El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional se refirió al encubrimiento periodístico a la mandataria bonaerense. Además, aseguro que el Frente Renovador debe sumarse a la unidad del peronismo y que la gestión de Cambiemos “no es buena”.

El diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá, criticó la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y advirtió que la gobernadora goza de un “blindaje mediático muy grande”.

Solá también sentenció que “la educación e infraestructura de la Provincia están igual o peor que con Scioli, no ha mejorado nada y tiene un presupuesto altísimo”, dijo el dirigente del Frente Renovador, a modo de comparación.

Además, opinó que Sergio Massa, debería “sumarse a la unidad del peronismo” para “enfrentar al neoliberalismo” y luego recalcó: “Después de la reforma previsional, el Gobierno y los medios quisieron montar un tribunal para juzgar con quién uno se saca una foto, pero yo me saco una foto con quien quiero”.

Para finalizar, se refirií en torno al armado del Partido Justicialista (PJ) de cara a 2019, y aseveró que “hay que mezclar juventud con gente más experimentada. Con La Cámpora, Cristina Kirchner tuvo mucha militancia, pero no tuvo buenos dirigentes”.

El magistrado que lleva la causa en Fabricaciones Militares citó a una audiencia de conciliación para el miércoles próximo al jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas; al intendente de Azul, al interventor de la empresa en cuestión y a los representantes de los trabajadores de la fábrica.

El juez federal Martín Bava, que interviene en el conflicto de la empresa Fanazul, citó a una audiencia de conciliación al jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Federico Salvai; al ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; al jefe comunal de Azul, Hernán Bertellys; al interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva y a los representantes de los trabajadores de la fábrica.

El magistrado sostiene que la citación es para "mediar una solución al conflicto social y económico que esta ciudad y los manifestantes en particular están planteando", luego del despido de más de 200 trabajadores de la planta.

Bava se basa en la audiencia realizada "con el norte de preservar la paz social y conciliar una solución al conflicto planteado", citando a los mencionados funcionarios "o a quienes en su nombre posean poder de decisión".

Por su parte, representantes de los trabajadores realizaron una presentación ante la Fiscalía, preocupados por la seguridad de la fábrica tras el cierre.

“Hoy día el riesgo se multiplicó porque no hay gente, no hay personal que sepa manejar la bomba, ni la ambulancia, todo eso potencia la situación. Sea cual sea la decisión, de continuar o nó produciendo en la planta las medidas de seguridad se deben garantizar porque no se puede permitir que por negligencia corra peligro la vida de los compañeros. Es inconcebible lo que está pasando ahí dentro”, aseguraron los representantes gremiales.

El sindicato que nuclea a trabajadores de prensa de Buenos Aires denunció al funcionario de Cambiemos, a quien acusan de faltar a la verdad acerca del personal que laboran en la TV pública y en otros medios estatales. Además, recordaron que la oferta en las paritarias fue del 0%, y que desde el Gobierno se busca vaciar de contenido y de profesionales los medios nacionales no privados.

“El titular del Sistema Nacional de Medios Públicos Hernán Lombardi una vez más se dedicó a recorrer medios de comunicación para difamar a los trabajadores de la TV Pública con quienes no dialoga. El colmo de este nuevo raid mediático en el que los trabajadores no tenemos derecho a réplica en un cable emitido por la Agencia estatal Telam titulado ´No se puede tomar al Estado como un bobo al que todos le sacamos plata´, en donde trata a los representantes gremiales de los trabajadores como jerarcas sindicales que tienen situaciones de privilegio”. Así, la agencia estatal es utilizada como un aparato de propaganda para denostar a los propios trabajadores, el mismo día que su gestión levantó una reunión paritaria por no tener ninguna propuesta”, denunció a través de una gacetilla el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA):

En la misiva, el sindicato, se explica: “Es mentira que los noticieros los fines de semana no salen por las horas extras, como dice Lombardi. Al respecto, las autoridades no realizaron ningún ofrecimiento serio para destrabar este conflicto. Al día de la fecha no hay posibilidad de garantizar coberturas periodísticas los sábados y domingos ni ninguna otra los días de semana no solo por el quite total de horas extras sino además por la falta de operatividad que produce su política de jubilación anticipada y congelamiento de los concursos públicos.

Es mentira que en la planta del noticiero de la TV Pública hay 170 periodistas tal como el ministro enunció. Somos 136, una cifra que no dista de la de los canales privados.

