El conurbano comienza a dar señales complejas. Ya son varios los distritos donde el ajuste empieza a palparse concretamente en la pérdida de puestos de trabajo, retracción en la actividad y menores ventas. En ese contexto, Mario Secco, intendente de Ensenada, contó la realidad del sur.

El alcalde remarcó, en una entrevista con Radio Del Plata, "que Ensenada es una de las ciudades que más creció en la última década", pero que ahora la situación se complejizó.

Para Secco el parate de la obra pública es uno de los motores que está castigando fuerte el municipio. El ejemplo paradigmático, para Secco, es la Central Termoeléctrica, una empresa de energía, cuya segunda etapa está parada, lo mismo que sucede con otras siete obras.

Además el intendente remarca que los comerciantes de la zona ahora denuncian que en el distrito hay una baja del 35% en ventas y mencionó la necesidad de trabajo que ya se empieza a sentir en las puertas del municipio.

Respecto del rol de la gobernadora María Eugenia Vidal en este contexto, Secco fue tajante. Aaseguró que en La Plata no atienden las necesidades crecientes del municipio, ni de ninguno de los intendentes del conurbano. "Vidal nunca me atendió", sentenció.

En otro orden, para el alcalde las causas de corrupción que se están impulsando en este momento son una excusa para tapar el ajuste que se está realizando. Y sintetiza "no hubo una sola medida del gobierno en favor de los que menos tienen",

Por último Secco reafirmó que movilizará en el regreso de CFK y sostuvo que cuando ella reaparezca va a ordenar la interna del FpV y que desde el gobierno lo saben, por eso le tienen miedo y tratan de "deslegitimarla".

"Nos sentimos con una gran responsabilidad de lo que pasa en el Gobierno, independientemente de los espacios políticos que ocupemos", manifestó el diputado Miguel Bazze en declaraciones publicadas esta mañana por un matutino porteño.

Sin embargo, indicó que la mayor preocupación del radicalismo "es que el gobierno pueda mostrar resultados a la sociedad".

El legislador bonaerense resaltó el aporte de funcionarios que el radicalismo realiza en todo el país "porque tenemos gente con mucha solvencia podríamos estar con una mayor presencia".

"Pero no nos equivocamos, nuestra mayor preocupación es que el gobierno pueda mostrar resultados a la sociedad. Sería bajarle mucho la calidad al partido si se pretendiera convertirlo en una agencia de colocaciones", indicó.

"La prioridad del gobierno debe ser dar una respuesta urgente a los sectores de medios y bajos ingresos", agregó.

El escándalo de los Panamá Papers no deja de traerle dolores de cabeza a Mauricio Macri. Es que día a día se conocen más vínculos entre sus negocios privados y las firmas offshore sospechadas en todo el mundo de hacer maniobras oscuras en guaridas fiscales.

En lugar de menguar el problema sigue en crecimiento. Con el paso de los días la cantidad de sociedades offshores registradas en paraísos fiscales continúa creciendo.

Ahora se conoció que el pasado 19 de febrero, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó la transferencia de las acciones que el máximo mandatario poseía en la empresa Yacylec S.A a Sideco Americana S.A, sociedad que se encuentra registrada en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo y ahora centro de las miradas internacionales tras la filtración masiva de papeles..

Y casualmente, según consigna el portal El Destape, la lista de los integrantes de esa sociedad offshore coincide con los principales hombres de confianza de Franco Macri, el padre del presidente. Es más algunos de ellos también estuvieron involucrados en la causa de triangulación de activos, en la cual también estuvo procesado Mauricio Macri.

Según consta en el registro público de Panamá, Eloy Alfaro de Alba fue uno de los agentes que hizo la empresa, un hombre poderoso de Panamá, que llegó incluso a ser embajador en los Estados Unidos.

Felipe Santiago Tapia Castillo, otro de los integrantes pareciera ser una persona ficticia, a raíz de que ocupa varios puestos similares y en lapsos de tiempos cronológicamente imposibles: ostenta actualmente cinco puestos diferentes como suscriptor, director, vice-presidente, secretario y presidente en mil empresas de Panamá, Colón (Panamá).

