Los trabajadores de Vialidad Nacional se declararon en estado de “alerta y movilización” por el cierre de 5 escuela técnicas, que deja en la calle a 300 docentes y 1200 alumnos, en lo que consideran como el comienzo del “vaciamiento y desguace” del organismo nacional, el paso previo a su “privatización”.
El proceso comenzó con la decisión del gobierno nacional, adoptada mediante un decreto presidencial de 2017, de crear la empresa Corredores Viales SA, que habilita la tercerización de las obras viales a empresas privadas con contratos y licitaciones sin control estatal; continuó con otro decreto para vender la sede del primer distrito de Vialidad y avanzó con el cierre de las escuelas industriales y una lista de 200 despidos que circula en el organismo.
La resistencia de los trabajadores de Vialidad Nacional volverá a hacerse sentir hoy con una asamblea en la amenazada sede del 1er distrito de la institución –sobre la Avenida General Paz– contra el cierre de las escuelas técnicas de Buenos Aires, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz y la virtual que dicta clases a distancia.
Allí participarán todos los gremios del sector: Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional (Fepevina), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Validad Nacional, junto a padres, alumnos y profesores de las escuelas cerradas. La única excepción será UPCN, a la que el resto de los gremios responsabilizan de ser “funcional” a los planes privatizadores de Vialidad.
“Exigimos la inmediata reapertura de las escuelas técnicas en conjunto con la reincorporación y pago a los 300 docentes”, expresó César González, secretario general del Stvyara, a través de un comunicado, donde anunciaron el estado de “alerta de movilización” de los trabajadores de Vialidad.
Los trabajadores del sector ya habían llevado sus reclamos al Congreso, donde solo fueron recibidos por las bancadas del arco opositor. Allí, desde los diferentes bloques elevaron pedidos de informes a Vialidad y hasta un proyecto para declarar de “interés nacional” las escuelas técnicas del organismo nacional para buscar evitar sus cierres definitivos. Aunque las escuelas están cerradas y su docentes ya no cobran haberes.
“Lo que el director de Vialidad hoy ve como un gasto constituye en realidad una inversión, ya que los que se forman luego, su mayoría, ingresan al organismo como profesionales. La realidad es que quieren que todo funcione desde el sector privado, y reducir al máximo nuestro trascendental rol vial que cumplimos para el país”, sumó la secretaria adjunta del gremio, Graciela Aleñá. “Mientras tanto, Vialidad aporta los recursos económicos para mejorar la concesionada Autopista Richieri”, agregó la sindicalista.
Para Aleña, la situación de los trabajadores de Vialidad se complica con cada decisión del Gobierno en avanzar con el desguace. “Todo se ve agravado ante los inminentes despidos de 200 trabajadores que componen la DNV, en el marco de la privatización del organismo”, denunció.
“Venimos realizando protestas y asambleas denunciando la tercerización de funciones y el cierre de nuestras escuelas de formación”, insistió Aleña, ante la carencia de interlocutores. “Hace un año que no tenemos diálogo con Vialidad ni con Iguacel. Hasta diciembre llevamos nuestras problemáticas al Ministerio de Trabajo, pero nunca tuvimos respuestas y ahora tampoco interlocutores”, agregó Aleña ante este diario.
Los trabajadores del sindicato de peajes también salieron ayer al cruce del plan de “corredores viales”, anunciados por Vialidad Nacional. “Que las obras que todo esperamos no signifiquen más desocupación, endeudamiento y rutas inseguras”, reza el volante que trabajadores de los peajes repartían ayer en los accesos a la Capital.
Allí detallan “algunas verdades” que “Iguacel quiere tapar con asfalto”. Entre ellas, que las llamadas “rutas seguras” que promete Vialidad “no contarán con seguridad vial, asistencia al usuario, balanzas de pesados ni postes de SOS”. Y que la asistencia que hoy brindan los concesionarios privados pasarán a manos de los municipios del interior que deberán hacerse cargo, poniendo a disposición “policías, bomberos y ambulancias” de los pueblos. “Queremos que Iguacel diga en qué puestos va a reubicar a estos trabajadores (que pertenecen a los actuales concesionarios privados) y qué tareas van a desempeñar”, sostienen desde el gremio del peaje sobre los puestos de trabajo que se perderían. Algo que ya sucedió en los nuevos corredores viales de Ameghino, Santa Fe y Cipolletti, donde los puestos de trabajo de los concesionarios no fueron contemplados.
Fuente: Página 12