Es mentira que existan “paritarias libres”. La “oferta” de 0% para una paritaria que venció el 30 de septiembre de 2017 es ilegal y viola la naturaleza de la propia negociación.

Es mentira que impidamos la visibilización de hechos periodísticos en nuestra pantalla. El discurso de Hernán Lombardi se cae con sólo mirar el noticiero todos los días. La calidad periodística la da la presencia profesional en el lugar del hecho y no una imagen sacada de youtube. Néstor Sclauzcero, gerente de noticias de la TV Pública y presidente de FOPEA, es el responsable de practicar un periodismo porteño en donde no se cruza la General Paz ni el Riachuelo. La TV Pública fue el único canal de aire censurado de la última conferencia de prensa presidencial y por primera vez en la historia no estaremos en el viaje de los familiares de Malvinas el próximo 26 de marzo. El federalismo se practica teniendo presencia propia en donde se produce la noticia, tal como tienen todos los canales de televisión.

No nos sorprende el ataque del ministro a quienes los trabajadores de la TV Pública elegimos como nuestros representantes gremiales: esta gestión acaba de despedir de manera ilegal a Alejandro Britos, Secretario Gremial de APSF, periodista de Radio Nacional Santa Fé, y correr de algunas de sus funciones a Mariana Fossatti y Fernando Pedernera, delegados de Radio Nacional Buenos Aires, en lo que además de un ataque profesional significa un ataque en sus condiciones laborales y salariales.

Por último, solicitamos a las producciones de los programas Involucrados (América TV), el noticiero conducido por Mauro Viale en A24, Ahora es Cuando de FM Blue y a las autoridades de Telam que plantean de la boca para afuera pluralidad pero que utilizan la agencia pública como aparato de propaganda propio, el legítimo derecho a réplica frente a las difamaciones de Lombardi, en el marco de la misma discusión democrática que el ministro pregona, para que se puedan escuchar todas las voces”.

A través de un pequeño audiovisual la comunidad educativa de esa zona de Tigre le exige a la gobernadora bonaerense que desista con su intención de clausurar escuelas primarias y jardines de infantes de la zona. Mirá el video.

https://www.facebook.com/senadoresfpvba/videos/2024398747835714/?t=17

Con un video titulado "Las escuelas del Delta tienen vidas", estudiantes, padres, abuelos y docentes de las escuelas del Delta, le piden a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que no cierre con los ochos establecimientos educativos del Delta del Tigre.

El audiovisual cuenta con diferentes testimonios de los miembros de la comunidad educativa, en la que se explica el significado y la importancia que tienen esos centros de enseñanza para ellos.

De concretarse la medida de Vidal, afectará a más de 80 chicos, que, en muchos casos, deberán viajar dos horas en lancha para llegar a sus nuevas escuelas.

Las imágenes, que fueron editadas y difundidas por el bloque de senadores provinciales de Unidad Ciudadana- Frente Para la Victoria (UC-FPV).

El propio oficialismo en la Legislatura local reconoció "que no entiende el tema del área legal”. Los vecinos recibieron tasas con fuertes incrementos a pesar de que no existe ordenanza publicada en el boletín ofical que establezca nuevos valores. Habrá una ola de reclamos contra el municipio.

La propia concejala de Cambiemos Celeste Arouxet reconoció increíblemente durante una entrevista que "desconoce" como funciona la puesta en marcha de una ordenanza, luego de varios reclamos no solo de la oposición política, sino también de los vecinos que recibieron tasas con importantes aumentos. Arouxet responde al intendente Ezequiel Galli.

“Es un tema que no estoy manejando, solo te puedo hablar en que se basan los aumentos de tasas”, intentó justificarse la edil. Sobre si debe existir una ordenanza para establecer los aumentos, aseguró: "Tengo entendido que si, pero no entiendo cómo se maneja el tema del área legal”.

Además del papelón público, el tema supone un problema legal porque se espera una catarata de recursos para frenar el aumento, que es ilegal al no existir una ordenanza que establezca nuevos valores.

"Esto muestra una notable improvización del Gobierno de Galli, el gabinete está en una fuerte crisis política desde que ocurrió el decreto 'antinepotismo' que generó un desajuste en todo el municipio. Quedó claro además, que la adminstración no estaba integrada por gente capaz sino por familiares del intendente", ironizaron desde la oposición.

