mitad se encuentra en libertad y el resto, exactamente 1052, están detenidos. 519 de ellos cumplen arresto domiciliario, mientras que 460 permanecen encerrados en cárceles del servicio penitenciario; 7 en hospitales y 60 en dependencias de las Fuerzas Armadas. En este apartado, la PCCH advirtió sobre la situación de la unidad penitenciaria 34, que recientemente fue rehabilitada para alojar presos por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo –ya fueron trasladados allí 60 de ellos–. “Es sumamente preocupante que se disponga la rehabilitación de ese lugar sin explicitar cómo fueron saldados los problemas de seguridad que motivaron su clausura” en 2013, puntualiza el informe.

Sobre el total de las causas, hay 277 –o sea el 47 por ciento– que se encuentran en etapa de instrucción. En otro 20 por ciento, es decir, 119 expedientes, esa etapa ya concluyó, por lo que aguardan el comienzo de la siguiente: el juicio oral.

De ese centenar, solo seis tienen fecha fijada de inicio del debate, mientras que solo el tres por ciento del total de causas, 16 específicamente, transitan esa instancia oral. Aquí radica uno de los obstáculos que la Procuraduría encabezada por Auat y Varsky detectó en el proceso: una baja en la cantidad de juicios celebrados por año, de sentencias y de sentenciados, así como una ausencia de los juicios de lesa humanidad en la agenda del Poder Judicial.

En su diagnóstico más actualizado, la Procuraduría observa que desde estudios anteriores “se advertía que en 2016 se profundizaban algunos obstáculos que conllevaban demoras en el avance de las causas”.

El organismo llamó a tales obstáculos “signos de agotamiento de las investigaciones” y determinó que no han desaparecido ni disminuido, sino todo lo contrario: “Llegando al término del año, estos signos persisten y se han convertido en problemas concretos que aguardan soluciones inminentes”, advierten desde la PCCH.

Entre esos signos, detectaron la reducción de sentencias y de “nuevos sentenciados”. En 2016, hubo solo 19 sentencias; respectivamente una y dos menos que en 2015 y 2014 , pero seis menos que en 2013, cuando se alcanzó un pico de 25 fallos. Si bien hubo más sentenciados que en 2015 (161 versus 127), debido a que el año pasado concluyeron algunas megacausas como La Perla y Plan Cóndor, lo que disminuyó “significativamente” es el número de “nuevos sentenciados”. En 2015, 114 de los 127 sentenciados lo fueron por primera vez; en 2016, fueron solo 95. El año pasado también aumentó –de 10 a 25– la cantidad de acusados absueltos.

En tanto, el análisis de la PCCH también revela que se ha reducido la cantidad de juicios iniciados en relación con años anteriores. En 2016 comenzaron 18 juicios y 16 siguen en curso, mientras que en 2015 se habían inaugurado 21 debates. En ese sentido, desde la Procuraduría advierten que solo “alrededor del 15 por ciento del total de las causas elevadas” a juicio llegan a juicio durante el año en el que la instrucción fue concluida. Las cifras lo demuestran: solo seis de 119 expedientes que fueron elevados a juicio oral el año pasado cuentan con una fecha programada en 2017.

Tal como había señalado el informe que presentó el organismo a mediados de 2016, “la principal causa de esta demora tiene que ver con la disponibilidad de los tribunales orales y las dificultades en su integración, un problema que se extiende a todas las jurisdicciones”, recuerda en el último diagnóstico.

Pero las demoras no se registran solamente en el comienzo de los juicios orales, sino también en el avance de las instrucciones. La PCCH plantea que casi la mitad de las causas abiertas transita el proceso de investigación. Este universo de causas es “el más amplio”, explica el organismo en su documento, “porque las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la realización de las actuaciones” judiciales. Lo cual trae consecuencias, advierten los profesionales: “Las nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de los imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes demoras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia.”