Por ese motivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia para el 24 de octubre a un conjunto de organizaciones locales para analizar las violaciones del Gobierno a los derechos laborales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia para el 24 de octubre a un conjunto de organizaciones sindicales, de abogados y de derechos humanos que denunciaron la vulneración de derechos laborales durante el gobierno de Mauricio Macri.

La lista incluye: ataques y criminalización de sindicatos, pedidos de juicio político contra jueces del fuero laboral, la desacreditación pública –incluso en boca del Presidente– de la actividad de los abogados laboralistas equiparada con un "mafia", así como el cuestionamiento de la actividad de ese fuero de la Justicia.

La citación apareció este miércoles en el calendario oficial del organismo internacional.

Uno de los disparadores de la denuncia presentada a mitad de año fue, como consecuencia de la discusión por los salarios docentes y las medidas de fuerza que se sucedieron, un ataque dirigido a la figura de Roberto Baradel, el titular del Suteba – gremio de los docentes bonaerenses–.

Entre las organizaciones que hicieron la presentación inicial y que están convocadas para el 24 de octubre figuran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma, la Ctera, Suteba, la Asociación Bancaria (de la CGT), Conadu (docentes universitarios), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación Civil Corriente Laboralista 7 de Julio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Será en una audiencia pública que se realizará el próximo 24 de octubre en Montevideo, Uruguay. Allí también se tratará la embestida del Gobierno argentino contra abogados y jueces laborales.

Luego de una denuncia presentada por  la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las violaciones a los derechos humanos laborales en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación, acompañada por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales, pone de relieve los ataques macristas a gremios, abogados y jueces laborales, destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo”.

En este marco, la CIDH convocó a ambas partes a una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay.

Los denunciantes indican que “las más altas autoridades del Estado Argentino” están violando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “en forma sistemática y continuada”.

“Hay un grave ataque al ejercicio de la abogacía, al acceso de la justicia y a la independencia judicial”, señaló hoy Matías Cremonte, presidente de la AAL, y precisó que existen “cinco pedidos de juicio político solamente por el contenido de las sentencias y que hubo intervenciones injustificadas a los sindicatos”.

Macri aseguró más de una vez que existe una “mafia de los juicios laborales”, que daña a las pequeñas empresas y sus trabajadores, porque ante el cierre de emprendimientos “los empleados pierden su trabajo”.

Tras estas embestidas verbales, el Gobierno pidió juicios políticos contra los magistrados Diana Cañal y Luis Raffaghelli, por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de nueve trabajadores despedidos de la ex Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (AFSCA); y contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por haber intimado a las cámaras empresarias a que cumplieran con el aumento paritario de los empleados bancarios.

También se recusó a la jueza Dora Temis, quien intimó al gobierno de María Eugenia Vidal a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes bonaerenses.

El presidente del organismo interamericano, Francisco Eguiguren, adelantó que el encuentro se desarrollará en Montevideo, donde también se tratará la situación de Milagro Sala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantó hoy que citará al Gobierno de Mauricio Macri y a la familia de Santiago Maldonado a una reunión en Montevideo para interiorizarse respecto al “avance de la investigación” en la búsqueda del joven desaparecido el 1 de agosto.

“Vamos a citar una reunión de trabajo para hacer un seguimiento de la medida cautelar por Maldonado y dialogar con ambas partes en Montevideo. Esta reunión sería con funcionarios del Gobierno y los peticionarios”, dijo Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH, en declaraciones a radio FutuRock.

Eguiguren señaló que, a partir de este encuentro, “veremos en dónde estamos y sacaremos conclusiones”.

“Lo importante es saber el avance de las investigaciones de la búsqueda y determinación de su paradero”, agregó el titular de la CIDH, que también confirmó que durante el encuentro con el Gobierno se abordará la situación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, con prisión domiciliaria en Jujuy tras un planteo del organismo.

En el mes pasado, el organismo interamericano le pidió al Estado argentino que “tome las medidas necesarias” para encontrar a Maldonado, visto por última vez durante la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut, el pasado 1° de agosto.

“Estamos preocupados por los derechos de las personas involucradas y el seguimiento de la medida cautelar. El caso de Santiago Maldonado es una situación grave. Hay que priorizar las investigaciones para determinar el paradero y, por otro lado, ver las responsabilidades que hubo”, advirtió Eguiguren.

Veinte días después de vencida la cautelar de la CIDH, el juez Pablo Pullen Llermanos ordenó la salida de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur del Penal de Alto Comedero. Desde la Tupac Amaru aclararon que “este traslado no da cumplimiento” a lo dispuesto por el organismo interamericano.

Milagro Sala fue trasladada desde el penal de mujeres de Alto Comedero hacia la casa de localidad de El Carmen, donde ya se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria, una de las medidas alternativas propuestas hace más de un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El poder Judicial jujeño debió haber acatado la medida el 11 de agosto último, pero la demoró hasta este jueves a las 15.30, cuando finalmente el juez Pablo Pullen Llermanos efectivizó la orden de traslado.

