El ministro de Finanzas seleccionó los bancos colocadores en el mercado internacional que participarán de la emisión de bonos de deuda que el gobierno busca concretar antes de la asunción de Donald Trump. Se trata de los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan, quienes aprovecharan el actual escenario de tranquilidad en el mercado financiero antes de que las resoluciones del futuro presidente estadounidense puedan generar incertidumbre y volatilidad.

El flamante jefe de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, es otro integrante del gabinete que cuenta con un amplio desempeño en los mercados financieros y pasos por JP Morgan y el Deutsche Bank, cuya filial argentina presidió entre 2003 y 2008. Además, condujo la administradora de fondos comunes de inversión Axis, fue jefe de Trading para Europa del Este y América Latina del Deutsche Bank en Londres entre 1998 y 2003, y jefe de Trading de América Latina para JP Morgan en Nueva York entre 1994 y 1998. Había jurado el cargo de secretario de Finanzas hace poco más de un año, para acompañar la gestión del ministro saliente. Previamente, y al igual que su antecesor, Alfonso Prat Gay, fue ejecutivo del JP Morgan: fue jefe de área de Trading de Bonos y Acciones en Argentina entre 1994 y 1998. El “Toto” Caputo, de 51 años, hincha de River, es otro ex alumno de Newman, como Prat Gay y el presidente, Mauricio Macri. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el Posgrado de la Universidad Católica Argentina, casado y tiene seis hijos. Durante su gestión, a comienzos de año se encargó de la negociación con los fondos buitre en Nueva York.

El ministro Caputo también adelantó el miércoles que el monto de la emisión en dólares “será en función de la demanda y de las tasas ofertadas, ya que las colocaciones de bonos se harán en diferentes tramos”. Señaló que se están explorando otros financiamientos alternativos a la colocación de bonos, con lo que estima que la emisión será de aproximadamente 5 mil millones de dólares.

“De conseguirlos, lograría asegurarse la primera parte de los 43.000 millones de dólares que el Gobierno necesitará para refinanciar deudas existentes y financiar el déficit fiscal de 2017, que el mismo Caputo precisó que equivale a 20.000 millones de dólares”, señalaba ayer La Política On Line (LPO).

Además de la deuda externa, este enero tendrá la primera licitación de Letras del Tesoro (Letes) este jueves. Se trata de dos instrumentos en dólares: uno a 91 días por 1.000 millones de dólares y el otro por 500 millones de dólares más a 182 días.

La suscripción para ambos títulos puede realizarse en dólares o en pesos a 15,8575 pesos por dólar. Para la letra a 13 semanas, el precio de suscripción es de 992,58 dólares por cada 1000 dólares, mientras que en el caso del título a 26 semanas es de 983,81 dólares. Ambas Letes se colocarán por licitación pública y amortizarán íntegramente al vencimiento.

Además de la licitación de este jueves, habrá otras dos jueves por mes, al menos por los primeros tres meses. Según el calendario de licitaciones difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas, las siguientes serán el 26 de enero, 16 de febrero, 2 de marzo, 16 de marzo y 30 de marzo de 2017. Los lunes siguientes a cada licitación, serán las colocaciones.

El banco JPMorgan Chase & Co inició su apuesta para convertirse en la entidad “top” a principios de 2015, según detalló la agencia Bloomberg. El país pasó a ser el “mayor emisor de bonos de deuda en mercados emergentes”.

En la nota, titulada “La gran apuesta de JP Morgan por Argentina está empezando a pagar”, la agencia especializada destacó que el banco de inversión inició su apuesta para convertirse en una de las compañías más importantes para el país comenzó “a principios de 2015”.

Según indicó, la Argentina se convirtió ahora en el “mayor emisor de bonos de deuda en mercados emergentes este año, con casi 25 mil millones de dólares” colocados. En ese contexto, JP Morgan se convirtió en la principal entidad colocadora.

Bloomberg destacó que en seis meses, JP Morgan colocó deuda pública y privada argentina por unos 4 mil millones de dólares, algo por encima del Deutsche Bank, el HSBC y el Citi.

