El gobierno bonaerense presenta una denuncia penal contra Robles y D’Alessandro

La provincia de Buenos Aires denunciÃģ a Robles y D’Alssandro por los delitos de trÃĄfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario pÚblico.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentÃģ ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra  Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti  y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta que estÃĄ con licencia, por los delitos de trÃĄfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario pÚblico.

SegÚn informaron desde Calle 6, Buenos Aires es “histÃģricamente la provincia mÃĄs perjudicada por el esquema de coparticipaciÃģn” y aseguraron que esa situaciÃģn ahora “se ve agravada por una decisiÃģn no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que ademÃĄs habría sido producto del trÃĄfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad AutÃģnoma de Buenos Aires”.

“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgÃĄrselos a la ciudad mÃĄs rica del país y así financiar la campaÃąa presidencial del Jefe de Gobierno”, aseguraron.

En ese plano, desde la administraciÃģn de Axel Kicillof seÃąalaron que las provincias “nunca fueron escuchadas” por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados, al tiempo que el Congreso de la NaciÃģn tramita el juicio político contra la Corte por “varias conductas opuestas a lo que dicta la ConstituciÃģn Nacional”.

Por eso, seÃąalaron que los hechos denunciados hoy “deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes”, al tiempo que “se debe impedir este arreglo político completamente ilegal”.

La denuncia penal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof se debe a una filtraciÃģn de chats, ocurrida despuÃĐs del escÃĄndalo de Lago Escondi, donde se revela una conversaciÃģn privada entre un asesor del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

Las conversaciones que se filtraron son de D’Alessandro con Silvio Robles, el director general de la vocalía de Rosatti y estÃĄn estrechamente vinculados con la causa de los recursos que la Corte ordenÃģ devolver al gobierno porteÃąo. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dice Robles a D’Alessando en un pasaje.

“Espero que hagas sacar el fallo Robles”, le contesta el ministro en tono jocoso. La conversaciÃģn continÚa y gira en torno a otros temas como la composiciÃģn del Consejo de la Magistratura. Ahí tambiÃĐn Robles le explica a D’Alessandro cÃģmo deben comportarse los legisladores de Juntos por el Cambio para ganarle la disputa al kirchnerismo.

La semana pasada el juez federal SebastiÃĄn Ramos sobreseyÃģ al colaborador de Rosatti de una de las causas que se iniciaron a partir de estos movimientos.

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Lago Escondido: juez imputado denunciÃģ espionaje ilegal y recayÃģ en el acusado Ercolini

El magistrado Pablo Yadarola presentÃģ un escrito por el origen de los chats. La denuncia cayÃģ en el juzgado de JuliÃĄn Ercolini, quien delegÃģ la investigaciÃģn en Marcelo Martínez de Giorgi.

La causa por el escÃĄndalo de los chats de jueces, fiscales y funcionarios respecto a un viaje a Lago Escondido no deja de generar polÃĐmica en la escena política y judicial argentina. La Última ocurriÃģ horas atrÃĄs cuando, a la par de la denuncia del gobierno nacional, el juez Pablo Yadarola, uno de los involucrados, presentÃģ una denuncia por presunto espionaje ilegal y la misma recayÃģ en el juzgado de JuliÃĄn Ercolini, otro de los apuntados. En paralelo, la fiscal de Bariloche imputÃģ a los implicados por el viaje.

Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal EconÃģmico Nš 2, presentÃģ este fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal a raíz de la divulgaciÃģn en internet de conversaciones de un grupo de Telegram en el cual el propio juez, junto con otros tres magistrados, un fiscal y un ministro porteÃąo, elaboraron una estrategia para mentir sobre un viaje a la estancia del terrateniente britÃĄnico Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín.

Para mayor sorpresa, el escrito presentado por Yadarola recayÃģ – por sorteo – en el juzgado de Ercolini, otro de los jueces involucrados en el escÃĄndalo de los chats de Lago Escondido. SegÚn consigna Diarioar, el 4 de diciembre, una vez que los audios y los chats quedaron al descubierto, el juez Ercolini se excusÃģ apelando a la figura de “ausencia momentÃĄnea del juez” y le pidiÃģ al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que asuma, al menos momentÃĄneamente, la investigaciÃģn de la causa.

Entre las primeras medidas, Martínez de Giorgi solicitÃģ a la SecciÃģn de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el rastreo de la direcciÃģn IP desde donde se publicÃģ y se puso a la venta el contenido del telÃĐfono de Marcelo DÂīAlessandro. Cabe aclarar que el material era ofrecido en un portal web por u$s600 y contenía 900 conversaciones y 4099 contactos del ministro en TÃĐlegram.

AdemÃĄs del contenido sobre Lago Escondido, los presuntos hackers publicaron en diÃĄlogos con el armador radical, operador judicial y ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y otro chat con un empresario nombrado como “Fede”.

La presentaciÃģn de Yadarola por espionaje ilegal coincide con la estrategia que en el chat figura como “contraofensiva” en la cual se proponía revertir la carga de la acusaciÃģn alegando un presunto espionaje ilegal, elaborar facturas truchas para evitar ser acusados de recibir dadivas e influir en la investigaciÃģn radicada en Bariloche para que la fiscal y la jueza den por cerrada la causa.

En las Últimas horas la fiscal de Bariloche María CÃĄndida Etchepare imputÃģ a los magistrados, fiscales, funcionarios, y empresarios de medios que fueron al encuentro a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este aÃąo. En la lista de imputados tambiÃĐn figuran Leonardo Bergroth, TomÃĄs Reinke, presidente de Mediabit S.A., Pablo CÃĐsar Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A.

Pese a la intenciÃģn de los imputados de crear una estrategia coordinada para mentir sobre su estadía en Lago Escondido, la fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente aÃąo “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un aviÃģn privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos AeronÃĄuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros JuliÃĄn Ercolini, Leonardo Bergroth, TomÃĄs Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y aÃąo, tal como surge de la DeclaraciÃģn Jurada acompaÃąada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”. AdemÃĄs, certificÃģ la presencia de los directivos de Clarín.

Días atrÃĄs, el Poder Ejecutivo Nacional presentÃģ un escrito por incumplimiento de los deberes de funcionario pÚblico y admisiÃģn de dÃĄdivas contra el juez federal JuliÃĄn Ercolini, Carlos Mahiques (integrante de la CÃĄmara Federal de CasaciÃģn Penal), Pablo Yadarola (titular del Juzgado Nacional en lo Penal EconÃģmico Nš 2) y Pablo Cayssials (titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso). AdemÃĄs, apuntÃģ contra el fiscal general de la Ciudad AutÃģnoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D Alessandro.

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