No es la única irregularidad. La prisión domiciliaria de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur presenta una “una serie de restricciones absolutamente ilegales”, según advirtió la coordinadora de prensa de la Tupac Amaru, Sabrina Roth.

“Este traslado no está dando cumplimiento a lo que dispuso la CIDH en su medida cautelar”, denunció Roth al detallar que el inmueble de El Carmen no es el domicilio real de Milagro, “donde ella pidió estar”.

Además, la dirigente tendrá restricciones excepcionales –no más de cuatro visitas por vez y solo tres días a la semana- y una fuerte custodiada de Gendarmería, algo que viola el artículo 33 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal.

“Las restricciones de una prisión domiciliaria son que la persona no salga del domicilio, pero Jujuy es un país aparte parece. Todas las condiciones puestas por los jueces Llermanos y (Gastón) Mercau son absolutamente ilegales. La defensa ya apeló, pero deberá definir la Cámara”, explicó Roth.

Milagro fue detenida arbitrariamente el 16 de enero de 2016 por orden del gobernador jujeño Gerardo Morales, aliado de Mauricio Macri, quienes desconocen desde octubre  la resolución de la ONU que ordenó liberarla de manera inmediata.

“Milagro perdió más de 18 kilos en este año y medio; y tal como lo describió la CIDH tras la visita al Penal de Alto Comedero, su estado no es el mejor, en virtud del hostigamiento que recibió en la cárcel”, subrayaron desde la Tupac Amaru.

En sintonía con el reclamo de la ONU, el organismo interamericano dictó una medida cautelar para exigirle a la administración de Cambiemos que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero” del joven visto por última vez el 1 de agosto, durante la represión de Gendarmería en Chubut.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó al Estado argentino a responder en diez días por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El plazo corre desde este 22 de agosto, cuando el organismo presidido por Francisco Eguiguren dictó una medida cautelar sobre el caso del joven desaparecido desde ya 23 días.

En un intento por evadir su obligación ante la CIDH, el Gobierno de Mauricio Macri respondió que el planteo no sería viable dado que ya está interviniendo el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU y que a nivel interno ya está en marcha una investigación. Sin embargo, Eguiguren recordó el principio de complementariedad en cuanto a que la jurisdicción internacional es “coadyuvante” de las jurisdicciones nacionales.

Según informó el diario Página/12, la cautelar interamericana exige al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero” del joven de 28 años desaparecido tras la feroz represión de Gendarmería el 1 de agosto último en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut.

El expediente ante la CIDH fue iniciado por la organización Naturaleza de Derechos a partir de la represión de enero, cuando más de 380 efectivos de la Gendarmería y fuerzas de la policía provincial de Chubut fueron desplegados en torno a la comunidad mapuche de Cushamen, invadiendo su territorio militarmente y reprimiendo a sus integrantes. Ese operativo dejó heridos y detenidos, varios de los cuales se encuentran procesados, y el resto perseguidos como el testigo y amigo de Maldonado, Ariel Garzi.

El 1 de agosto recibieron el comunicado del vocero del Pu Lof sobre los nuevos episodios represivos y la desaparición forzada de Santiago Peloso, que se sumó al expediente ya abierto y en pocos días el organismo respondió con el dictado de la medida cautelar.

El gobernador de Jujuy criticó hoy la cautelar emitida por el organismo continental de derechos humanos a favor de la dirigente y presa política de la Tupac Amaru.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó contra la cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Milagro Sala y dijo que se le "intenta otorgar un injusto privilegio" a la dirigente detenida.

Además, Morales "lamento que la CIDH haya puesto el foco en la situación de la salud, de la integridad física en el caso Milagro Sala, cuando acá dijeron otra cosa; dijeron que todo eso estaba garantizado".

El gobernador de Jujuy indicó que le dio "mucha preocupación" por "el cariz político" que tomó la cautelar. Dijo además que con esta decisión el organismo de DDHH se "desprestigió".

El mandatario jujeño fue por más y llamó a "un replanteo internacional sobre esta situación, sobre el rumbo que toma el sistema interamericano de derechos", y luego acusó a la CIDH de tener vínculos directos con "gobiernos populistas con eje en el chavismo, el kirchnerismo que llevan adelante lineamientos en términos internacionales en función de ello".

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, junto al Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, desoyen la orden inmediata de la ONU de liberar a Milagro Sala.