El periodista hizo un fuerte editorial para criticar al oficialismo por el rumbo de la economía luego de el contundente mensaje de la marcha multitudinaria encabezada por Moyano. El conductor se notó molesto con los funcionarios por malinterpretar las señales que manda la sociedad.

"Me pareció que el gobierno queda corto al repetir el latiguillo *no pasa nada*. Pasó algo ayer", comenzó Novaresio quien reconoció que la movilización fue impulsada por un sustrato mucho más amplio que el sindicato de Camioneros, dejando en evidencia que el reduccionismo fue una estrategia espuria.

"Esta marcha nació el día de diciembre que se lanzó el recalculo jubilatorio, porque había cierta tolerancia a los aumentos de tarifas, a los aumentos de los precios. Se decía que se venía de un momento difícil", sostuvo el conductor de A24, quien recordó que el gobierno ganó las elecciones, aunque luego sufrió un quiebre drástico en su imagen.

"En diciembre hubo un quiebre cuando se dijo ´con los jubilados que ganan 7 mil mangos, no´", opinó Novaresio, que además remarcó que hubo casos de corrupción que pusieron en jaque el principal argumento discursivo de Macri.

"Me cuesta creerlo. Pero pongamosle que sea cierto, que el gobierno no sabía de los casos Caputo, Gilligan y Triaca. Reaccionaron tarde, mal. Estos fueron cócteles que tienen dos partes una situación económica mala y un pedido de transparencia", afirmó.

La conocida ONG emitió un informe acerca de la situación de los DD.HH en el mundo. Allí advirtió que existe "una tendencia preocupante" hacia "la represión" de la protesta social en el país. Referencias a los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Represión en la protesta social y discriminación a los pueblos originarios.

Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el exhaustivo trabajo realizado en base a 2017, se analizó la situación de 159 países entre los que se encuentra la Argentina. En el contexto local, el reporte da cuenta de "una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión".

AI puntualiza la gravedad de situaciones que se viven hoy en el país tales como "deteniones indiscriminadas e incluso muertes como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado", que, según remarca la ONG "tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales".

Sobre las detenciones, sólo en la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120, además de cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente.

"En Argentina, la Policía detuvo de manera arbitraria a más de 30 personas en la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación tras la muerte del activista Santiago Maldonado. En diciembre se empleó fuerza excesiva contra manifestantes que participaban en protestas multitudinarias en Buenos Aires contra reformas promovidas por el gobierno", recordó el informe.

"Hay una tendencia en diferentes partes del mundo en propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina entre varios otros, son ejemplo de ello", asevera también Amnistía.

Sobre el caso particular de Argentina, se advierte que "en los últimos años este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión. Defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, fueron agredidos con ciberataques que combinaron cuentas falsas, trolls (cuentas que publican mensajes agresivos o despectivos) y bots (cuentas con interacciones automatizadas)".

“La retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Los ataques pretenden generar un disciplinamiento y autocensura de quienes, en ocasiones, tenemos una mirada crítica hacia ciertas políticas de gobierno, sean periodistas, académicos o defensores de derechos humanos. El problema es que estas estrategias limitan la libertad de expresión y restringen las voces disidentes, afectando así al sistema democrático”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El capítulo dedicado a Argentina también incluye otros ejes como derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer y pueblos originarios, áreas en las que aún hay profundas deudas.

A partir de la sanción de la ley de “reforma previsional” en diciembre pasado, se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria reduciendo los haberes de 17 millones de personas entre ellos jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, personas con discapacidad, ex combatientes de Malvinas, entre otros.

Con la nueva ley de movilidad, en marzo, las jubilaciones sólo aumentarán un 5,71% y no un 14,5% como correspondería de acuerdo a la fórmula anterior. Esto implica un deterioro en las prestaciones de la seguridad social de 9 puntos aproximadamente. A modo de ejemplo, hoy un jubilado recibe una jubilación mínima de $7246, con la fórmula de movilidad actual del gobierno nacional pasará a ser de $7660, y no de $ 8296 que le hubiera correspondido con la fórmula de la ley anterior. Es decir que los jubilados de la mínima van a perder en el mes de marzo $636 de sus haberes.

Esta ley se aprobó en un contexto de fuertes críticas de la oposición y movilizaciones populares a las que el Gobierno respondió con una violenta represión.