Lisandro Miguens, un argentino que es jefe de mercado de capitales Latinoamericanos para JP Morgan, señaló que “incluso cuando la situación en Argentina era difícil, el banco continuó apostando por el país”.

“Nos hemos estado preparando para este cambio durante el año pasado. Agregamos empleados, analizamos la situación con los holdouts y pasamos más tiempo visitando clientes”, subrayó Miguens, quien señaló que en lo que va del año el banco ya contrató 450 empleados más.

El ejecutivo evaluó que la emisión de bonos de deuda argentina, tanto pública como privada, llegará a los 30 mil millones de dólares durante este año.

Bloomberg destacó que “varios funcionarios top del área de Finanzas en Argentina también han trabajado en JP Morgan” y que “la lista incluye al ministro de Finanzas Alfonso Prat-Gay, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, el subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili y el jefe de gabinete del Ministerio, Vladimir Werning”.

Por su parte la entidad financiera fue uno de los bancos extranjeros que le prestó al país 5 mil millones de dólares en enero y que participó de la colocación de deuda récord de 16,5 mil millones de dólares en abril, según destacó Bloomberg.

La eliminación del plazo mínimo de 120 días de permanencia en el país que regía para las inversiones financieras era el último requisito del JP Morgan antes de incorporar bonos argentinos a su indicador de referencia de los mercados emergentes. La decisión de sumar tres títulos en pesos al denominado Indice de Bonos de Gobierno-Mercados Emergentes (GBI-EM, por sus siglas en inglés) se concretará en febrero. El indicador es utilizado como guía por fondos de inversión que administran más de 185.000 millones de dólares. Por eso, la incorporación de un país en ese listado anticipa un influjo significativo de capitales hacia ese mercado. Esa dinámica se observará incluso cuando el peso que tendrán los papeles emitidos por Argentina será 1,16 por ciento. Pero la incorporación del país en el GBI-EM tras el perfeccionamiento de los mecanismos para la especulación financiera de corto plazo dispuesta por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no solo estimula el ingreso de fondos especulativos. Al profundizar el proceso de reinserción en el mercado e inflar la demanda de los bonos locales, la decisión del banco estadounidense contribuye a reducir los costos de financiamiento externo del país. El timing no podría ser mejor. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, pretende colocar antes de fin de mes bonos en moneda extranjera por hasta 10 mil millones de dólares.

El desempeño de muchos fondos de inversión se evalúa en comparación contra los retornos arrojados por alguna de las canastas de bonos de referencia elaboradas por bancos de inversión como el JP Morgan. Así, cuando los bonos emitidos por un país son sumados al índice, el responsable de determinar dónde invertir balancea su portafolio para comprar esos títulos y garantizar una rentabilidad promedio que no resulte en una sangría de clientes. Cuando esa dinámica sucede con bonos que ofrecen altas tasas de interés en dólares y los títulos son emitidos por un país que desmanteló su marco regulatorio, entonces es esperable un incremento en la demanda de los activos financieros y una reducción en el costo del financiamiento. El montaje de una autopista financiera amplia, señalizada y sin peaje no solo promueve operaciones especulativas de corto plazo que pueden resultar en corridas cambiarias y movimientos bruscos del tipo de cambio sino que amplifica la vulnerabilidad de esas economías a shocks externos.

Los índices GBI-EM fueron lanzados por el JP Morgan en Junio de 2005 y son utilizados como referencia por fondos de inversión con más de 185 mil millones de dólares. Son el principal grupo de indicadores que monitorean activos gubernamentales en moneda local de 18 países emergentes entre los que figuran Brasil y Chile. El JP Morgan informó que los bonos en pesos con vencimiento en 2021, 2023 y 2016 fueron los elegidos para sumarse al GBI-EM como resultado de “una serie de medidas implementadas recientemente para facilitar el acceso de los inversores extranjeros al mercado de cambios y al mercado de títulos de deuda pública”.

