En el marco de la emergencia alimentaria, el ministerio de Carolina Stanley repartió 80 lotes de dulce de membrillo con gusanos.

En los informes 1839 a 1848 que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) emitió el 14 del mes pasado, se indica que los lotes de dulce de membrillo destinados a poblaciones vulnerables cubiertas por la emergencia alimentaria, contienen "nematodos" y "no cumplen" con las condiciones para su consumo y comercialización. Según informa La Nacion, INAL identificó gusanos en todos los lotes, lo consideró "un peligro biológico" y le asignó prioridad "alta" a la contaminación.

Las muestras analizadas pertenecen a los lotes 170 a 179 de dulce de membrillo El Gurí, de 500 gramos, de la empresa San Pedro Alimentos SRL, con vencimiento el 16 (lote 170), 21 (lotes 171 a 176) y 26 (lote 177 a 179) de junio del año que viene. Esos lotes son un "recambio" del alimento que el Ministerio de Desarrollo Social compró el año pasado. La entrega previa del proveedor tuvo una objeción por el rotulado, según informó la empresa.

Ante lo sucedido, el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley fue consultado por el destino de los lotes contaminados. El diario La Nacion agrega que fuentes de la cartera aclararon: "De este caso no vamos a hablar. No recibimos resultados".

La ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, estuvo en el centro de las críticas luego de que se conociera un recorte a las pensiones por discapcidad. Aún hoy, muchas familias denuncian que no volvieron a recibir el beneficio.

Ahora, se supo que Stanley aumentó su patrimonio un 345% luego de solo un año al frente de la gestión de Desarrollo. Poseé bienes por 19 millones de pesos. Es una de las funcionarias más ricas del Gobierna.

No es el único caso: la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ganó 1,7 millones en 12 meses. Su patrimonio creció un 160%.

De cualquier modo, el funcionario con más bienes es Gustavo Arribas, que posee 126 millones. El íntimo amigo del presidente Mauricio Macri fue señalado por un operador de Odebrecht como el hombre que recibió casi un millón de dólares de coimas. La Justicia no investigó el caso.

Distintas organizaciones sociales que se nuclean bajo el nombre de la dirigente social jujeña llegaron hasta la cartera que dirige la ministra Carolina Stanley  para obtener una respuesta por las promesas incumplidas por parte de los funcionarios. Fuerte tensión con la Policía de la Ciudad.

El Frente por la Dignidad y Trabajo Milagro Sala se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social  en protesta contra las políticas económicas del Gobierno y el "crecimiento de la miseria".

Los manifestantes llegaron hasta la intersección de Belgrano y 9 de Julio para realizar ollas populares y buscar un canal de diálogo con los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires provocó a los manifestantes al amenazar con reprimir a los manifestantes. Cabe destacar que desde hace más de cuatro horas la presencia de efectivos policiales fue marginal.

Las declaraciones de la Ministra Stanley, quien mencionó que “en 2015 se dieron de baja 168 mil pensiones con los mismos criterios que usamos hoy” evitan ahondar en razones y con ello, buscan responsabilizar al gobierno anterior de bajas en las pensiones no contributivas. Cuando se accede a los números la realidad es otra.

Según un estudio reciente de CEPA (Centro de Economía Política Argrntina), los once meses que van desde junio de 2014 a abril de 2015 (datos disponibles) se observan 145.122 bajas y suspensiones. La proyección de este guarismo a los 12 meses estimaría unas 160.000 bajas y suspensiones (un dato similar al mencionado por Stanley para el 2015 completo).

Se observa que la amplia mayoría de las bajas de pensiones por Invalidez corresponden a Jubilaciones (62%). Cabe agregar que el fallecimiento representa el 18% de los casos de bajas, el 6% son renuncias voluntarias, otro 6% por obtener empleo (dependiente o independiente).

De las jubilaciones, la mayor parte responden a la moratoria jubilatoria. En efecto, la Anses dicta en 2014 una Resolución que permite pasar de la pensión no contributiva a la Moratoria rápidamente. La facilidad pasar al régimen de moratoria se constata en la propia resolución:

La adhesión al régimen especial de regularización de la Ley Nº 26.970 podrá realizarse por medio de alguna de las siguientes formas:

1.- A través de telefonía celular mediante el envío de un mensaje de texto “SMS” al número 26737 informando los siguientes datos: DNI y sexo del interesado.