En este marco, asociaciones de jubilados y pensionados, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados lanzaron una campaña “1 millón de firmas contra la Reforma Previsional”, que busca presentar un proyecto de ley que exija la derogación de la nueva ley de reforma previsional.

Para informar al conjunto de la población sobre las consecuencias de la implementación de esta nueva ley, se lanzó un spot el cual explica como se verán afectados no solo los jubilados y pensionados sino también trabajadores que quieran jubilarse en el futuro. Esta nueva ley, baja los haberes jubilatorios y también reduce jubilaciones futuras. Si a un trabajado le correspondía el 60% de su salario en actividad para su jubilación, con la nueva ley le corresponderá un 30 o 40%.

La Diputada Nacional por el Frente para la Victoria Luana Volnovich, afirmó “con la fórmula anterior, en marzo los jubilados de la mínima iban a cobrar el 87%. Es decir que en el 2018 íbamos a alcanzar una tasa de sustitución altísima y es por eso que el gobierno cambió la fórmula, para pagar menos. No quieren pagar ni el 87% ni el 82%, (recordemos que el 82% que otorga la ley es para apenas 600.000 personas) solo quieren hacer negocios con la plata de los jubilados”.

Mirá el video.

Así lo expresa el Decreto 125/2018, del 14 de febrero pasado, cual consta en el Boletín Oficial del día 15, como “Declaración de secreto de la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del Material Bélico que tramita bajo el Expediente N° 6/2017 del Ministerio de Defensa”.

En un punto el mismo dice: “Que el apartado 6 del inciso d) del artículo 25 del citado decreto , prevé que la selección por contratación directa se utilizará cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable”.

Esa habilitación, suscripta por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, habilitó a diversas versiones: una de ellas, que las compras militares del Estado podrían ser un buen negocio para los intereses personales y familiares de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su marido, el “empresario de las armas”. Guillermo Yanco. Además, algunos datos ya divulgados por otros medios sobre la trama de armas, política y negocios, que viene de arrastre y hoy se encuentra en el centro del escenario macrista.

El texto del Boletín Oficial dice: Se declara el secreto de la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del Material Bélico que tramita bajo el Expediente N° 6/2017 del Ministerio de Defensa.

Visto el Expediente N° EX 2018-04082430-APN-JIVL#EMCO, las Leyes Nros. 23.554, 24.948, ambas con sus modificatorias y los Decretos Nros. 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 sus modificatorios y complementarios y 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus complementarios, y Considerando:

Que mediante el artículo 2° de la Ley N° 23.554 se determina que la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

Que, asimismo, el citado artículo prevé que la Defensa Nacional tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Que la Ley N° 24.948 y su modificatoria, establece que es responsabilidad del MINISTERIO DE DEFENSA evaluar y decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias para el logro conjunto de los objetivos de la defensa nacional.

Que la referida ley determina también que el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS asiste y asesora al Ministro de Defensa sobre la aptitud y aceptabilidad de dicho equipamiento, conforme al planeamiento militar conjunto, que se efectúe en función de la Política Nacional de Defensa.

Que como resultado del análisis del equipamiento existente efectuado por las áreas técnicas competentes del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, resulta necesario incorporar nuevo material dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea de baja y muy baja cobertura.

Que la adquisición de estas capacidades renovará aquellas que se encuentran obsoletas y próximas a desprogramarse por su obsolescencia y la falta de munición, lo que impide disponer de la capacidad necesaria para satisfacer la prestación en acciones efectivas o de disuasión.

Que constituirá el primer Sistema de Armas en adquirirse en forma conjunta por los ESTADOS MAYORES DE LAS FUERZAS ARMADAS, coadyuvando a la optimización del sostén logístico, minimizando sus servidumbres, la formación de personal y adiestramiento operacional.

Que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 sus modificatorios y complementarios, tiene por objeto que los bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible.

Que el apartado 6 del inciso d) del artículo 25 del citado decreto , prevé que la selección por contratación directa se utilizará cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.

Que una vez declarada secreta la contratación por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el organismo contratante deberá seguir en la medida que resulte pertinente el procedimiento básico, estando exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en en virtud de lo normado por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el artículo 25 inciso d) apartado 6 del Decreto N° 1023/01.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Declárase secreta la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del Material Bélico que tramita bajo el Expediente N° 6/2017 del MINISTERIO DE DEFENSA, de conformidad al requerimiento consolidado y efectuado por el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la SUBSECRETARÍA DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA a instrumentar los actos conducentes y necesarios para efectivizar el objeto de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Firmantes: MACRI-Marcos Peña-Aguad.

