“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina”, expresaron Madres, Abuelas, Hijos, Familiares y otros organismos. El acto será el miércoles 10 a las 18 frente a Tribunales.

La reacción fue casi inmediata. Apenas se conoció el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que considera aplicable el beneficio del 2×1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, los principales referentes de Derechos Humanos expresaron su repudio. Ayer, además, anunciaron la convocatoria a concentrar el próximo miércoles frente a Tribunales, bajo la premisa de que “lo que no se juzga y se condena, se repite”.

El acto fue organizado por la mayor parte de los organismos en conjunto: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos Capital, Familiares, etc. Llamaron a participar masivamente de un “acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas”. Se realizará el miércoles 10 a las 18 frente a Tribunales, en Plaza Lavalle.

“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y se condena, se repite”, sostuvo el comunicado que firmaron también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En tanto, los organismos planean hacer visible el rechazo al fallo de la Corte cerca de los escenarios oficiales previstos para las próximas visitas de mandatarios de Suecia, Italia y Alemania.

Por su parte, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó para el próximo jueves 11 a marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, también en contra del fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio de la reducción de la pena a un condenado por delitos de lesa humanidad.

La marcha tendrá como ejes, según precisó el colectivo, las consignas: "Para los genocidas ni 2×1, ni reconciliación: ¡Cárcel ya!" y "Contra la represión de Macri y los gobernadores". La convocatoria, prevista para las 17, se denominará "Jornada nacional contra la impunidad y la represión".

Se trata del excapitán del Ejército Víctor Gallo, quien fue condenado a en 2012 a 25 años de prisión por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela.

El represor Víctor Gallo, condenado por apropiación ilegal en el juicio por plan sistemático de robo de bebes durante la última dictadura, pidió este jueves su excarcelación apelando a que se le aplique el 2×1 que convalidó la Corte Suprema de Justicia.

Gallo, quien se desempeñó como oficial de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura, está acusado por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela y fue condenado en 2012 a una pena única (comprensiva de otra anterior) de 25 años de prisión.

Está detenido desde el 19 de febrero de 2010 y ahora pidió su excarcelación al TOF6 apelando el fallo de la Corte, lo que será resuelto en las próximas 24 horas indicaron a la agencia de noticias NA fuentes judiciales.

Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga, ambos militantes de la organización Montoneros y el segundo, además y con posterioridad, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.

Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, provincia de Buenos Aires, embarazada de cuatro meses, mientras que Madariaga sobrevivió y partió al exilio, de donde regresó en 1983 para emprender la búsqueda de su hijo.

Según testimonios de sobrevivientes, Quintela permaneció en el centro clandestino de detención "El Campito", en Campo de Mayo, y en julio de 1977 se le practicó una cesárea en el Hospital Militar de esa guarnición, en donde dio a luz a un varón al que llamó Francisco.

El muchacho se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo el 3 de febrero de 2010, bajo el nombre de Alejandro Ramiro Gallo, luego de que la mujer a la que hasta entonces creía su madre, Inés Colombo, le confesara que había posibilidades de que fuera hijo de desaparecidos.

En la sede de Abuelas, Colombo manifestó que su exesposo, Víctor Gallo, era oficial de Inteligencia del Ejército y que en 1977 le dijo que había un niño abandonado en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a lo que ella respondió -según su relato- "cómo iban a dejar a un niño abandonado, que lo trajeran".

Colombo contó que finalmente Gallo llevó al bebé a su casa el 10 de julio de 1977 y agregó que el niño todavía tenía el cordón umbilical, lo que le indicaba que había nacido hacía muy pocos días.

Tras el restablecimiento de la democracia, Gallo participó en el robo de una empresa financiera en la década de 1980 y de un hecho criminal en el que se asesinó a una familia, conocido como la "Masacre de Benavidez", por los cuales estuvo detenido.

Además, participó en los "levantamientos carapintadas" y hasta el momento de su detención se desempeñó como empresario de seguridad privada, declarando ser dueño de la empresa Lince Seguridad.

En 2012, Gallo fue condenado junto a su exesposa y los represores Jorge Videla, Antonio Vañek, Jorge "Tigre" Acosta, Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Juan Azic y Jorge Luis Magnacco, en el juzgamiento por los secuestros de los niños apropiados.

La Corte Suprema otorgó ese beneficio a un militar. Ahora son muchos aquellos que pueden acceder a la libertad condicional. Conmoción social por la decisión de la "Justicia".