La consagración del JP Morgan a la rehabilitada bicicleta financiera será complementada por la incorporación de los bonos del país al resto de esa familia de indicadores elaborada por el banco que retroalimentará los flujos de capitales de corto plazo dirigidos hacia activos locales. Caputo y Dujovne trabajan para que las acciones argentinas vuelvan a ser miembro de los índices Morgan Stanley Capital International (MSCI) en junio. Seguidos por fondos que suman 1,4 billones de dólares, Argentina fue desplazada de esos indicadores en 2009. Las regulaciones a la entrada y salida de capitales que ampliaron el margen de maniobra para hacer frente a la crisis le valieron entonces la expulsión del universo de los mercados emergentes. La eliminación de las barreras para los movimientos de corto plazo que solo buscan maximizar su rentabilidad le permitirá a Macri concretar la operación retorno para disimular con anabólicos financieros la ausencia de las inversiones extranjeras genuinas.

Un relevamiento realizado en territorio bonaerense ubica al oficialismo tercero en las elecciones legislativas bonaerenses de este año. La respuesta de Macri será caminar la provincia con Vidal. Preocupación por el resultado en el Conurbano.

Los números que maneja el Gobierno con respecto a las elecciones legislativas bonaerenses, son un dolor de cabeza para Cambiemos, que estudia estrategias para revertir esa situación. sembraron una fuerte preocupación en las oficinas de los dirigentes con responsabilidades políticas. Más aún, teniendo en cuenta que su mejor carta de futuro -María Eugenia Vidal- podría ser la afectada, aunque no sea ella la que compite directamente.

Management y Fit, la encuestadora que dirige Guillermo Seita, que suele trabajar para el Pro, realizó en los últimos días de diciembre un relevamiento en la Provincia de Buenos Aires que dejo más que preocupados a Cambiemos. Allí, la fórmula de Cambiemos que conforman Jorge Macri (Diputados) y Lilita Carrió (Senadores) sumó apenas el 18 % y quedó relegada al tercer lugar.

Según la encuesta, los dos primeros lugares son para la fórmula del Frente Renovador que integran Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que obtuvo el 35 %, seguida a poca distancia por la del Frente para la Victoria con Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner, con el 29,7 %, mientras hay un 9,2 por ciento de indecisos.

En este mismo trabajo, la aprobación de la gestión de Macri cayó al 39,1 %, mientras que la desaprobación sobre su gobierno trepó hasta el 52,1%. Paralelamente, la aprobación que cosecha Vidal tranquilizó a algunos, ya que ascendió al 56,9 por ciento, con un bajo 34,4 por ciento de rechazo.

Lo peor para Cambiemos es el bajo nivel de conocimiento que tienen algunos candidatos que podrían ser la alternativa. La única que tiene un alto nivel de conocimiento es Carrió, pero Jorge Macri tiene el 62,7 en este rubro, seguido por Esteban Bullrich (62,3); Manes (40,1); Carolina Stanley (34,1) y Gladys González (16,7).

Estos guarismos tuvieron una derivación inmediata, que tuvo que ver con la lectura que hicieron de ellos el propio Mauricio Macri y la gobernadora. Desde que el primero regresó de sus vacaciones, se reunió hasta este jueves 12 de enero, al menos cuatro veces con Vidal. El objetivo es diseñar una serie de recorridos sorpresa, que se realizarán a lo largo del año, en especial en algunas zonas del conurbano que le son adversas a la coalición del Gobierno.

Las caminatas “casuales” serán sopresivas, para evitar escraches y abucheos. La ceremonia será la habitual de Macri: timbreos, apariciones repentinas y retiradas rápidas. Recorrerán juntos -el presidente y la mandataria bonaerense- algunas cuadras, sin revelar previamente las visitas. Saben que entrarán en territorios que no les son propicios y evitarán así el accionar de sus adversarios políticos. No hay peor timbreo ni peor visita que los que incluyen abucheos, porque eso desdibuja la imagen de los que los sufren.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se expresó de esa manera a más de 365 días de haber asumido. Además defendió el giro de 25 millones de pesos para el distrito y habló sobre las mafias que operaran en el territorio bonaerense.

La mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal hizo un balance sobre su gestión. Habló sobre los desafíos que enfrenta en su distrito, las “mafias policiales”, los “costos familiares” que conlleva el cargo y puso fin al periodo de “la pesada herencia”.