Los otros mencionados en el directorio son Roberto Ringhini (Tesorero), hombre designado por el Grupo Macri en la Comisión Vial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cuando como Ministro del menemismo, Roberto Dromi, le otorgó a los Macr el 11% de las concesiones de rutas nacionales.

También aparece Miguel Angel Pucci (Vicepresidente), quien fuera director de SEVEL cuando en el 2000 Franco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de auto partes y vehículos.

Luis Da Costa (Secretario), otro ex directivo de SEVEL y procesado junto a Mauricio Macri por "contrabando agravado".

Y finalmente Eloy Alfaro de Alba (Suscriptor) un abogado, ex Embajador de Panamá ante Casa Blanca, ex Magistrado de Corte Suprema de Justicia, ex Director de la Autoridad del Canal de Panamá.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, recibió casi 3 millones de pesos como aportes privados para financiar su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado.

La ley de financiamiento prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten dinero a los candidatos, no obstante, la Cámara Nacional Electoral informó recientemente que Macri recibió donaciones de integrantes de compañías, muchos de ellos con altos cargos jerárquicos, según el sitio web Chequeado.

Especialistas en financiamiento político han coincidido en que el dinero en negro que mueven las campañas en Argentina es mucho mayor al declarado oficialmente, sin embargo, el último proceso electoral de ese país reveló un fenómeno muy llamativo, y es que ni siquiera cerraron las cuentas "en blanco" que los partidos declararon haber gastado.

En ese sentido, la fuente indica que alrededor de 3 millones de pesos para la campaña de Macri fueron aportados por gerentes y empleados de empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobiernos provinciales, un hecho que entra en conflicto con la ley de financiamiento.

El portal web Chequeado, detalla que al menos 33 integrantes de agencias de publicidad; 20 miembros de empresas de seguridad privada; siete empleados ligados con una constructora y cuatro gerentes de una empresa de higiene urbana, todas vinculadas a la gestión porteña o en provincias, aportaron 2,7 millones de pesos (alrededor de 186 mil 570), en la carrera de Macri hacia la Casa Rosada.

Al sumar esta cantidad a los aportes de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas, que actualmente no son concesionarias de gobiernos, el monto recibido por la fórmula de Mauricio Macri alcanza al menos los cinco millones de pesos.

el sitio web asegura que a pesar de las pruebas aportadas por el Cuerpo de Auditores de la Nación en diferentes casos, hasta el momento ningún juez o fiscal federal ha avanzado en forma significativa en la investigación de partidos o candidatos por este tipo de irregularidades.

Además se realizó un análisis detallado de los 849 nombres de los donantes que figuran en el informe financiero, donde se especifica los montos declarados por Macri en las elecciones primarias:

-Seguridad privada: la fórmula Macri declaró haber recibido 875 mil pesos (unos 60 mil 462 dólares) por parte de personas vinculadas con Briefing Security-Impes UTE (unión transitoria de empresas), Murata SA, Verini Security SA y Yusion SRL, empresas de seguridad que desde 2011 se reparten el negocio de la custodia de los edificios públicos porteños.

De los 20 empleados que figuran como aportantes, se destacan ocho de Briefing Security-Impes, todos ellos con altos cargos directivos, que aportaron 320 mil pesos (alrededor de 22 mil 112 dólares).

También figuran siete representantes de la empresa Murata, quienes aportaron 295 mil pesos (unos 20 mil 384 dólares).

-Publicidad: Los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre, Jorge Reale y Roberto Fernando Reale aportaron 285 mil pesos (19 mil 693 dólares) para la campaña de Macri. Son socios en Reale-Dalla Torre Consultores, empresa que creó “la imagen y la marca de la Policía Metropolitana” y además distribuyeron parte de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los aportantes también se destacan varios gerentes de la empresa Publicidad Sarmiento, ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño, incluyendo nombres como el de Oscar Contreras, gerente de Operaciones; Raúl Menéndez, jefe de Locaciones y Santiago Terranova, socio director, todos ellos con 50 mil pesos cada uno (3 mil 455 dólares).