Unos 750 exrepresores presos sin condena firme podrían pedir el beneficio del 2×1 y acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta, luego de que la Corte Suprema otorgara ese beneficio a un militar.

Según publicó el diario La Nación, los 750 casos que aún no tienen condena firme "ven con expectativas favorables la aplicación del beneficio del 2×1, que les reduciría la pena y los podría dejar en libertad".

Eso se daría, principalmente, en los militares que recibieron penas menores a 25 años, por el tiempo que pasaron en prisión sin condena firme.

Se estima que hay además más de 120 militares que siguen en prisión preventiva desde hace más de diez años.

El matutino también publicó que los condenados a reclusión perpetua cumplen en general 25 años en prisión, porque esa era la pena máxima efectiva en el momento en que se cometieron los delitos de lesa humanidad -actualmente se extiende a 35 años-, pero podrían alcanzar la libertad condicional a los 20 años.

El Instituto Patria salió a fijar postura sobre el fallo de la Corte que beneficia a genocidas. "Esta miserable decisión retrotrae a la Argentina 20 años", sostuvieron desde la institución que lidera CFK.

Con un comunicado enviado a la prensa y firmado por la Comisión de Derechos Humanos del Instituto PATRIA, la usina intelectual que comanda CFK fijó postura pública sobre el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorece a los genocidas.

"La Corte Suprema, en su nueva mayoría, aplica el beneficio del 2 por 1 para las penas de prisión a responsables de delitos de lesa humanidad equiparando al Terrorismo de Estado con los delitos comunes", señala el texto.

"De esta manera se intenta reflotar la hoy derogada Ley 24.390, —vigente entre los años 1994 y 2001— para convalidar la impunidad y el retroceso en las políticas de memoria, verdad y, en especial, de justicia. Políticas que se han manifestado con sentencias en juicios emblemáticos que han tenido trascendencia internacional", añadieron y definieron de manera contundente: "Esta miserable decisión retrotrae a la Argentina 20 años".

"Repudiamos esta sentencia y convocamos a todas las instituciones a manifestar su preocupación por estos retrocesos que atentan contra la democracia y el legítimo funcionamiento de sus poderes", concluyeron.

La reconocida defensora de genocidas festejó desde las redes sociales el fallo que posibilita impunidad de los represores. Toda una señal.

"Excelente fallo de la Corte", tuiteó exultante Cecilia Pando, reconocida defensora de genocias desde sus redes sociales.

La algarabía de Pando da cuenta de la gravedad de lo resulto por la Corte Suprema de Justicia, que con la decisión de el beneficiar con el 2×1 al represor Luis Muiña, puede traer graves consecuencias a futuro, y existe la posibilidad de que los principales genocidas condenados queden libres.

"12 años violando la ley y la Constitución nacional !!! Ahora las cosas comienzan a funcionar!!!", lanzó más tarde Pando en la red del pajarito.

Este precedente abre las puertas a que, por ejemplo,  los abogados de Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, y Jorge "Tigre" Acosta, puedan pedir los mismos beneficios y reducir sus penas. Incluso aunque tengan condenas a cadena perpetua, ya que podrían discutir que en realidad la pena máxima es de 25 años e intentar conseguir ser juzgados con la misma vara que Muiña.

De esta manera lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, finalmente, la Policía de la provincia de Buenos Aires no podrá sindicalizarse.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue votado por mayoría y avaló la decisión del Ministerio de Trabajo, que había rechazado el pedido de inscripción del Sindicato Policial Buenos Aires en el Registro de la Ley de Asociaciones Sindicales, además, sienta precedente para el resto de las fuerzas.

"Si bien el artículo 14 bis de la Constitución nacional consagra un derecho general a la sindicalización, no impide que dicho derecho sea restringido cuando se trata de personal policial", aclaró el máximo Tribunal de Justicia.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, fueron quienes firmaron la sentencia por la mayoría; mientras que los magistrados Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti se declararon en disidencia ya que sostuvieron que debía reconocérseles ese derecho laboral, aunque no la posibilidad de que hagan huelgas.

El juez Maqueda argumentó que que los policías bonaerenses estaban facultados para formar un sindicato porque está contemplado en Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución de 1994.