“El periodo de la pesada herencia pasó y yo me hago cargo de lo que hay hoy en la Provincia, me hago responsable. Como el Presidente se hace responsable del gobierno nacional”, afirmó la mandataria provincial durante un mano a mano con el portal Infobae.

La ex vicejefa de Gobierno porteño explicó que no cuestiona a diario al ex gobernador Daniel Scioli porque no “cree” en esa forma de hacer política. “Después de ocho años cada vecino sabe quién es. Lo que hizo o no hizo por él, lo que prometió y no cumplió. No necesita que yo se lo diga”, sostuvo, aunque se ocupó de aclarar que tiene “profundas diferencias” con el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria.

La Gobernadora habló también sobre las amenazas sufridas durante su primer año de gestión y dijo que lo que más le “pesó” de las intimidaciones fueron “los costos familiares y personales”. Aunque aseguró que, a pesar de las medidas de seguridad que tuvo que tomar para proteger a su familia, “la gente ve una esperanza de dar la batalla” contra las “mafias” y eso “justifica los costos”.

“No peleamos contra personas corruptas, peleamos contra un sistema que está corrupto”, enfatizó la mandataria, y reconoció que “seguramente adentro de la Policía todavía hay lugares de corrupción” y que identificarlos “va a llevar tiempo”. Sin embargo, remarcó que ya hubo 94.000 personas desplazamientos en las fuerzas de seguridad.

“Entiendo que la gente quiere respuestas ya, pero no hay recetas mágicas. Yo no le voy a mentir a la gente. La única seguridad que les puedo dar es que yo sé en qué vereda estoy parada, y el Presidente también. Yo no soy parte del narcotráfico, no soy parte de las mafias policiales, no soy parte del juego”, ratificó.

Por otro lado, se refirió a la polémica que generó la foto tomada con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, de Ezeiza, Alejandro Granados y el ex presidente Eduardo Duhalde. “Mi presencia ahí fue institucional, fui a inaugurar dos hospitales que se hicieron con fondos de la Provincia y que los ejecutó el gobierno municipal (…) Yo le doy mucho menos valor que lo que la política le da en general a las fotos”, dijo.

También defendió la incorporación de dirigentes del justicialismo a su gobierno, un pedido que Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, le ha hecho a Mauricio Macri en más de una ocasión: “Más que peronistas he incorporado gente que creo valiosa. Yo quiero a los más valiosos en mi equipo siempre. Eso le garantiza mejores resultados a la gente”.

Por último, respaldó la decisión por parte del Gobierno nacional de girarle $25.000 millones a Buenos Aires, medida muy criticada entre los otros mandatarios provinciales, y pidió que se le devuelva a su distrito “50.000 millones al año”. “Recibimos 9.500 pesos por cada vecino contra 30.000 pesos que reciben el resto de las provincias”, exigió.

A pesar de las fuertes denuncias por narcotráfico contra el hijo de la diputada nacional, por supuestos vínculos con un cartel en México, los armadores de Cambiemos buscan sacar a la máxima figura de la CC del mapa electoral bonaerense y ofrecerle un cargo destinado a la lucha contra el tráfico de drogas.

De cara a las elecciones legislativas que se celebraran este año, desde Cambiemos buscan potenciar su estrategia en la provincia de Buenos Aires y para ello evalúan seriamente descartar a una de sus alfiles: Elisa Carrio. Para ello se le debe ofrecer algo a la diputada y se está barajando otorgarle la dirección de una nueva agencia de lucha contra el narcotráfico.

Fue primicia de Primereando que el hijo de Carrió, Enrique Santos, tiene problemas muy serios con la Justicia mexicana que no lo deja cruzar la frontera con Estados Unidos al acusarlo de ser uno de los cabecillas de la nueva generación en el sanguinario y millonario cartel de Jalisco. Situación que obligó a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) poner su lupa sobre Santos por envíos decomisados de droga a esa nación norteamericana, desde Guadalajara lugar donde reside

Volviendo al sur del continente y del armado para las Legislativas de este año, en la alianza que gobierna el país y la provincia de Buenos Aires no se fían de Carrió y su relación con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se encuentra en su peor momento, ya que la mandataría provincial le pidió, nada más y nada menos, que al presidente Mauricio Macri que no sea ella la candidata, porque su estrategia será ponerse ella misma al frente de la campaña.