Al ser consultado por chequeado.com, Raúl Menéndez negó haber puesto plata para la campaña, además, otra de las personas empleadas en Publicidad Sarmiento, que pidió el anonimato, confirmó que tampoco hizo el aporte que figura en el informe financiero de campaña.

-Higiene urbana: Cuatro empleados de la firma cordobesa Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL, más conocida como Econovo, pusieron 180 mil pesos (12 mil 438 dólares) para la fórmula Macri. De igual manera, Econovo fue contratada en su momento por la empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) para la provisión de camiones de recolección de residuos, negocio que continuó con Lusa y Cotreco, las dos empresas que operan el servicio en la ciudad de Córdoba.

Estos tres grupos de aportantes suman 2.145.000 pesos y representan el 10% del total de las donaciones privadas que Macri recibió en las elecciones primarias.

A través de un comunicado firmado por el colectivo Economía Política Para la Argentina (EPPA), diferentes personalidades de las ciencias económicas y sociales manifestaron su rechazo a la citación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el miércoles por parte del juez federal Claudio Bonadío.

En el texto divulgado por los académicos se indica en forma de introducción: “Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por haber cumplido las funciones que les tocaron, con dedicación y honestidad, para defender siempre los intereses populares en la trinchera de la patria”.

Además manifiestan: “Repudiar enérgicamente la acusación a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex Ministro Julio De Vido, en el marco de la investigación amañada por Guillermo Marijuan, un fiscal faccioso que responde a las corporaciones económicas que quieren instalar la violencia política en la Argentina”.

Siguiendo esa línea, los firmantes del comunicado firmado por EPPA también repudian “el procesamiento y la persecución judicial de José Sbatella que, desde la dirección de la Unidad de Investigación Financiera, desarrolló el poder de regulación y control estatal para mitigar las consecuencias del comportamiento fugador y fraudulento de gran parte del capital concentrado de la Argentina”.

En el texto además se denuncia el desmantelamiento de la UIF por parte de la actual gestión de gobierno y critican el nombramiento de una funcionaria del Banco HSBC, “de connotados antecedentes como lavador de activos, facilitador de la evasión impositiva, la fuga de capitales y la violación de las normas regulatorias del sistema financiero en la Argentina y en el mundo”, como el comportamiento del juez Claudio Bonadío, “que arrastra decenas de denuncias por un escabroso cúmulo de actos impropios para un juez de la Nación”.

Para finalizar, el comunicado exige “la presencia de Macri ante el Congreso para aclarar su vinculación con las empresas fantasmas en el paraíso fiscal de Panamá, respondiendo las preguntas de los diputados allí presentes” y rechazan el uso corporativo y político del Poder Judicial, y la manipulación de la información desde los medios hegemónicos para ocultar y proteger al gobierno de Cambiemos de la crisis económica producida por el ajuste a la economía del país”.

Consultado por Radio Del Plata, sobre la gran cantidad de cuentas y compañías offshore que se le encontraron a más de media docena de dirigentes de Cambiemos, entre los que se encuentra el Presidente de la Nación, Intendentes, ministros y legisladores, Garvano aseguró que “somos muchos más los que no tenemos”.

Para el titular de la cartera de justicia “el punto central que hay que develar es si se han detectado cuentas con movimientos de dinero”.

Siguinedo esa línea, Garvano señaló que “para que algo se declare o no es la implicancia patrimonial. Si esa actividad tenía o no tenía una implicancia patrimonial. Si tenía, seguramente debería ser declarada. Si no tienen implicancia patrimonial es bastante más dudoso o en principio no debería ser declarada” y luego agregó: “Ese es el punto, desconozco en cada caso como es la situación”.