2.- Mediante transferencia electrónica de datos vía internet a través del sitio “web” de ANSES o a través de llamado telefónico a las Unidades de Atención Telefónica de ANSES al número 130 o por presentación ante las Unidades de Atención Integral (UDAI).

. Como puede deducirse, los beneficiarios hicieron uso de este instrumento: pasaban de cobrar $4.475 (70% de la mínima) a $6.394 (mínima).

. En la actualidad, no tiene vigencia la moratoria jubilatoria para los hombres (para las mujeres se encuentra disponible por dos años más).

. Si se consideran solamente las suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez en el periodo mencionado (2014-2015), la razón Jubilación representa la amplia mayoría de los casos de bajas (65%).

. Cabe aclarar que, tal como se percibe en el cuadro siguiente, las suspensiones por jubilación relacionadas con pensiones por invalidez alcanzan las 49.722, mientras que las bajas implican 42.675. Es decir, esas mismas suspensiones se convierten en bajas. Lo mismo sucede con los casos de fallecimiento.

Tras el repudio generalizado de la sociedad por la quita de pensión a más de 70.000 discapacitados, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación anunció hoy a la tarde que la medida no se aplicará y que se reintegrará el dinero quitado por el Gobierno.

La funcionaria a cargo de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley aseguró este martes que “las familias que reciben pensión por discapacidad la seguirán cobrando”.

La quita de las pensiones a 70.000 discapacitados comenzó hace dos días y rápidamente sumó el respaldo de diferentes sectores de la sociedad.

“El Gobierno va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad”, afirmó Stanley a diferentes medios de comunicación.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, descartó que su cartera “trabaja con el mismo criterio de siempre”, al tiempo que reclamó que “no se utilice este tema de manera política para generar miedo”. Dijo que le dejarán la pensión a quienes "realmente la necesiten".

“Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios. Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos”, señaló Stanley.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Social, Stanley afirmó que le “enoja que traten de usar este tema políticamente para generar miedo”.

“Hay familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy. En esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo", agregó.

La funcionaria destacó además que en aquellos casos en que la gente considere que se le dio de baja la pensión erróneamente, se puede llamar al 0800-222-3294, para que sea chequeado. También se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias.

"Somos un ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir", comentó.

Según confirmaron a Tèlam fuentes de la cartera de Desarrollo Social, Stanley se comunicó con la diputada nacional por el socialismo y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, Gabriela Troiano, para comunicarle que "se iban revisar los errores" que pudiera haber en la norma.

"Se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a analizar el tema de la aplicación del decreto, aunque no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno", agregó la diputada.

La diputada también presentará un listado de personas que fueron afectadas por la medida a Desarrollo Social y a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Gobierno canceló pensiones a personas con discapacidad apelando a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Esa norma dice que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que ésta autorice.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino -que depende del Ministerio de Desarrollo Social- denunció hoy el "manejo clientelar y corrupto" que el kirchnerismo hizo de las pensiones de discapacitados durante 12 años y explicó que el organismo a su cargo está buscando una "administración transparente" para evitar la "discrecionalidad" en el otorgamiento de los beneficios.

Según explicó, "no se trata de bajas sino de suspensiones preventivas que están todo el tiempo en revisión, ya que es algo dinámico y, si hay errores, se reparan inmediatamente".

El funcionario agregó que el tema "ha sido totalmente desvirtuado" y que "alguien quiso instalar esto" como una medida polémica.

En tanto, senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de ley para derogar incisos del decreto 432/1997, aplicados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para disponer la suspensión de pensiones por discapacidad.

"En los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas cuyos beneficios han sido dados de baja, debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social", expresó María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) que presentó la iniciativa con otros legisladores.

Por su parte, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Alberto Ciampini (FPV-Neuquén), presentó un proyecto de declaración impulsado por la legisladora socialista Troiano, en el que se pide la derogación del decreto de 1997 y pide el "urgente tratamiento" del tema en el recinto.

Asimismo, los diputados del bloque Justicialista pidieron por iniciativa del salteño Pablo Kosiner que se cite a Stanley a presentarse ante la comisión de Discapacidad, "para informar sobre la cantidad de pensiones no contributivas correspondientes a personas con discapacidad dadas de baja desde el 10 de diciembre de 2015, discriminadas por mes".