Según publicó hoy LPO, al enterarse del pedido de Vidal a Macri, Carrió entró en furia y mandó a la legisladora Paula Oliveto a confirmar que está “prácticamente decidida a ir a la Provincia como candidata”; para luego  en una entrevista televisiva asegurar que la dirigente de la Coalición Cívica (CC) indicó que le gustaría presentarse en tierras bonaerenses.

Al enterarse de los dimes y te diré, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta,  le ofreció a Carrió una candidatura para calmar los ánimo. Mientras que comenzaron a barajar la posibilidad de crear la agencia para combatir el narcotráfico que ella encabezaría.

De todas maneras no se sabe a ciencia cierta si esa agencia de de lucha contra el narcotráfico es una distracción o amague para seducir a Carrió o es algo real, aunque todavía no se sepa si el organismo respondería a Nación o  Provincia de Buenos Aires.

Con este panorama, el mayor beneficiado es el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien sigue en campaña, y cuenta con un gran respaldo de una parte importante de Cambiemos, mientras la Unión Cívica Radical (UCR) propone al neurocientífico Facundo Manes, que ya cuenta con su “equipo” para la pelea electoral.

Para continuar con los aumentos y tarifazos del año pasado, el ministro de Energía y Minería de la Nación, volvió a decretar un nuevo aumento en los precios en los combustibles. Se espera un pico nflacionario por tal medida.

A partir de hoy a la noche, todas las estaciones de servicio modificarán el precio de la nafta. Ahora en la Ciudad de Buenos Aires la nafta súper para de 17,08 a 18,44 pesos. Aunque otras empresas aumentarán todavía más los valores de carga.

Con este aumento para llenar un tanque de 50 litros se tendrá que pagar cerca de mil pesos, de acuerdo al tipo de combustible que se cargue. Sino esa cifra será bastante superior.

Para el ministro Juan José Aragunren "el año pasado aumentaron un 31% cuando el aumento promedio de los precios de la economía estuvo por encima de ese valor. Las naftas sí aumentaron, pero por debajo de los precios de la economía".

Al subir estos valores también se volverá a disparar la inflación ya que muchos productos que se transportan de larga distancia sumarán los valores a los aumentos en los precios finales.

Un operador de Odebrecht le giró 600.000 dólares al jefe la AFI. El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, le hizo en 2013 cinco transferencias desde una cuenta controlada por una “empresa de fachada”. El jefe de la ex SIDE dice que fue porque vendió un departamento.

“Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht”, reportó el diario La Nación.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la “delación premiada”, y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. La Nación obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros, sostiene el mismo diario.

Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Arribas sólo admite una transferencia y la adjudica a la venta de un inmueble en San Pablo, por 70.495 dólares el 26 de septiembre de 2013,

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió el diario porteño en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como “doleiro” -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al “cuevero” de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó “propinas” en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en “un total de 3000 o 3500 operaciones (pagos) en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así”.

Desde Curitiba, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, dijo que su cliente “no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal de Brasil”.

Desde el entorno del “doleiro”, sin embargo, indicaron a La Nación que “esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares”, y deslizaron que, más que Meirelles, “el que tiene la información más precisa es Youssef”, en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la “delación premiada”.

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi 600.000 dólares por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle 80.000 dólares que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

El 30 de agosto de 2013, se publicó el decreto 1244 con el que se creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con 700 millones de pesos del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros 1500 millones de dólares.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: “Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura”.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por 154.666 dólares en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros 70.500 dólares -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una “organización criminal” que entre 2012 y marzo de 2014 realizó “operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas”.

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que “empresas de fachada”. ¿Para qué? “Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales”, bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones “que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior” entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para “transferencias internacionales mediante contratos cambiarios basados en importaciones ficticias”.

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la “delación premiada”, admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó 2,9 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario.

