Dos fuertes acusaciones en la misma sintonía realizaron el ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el especialista en seguridad y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín.

Ambos denuncian que el Gobierno está “comprando” presos condenados para acusar y realizar una campaña en contra de dirigentes kirchneristas.

Saín denunció: “Cambiemos va de cárcel en cárcel ofreciendo prebendas ilegales a cuanto narco contacta para que declaren contra funcionarios kirchneristas”.

Por su parte, Aníbal Fernández, realizó una acusación similar contra el Gobierno de Macri y además señaló la complicidad de los medios para llevar adelante este plan.

“Hasta cuándo Clarín? Hasta cuándo en complicidad evidente con el gobierno de Macri van a seguir comprando delincuentes condenados? Parece que desde que el narcotraficante que trajeron de Paraguay acusó a Sanz y a Arroyo Salgado – para eso no hubo tapa – no sirve más?”, afirmó públicamente en un post en las redes sociales.

“Fueron a buscar a este otro cuya detención anuncié yo mismo como Ministro de Seguridad, el 24 de noviembre de 2008 en conferencia de prensa. Un narcotraficante condenado que pudo acogerse a la figura del arrepentido que tiene la Ley 23737 Ley de drogas hace años, aparece ahora?”, denunció el ex candidato a gobernador, que sufrió una operación de prensa de parte del Grupo Clarín previo a las elecciones que perdió frente a María Eugenia Vidal.

“A instancias de quién? De Clarín? De Macri? Del Ministerio de Seguridad? Otro capítulo de la ficción de Macri, haciendo revolear acusaciones falaces e incomprobables ante los medios y ante la justicia. Cuáles son las pruebas? Ninguna. En este Estado de excepción todos estamos en libertad condicional hasta que la mafia gobernante lo decida? Basta que a un narco condenado le ofrezcan, sabe Dios qué cosa, para que instalen una condena mediática?”, cierra Fernández la grave denuncia.

El asunto de los contratos truchos que la Secretaría General de la Gobernación extendió al equipo de modistas, estilistas y asesores de imagen de María Eugenia Vidal, llegó hasta oídos de la oposición que demandan que se justifiquen las contrataciones realizadas.

Todo comenzó cuando Vidal se vio envuelta en un escándalo, luego de tomar la decisión de contratar a Claudia Salomé Carreiras, mediante un contrato por obras que asciende a un sueldo de $9.000. El contrato depende de la Secretaría General, que tiene tres formas de contratación distintas, contrato por obra, por servicios y sueldos comunes.

La modista de Vidal, accedió a un contrato por obra, cuyo trámite se inició en abril, pero la semana pasada reclamó su cobro de haberes que no se había efectivizado debido a que ella no presentó la documentación necesaria que requiere la contratación efectiva.

La senadora Macha anticipó que pedirá informes al Gobierno bajo la sospecha de que existen manejos “casi despóticos”. “La provincia está en una situación crítica de desempleo y ajuste pero Vidal está preocupada por su modista que le pagamos todos y todas los bonaerenses”, dijo a Infocielo.

La Legisladora del Frente para la Victoria afirmó que “mientras la calidad de vida de los sectores populares se ve degradada, la gobernadora tiene un equipo dedicado a su imagen personal con chef, peluqueros y modista”. “Parece desopilante pero así es el macrismo”, reflexionó.

Macha consideró que hay, además, un “claro abuso de poder por parte de Vidal al despedir al director de personal (Ricardo Callaba) por este hecho absolutamente frívolo y que recuerda lo peor del menemiso”. Por último, remarcó la “gravedad” que reviste el hecho de que “hayan borrado de la web el contrato de la modista”, lo cual, dijo, “demuestra el grado de discrecionalidad total con el que se maneja la gobernadora”.

“Ya que no da explicaciones sobre estos manejos, vamos a presentar un proyecto para que le informe a todos y todas los bonaerenses sobre estos movimientos casi despóticos”, remató Macha.