Rosatti consideró que "el derecho a sindicalizarse del personal policial bonaerense surge de modo directo del art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin otro requisito -tal como lo establece dicha cláusula- que su inscripción en un registro especial". Pero se manifestó en contra de que los policías puedan ejercer el derecho a huelga ya que se debe garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Todos los jueces de la Corte rechazaron cuatro recursos por “inadmisibles”. Uno de ellos buscaba la intervención de la Justicia Federal en una denuncia promovida por la propia Sala contra magistrados y fiscales jujeños a raíz de su detención arbitraria.

Los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, evitaron pronunciarse sobre la detención arbitraria de la líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, a pesar de las resoluciones internacionales que exigen su libertad inmetidata.

Por unanimidad, los cortesanos rechazaron cuatro recursos extraordinarios al considerarlos  “inadmisibles”, entre ellos el presentado por la propia Sala y habilitado la semana pasada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal “ante el posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional”, en referencia a las resoluciones de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otro de los recursos descartados por la Corte bajo el amparo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial fue presentado por el  fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De  Luca; mientras que en otros dos se presentaron Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, militantes de la Tupac que están siendo juzgados junto a Milagro como organizadores del ataque a huevazos contra el entonces senador Gerardo Morales en 2009.

El Centro de Información Judicial (CIJ) informó la decisión unánime del máximo tribunal aclarando que “ninguna de las presentaciones se vinculaba con la excarcelación/libertad de los imputados”, pese a que la Sala II habilitó el recurso subrayando que el gobierno nacional está desoyendo el pedido de libertad inmediata hecho por la ONU.

Ahora, queda pendiente de resolución un recurso extraordinario más presentado por los abogados defensores de Sala, Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, en el que exige la revisión de los fueros de la dirigente social como diputada del Parlasur y su libertad, respaldándose en las resoluciones de los organismos internacionales sobre los que en la acordada de hoy la Corte decidió no opinar.

La Corte Suprema de Justicia habilitó el aumento en las tarifas eléctrica en la provincia de Buenos Aires al revocar una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido el incremento.

Para el máximo tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. Vale recordar que la demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo "12 de octubre", que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.

El fallo fue firmado por los cinco integrantes de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Antes, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se había pronunciado a favor de la confirmación de las medidas cautelares que frenaban el tarifazo eléctrico.

Para ser exacto, el 77,2% se mostró favorable al freno al tarifazo, mientras que un porcentaje similar, el 77,4%, considera que las tarifas previas al incremento eran adecuadas o que deberían subir como máximo hasta un 50%. Sólo un 17% expresó su apoyo a la medida y un 5,8% no tomó posición.

En igual sentido, 75,1% estima que el tope de 400% que definió el gobierno no es razonable.

Por otra parte, más del 40% considera que la Corte fue presionada por el Gobierno nacional y las empresas de energía para fallar a favor del incremento tarifario.

Respecto a las protestas y ruidazos contra el aumento, un 64% las valora positivamente y cree que ejercieron influencia en la decisión judicial.

Además, 72% manifestó que redujo su consumo de gas como consecuencia del incremento tarifario. Por último, pese a la explicación oficial acerca del estado del sistema energético recibido, casi la mitad de los encuestados (48%) afirma que el gobierno de Mauricio Macri es el principal responsable del aumento de tarifas.

El relevamiento telefónico se realizó entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, con más de 1.900 casos y un margen de error de 2,2% Geográficamente, la muestra se extendió por los 24 partidos del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, y las 15 Comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, y estableció que para la fijación de nuevos valores son obligatorias las audiencias públicas.

En el Palacio de Tribunales se confirmó así, este jueves, el fallo de la Cámara Federal de La Plata, y además se especificó que también se mantiene la tarifa social.

La decisión se sostuvo en los reclamos del Gobierno, quien venía argumentando que la Cámara Federal de La Plata se excedió en su pronunciamiento cuando suspendió el tarifazo de manera integral, ya que la presentación la habían hecho asociaciones de consumidores y por lo tanto en todo caso sólo correspondía que alcanzara a los residenciales.

El pronunciamiento de la Corte resulta una derrota política de gran magnitud para el gobierno nacional que había salido a presionar fuerte para sostener los tarifazos, incluso amenazando con despidos y una disparada inflacionaria.

En la jornada del martes el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no supo explicar en la Cámara de Diputados cómo se componía el precio de las tarifas, por lo que no hubo ningún avance en materia de clarificar el panorama energético, ni el cuadro tarifario.