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas “adicionales” por “aproximadamente” 500.000 dólares a cuentas privadas “de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos”. Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

El revanchismo y la eliminación de todo lo que huela a kirchnerismo por parte de Cambiemos llega a sobrepasar lo absurdo y entra en el terreno de lo psicótico. En esta ocasión se debe a que el plan destinado a mujeres embarazadas y bebes recién nacidos en situación de vulnerabilidad social que no llega a las personas que lo necesitan porque se encuentra alojada en uno de los almacenes de esa empresa de correos a precios millonarios.

Hace algunos meses el que comenzó la cruzada anti-Plan Qunita por parte del gobierno. La primera de ellas la realizó el Juez Claudio Bonadío cuando en septiembre del año pasado ordenó al Ministerio de Salud incinerar más de 60 mil moisés y sacos de dormir de dicho plan.

Tras las fuertes condenas realizadas distintos profesionales de la salud y beneficiarios del programa, Bonadio tuvo que recalcular y no calcinó los 60 mil kits del Plan Qunita.

La segunda cruzada Anti-Qunita, llevada a cabo por el Gobierno es más invisible y más costosa, ya que el ejecutivo paga un millón de pesos mensaules para que los kits del programa se alojen en los almacenes de la empresa OCA. Así, el gasto del almacenamiento asciende a 12 millones de pesos anuales mientras los cunas, baberos y todo lo que hace falta a un recién nacido acumulan polvo y no llegan a potenciales beneficiarios.

El dato de la cruzada, lo confirmó el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, a Diario Pulse y publicado en el sitio En Orsai. En ambas publicaciones se reproduce: “El ministro Lemus está pagando por mes un millón de pesos de almacenamiento. Estamos pagando todos los argentinos para guardar las cunas que necesita la gente”.

Gollán, además recordó que “todas las sociedades científicas que habían sido citadas junto al INTI, como otras organizaciones que decían que eran peligrosas, han salido a desmentir y a pedir públicamente por carta que se repartan (los kits del Qunita). El juez dio la orden que se repartan pero el ministro Lemus está pagando un millón de pesos por mes de almacenamiento.

“El juez dio la autorización e indicación al ministro Lemus para que las entregue. Dijo que queda a consideración de él. Es un Poncio Pilato. Él había negado dos veces esto y había pedido que se quemen. Ante la presión, se lavó las manos y que se haga cargo el ministro. A Lemus le dieron la orden política de no repartir para no quedar como mentirosos”.

Gollán detalló que “incluso, en la resolución que firmó el ministro para quitar definitivamente el plan Qunita, su fundamento era la peligrosidad de las cunas. Desaparecido el fundamento de peligrosidad de las cunas, habría que dar estos 60 mil kits incautados y volver a poner en marcha el plan que salvaba vidas”.

“Con el programa Qunita logramos en un año bajar 700 muertes de niños. Bajó 0,9 la mortalidad infantil. Fue el mayor descenso interanual de todos los años. Esto al periodismo hegemónico no le interesa”, subrayó.

Gollán enumeró las políticas y programas desmantelados en apenas un año de gobierno de Macri. “A nivel nacional estamos viendo el achique en todos los programas con subejecuciones presupuestarias. El programa Remediar bajó un 40% y este año bajó un 40% más, hasta su extinción. Es un programa que daba medicación gratuita para 4,5 millones de personas en el país de bajos recursos”.

Días atrás, la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) denunció en una carta dirigida a Lemus la falta de drogas de primera línea contra la tuberculosis y advirtió por las consecuencias en salud ante la irrupción de dichos tratamientos.

La gobernadora María Eugenia Vidal dio de baja el programa que otorgaba hormonas a unos 2000 chicos con problemas de crecimiento. La medida se sumó a las denuncias por la interrupción de entregas en todo el país de remedios para pacientes con VIH, situación advertida a lo largo del año por diversas organizaciones.

“El Gobierno también redujo el programa Médicos Comunitarios y el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, retiraron los más de 600 agentes nacionales que había trabajando en la prevención. Y compraron apenas el 20% de los preservativos”, continuó. “En el lapso de los próximos dos años todos los programas nacionales quedarán reducidos a su mínima expresión”.

