Durante la última sesión parlamentaria desarrollada en el Senado provincial, se aprobaron una serie de modificaciones de la ley 11.868 del Consejo de la Magistratura.

Los cambios, que fueron requeridos a partir de un proyecto enviado por el Ejecutivo, tienen por objeto acotar los tiempos necesarios para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, sin afectar la normal prestación del servicio de justicia.

De esta forma, se establecerán nuevos llamados a concurso a nivel provincial, por fuero, cargo e instancia de manera periódica. Esto permitirá que el Consejo de la Magistratura, frente a una vacante, disponga de un listado al que puede recurrir y continuar así con el proceso de selección.

Al menos una vez al año el Consejo convocará a examen de oposición de los postulantes (por fuero, cargo e instancia) designando al jurado que recibirá y evaluará las pruebas respectivas por mayoría absoluta de sus miembros. De no poder cubrirse una vacante por lo establecido previamente, el Consejo efectuará una convocatoria a tal efecto.

Asimismo, la sala examinadora dictaminará sobre el desempeño de los concursantes en prueba escrita y se confeccionará un listado de postulantes aprobados; y una vez que se reúnan todos los demás elementos de juicio requeridos el Consejo (ante la presencia de una vacante) evaluará antecedentes, actividad profesional cumplida y procederá a entrevistar a los concursantes.

Este sistema ya se encuentra vigente en las provincias de Córdoba y Mendoza, donde se prevén llamados periódicos a concursos generales de aspirantes a cubrir vacantes futuras.

La resolución firmada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, crea dos fiscalías especializadas en esa materia para los distritos de Avellaneda y Lanús, y una con competencia sobre los distritos de Pinamar y Madariaga.

También se establece la creación de una fiscalía en Tandil, otra con competencia específica en Moreno y General Rodríguez y las cinco restantes estarán ubicadas en los departamentos judiciales de Bahía Blanca, La Matanza, Quilmes, San Martín, y Zárate Campana.

Scioli explicó que el "foco es combatir y prevenir el crimen organizado en cualquiera de sus formas. En este sentido la guerra contra el narcotráfico fue, es y será un eje central".

Al narcotráfico "lo combatimos con todas las herramientas que nos brinda el estado de derecho", afirmó el mandatario provincial.

Estas 10 nuevas fiscalías, que se suman a las que ya funcionan desde hace una década tras la implementación de la desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes, son creadas en el marco de la Ley 14.642.

Se dispone a tal fin la designación de 30 nuevos fiscales, y 20 defensores oficiales con competencia en lo Criminal y Correccional, en distintos destinos de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Casal aseguró que "esta decisión va en línea con la expansión y la optimización que hemos encarado en materia de Justicia. Cuando logramos la especialización de la Justicia, sin duda se mejora la calidad de la investigación y el combate de un delito que se enfrenta con logística y coordinación de políticas".

Es parte del mecanismo de devolución del aumento tarifario que fue dejado sin efecto por la Suprema Corte de Justicia provincial.

En el fallo, el juez en lo contencioso, Luis Federico Arias, hizo lugar de manera parcial a una medida cautelar presentada por el ex diputado provincial, Oscar Negrelli, que solicitaba que se descuente un 25 por ciento.

Arias ordenó a la empresa descontar un monto equivalente al 15% del valor total de la facturación de los próximos seis periodos, a cada una de las unidades de facturación reconocidas por la empresa como afectadas por el aumento tarifario dispuesto por Decreto 245/12.

Según el fallo, la medida regirá a partir del próximo periodo (junio- 2015) y por el plazo de seis períodos consecutivos, o hasta tanto se dicte sentencia en autos, lo que ocurra primero.

En abril pasado la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme el fallo que declaró nulo el decreto que aumentó en hasta un 180% las tarifas aplicado en el 2012 por la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) y que obliga a la Provincia a devolver en futuras facturaciones las sumas abonadas por los usuarios.

El fallo quedó firme al denegar el máximo tribunal un recurso federal presentado por la Fiscalía de Estado para que la controversia pase a órbita de la Corte Suprema de Nación.

Pero ABSA hizo otro planteo y desde la empresa entienden que hasta que no se resuelva la nueva solicitud, el aumento está vigente.

Según el fallo de Arias, la empresa debería devolver unos 12.500 millones de pesos a más de 3,7 millones de usuarios que posee en la provincia.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia Provincial contra Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), la empresa informó que recurrirá en queja, por el fallo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es que el máximo tribunal provincial declaró nulo el decreto de 2012 que aumentó hasta en un 180% las tarifas del servicio. El fallo obliga a devolver en futuras facturaciones las sumas abonadas por los usuarios.

La concecionaria del servicio de provisión de agua potable en la Provincia de Buenos Aires, anunció en un comunicado su voluntad de recurrir al máximo tribunal nacional para apelar la decisión de la justicia provincial.

Su decisión está fundamentada en que “A criterio de Absa, la resolución (de la corte provincial) resulta absolutamente contraria a derecho e ilegítimamente causará un irreparable perjuicio a la empresa encargada de asegurar la prestación de un servicio esencial para la comunidad”.

Es que, según los cálculos, la concecionaria del agua debería devolver una suma total de 1.800 millones de pesos.

A esa situación se suma, además, la rápida presentación judicial del ex diputado provincial, Oscar Negrelli, que exige la devolución, en tres cuotas y a través de descuentos en la boleta, del dinero del incremento del 180 por ciento aplicado desde mayo de 2012.

"Vamos a plantear que se haga en no más de tres cuotas consecutivas, ya sea que la facturación sea mensual o bimestral, porque sería la única manera en que tenga un impacto positivo en el bolsillo de los vecinos", indicó Negrelli

En ese sentido, aclaró en declaraciones radiales, que "estoy conforme con el fallo pero no puedo generar una falsa alegría sobre una pronta devolución a los usuarios, ya que ABSA jamás tuvo un criterio de comprensión hacia la ciudadanía".

De ese modo quedó firme el fallo que declara la nulidad del decreto que estableció el aumento en las boletas del servicio de agua y que ordena devolver en futuras facturaciones las sumas abonadas por los usuarios.

La resolución de la Corte Suprema bonaerense fue adoptada por mayoría, con el voto en disidencia de Eduardo de Lázzari.

Asi, puso fin a una larga controversia legal luego que Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) dispusiera un aumento de hasta el 180 por ciento que motivó la presentación de un recurso de amparo avalado en primera instancia por la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, aunque después un fallo de Cámara dejó firme el "tarifazo".

En ese marco, el máximo tribuanl de la Provincia tuvo una primera intervención ratificando el fallo de primera instancia. Por eso, el Ejecutivo provincial a través de la Fiscalía de Estado presentó un recurso federal para que la controversia pase a órbita de la Corte Suprema de Nación, que ahora fue rechazado por el máximo tribunal bonaerense.

En la resolución, la Justicia rechazó la petición del Ejecutivo al considerar "que las cuestiones resueltas en el pronunciamiento en embate se relacionan con el derecho local, son de apreciación exclusiva y propia de este Tribunal y por lo tanto ajenas a la instancia extraordinaria".