El jefe de los senadores de Cambiemos en la Legislatura bonaerense, Roberto Costa, y su hijo Leandro, enfrentan dos denuncias por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y estafas.

Las presentaciones fueron hechas por diferentes personas y recayeron en jurisdicciones diferentes, una en el juzgado federal del juez Sebastián Casanello; y la otra en la la UFI descentralizada del departamento judicial de Zárate-Campana, a cargo de Mabel Amoretti.

En la primera presentación se acusa a Leandro Costa, titular de la dirección nacional de Formación de Actores Territoriales del ministerio de Desarrollo Social, de ser “partícipe de sospechosas operaciones financieras e inmobiliarias incompatibles con su función de servidor del pueblo”. La denuncia fue presentada en los tribunales y recayó en el juez Casanello.

Leandro Costa había sido candidato a intendente de Escobar en la campaña del año pasado, pero cayó derrotado por Ariel Sujarchuk, a quien a su vez denunció por supuestas irregularidades durante su paso como funcionario del ministerio de Desarrollo Social, en la gestión de Alicia Kirchner.

La segunda denuncia, que recayó en el juzgado de Mabel Amoretti impacta contra el senador de origen radical y acusa a Costa de enriquecimiento ilícito, malversación de fondo y el manejo de ‘ñoquis’ en el Senado bonaerense.

Una serie de documentos del Ministerio de Andrés Ibarra muestra como se está elaborando una segunda etapa de despidos masivos en la administración pública. En el memo que ya circula en los ministerios se habla de “dotación óptima de personal”. En algunas dependencias ya se les pide a los trabajadores que respondan un cuestionario con datos sobre sus estudios, la tarea que realizan y sus horarios laborales.

A modo de instructivo, el documento plantea una serie de objetivos y pasos a seguir por cada organismo a fin de “adecuar” la “dotación inicial” de empleados públicos a lo que el Gobierno considera una “dotación óptima”. Esta intención ya fue declarada en privado a los delegados y secretarios gremiales de ATE Capital por funcionarios que responden al ministro Andrés Ibarra.

En otro papel filtrado, que lleva el sello de Modernización, se señala que los contratos de más de 114 mil trabajadores de la administración pública nacional se encuentran “bajo análisis”. Para llevar adelante este “análisis”, que puso en marcha en mayo y aceleró en las últimas semanas, el ministerio que ejecuta el deseo del Presidente de reducir el empleo público elaboró también un formulario de preguntas para ser contestadas por los estatales sobre nivel de estudios alcanzado, las tareas que desempeñan y la cantidad de horas laborales que cumplen. Con el agravante, según denunció ATE, de que las encuestas son implementadas, en algunos casos, por consultoras privadas, y en otros, por trabajadores que lograron ser reincorporados tras los despidos del primer trimestre y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros.

“Programa de análisis y planificación de dotaciones”, se titula el documento de Modernización que blanquea entre sus objetivos “producir una adecuación entre los organismos públicos y los aspectos cualitativos y cuantitativos del personal”. El término “dotación adecuada” hace referencia a “la cantidad de recursos humanos para hacer frente a los volúmenes de trabajo de cada uno de los organismos”. A través de esas definiciones, el ministerio da a entender a las direcciones de Recursos Humanos del Estado que existe un excedente de empleados públicos. El documento circuló con fecha posterior a los 11 mil despidos en la administración pública nacional con que comenzó la gestión macrista.

Jubilaciones y retiros voluntarios es lo que ofrecerá –y a los que intimará– el Estado para desvincular a trabajadores tanto contratados como de planta permanente. En principio, el Gobierno está habilitado –por la Ley de empleo público– para avanzar en por lo menos 21 mil jubilaciones, número que duplica los despidos de principios de año.

El texto también habla de “revisión de los sistemas de contratación” y de “movilización transversal” de los recursos; es decir, del traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones.

