Los padres de la escuela pública Carlos Della Penna, de La Boca, denunciaron que entre las actividades por el 24 de marzo se exhibió un video anónimo promovido por las agrupaciones de “memoria completa”, en el que se reivindica a la dictadura y al terrorismo de Estado. Habló la docente. El rol del secretario de derechos humanos

El “audiovisual” pudo verse ayer por TV, gracias a la movilización de los familiares de los alumnos. Las maestras involucradas y la directora habrían sido convocadas inmediatamente por el ministerio de Educación.

Desde hace unas semanas, comenzó a circular el video en las mismas redes sociales que no tiene autoría conocida pero fue promovido por las agrupaciones de familiares de represores.

Allí, entre otras cosas, se llama “héroes” a los genocidas condenados. Preocupados porque en los colegios se habla del terrorismo de Estado y de los crímenes cometidos durante la última dictadura, el mensaje de los apologistas de torturas y asesinatos reclamaban: “pedí que en tu escuela te cuenten la historia completa”.

Se trata de un video de 4 minutos en el que supuestamente se busca mostrar “lo que no se enseña en los colegios” y “la historia completa”. Con la Marcha de San Lorenzo de fondo y un estilo que quiere parecer didáctico, lo que realmente se muestra es la habitual defensa de los represores: sostiene que los genocidas “accionaron repeliendo y aniquilando a quienes sembraron el terror” y afirma que esos “héroes” están presos en la actualidad “por el gran negocio de los Kirchner”.

La docente encargada de proyectar el video habló con los medios de comunicación en las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que no se arrepiente y que volvería a pasarlo frente a los niños.

"Lo único que quisimos demostrar es que también hubo gente que mató de parte de los guerrilleros", se defendió la maestra de nombre Mónica ante las consultas de los medios presentes, para luego agregar: "Quisimos demostrar que hay dos posturas y no solamente una visión".

Con anterioridad a estas declaraciones, la dirección de la escuela mandó una nota a las familias –los padres pidieron explicaciones y repudiaron la proyección– en la que consideran que el video fue “inapropiado”. “No deja en claro que los sucesos que acontecieron durante la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, cometidos desde el Estado, según la Corte Penal Internacional, y por lo tanto exceden a las lecturas partidarias”, dice la escueta nota sobre el contenido mostrado en el acto, que por otra parte, contradice el contenido de todos los materiales elaborados por el ministerio de Educación para trabajar en las escuelas realizados en los últimos años.

Aunque el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, ya afirmó que esta gestión se propone “revisar los contenidos educativos de la historia de esta Argentina reciente”. Justo, lo mismo que se pedía en el video anónimo.

El periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, aseguró que el gobierno nacional le pidió oficialmente a la CIDH que reciba "a familiares de los responsables del terrorismo de Estado".

A horas del 24 de marzo, y en medio de una ola de declaraciones y provocaciones de distintos funcionarios del Gobierno Nacional a los organismos de Derechos Humanos, se suma una denuncia preocupante.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, aseguró que el gobierno nacional le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reciba "a familiares de los responsables del terrorismo de Estado".

En diálogo con Radio Universidad el autor de "El Vuelo", quien participó de la audiencia del 20 de marzo en la sede del organismo internacional por la detención de Milagro Sala, vinculó a la Iglesia con la promoción de la idea de la "memoria completa".

"(Claudio) Avruj le planteó a la Comisión que reciba a una delegación eclesiástica y dijo que sería presidida por el nuncio apostólico que es el embajador del papa Bergoglio en la Argentina", expresó el periodista en Otra Vuelta de Tuerca.

Una delegación de la CIDH llegará en mayo a la Argentina para escuchar a las partes sobre la detención de la líder de la Tupac Amaru. Por este motivo realizará sesiones en la capital federal, recorrerá el predio de la Esma y visitará a Milagro Sala en Jujuy.

Así se supo esta mañana, el gobierno de Mauricio Macri no hará acto en conmemoración por el día de la Memoria, Verdad y Justicia.