En una nota dirigida a Ciampini los legisladores pidieron además que la ministra informe si están aplicando desde este mes el decreto 432 de Carlos Menem en 1997 para disminuir las pensiones graciables otorgadas a personas con invalidez.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires envió un pedido de informes a la Anses para que explique a qué se debe esta decisión, si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y en qué normativa se fundamentan las bajas de pensiones por discapacidad.

En tanto, desde La Rioja, el gobernador Sergio Casas dijo que “vamos a luchar para que se restituyan esos beneficios tan necesarios de nuestra gente”, aunque reconoció que ninguna medida había sido oficialmente comunicada por el Gobierno Nacional.

Casas aseguró que "es un atropello que espero que sea revisado y sean restituidas. Esta es una medida más de las que viene realizando la Nación y que el Gobierno de la Provincia viene reclamando ya que afectan directamente a la población”.

Este mes por disposición oficial, el Ministerio de Desarrollo Social dejó de pagarlas en el marco del pland e ajuste en los distintos organismos. Entre ellos, hay beneficiarios cuyos cónyuges perciben una jubilación o una pensión estatal o ingresos de más de $20.000.

Hace diez días, y en el marco de un nuevo ajuste en ciernes, el Gobierno empezó a dar baja pensiones a personas con discapacidad. A partir de junio, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley tomó la decisión de aplicar un decreto del menemismo que establece más exigencias y condiciones para acceder a ese beneficio.

Entre los perjudicados por la mala nueva, están personas cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima, personas con dificultades para manejarse de manera independiente si cuentan con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos. Es decir, con un ingreso formal de unos $21.000.

La cartera de Stanley se valió, para hacerlo, del decreto 432 que firmó el presidente Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con "invalidez". Una normativa que estaba en desuso.

Para la diputada Gabriela Troiano (Partido Socialista), vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la cámara baja, se trata de "un grave error", ya que "invocan esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de 'extrema indigencia', lo que se contradice con tratados internacionales y leyes nacionales", según declaró al diario Clarín.

En especial, está reñido con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, mediante la cual se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo.

"Estamos ajustándonos a la ley", afirmó al matutino la vocera de Stanley, Emilia Frigerio, que precisó que están "revisando" todas las pensiones a través del entrecruzamiento de datos y, de manera automática, comenzaron a dar de baja muchas de ellas. Uno de los criterios utilizados en ese entrecruzamiento fue que el beneficiario posea un auto.

Mientras tanto, según el mismo diario, anoche el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y esposo de Stanley, Federico Salvai, festejaba su cumpleaños número 40 en uno de los bares de moda de Palermo: el exclusivo Uptown & The Bronx. Hubo varios funcionarios, nacionales y provinciales, y otras estrellas del firmamento PRO.

Aprovechando los empujones que le da la prensa, la Primera Dama ya camina el Conurbano. Aunque en distintas oportunidades negaron su posible candidatura, Cambiemos le diseña un perfil social y busca apuntalarse en territorio hostil de la mano de la Evita PRO.

En las últimas horas su destino fue Pilar. En el municipio que comanda el cambista Nicolás Ducoté desembarcó Juliana Awada, acompañada de la ministra de Desarroll Social Carolina Stanley y mostró el perfil social que le diseña la estrategia electoral del PRO a la Primera Dama.

“Agradezco la presencia de la Primera Dama, Juliana Awada, por la visita al municipio “y la calidez con la que trató a nuestros vecinos”, dijo Ducoté en la cooperativa San Cayetano de Lagomarsino donde funciona el programa Inclusión Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, donde desembarcaron Awada y Stanley.

Las mujeres PRO recorrieron el taller de la cooperativa San Cayetano que ocupa 10 mujeres y tres hombres. Allí se dedican a la fabricación de muebles, los cuales una parte están destinados a la venta y otra a equipar escuelas y otros edificios de bien público.

La llegada de Awada a Pilar reaviva las posibilidades de que la Primera Dama tome un rol importante de cara a las trascendentes elecciones legislativas de este año. Aunque en Cambiemos lo negaron sistemáticamente, ya le diseñaron un perfil social para transformarla en una especie de Evita PRO.