A través de los cuestionarios, Modernización comenzó en mayo a recabar información sobre ese eventual universo de empleados, hasta ahora lo más parecido a un dato preciso en manos del Gobierno, que entre diciembre y marzo decretó el despido por igual de profesionales, técnicos, científicos, trabajadores con fuertes lazos con el territorio, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Desde el ministerio que conduce Andrés Ibarra reconocieron la existencia de los documentos y la puesta en marcha del “plan”, aunque negaron que el objetivo sea avanzar en nuevos despidos. “Tiene que ver con la estrategia de recursos humanos”, dijeron, y explicaron que el término “dotación óptima” refiere “a la optimización de los recursos, porque hay áreas donde falta personal y otras donde sobra”.

Para graficar la posición, aseguraron que no habrá otro decreto como el 254/15, que habilitó a Ibarra a la primera “revisión” en diciembre pasado, y sostuvieron que “de haber nuevos despidos, correrá por cuenta de cada ministerio”.

A través de un comunicado emitido por la Mesa Directiva de la Unión Cívica Radical (UCR) se repudió "enérgicamente" la acusación "sin prueba alguna" realizada por Elisa Carrió, contra el operador de esa fuerza y sugirió una operación para perjudicar no sólo a Nosiglia sino también a todo el partido.

"La manipulación de la información no es inocente y el involucramiento del nombre de Nosiglia tiene la clara intención, a través del engaño, de difamar y estigmatizar no solo a nuestros dirigentes, sino también a todo nuestro partido político", advierte la nota de la UCR Capital, integrada por Juan Nosiglia, legislador porteño e hijo del Coti. "Hace pocas semanas algo parecido sucedió con el ex senador Ernesto Sanz", agrega en alusión a la declaración de Íbar Pérez Corradi..

Los boinas blancas aseguran que la acusación de Pérez Corradi fue una maniobra pergeñada por un sector del oficialismo para bloquear el posible desembarco de Sanz en la jefatura de Gabinete. Algunos radicales apuntan al "Tano" Angelici, con aceitados vínculos en el mundo judicial.

Para la UCR la denuncia de Carrió es una operación del PRO para poner en las cuerdas al radicalismo. Lo que llama la atención es que Carrió fue la encargada de realizar la presentación un día después de almorzar con Macri.

El dirigente sindical, Hugo Yasky, cerro la multitudinaria marcha federal en la Plaza de Mayo, con un fuerte discurso contra las políticas de ajuste y puntualizo que si el gobierno no cambia el rumbo “si la paritaria no se reabre, la economía del país se va a seguir hundiendo” y que esta actitud que asume el presidente de la nación es de “ceguera y sordera”. En este sentido, le pidió al Jefe de gobierno que “no siga leyendo el diario de Yrigoyen, de Magnetto, las noticias que le dan los periodistas de guerra del grupo Clarin” y “que lea la realidad porque en la calle hay hambre y desazón”.

Durante otro pasaje del acto, el titular de la CTA, sostuvo que para el gobierno “cuando el pueblo sale a la calle, constituye una amenaza para la democracia y cuando un rico sale con la cacerola la democracia está de fiesta”. También manifestó que “el liberalismo y el neoliberalismo quiere dividido, roto al campo popular” y rescato la unidad entre las dos centrales sindicales”.

Además, el referente sindical, considero que “la Argentina va a cambiar porque este pueblo no se arrodilla ante el poder económico y ante la represión” y señaló que “empezó la cuenta regresiva hacia el paro nacional”

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nombró a Dorigon, al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR) en la ciudad de Rosario. Dorigon formó parte como subteniente del regimiento de Infantería 12 y fue denunciado en el 2007 ante la Justicia federal en Río Grande por un grupo de veteranos de Malvinas que lo acusaron de torturas contra soldados en las Islas.