Por otra parte, el sitio Reporte 24, del 5 de enero último, consignaba el siguiente texto: La actual visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en pos de vender armamento y tecnología militar y trazar acuerdos de “seguridad” en línea con el reforzamiento represivo que desarrolla el gobierno nacional, refresca el conocido vínculo del macrismo con el Estado sionista y el imperialismo estadounidense.

Presidente del sello partidario de la ministra, Unión por la Libertad, y vicepresidente del Museo del Holocausto, Yanco se presenta públicamente como abogado “con experiencia en los ámbitos de mediación comunitaria, arbitraje laboral, mediación en cárceles y negociación política”. Sus lazos con el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, son estrechos. Comparten el portal de noticias Vis a Vis (entre otros negocios de medios), un desembozado libelo sionista en el que pueden leerse desde artículos que niegan la barbarie contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza hasta ataques a referentes de la comunidad mapuche en lucha, financiado con profusa publicidad de intendencias gobernadas por Cambiemos (Ciudad de Buenos Aires, Lanús). En dicho portal, la visita de Netanyahu es saludada con entusiasmo, y las críticas del movimiento popular hacia esta tildadas de “antisemitismo” –pese a que este repudio fue compartido por numerosas organizaciones de la comunidad judía.

Avruj no es un operador cualquiera. Es un hombre del banquero Rubén Beraja en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) (ver “La mano derecha de Beraja”, en Pagina/12, 10/4/16), quien se encuentra procesado por encubrimiento del atentado a la AMIA. Precisamente, uno de los puntos de la agenda de Netanyahu en la Argentina es discutir la impunidad de Beraja. Años atrás, Avruj fue el nexo de Mauricio Macri (entonces jefe de gobierno porteño) con “Fino” Palacios, otro encubridor del atentado, a quien el actual presidente colocó al frente de la Policía Metropolitana por recomendación del Mossad (los servicios de inteligencia israelíes) y Ia CIA.

Los lazos con el imperialismo estadounidense son otro apartado importante del currículum de Yanco. Preside el Instituto de Estudios Argentinos (Idear) y es miembro de la Red de Partidos Políticos, una organización impulsada por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) financiado por el Congreso de Estados Unidos, que desde su fundación en 1983 continúa bajo fachada “legal” la tarea de injerencia imperialista de la CIA –como el financiamiento a grupos de la derecha golpista en Venezuela y el fomento a operaciones golpistas en Haití. Es un invitado habitual de las recepciones que se realizan en la embajada yanqui.

Sus antecedentes se completan con su paso por el gobierno de la Alianza: cuando “La piba” Bullrich estaba al frente del Ministerio de Trabajo de Fernando De la Rúa, Yanco fungía de jefe de asesores de su esposa y cobraba un sueldo suculento –mientras que a los trabajadores del Estado les recortaban el 13% de sus salarios.

Por si quedaban dudas de la participación de Yanco en el pertrechamiento militar que amasa el macrismo de la mano de Israel y Estados Unidos, días atrás un periodista de Tiempo Argentino reseñaba que “Guillermo Yanco, el consorte de la ministra Bullrich, [se encuentra] ahora concentrado en intervenir en licitaciones y compras de tecnología y armamento para reequipar a las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Un ejemplo fue la adquisición de un nuevo equipo de comunicaciones para la Policía Bonaerense que el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, acordó comprarle a la multinacional Motorola por 51 millones de pesos con la intermediación de Yanco” (2/9).

Por su parte y hace un año, el sitio Notas de Periodismo Popular daba cuenta el 21 de febrero de 2017 de lo siguiente: Los negocios detrás del miedo que promueve Patricia Bullrich. Hay un tema que el gobierno busca ocultar, y la prensa apenas ha dejado trascender. Se trata de la compra por parte del Estado argentino de cuatro lanchas Shaldag, equipadas con cañones de 25 y 20 milímetros y ametralladoras calibre 50, a Israel durante el viaje que Patricia Bullrich realizó a ese país en noviembre de 2016. El Ejército de Israel utiliza estas lanchas para “patrullar” las costas de la Franja de Gaza, sobre el mar Mediterráneo. En Argentina, la ministra de Seguridad aspira a controlar con ellas más de 3200 kilómetros de los ríos Paraná y Uruguay.

