El rabino licitó 50 buses por US$ 35 millones. Se desató una brutal confrontación entre firmas locales y chinas y todo terminó en funcionarios desplazados, por estar disconforme con un dictamen. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.

Un negocio de US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El episodio, rodeado de suspicacias que derivó en denuncias cruzadas, dejó expuesta la relación entre los funcionarios y las empresas y la intervención directa de Mauricio Macri para definir a los adjudicatarios.

Todo comenzó con una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. Según consignó Perfil, "el negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días".

Claro que el negocio tiene un condimento extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.

En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.

El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida.

Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.

Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.

Por ello el 26 de diciembre, el Rabino conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.

Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática, titular de uno de los gremios de informática que busca insertarse en el mundo gremial e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.

¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise?

El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.

Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.

Este martes, Patricio Masana amplió su declaración indagatoria ante la fiscal Virginia Bravo por el el asalto a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro. El suboficial de la policía bonaerense es el único imputado por el momento en el hecho.

Según narró el abogado de Masana, Alejandro Montone, había -como explicó la declaración de su defendido- cuatro millones y medio de dólares y 700 mil pesos en la casa del Jefe comunal al momento del robo, a pesar de que éste, al momento de realizar la denuncia, sólo denunció el faltante de 25 mil pesos.

En conferencia de prensa, el abogado fue consultado por las razones por las cuales Garro denunció que le robaron una cantidad de dinero inferior a la real. “Eso habría que preguntárselo al Intendente”, señaló.

Asimismo, contó que mediante la declaración –que duró entre ocho y nueve horas- “se pudo determinar que hubo un entregador y se pudo identificar a uno de los autores del hecho, para quien ya rige un pedido de captura internacional con circular roja”.

El hecho ocurrió el pasado 2 de marzo, en el country Grand Bell. Dos delincuentes armados ingresaron a la casa del intendente, quien no se hallaba en ese momento, y redujeron a su esposa, María Dolores Conde, sus hijos y su cuñada. Masana fue imputado por presunta participación, es acusado de haber ayudado a los ladrones a escapar.

El empresario Eduardo Gutiérrez, titular del poderoso Grupo Farallón, debe declarar hoy ante el juez Daniel Rafecas como imputado por figurar como dueño de la casa del detenido José López. La casa "cedida" fue valuada en 680.000 dólares, pero el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado sospechan que Gutiérrez en realidad actuó como testaferro de López, tal vez como devolución de favores por ganar licitaciones de obras públicas.

Mientras Gutiérrez afronta el inicio de sus problemas judiciales, cada vez se descubren nuevas obras de las que fue adjudicatario. Según una denuncia que publicó Gabriela Cerruti en el portal Nuestras Voces, "el entramado lo une a Nicolás Caputo y Mauricio Macri".

Es sabido, ya, que Gutierrez fue aportante de la Fundación SUMA de Gabriela Michetti, pese a que la vicepresidenta había negado conocerlo.

"Pero ahora aparecieron además licitaciones y contrataciones en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Bricons, de la familia Raspagliesi, una empresa en el centro de todas las denuncias por la connivencia del gobierno de la ciudad con las grandes constructoras y sus negociados", señala Cerruti.

Según los datos que aporta la legisladora, "Conformaron una Unidad Transitoria de Empresas (UTE) entre Bricons Sociedad Anónima, Industrial Comercial Financiera e Inmobiliaria y el Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios S.A. Según información oficial del Gobierno de la Ciudad a la que accedió Nuestras Voces, en 2014 la UTE le facturó al gobierno de la ciudad $ 50.129.352 y en 2015 sumo otros $ 58.850.025, totalizando $ 108.979.377".

La constructora Bricons, socia de Gutiérrez en la UTE de la ciudad, ya había ganado licitaciones para construir parte del Metrobus, del MAMBA, del Parque Ciudad Universitaria y de varias comisarías de la Metropolitana y escuelas porteñas. También es dueña del country Talar del Lago. Además, su presidente, Mario Ángel Raspagliesi, aportó medio millón de pesos.

El detalle de las áreas contratadas a Farallón-Bricons es el siguiente:

-Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires les pagó $ 220.284.

-Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de infraestructura y mantenimiento edilicio les pagó otros $ 82.242.070

-Ministerio de Desarrollo Urbano a través de la Dirección General de Obras de Arquitectura sumó $ 25.756.575

-Ministerio Desarrollo Urbano, a través de su Dirección General de Obras de Ingeniería agregó $ 760.447.

Según especifica Cerruti, "Estos no fueron los únicos trabajos que que ganó Farallón. A través de AUSA (Autopistas de Buenos Aires) se hizo cargo de la obra del Metrobús en la Autopista 25 de mayo por $ 46.081.487,47 . En la misma fecha, obtuvo junto a Nicolás Caputo la construcción del plan PROCREAR en el barrio Estación Sanz".

Incluso en plena campaña para las elecciones presidenciales, Mauricio Macri le otorgó a Gutiérrez todo el mantenimiento vial de la ciudad de Buenos Aires, por algo más de ochenta millones: “item 2 de la Zona Nº 9, a la firma GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.-)”, dice el decreto firmado el 29 de julio de 2015.