Con declaraciones similares, tanto German Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, cuestionan la resolución del organismo defensor de los DDHH y dependiente de la ONU. Mientras Gerardo Morales, en un comunicado publicado el viernes por la noche, sostienen que "Milagro Sala se ha robado todo", Garavano, en diálogo con La Red, dijo ser "respetuosos de la CIDH pero también de los jueces de Jujuy". Lo cierto, es que en nuestro sistema constitucional, las resoluciones planteadas por la CIDH son de carácter obligatorio y se encuentran en la punta de nuestra pirámide constitucional, junto a la Constitución Argentina, ley fundamental del Estado.

Por su parte, el ministro sostiene que el caso de Milagro Sala “no tiene que ser analizado políticamente. Acá hay una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción" y explico que "Hay que leer esta recomendación en una tónica humanitaria. La morigeración de la prisión preventiva es por las condiciones en las que encontraron a Sala", al tiempo que enfatizo en que "se están cumpliendo" con todas las medidas para "asegurar la integridad" de la líder de la Tupac.

En un comunicado, el Gobernador de Jujuy reafirma el compromiso de la provincia de Jujuy de preservar "las garantías individuales" de la jefa de la Tupac Amaru, al tiempo que entiende que la resolución de la Comisión hace hincapié en "adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES". Además, Morales sostiene que "en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención son satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos, entre otros, lo que da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala".

Tras visitar a la referente social en la cárcel de Jujuy, el organismo continental de Derechos Humanos recomendó que la justicia argentina tome "medidas alternativas". Desde el Gobierno señalaron que se "comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la provincia".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un informe al Gobierno argentino en el que recomienda “medidas alternativas” para la prisión preventiva que cumple la líder la Tupac y legisladora del Parlasur, Milagro S

Tras visitar a la dirigente social en la cárcel de Alto Comedero, y analizar su situación, el organismo internacional le solicitó al Estado argentino que "pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".

"La excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la  privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos", enfatizó la CIDH.

La Comisión le solicitó al gobierno argentino que informe dentro del plazo de 15 días "sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información".

El gobierno nacional emitió un comunicado donde asegura que "comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención".

En el mismo escrito difundido por Presidencia, el Poder Ejecutivo reafirmó el "apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos".

La misión del organismo internacional de Derechos humanos; que esta encabezada por su presidente, Francisco Eguiguren, llega hoy a San Salvador de Jujuy para evaluar la situación de la dirigente social.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega hoy a San Salvador de Jujuy para evaluar la situación de la detención de Milagro Sala.

La misión es encabezada por el presidente del organismo internacional, Francisco Eguiguren.

Esta mañana, los representantes de la CIDH mantennían un encuentro con el gobernador Gerardo Morales y luego visitarán a la dirigente social detenida en la Unidad N° 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario, conocido como el penal del Alto Comedero.

La CIDH tiene en trámite una solicitud de medida cautelar en beneficio de Milagro Sala y las reuniones tienen carácter confidencial.

Acompañarán a Eguiguren en su visita a la Argentina la segunda vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el abogado Jorge H. Meza, quien coordina el Grupo de Protección, que se encarga de tramitar los pedidos de medidas cautelares.

La misión internacional se suma a la reciente visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que cuestionó la detención de Sala y volvió a pedir su liberación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajará a Jujuy este viernes para visitar a la dirigente Milagro Sala en la cárcel de mujeres donde se encuentra detenida, según lo confirmó hoy el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, después de ser notificado por funcionarios del gobierno nacional.

"Me han comunicado que vendrán el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren y la comisionada de Panamá, Esmeralda Arosemena de Troitiño, junto a un coordinador de grupo para visitar la provincia de Jujuy", indicó Miranda a Télam.

El fiscal informó que si bien todavía no tiene la agenda de la visita, el punto central será visitar a Sala en la Unidad Número 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario provincial, más conocido como el Penal de Alto Comedero.

"Todavía no tenemos una agenda definitiva pero vendrían a tomar vista del estado de detención de Sala en el penal de Alto Comedero y recibir la documentación sobre su situación de detención", afirmó.

La visita responde a una invitación del gobierno argentino, que la CIDH aceptó. Ese órgano internacional tiene pendiente de resolución dos medidas cautelares presentadas por organismos de derechos humanos. Una de ellas reclama la libertad de Sala y la otra denuncia sus condiciones de detención. Es en el marco de esta última que aceptaron visitarla en la cárcel.

En su reciente reunión celebrada en Buenos Aires, el mes pasado, Eguiguren ya había confirmado a la prensa esta visita, con fecha tentativa para junio.

"La visita nos permitirá conocer aspectos objetivos vinculados a la medida cautelar, como las condiciones de su detención, su estado físico y emocional", señaló Eguiguren a la prensa en esa oportunidad.

En diciembre del año pasado, la CIDH urgió al Estado argentino a "dar pronta respuesta" al reclamo que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria realizó en octubre último, en el que dictaminó que Sala estaba detenida arbitrariamente y pidió que sea liberada, tras lo cual el Gobierno invitó a la CIDH a visitar el país.