El kit lanzado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015 y dado de baja por la administración de Cambiemos contiene una cuna de madera con colchón y acolchado, juego de sábanas y toallas, enteritos de manga larga y corta, bolsa y cambiador, chupete, mordillo, extractor de leche materna y un termómetro digital, un tarjetón de identidad y un diario para que la mamá registre el historial de su hijo, entre otros.

Se trata del Director de Inclusión y Políticas de Juventud de ese municipio bonaerense, quien aseguró que el intendente de Quilmes quiere echarlo por haber denunciado que empleados comunales le robaron unos carteles de publicidad a una empresa de la que es socio.

El funcionario Leandro Albertazzi, director de Inclusión y Políticas de Juventud, dijo que la gestión de Cambiemos estudia dejarlos sin funciones por presentar una denuncia por la desaparición de unos carteles que estaban ubicados en la autopista Buenos Aires-La Plata. Acusa que los carteles fueron robados por empleados de la Municipalidad de Quilmes.

"Se ve que arreglaron con otra agencia de publicidad y quieren mis ubicaciones. La manera es sacarme a mí para poner a ellos", sostuvo  en diálogo con el sitio Nueva BA .

El funcionario municipal vinculó a un "amigo íntimo" del jefe comunal Martiniano Molina que, de acuerdo a su denuncia, sería quien está detrás del negocio. "Cuando denunciás ladrones, te quieren dar de baja", tiró.

Albertazzi relató que desde la Agencia de Fiscalización y Control Comunal le pidieron meses atrás un listado de sus carteles en el marco de un plan de "regularización" de la publicidad en la vía pública. En agosto empezó a recibir llamados desde la Municipalidad. "Me hostigaron para que sacara los carteles. Llegaron a decirme que o los sacaba o me los tiraban con una topadora. Todo sin ninguna notificación", explicó.

El 13 de octubre, los carteles desaparecieron. "Sin recibir ningún aviso me sacan 12 carteles de la bajada de Bernal", aseguró. Según denunció, desde el gobierno de Molina tienen decidido echarlo de su puesto, aunque todavía no se lo notificaron de manera oficial. Incluso un empleado del municipio le hizo llegar una foto del telegrama de despido firmado por el propio Molina.

Albertazzi decidió recurrir a la Justicia ante el silencio oficial. Pidió una audiencia con el intendente, pero no fue recibido. Luego habló con el Jefe de Gabinete, el titular del Concejo Deliberante y el Secretario de Gobierno y tampoco obtuvo respuesta. "Jamás me quisieron recibir", dijo. La denuncia fue radicada en la UFI 2 de Florencio Varela y en el Juzgado de Garantías N° 5. En su escrito, dejó constancia de que los carteles cumplían con todos los requisitos que exigen las ordenanzas vigentes.

"Me sorprendió porque milité por un cambio, para que estas cosas no sucedieran más. Decidí meterme en política porque estaba cansado de los abusos. A Martiniano lo ayudamos mucho para que sea intendente. Su actitud me molestó y me dolió", manifestó Albertazzi.

Así lo demuestra un informe realizado por la encuestadora Analogías, que asegura que el jefe de Gobierno porteño exhibe un fuerte deterioro en su imagen con respecto a la medición efectuada en agosto del año pasado.  

El estudio fue enfocado en la Ciudad de Buenos Aires y se basó en 1.500 casos con el método de entrevistas telefónicas, respetando los parámetros censales de edad, sexo, nivel educativo y distribución por comunas.

Allí se evidenció una fuerte indignación de los porteños por el aumento de los peajes, el ABL y los parquímetros.

Según el trabajo realizado por Analogías, el 33% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires condena la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que goza de un 26% de aceptación.

La imagen positiva del Jefe de Gobierno crece entre las mujeres (55,2%) respecto a los hombres (45,9%) y aumenta linealmente con la edad, partiendo del 40,5% entre los jóvenes de 16 a 29 años y llegando al 65% entre los mayores de 60.

Por segmento educativo,  el rechazo al Jefe de Gobierno es mayor en el segmento “Hasta universitario completo” (donde la imagen negativa trepa al 51,2%) que en los de menor nivel educativo (baja al 47,4% en “Hasta Secundario completo” y a 37,2% en “Hasta Primario Completo”).