Hasta el momento, tras el escándalo internacional del Panamá Papers, se le encontraron cuentas offshore a: El Presidente de la Nación, Mauricio Macri; a su primo el intendente de Vicente López y presidente del grupo BAPRO, Jorge Macri; al intendente de Lanús Néstor Grindetti; al ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido; al titular de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; y a los diputados provinciales de Cambiemos Waldo Wolff y Daniel Ivoskus.

Castellani es una socióloga, docente del CONICET y especializada en temas vinculados a la sociología económica, dio a conocer los nombres de los siete funcionarios del gobierno del presidente Mauricio Macri vinculados a cuentas offshore. Los funcionarios mencionados son los siguientes:

Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda, quien figura como director de Marbira SA, radicada en Panamá en 2006, aún vigente.

Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social titular de Los Didis radicada en Florida.

Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa, Socio de La Jotabe, LLC, radicada en Florida en 2010.

Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones en Ministerio de Comunicación y directora de 4 firmas offshore en Chipre.

Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento de Secretaría de Técnicas de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, director de TESACOM Panamá SA; Jesús María Silveyra, Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Presidente de Trafimex SA Holding Corp radicada en Panamá en 1984.

Claudio Bernardo Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quue figura como presidente de Kalushy SA, radicada en Panamá en 1992.

Juan Carlos Pérez Colman. Subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente. Figura como presidente de First Bowen International Corporation radicada en Panamá en 1994.

El senador nacional Juan Manuel Abal Medina, del Frente para la Victoria (FPV), valoró positivamente el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre acceso a la información pública, y remarcó que será necesaria “una discusión profunda para enriquecer la iniciativa”.

En un discurso realizado el 7 de abril pasado, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri, destacó que el proyecto que enviará al Parlamento "recoge propuestas muy buenas de distintos legisladores de distintos partidos políticos" y "que busca traer transparencia", para que en Argentina los ciudadanos puedan conocer con facilidad cómo se ejecutan los presupuestos.

Abal Medina, quien presentó un proyecto sobre este tema el año pasado, valoró el espíritu de la propuesta y explicó que “será necesario consensuar cuestiones vinculadas a las funciones y a la conformación del órgano de aplicación, así como aspectos vinculados a los sujetos obligados a brindar la información requerida por los ciudadanos”.

Durante la gestión de Abal Medina como Jefe de Gabinete se impulsaron medidas vinculadas al acceso a la información, como la firma de la carta de adhesión de la República Argentina a la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), y el plan de acción que posibilitó la creación del Sistema Nacional de Datos Públicos (SINDAP) y del Portal Nacional de Datos Públicos

Tras los documentos filtrados y publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y titulado Panama Pepers, que reveló el armado de cuentas offshores de diferentes personalidades del mundo en paraísos fiscales y la decisión del fiscal Federico Delgado de imputar al presidente Mauricio Macri por figurar en el directorio de una empresas fantasmas creada en Bahamas, y otra sociedad registrada en Panamá, los medios del mundo comenzaron a hacerse eco de esta medida.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung, que publicó el escándalo de las sociedad offshore en Panamá, lo tuvo a Macri en su portada la semana pasada con el pedido del fiscal Delgado.

Además, el Huffington Post, de Estados Unidos; el País de España y Europa Press, también le dedicó un artículo al mandatario, por la Imputan a Mauricio Macri por los 'Panamá Papers'.

La prensa rusa, a través de Sputnik y Russia Today le dedicaron buen tiempo al caso del mandatario argentino y abordaron el tema titulando: Fiscalía argentina investigará a Macri por caso Panama Papers” e “Imputan al presidente argentino por papeles de panamá”, respectivamente.

Por su parte la prensa regional a través de Telesur, La Tercera de Chile y TVN de Panamá, también trataron el tema durante la semana y entrevistaron añadieron declaraciones de diputados y senadores nacionales y destacaron la decisión de imputar al jefe de Estado argentino.

El PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, anunció que mantendrá la cobertura del 100 por ciento sólo en algunos medicamentos, mientras que otros que “no resultarían suficientes para determinar beneficios clínicos” mantendrán la cobertura, pero en un 50 o en un 80 por ciento de su costo en el mercado. La medida, que atenta contra el bolsillo de la clase pasiva, fue presentada, por las autoridades de la obra social, como “un primer paso hacia un PAMI ordenado, transparente e innovador”. A pesar de la mala nueva, afirman que la política futura “significará una mejora concreta en la calidad de vida de 5 millones de argentinos”. La disposición fue cuestionada por los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que el lunes no atenderán recetas del PAMI porque “no es clara” la medida adoptada por la obra social.

En el comunicado, se dijo que la cobertura del ciento por ciento se mantendrá sobre una lista de medicamentos que surgiría del análisis realizado en conjunto con una agencia acreditada en la evaluación de tecnologías sanitarias y en el contexto de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este lunes, las farmacias bonaerenses no atenderán pacientes del PAMI por la falta de un listado que explique cuáles son los medicamentos gratuitos que dejarán de serlo. “Todo es muy poco claro y las autoridades deberían explicarle a los jubilados cuáles son los remedios que ya no recibirán gratis y por qué; algo que no nos informaron ni a nosotros”, sostuvo María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

Explicó que el PAMI les informó que “algunos medicamentos que antes tenían una cobertura total, en los próximos días pasarán a tener sólo el 50 por ciento y se habla de un listado probable de 160 o 180 medicamentos, pero hasta ahora sin más aclaraciones”. Reinoso sostuvo que la obra social “debe explicar y hacer público cuáles son los remedios que ya no serán gratis para que el afiliado no piense que le queremos cobrar algo que no corresponde”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos resaltó que “por no contar con el listado de los medicamentos que ya no serán gratis, los farmacéuticos deberán esperar a ingresar los datos en el sistema para ver cuál es el porcentaje de cobertura”. Puntualizó, en ese sentido, que “va a suceder que los jubilados vendrán a las farmacias con una receta autorizada al ciento por ciento y en el momento les vamos a informar qué cobertura tienen, y ahí tal vez sospechen que los farmacéuticos les queremos cobrar por nuestra cuenta”.

Reinoso dijo a Página12 que la medida que se tomará el lunes “obedecen a que el PAMI nos ha informado que hasta diciembre regirá para nosotros el mismo convenio que tenemos desde 2010, cuando la realidad del país era diferente”. Ellos reclaman “un nuevo convenio porque el gran aporte que le hacemos los farmacéuticos al sistema, más el atraso crónico en los pagos nos genera un problema que para muchos ya es insostenible”.

Críticas y pedido de explicaciones desde el FPV y el Frente Renovador

La diputada nacional entrerriana del Frente Para la Victoria (FPV) y Presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Gaillard, cuestionó la decisión de Regazzoni, que vinculó la medida con “los tarifazos en los servicios de luz, gas, agua y transporte”.

“Es falso que esta decisión sea para mejorar las prácticas profesionales y los controles para hacer más eficiente y transparente el sistema, tal lo dijo Regazzoni, director del PAMI. “Esta decisión es un ajuste perverso que sobrecarga y empobrece a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, nuestros jubilados y pensionados”, señaló, por lo cual anunció que se citará a Regazzoni a dar explicaciones.

En el mismo sentido se expresó la massista Mirta Tundis, que denunció que se está “jugando con la plata de los jubilados”. “Es un error del gobierno nacional reducir la lista de medicamentos, proponemos aumentarla porque la plata está", agregó.

Por último, la diputada señaló: “El PAMI tiene que hacer un cambio sustancial y esencial, debe ser ordenado transparente e innovador pero esta medida perjudica terriblemente el bolsillo y la salud de los adultos mayores. Para un jubilado que hoy gana $4900, ahorrarse cincuenta, cien, doscientos pesos es mucho. Es un sector muy vulnerable a las medidas que toman siempre los gobiernos de turno y siento que se está jugando con la angustia de los más necesitados”.