Estas lanchas se compraron como parte de la guerra contra el narcotráfico que Bullrich pretende erigir como su propio estandarte y que lejos de abordar los centros de poder, se centra en la frontera. Por ello, la ministra adquirió un sistema de vigilancia para apostar en los cruces fronterizos. Por estas compras el Estado argentino pagó 84 millones de dólares (49 millones corresponden a las lanchas).

Tras conocerse esta operación, la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) dirigió una carta pública contra la funcionaria y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, en la que cuestionan el excesivo gasto. La carta, firmada por el presidente de la FINA, Juan Torresín, afirma que “la industria naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una marcada diferencia de precio, igual tecnología, calidad y tiempo de entrega”. Y establece que con el monto de dinero que ahora quedará en Israel, se podrían construir 20 ejemplares de industria nacional.

El viaje de Bullrich a Israel forma parte de un entramado de relaciones y vínculos que la sustentan en el gabinete de Macri, en una cadena de favores dantesca.

Uno de esos sustentos es Mario Montoto, dueño de Codesur, una de las principales empresas de venta de material bélico y sistemas de seguridad en el país, que provee a las fuerzas de seguridad tanto en el gobierno actual como en el anterior. Montoto es, además, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI) y uno de los patrocinadores del viaje de Bullrich.

El 14 de mayo de 2006, el periodista Jorge Urien Berri publicó una nota biográfica sobre Montoto en La Nación, titulada “Mario Montoto, el hombre de las dos revoluciones”. Allí relata cómo este hombre, que perteneció a Montoneros y fue apoderado de Mario Firmenich, se convirtió en uno de los empresarios más importante de la industria de seguridad en Argentina. Actualmente, es el nexo principal entre el gobierno argentino y el israelí.

Peronista de origen, Montoto transitó las filas montoneras durante la década del ’70. En 1980 su primera esposa, María Inés Raverta, fue secuestrada y desaparecida en el marco de un operativo del Plan Cóndor en Lima. Luego de la dictadura, Montoto formó parte de Peronismo Revolucionario y desde allí promovió el apoyo a la campaña de Menem a cambio de los indultos, como reseñó Miguel Bonasso en Recuerdo de la muerte.

En los ’90 participó en empresas de la familia Ciccone y entre 2001 y 2003 fue propietario de la compañía ferroviaria Metropolitano (ramales Belgrano Sur, Roca y San Martín). En septiembre de 2003 creó Codesur junto con Gustavo Gorritz (ex edecán de Carlos Menem). A través de esta empresa se dedicó a la venta de insumos bélicos y sistemas de seguridad, estableciendo un fuerte vínculo con ex militares y miembros de las fuerzas de seguridad. En su página web, la empresa manifiesta haber trabajado para ministerios de Defensa, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad e instituciones penitenciarias en Argentina y otros países de América Latina.

Durante esos años desarrolló importantes vínculos con firmas israelíes como IAI, Aeronautics, Azimut, Saymar, Metax y Soltam, y estadounidenses como Honeywell y Nell-Joy. Esto lo llevó a escalar alto en las relaciones comerciales: es el actual presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí.

Durante el kirchnerismo, su principal amigo en el Estado fue Daniel Scioli. Ahora lo es Patricia Bullrich. De hecho, Montoto logró reunir a un amplio arco de funcionarios en el seminario “El Hemisferio Americano: Desafíos para el Desarrollo y la Seguridad” que encabezó en la Universidad Católica Argentina en 2014, entre quienes estuvieron Scioli, Sergio Berni, Alejandro Granados, Guillermo Montenegro, Eugenio Burzaco y Claudio Bonadio, entre otros.

Además de escribir para su revista DEF, Montoto publica artículos en Infobae donde se revela como un verdadero promotor del miedo, marcando al terrorismo y el narcotráfico como una amenaza inminente para el país, en sintonía con Bullrich y el gobeirno israelí.

En Tel Aviv compartió con Bullrich la participación en la IV Conferencia Internacional Israel HLS & Cyber 2016, donde la ministra participó en un panel en el que se equiparó la ocupación y la guerra en Medio Oriente con la situación de la frontera del norte argentino. También se glorificó a las lanchas Shaldag.