Se supo que el presidente Mauricio Macri no hará ningún acto oficial por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, en agenda sólo aparece la recorrida a la ex ESMA que harán el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, junto al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

Hace un año, durante la visita a la Argentina del entonces presidente de Estados Unidos, Barak Obama, el presidente Macri pronunció un discurso en donde hizo alusión al golpe de estado: “Hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Es una oportunidad para que los argentinos griten nunca más a la violencia política y nunca más a la violencia institucional”, sostenía Mauricio Macri.

Este año la política de Derechos Humanos fue muy errática para el Gobierno, recordemos que el presidente quiso declarar el 24 de Marzo como feriado movible, medida que tuvo que dar marcha atrás por el rechazo de la sociedad y porque internamente empezaba a hacerle ruido.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Presidencia confirmaron que no habrá un acto oficial y que Avruj participará de algunas de las actividades organizadas en la ex ESMA por el ente que también integran los organismos de derechos humanos.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tampoco tendrá actividad oficial por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Solamente el Vicejefe de la Ciudad, Santilli, estará presente en la ex ESMA junto con Avruj.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo hoy que “mandaría a la escuela” a Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, “para que aprenda lo que está probado” en relación al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura. La Rosada salió con un comunicado a descalificar a su funcionario y señaló que sus afirmaciones son "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

“Lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente," afirmó hoy en declaraciones a Radio del Plata la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto..

No obstante, manifestó su sorpresa por los dichos del funcionario -veterano de la guerra de Malvinas y ex carapintada- al considerar que “es parte de la gestión del gobierno, tuvo espacio para decirlo, y por las barbaridades que dijo lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente".

“Está agraviando a la historia y a todos los argentinos. Es una persona peligrosa para estar en un lugar público, teniendo poder en el sector que sea y vaya a saber qué decisiones toma con estos criterios”, sostuvo Carlotto esta mañana.

Gómez Centurión realizó sus polémicas declaraciones anoche en el programa televisivo Debo Decir, que se emite en América TV, donde afirmó no compartir la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida” implementado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este contexto, Carlotto calificó hoy como “un triunfo" que el Gobierno nacional haya decidido mantener como "inamovibles" los días feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio.

"Lamentablemente, lo hace a destiempo, no tendría que haberlo hecho antes, son fechas intocables", consideró Estela de Carlotto, a la vez que anunció que “nuestra marcha (el 24 de marzo) va a ser igual a la que pensábamos hacer”.

Al finalizar, insistió en que "cada año la marcha será mayor en razón de que hay una toma de conciencia sobre la necesidad de no olvidar lo que pasó, dadas las contradicciones de algunos funcionarios que se han atrevido a ofendernos con el número de desaparecidos”.

Por su parte y conscientes del repudio generalizado por la gravedad de las palabras de su funcionario, la Casa Rosada tomó distancia hoy de las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, al afirmar que se trata de opiniones vertidas por el funcionario "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

Así lo expresó a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en el que remarcó que el régimen militar instaurado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha "un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".

"El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la Conadep, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias", indicó la dependencia encabezada por Claudio Avruj.

De esta forma, buscó dejar en claro la posición del Gobierno en relación a la última dictadura y a despegarlo así de las afirmaciones realizadas anoche en un programa televisivo por el titular de la Aduana.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, reiteró que "es una decisión tomada" la de transformar en movible al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 24 de marzo, y consideró "una ganancia" para la sociedad que ese día "todas las instituciones funcionen a pleno, consagradas a homenajear la lucha por los derechos humanos".

"Es una decisión tomada. Entendemos que el 24 es una jornada de profunda reflexión, un ejercicio de memoria y de educación. Creemos que es una ganancia que todas las instituciones funcionen a pleno y que estén consagradas a homenajear la lucha por los derechos humanos", afirmó el funcionario en diálogo con radio El Mundo.

Con estas declaraciones, el funcionario ratificó que no habrá marcha atrás del gobierno con la decisión de que el feriado por el 24 de marzo sea movible, pese a las críticas de representantes de organizaciones de derechos humanos, y de algunos sectores políticos y gremiales.