Dorigón está imputado bajo la acusación de haber enviado a torturar a un soldado combatiente de Malvinas, donde fue destinado en 1982, con el grado de subteniente. En 2007 un grupo de excombatientes conscriptos presentó en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, una denuncia contra sus superiores por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en las Islas. El expediente, con testimonios de más de 100 excombatientes, llegó a la Cámara de Casación Penal, que rechazó el planteo y declaró los crímenes de Malvinas prescriptos. En marzo de 2012, el Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que desde entonces espera una resolución.

Ernesto Alonso, del Centro de Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, dio detalles de las acusaciones contra el funcionario designado por el macrismo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

"El año pasado se desclasificaron los archivos secretos de Malvinas. Muchos compañeros que con valentía denunciaron” señaló el dirigente de los ex combatientes que invitó a “cualquier fiscal de la Nación a ver esos archivos y a seguir denunciando estos casos".

Ernesto Alonso dijo que “estas cosas se saldan con un proceso de memoria, verdad y justicia" y para eso pidió que “que se realicen políticas de estado".

Después de dejar el Ejército, Dorigón incursionó rápidamente en las áreas de Recursos Humanos de empresas privadas, como otros ex represores. Fue gerente en supermercados Coto y tuvo a cargo 750 personas en la empresa Centinela de Seguridad Privada, donde inicialmente se abocó a “la reorganización del área de Operaciones”, para recalar finalmente en la gerencia de Recursos Humanos de Liliana.

En febrero y marzo del año 2014, la empresa de electrodomésticos despidió a una docena de trabajadores, quienes lanzaron una serie de medidas de fuerza en respuesta al ataque de la patronal, claramente antisindical. Realizaron asambleas en la entrada de la fábrica que, de hecho, paralizaron la producción de la empresa por más de tres semanas. Los trabajadores denunciaron que fueron echados por cumplir la función de “delegados de hecho” durante casi un año, ya que en sus 65 años de historia, la empresa Liliana impidió la organización sindical y los sometió a máximas condiciones de precariedad.

Los trabajadores, en ese entonces, denunciaron que “la gerencia de Recursos Humanos de Liliana encabezada por un ex militar de la dictadura, junto con personal de seguridad y psicólogos montaron un operativo sobre la ruta para parar a todos los trabajadores y obligarlos a conducirse hacia otra planta donde no realizan sus tareas”. El objetivo era impedir una asamblea donde los trabajadores iban a discutir los pasos a seguir para la reincorporación de los despedidos. A la cabeza de estas medidas estaba Marcelo Dorigón.

Hoy, con este prontuario en el portafolio, Dorigón es funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación, y desempeña sus funciones más precisamente en el Anmac (ex Renar).

"No esperamos nada del Gobierno porque el 29 de abril hubo una multitudinaria movilización e hicieron oídos sordos", comentó el dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) e insistió: "No creo que nos escuche y brinde soluciones a los trabajadores"

En este sentido, y en diálogo con un canal de noticias porteño, el dirigente camionero lamentó las políticas del Gobierno de la alianza Cambiemos al remarcar que "ojalá hubieran tenido la misma rapidez que tuvieron al darle respuestas al campo y las mineras cuando le sacaron las retenciones".

Asimismo, y luego de la unificación de las distintas centrales obreras, Moyano no descartó próximas medidas de fuerza al afirmar que "seguro habrá un paro general más adelante" porque, dijo, "el Gobierno no escucha los reclamos de la CGT", entre los que nombró el freno a los tarifazos y los masivos despidos en el sector público y privado.

Elisa Carrió volvió a generar tensión dentro del bloque Cambiemos en Diputados. La legisladora y presidenta de la Comisión de Relaciones exteriores sorprendió al votar a favor de un proyecto impulsado por el Frente para la Victoria (FPV), pese a que la canciller Susana Malcorra y el Gobierno habían aconsejado no acompañar.

Se trata de una iniciativa que establece que todas las aeronaves de la estatal Aerolíneas Argentinas deben lucir la leyenda “las Islas Malvinas son Argentinas”, informó La Nación. Mediante un comunicado destinado a la comisión, Malcorra había desaconsejado esa iniciativa por considerarla resultaría demasiado “oneroso” para llevar a cabo.