Días después, Montoto publicó un artículo en Infobae donde afirma que todos somos potenciales víctimas de los ataques terroristas y que para eso “lo importante es estar preparados y adelantarnos al accionar del terrorismo, el crimen organizado, o el narcotráfico global, así como a otras amenazas vinculadas con la trata de personas y la pornografía infantil”. Al culminar su visita a Israel, Bullrich se comprometió a que la Argentina “intercederá” a su favor en los organismos internacionales.

Sin embargo, Montoto no es el único lazo de Bullrich con Israel. También está el diputado del PRO y ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff y hasta el propio Guillermo Yanco, esposo de Bullrich y socio de Claudio Avruj, ex DAIA y actual secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri. Ese tema merece desarrollarse en un próximo artículo.

Por lo pronto, es claro cómo el discurso del miedo de la amenaza inminente y el enemigo difuso, que se engloba bajo la palabra “terrorismo” -y que en América Latina hoy se traduce en “narcotráfico”- no es inocente, mucho menos real. Detrás de este se esconden enormes negocios.

Tras el cierre de colegios en el Delta, la gobernadora bonaerenses sigue con el llamado Plan de “Optimización de recursos”, el cual alcanza a los municipios de Tres Arroyos, General Viamonte, Lincoln, Junín, Balcarce, Chivilcoy, Pehuajó y Bolívar, donde cerrarán diferentes escuelas rurales.

En el marco del Plan de “Optimización de Recursos” que puso en marcha el gobierno de María Eugenia Vidal en los jardines de infantes y escuelas públicas, el recorte ahora llegó a las escuelas rurales. Así consigna este jueves el sitio InfoGEI.

Tres Arroyos

En el mencionado distrito la medida provincial afecta a tres jardines rurales del paraje “La Josefina”, “Claudio Molina” y “San Mayol”; y al Secundario para adultos Nº 451 de la localidad de Claromecó que desde este año no permitirá el ingreso de alumnos de primer año. Es decir, tras el egreso de los estudiantes que están cursando sus estudios se procederá al cierre.

General Viamonte

En este municipio en diciembre del año pasado la Provincia informó por teléfono a los directivos de la escuela rural Primaria del Cuartel II “La Tribu de Coliqueo”, la Primaria n° 1 y la Secundaria n° 2 sobre la medida de fusión de cursos por la “baja matrícula”.

Lincoln

En el distrito dejarán de funcionar por “falta de matrícula” tres escuelas rurales: la Primaria Nº 13 de ‘La Pergaminera’, la Primaria Nº 55 “Leopoldo Lugones” de Cuartel II y la Primaria Nº 41 “Tomás Espora” ubicada en la localidad de Roberts. En tanto, en otras cinco escuelas rurales hay al menos 8 docentes titulares cesanteados por la fusión de cursos.

Junín

Si bien la medida aún no se ha oficializado, entre las escuelas que cerrarían se encuentran la Primaria n° 43 de la localidad de Laplacette y la Primaria n° 32 que hasta el año pasado “tenían matrícula”. Sin embargo, según la Resolución 3367/05 de la Dirección de Cultura y Educación -que regula, entre otras cosas, las fusiones de cursos- no se determina un número mínimo de alumnos para las Escuelas Rurales porque son matrículas fluctuantes.

Balcarce

En la zona serrana, la escuela rural n° 23 “José María Aristondo” del paraje “El Verano” cerrara porque “no hay alumnos”. Desde la FEB del distrito confirmaron el cierre y la falta de matrícula que también afecta a la escuela n° 35, del paraje “San Silverio”.

Chivilcoy

Aquí cerrarán dos escuelas rurales por falta de matrícula: la Primaria n° 26 de la localidad de Indacochea y Primaria n° 16 en cercanías de la Rica, que cuenta con un solo alumno.

Pehuajó

Desde el distrito de Javier Zurro, el gremio FEB confirmó que en la Escuela n° 11 de localidad de Guanaco “se está resolviendo el agrupamiento de cursos porque no da la matrícula” y en la Escuela Técnica (la única del distrito) “una modalidad de 1er año de ciclo superior no se abriría”.

Bolívar

Mientras que en Bolívar, en el paraje “La Vizcaína” los gremios locales fueron a la Justicia por el agrupamiento de materias. Allí funciona la escuela Secundaria n° 7, la Primaria n° 14 y un jardín donde a partir de este año se agruparán las clases en cinco materias para “optimizar” los módulos docentes.