La decisión de transformar en un feriado trasladable al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia formó parte de un nuevo esquema de feriados dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de un decreto de Necesidad y Urgencia publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Una de las primeras voces en contra de esa medida fue la de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien calificó la determinación como "una provocación, un insulto y un agravio".

Por su parte, Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Conadep, le aconsejó al presidente Mauricio Macri "no tocar" el 24.

También se opuso en duros términos a la medida la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Ricardo Alfonsín y el Consejo Directivo de la CGT fueron otras de las voces que cuestionaron al Gobierno por el cambio de estatus del 24 de marzo.

Avruj admitió que "es muy difícil contentar a todo el mundo" y destacó: "El 24 de marzo gana más con las escuelas abiertas que con la gente en las playas".

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación dice que fueron 8751 las víctimas del terrorismo de Estado en el país. Lo hizo a través de un comunicado pedido por una cuestionada ONG.

El dato fue entregado por la secretaría del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj por pedido de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, una ONG que preside el abogado antikirchnerista, José Magioncalda.

A raíz del pedido, que abarca el periodo comprendido desde el inicio de la tercera Presidencia de Juan Domingo Perón hasta la restitución democrática con la asunción de Raúl Alfonsín, la Secretaría dio curso al equipo de trabajo del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), creado en 2013 en el ámbito del Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa ministerial en 2014 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El objetivo de este registro es "la construcción de una matriz de datos de alcance nacional, en permanente estado de actualización, sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino y de los Centros Clandestinos de detención y otros lugares de reclusión utilizados por la fuerza represiva estatal", se informó.

"La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, a través del programa RUVTE registra a la fecha y para el período solicitado un total de 8.571 víctimas debidamente formalizadas según el marco de referencia, de las cuales: 7.010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1.561 se consideran víctimas de asesinato", informó la Secretaría.

De todas maneras, destacó que "bajo ningún concepto debe considerarse este registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales", por lo cual "el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria".

El informe de la Secretaría se conoce luego de la fuerte polémica en torno a las afirmaciones del exministro de Cultura porteño Darío Lopérdido, respecto a que no fueron 30 mil los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar

Claudio Avruj secretario de Derechos Humanos de Cambiemos respaldó los dichos repudiables sobre los inmigrantes del senador Miguel Ángel Pichetto.

En una entrevista con Infobae el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expreso que: "Nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración".

Además dijo que "en los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley de inmigraciones".

Días atrás las lamentables declaraciones del senador Pichetto habían generado polémica, al señalar que "funcionamos como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú: las principales villas del país están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca".

Aunque de manera contradictoria Avruj también manifestó que "no se puede centrar nuestro problema interno de delincuencia en la inmigración, pero creemos que es necesario fortalecer los controles".

El legislador provincial de Cambiemos, Daniel Ivoskus, hijo del ex intendente de San Martín, apareció implicado en el escándalo conocido como Panamá Papers.

La empresa que lleva el nombre de Paralelo Cero, está radicada en Panamá según los resgistros revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Ivoskus, se suma al equipo PRO de los implicados por la investigación de empresas que operan en paraísos fiscales para el lavado de dinero, y fuga de capitales, entre otras operaciones ilícitas.

Además, del presidente de la nación, Maurico Macri, cuya imagen recorre el mundo por estar imputado en la causa, también los intendentes jorge Macri y Néstor Grindetti, están salpicados en el escándalo internacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, entre otros.

Paralelo Cero fue inscripta en Panamá bajo la dirección del propio Ivoskus, mientras en la nómina de la firma aparecen varios de sus socios. Se trata de una consultora especializada en Comunicación y Marketing Político, con sede en el humilde municipio de San Martín pero con alcance, por lo visto, al menos en Panamá y México.

“En el año 2013, se inscribió un instrumento jurídico en ese país, debido la posibilidad de desarrollar allí un proyecto de consultoría y capacitación. Esta actividad finalmente no se concretó, por lo que la empresa no registró movimiento alguno, ni siquiera la apertura de una cuenta bancaria”, aseguró Ivoskus en un comunicado oficial.