Para entrenarse acompaña a la ministra de Desarrollo Social en sus recorridas y trata de ganar experiencia para cuando le toque mostrarse en agenda proselitista.

El factor clave que apuntala a Awada es el constante guiño favorable de los medios "amigos" que la convierten en tapa de revistas del corazón casi todas las semanas.

El Gobierno se había comprometido a profundizar la asistencia y las organizaciones denunciaron que el faltante se multiplicó en todo el país. Desarrollo Social reconoció la situación y se comprometió a normalizar los envíos.

La tensa relación entre el Gobierno y organizaciones sociales sigue sumando problemas y encontrando puntos de conflicto. Según una denunciaron de los principales dirigentes sociales, que publicó ayer el diario Perfil, desde enero se registraron faltantes de leche en los envíos de alimento que despacha el Ministerio de Desarrollo Social a comedores comunitarios.

En la semana, el Gobierno se habría comprometido a normalizar los envíos, entre otros puntos que buscan aquietar este frente de conflicto que se suma a las diferencias con los gremios docentes y con la CGT.

El tema fue mencionado en numerosas intervenciones en los medios de dirigentes del Movimiento Evita, la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie. Pero nunca hubo una confirmación oficial sobre los faltantes.

Sin embargo, ayer el diario publicó los remitos que comprueban la falta del ítem “leche en polvo” entre el material recepcionado por comedores en diversos puntos del país, de Misiones a Mar del Plata, en el inicio de este año.

Es el caso, por ejemplo, del material alimentario entregado a un comedor en la localidad bonaerense de Chacabuco el pasado 17 de marzo. Recibió aceite, arroz, arvejas, fideos, harina, lentejas y viandada. En contraste, otro remito del año pasado, en este caso correspondiente a un comedor de Mendoza, se incluye además leche en polvo, picadillo de carne y otros elementos. Los ejemplos se repiten y muestran el contraste entre los despachos que se realizaban el año pasado y los que fueron recepcionados desde enero en comedores que gestionan organizaciones sociales.

El problema habría surgido a partir de una serie de inconvenientes con las licitaciones del Ministerio, indicaron autoridades durante la reunión que mantuvieron el jueves dirigentes sociales con la ministra Carolina Stanley y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. “En la medida que el Gobierno cumpla con lo que se ha comprometido, enviando leche y poniendo en marcha la Emergencia Social, no habrá piquetes”, explicó el dirigente del Evita Fernando “Chino” Navarro.

El compromiso del Gobierno era el de expandir esta asistencia nutricional, que apunta a los sectores más necesitados en un momento en que los datos el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) registró un aumento de la indigencia el último año, que pasó del 5,3% al 6,7% y afecta hoy a 2,7 millones de argentinos. Sin embargo, desde el inicio del año se han venido retrasando los aportes para obras y comedores, algo que encendió la luz de alerta y motivó numerosas acciones de protesta.

El Frente de Organizaciones en Lucha no recibió la implementación de la emergencia social y desde el mediodía se encuentran cortando la conocida Avenida porteña. Exigen una reunión con la ministra de Desarrollo Social. Mira el video.

La concentración  se realiza un día antes de que otros sectores realicen ollas populares en distintos puntos del país, para mostrar la poca ayuda del estado hacia los sectores más desfavorecidos tras las brutales medidas de ajuste del gobierno de Cambiemos.

La protesta fue sorpresiva y recién después de las 13 se activó la presencia de policías para intervenir y generar condiciones de seguridad en la vía pública. Se aconseja evitar la zona que permanece cortada al transito vehicular.

Desde el FOL y el MTD aseguraron a Télam su disconformidad con que solo tres organizaciones participen del Consejo de la Economía Popular, que implementará la ley de emergencia social, y consideraron que "se restringe su participación" en ese organismo que este jueves volverá a reunirse para comenzar a conformar el registro Nacional de la Economía Popular.

Además, exigen "aumento en todos los programas de empleo del sector cooperativista", e ingresos a los programas "Argentina Trabaja, Construir Empleo y Trabajo Autogestionado".

Hasta el momento no fueron recibidos por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en tal sentido aseguraron de que no se moverán del lugar de acampe "hasta no obtener una respuesta a sus reclamos".