“Esto no es una respuesta, es una falta de respeto”, subrayó Carrió para la sorpresa de sus compañeros de bancada. “Yo voy a firmar el proyecto”, enfatizó Carrió.

El resto de los integrantes de Cambiemos, por su parte, votaron en contra y el dictamen no tuvo dictamen. Desde el kirchnerismo celebraron la postura de Carrió. “Esta negativa de un sector del bloque de Cambiemos habla de que la discusión sobre la soberanía de las Malvinas no es fundamental”, argumentó el diputado Guillermo Carmona.

La expresidenta Cristina Kirchner trazó esta miércoles por la noche un duro diagnóstico sobre la marcha de la economía, le pidió a Mauricio Macri que "cambie el rumbo" y advirtió que "es mucho peor que la gente no consuma que la inflación".

"Creo que el gobierno tiene una ideología muy fuerte, mucho más fuerte de lo que nos decían a nosotros y creen que el modelo les puede funcionar con una desocupación de dos dígitos que discipline al mercado laboral y lo flexibilice. Sino es inentendible lo que están haciendo", denunció la exmandataria.

En una extensa entrevista que concedió a Radio 10, CFK advirtió además que si el Gobierno de Macri "reafirma" estas políticas "es porque el efecto no es ´no deseado´ como dijeron sino que es precisamente el efecto buscado, porque si no cambiarían las políticas".

"Ojalá adviertan que sus ideas no eran las mejores, que producen malos efectos en la sociedad, que no es la adecuada para la mayoría de la población. No estamos ante malos resultados sino ante los efectos esperados de una política anunciada. La parte sensata de la población espera que cambien las políticas", insistió la exjefa de Estado.

Y apuntó: "Siempre se decía que no escuchábamos. Sin embargo, no he visto un Gobierno más sordo que el que empezó el 10 de diciembre. Tienen que abrirse un poquito más y escuchar lo que está pasando, lo que dice la gente en la calle. En vez de reunirse tanto con dirigentes, que cambie el rumbo un poquito porque así no es bueno para nadie".

Durante más de una hora de entrevista, Cristina Kirchner cuestionó la caída del poder adquisitivo del salario y advirtió que "si quieren eliminar la inflación haciendo que la gente no consuma, les digo que es mucho peor que la gente no consuma que la inflación".

"El sector asalariado podía ahorrar para las vacaciones, para cambiar el auto, antes llegaba a fin de mes, ahora tiene miedo de gastar mientras el Gobierno transfiere ingresos a los sectores más

beneficiados de la economía como a los grandes exportadores y eso genera más déficit porque te desfinancias", cuestionó.

La exmandataria también fue enfática en remarcar que "este mes hemos experimentado la peor caída de la industria desde el año 2002 previo al kirchnerismo" y apuntó: ""Es una verdadera catástrofe que estemos igual que con el default".

"En 2002 tuvimos la peor caída de la industria, veníamos del default y hoy, después de pagar a los buitres sumas escandalosas en un procedimiento también escandaloso, tenemos la peor caída de la actividad industrial en niveles similares a los del default", disparó.

Al respecto, remarcó que durante la campaña el frente Cambiemos había asegurado que "sólo con el cambio de Gobierno, si no ganaba Daniel Scioli, iba a haber un shock de confianza e iban a venir dólares, pero no sucedió".

"Luego vino la segunda etapa de pago a los buitres: entonces no solo no vinieron los dólares sino que estamos arañando una desocupación de dos dígitos. Retrocedimos macroeconómicamente en término de producción industrial 14 años, post default y etapa prekirchnerista, mientras que en materia de desocupación retrocedimos una década", denunció.

Y advirtió que, mientras tanto, "se transfieren ingresos a los sectores mas beneficiosos de la economía, a los grandes exportadores", lo cual "evidentemente vas a producir mas déficit".

"La sociedad no puede permitirse que digan que lo que había conseguido no se lo merecía", completó.