En una audiencia que comenzó a las 10 de la mañana en la ciudad de Washington, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, señaló que "la audiencia fue solicitada para exponer sobre la afectación de los derechos de la libertad de de expresión, de información y a la comunicación producido por los tres decretos del poder ejecutivo que modificaron la ley de servicios de comunicación audiovisual".

"Con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y consejos federales", señaló Verbitsky y agregó que se trata de "una política de hechos consumados que habilita una mayor concentración en vez de limitarla".

Por su parte, otro de los peticionantes, el investigador en Medios de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra, recordó que en Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea existen "organismos estatales habilitados para limitar la concentración" porque aseguró que "la concentración de la palabra es la antítesis de la democracia".

En representación del gobierno nacional estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el presidente de ENACOM, Miguel de Godoy; una de las directoras de ese Ente, Silvana Giudici, y Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Avruj expresó que "uno de los objetivos el presidente Mauricio Macri es restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país" y señaló que "en los últimos 6 años hubo restricciones en materia de libertad de expresión en el anterior gobierno".

También criticó la realización de cadenas nacionales y la distribución de la pauta oficial durante el gobierno anterior y consideró que "desde diciembre de 2015 la confrontación con el periodismo ha terminado y que la política comunicacional respetara los estándares de derechos humanos".

De Godoy destacó que convocarán "a todos y respetaran los aportes que la comisión realizará" y debatirán "con los peticionantes para trabajar en conjunto".

"La situación que se vivía en el país en materia de libertad de expresión ameritaba medidas inmediatas en tiempo y en forma", resaltó el funcionario y expresó que "hay que pensar la convergencia mirando el futuro de la libertad de expresión".

La polémica comenzó ayer cuando iba a ser tratado un proyecto de declaración en repudio a los ataques neonazis en el bar “Nevermind” ocurrido el 14 de febrero pasado e impulsado por los concejales del Frente para la Victoria y avalado por Acción Marplatense y el Frente Renovador manifestaron su postura favorable. Pero los ediles de Cambiemos, que incluye a la UCR y la Agrupación Atlántica del intendente Carlos Arroyo decidieron no aprobarla y fue archivada.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos, Héctor Rosso (Acción Marplatense), cuestionó al oficialismo: “No tiene sentido negarse a un repudio. Es un tema que no sólo ha tenido repercusión nacional sino también internacional”. Y añadió: “Que fue tratado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación y por la procuradora general. Es un tema serio. Hablamos de por lo menos cuatro o cinco grupos neonazis que han cometido distintos actos en nuestra ciudad”.

Rosso alude a las intervenciones que tuvieron Claudio Avruj y Alejandra Gils Carbó. El titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que estuvo en Mar del Plata el 22 de febrero, solicitó la unificación de las causas judiciales que se le siguen a grupos neonazis.

“Hemos venido para acompañar y plantear la preocupación que tenemos como Estado nacional frente al accionar delictivo de estos grupos que se presentan como neonazis a partir de pintadas con cruces esvásticas, además de agresiones y actitudes de discriminación con distintos colectivos de la sociedad marplatense”, dijo.

La procuradora general de la Nación, por su parte, dispuso la creación de un equipo de trabajo integrado por los titulares de las fiscalías federales N° 1 y N° 2 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, para “que intervengan conjunta o alternativamente en las causas que tramiten en ese distrito, vinculadas con actos de discriminación contemplados por la ley N° 23592 o con las conductas previstas en el artículo 213 bis del Código Penal”.

El ataque neonazi al bar Nevermind, ubicado en Moreno y San Luis, sucedió en la madrugada del 14 de febrero. Un grupo de individuos, que llevaba un arma de fuego, un arma blanca y palos de cemento, rompió los vidrios del lugar y luego se enfrentó con efectivos policiales. Uno terminó herido por el golpe de un palo.

En tanto, la polémica divide las aguas dentro de Cambiemos, luego de que la presidenta del bloque de la UCR, Cristina Coria, reflejara la “postura del bloque radical” en torno a la decisión de archivar el proyecto que proponía repudiar el ataque, sus compañeros de bancada Mario Rodríguez y Luis Rech se diferenciaron de esa posición.