Se trata del Cementerio de la Recoleta. Tras dos años de pandemia y con el sector de turismo golpeado, el gobierno de Larreta exigirá un pago para ingresar, aunque se diferencia según el tipo de visitante. ¿Quiénes deberán pagar?

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió que desde el lunes 4 de abril se cobrará una entrada para ingresar al mítico Cementerio de la Recoleta. Desde el sector de turismo se resisten a la medida argumentando que los últimos dos años de pandemia golearon fuerte a sus ingresos.
 
Los operadores turísticos, que incluyen el lugar en sus tours, se resistiera, y explican que verán una pérdida en sus ingresos, justo cuando intentan recuperarse.
 
Lo cierto es que el Gobierno de la Ciudad cobrará el ingreso que tendrá un valor de $1.400 para extranjeros, y $700 para turistas nacionales que ingresen en grupos de visitas, con guía o agencia turística.
 
Los que aún no deberán pagar serán los argentinos que vayan de forma particular y los jubilados. Además, a la lista de visitas “gratuitas” al cementerio, se incluirán a los estudiantes de todos los niveles de escuelas del Gobierno porteño o de otras jurisdicciones provinciales que hagan visitas educativas.
 
Según consignó BAE negocios, esta decisión estaba prevista desde el 2014, cuando Mauricio Macri gobernaba en la Ciudad, por la ley 4.977, que creó el Fondo de Garantía Turística de los Cementerios de la Ciudad. Este estaría integrado por “el pago de las contribuciones que deberá realizar cada turista en concepto de visita guiada”.
 
La Dirección General de Cementerios dijo a BAE negocios que el dinero recaudado buscarán renovar el panteón en Flores, refaccionar las galerías de nichos en la Chacarita, colocar carteles orientativos y reforzar la seguridad en Recoleta, entre otras mejoras planeadas en las necrópolis porteñas.
 
En las redes sociales hubo rechazo por el cobro de entradas:

La Justicia declaró nulo el convenio con IRSA para construir la Costa Urbana. “La Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental”, festejaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes iniciaron la medida.

 El juez Aurelio Ammirato declaró este sábado, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa IRSA, que habilitaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y que conllevaba la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.
 
La sentencia se logró luego de que varias organizaciones iniciara una medida judicial para frenar el proyecto de la empresa IRSA. Las mismas son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). 
 
Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”. En esta causa judicial se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.
 
Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
 
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria”.
 
“También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años (Adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, agregó.
 
Así denunciaron que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad, etc.”.
 
“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, sentenció.
 
Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria expresó: “Este fallo histórico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental”.
 
“En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando”, indicó.
 
“La emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño”, advirtieó al tiempo que añadió: “Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero”.
 
“La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”, concluyó.

La referente de la organización Ciudad Sin Techo que auxilia a personas en situación de calle sentenció: “Son los nuevos desaparecidos sociales”.