El estudio incluyó cuestiones como los niveles de aprobación de los Gobiernos Nacional y de la Ciudad, las expectativas económicas a mediano plazo de los entrevistados, la evaluación de la situación económica actual y la identificación de principales problemáticas a nivel local y nacional. Asimismo, se relevaron asuntos coyunturales que hacen a la gestión local como la opinión sobre los aumentos de peaje, ABL y parquímetros y sobre la implementación de la Policía de la Ciudad.

Ante la pregunta ¿cómo evalúa el incremento de las tarifas de peajes y parquímetros propuesta por el gobierno de la Ciudad?, el rechazo fue significativo. De esta manera, el 75,9% de los entrevistados creen que el aumento es exagerado y sólo un 13,3% lo cree “adecuado” (un 3,2% lo evalúa insuficiente). Vale destacar, que el rechazo a la medida es uniforme en todos los grupos etarios y segmentos de nivel educativo.

En el caso del incremento del ABL, donde los que lo consideran exagerado son un 57%, mientras que un 29% lo juzga “adecuado” y un 3,3% “insuficiente”.

Otras de las preguntas realizada por la consultora a los encuestados, se refiere a la implementación de la Policía de la Ciudad. Allí el cuadro de opiniones se mostró dividido, aunque las evaluaciones positivas constituyeron una clara minoría: sólo uno de cada cinco entrevistados consideró que el flamante cuerpo policial está funcionando Bien o Muy bien, mientras un tercio evalúan que lo está haciendo “Mal o Muy Mal”. La mitad restante se divide en forma casi simétrica entre quienes aún afirman no poder evaluar el desempeño policial y quienes lo hacen en forma regular.

El nivel de aprobación a la Policía de la Ciudad crece con la edad (el segmento de mayor edad se muestra más conforme, aprobando en un 31,8% el desempeño de la nueva fuerza, mientras en los jóvenes, apenas un 16,1% cree que la Policía de la Ciudad funciona bien o muy bien). Asimismo, el apoyo a la nueva fuerza es mayor en los segmentos de menor nivel educativo: parte de un 33,5% de evaluación positiva en el segmento “Hasta primario completo”, y bajando al 19,7% entre quienes tienen estudios secundarios y al 15,9% entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios.

A la hora de evaluar al Presidente Mauricio Macri, el estudio sostiene que el rechazo al jefe de Estado crece entre los hombres (donde la imagen negativa llega al 44%) y decrece con la edad: entre los jóvenes, la imagen negativa del mandatario alcanza el 49,9%, superando a la imagen positiva, mientras que en los mayores de 60 años la imagen negativa baja al 20%, y la positiva trepa al 77%.

Ese fue el mensaje que envió el alto funcionario a un grupo de legisladores; dos se comprometieron a trabajar en una reforma de la Ley de Inteligencia para darles facultades policiales a los agentes de la ex SIDE.

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quiere que los espías puedan realizar detenciones para evitar que “los delincuentes se le escapen”. Así lo planteó ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en una reunión que encabezó en su despacho.

Según publicó el sitio La Política Online, el cónclave se dio en octubre pasado y contó también con la participación de Silvia Majdalani, subdirectora general del organismo.

El reclamo de Arribas se debe a la desarticulada relación que mantienen los agentes de la ex SIDE y la Policía Federal. Sobre todo, cuando se trata de casos no mediáticos. Uno de los presentes en aquel encuentro reveló a LPO que el Señor 5 “relató como un espía convivió con una banda delictiva y cuando pidió su detención, la Federal lo ignoró y los malhechores huyeron”.

Ante esto, al menos dos legisladores anticiparon que presentarán en febrero proyectos para modificar la ley de inteligencia, sancionada durante la gestión de Fernando De la Rúa. Precisamente, fue esa norma la que limitó para siempre a los presidentes a nombrar sólo al director y subdirector de “La Casa”. Por debajo de ellos sólo hay empleados de carrera con la única misión de nutrir de información al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el Congreso no hay consenso respecto a la posibilidad de dotar a los espías de tantas facultades, ya que no saben si están instruidos para trabajar de policías.