Berni intervino una comisaría por denuncias de abuso sexual y tortura a detenidas

SucediÃģ en una dependencia de La Matanza. El Ministerio de Seguridad desafectÃģ al personal denunciado.

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Detuvieron a siete policías bonaerenses por torturas en comisaría

Siete policías bonaerenses, todos ellos de la Departamental San Vicente, fueron detenidos, acusados de “severidades y vejaciones” cometidos contra cinco presas y un preso entre fines de 2015 y principios de este año.

La orden de detención fue solicitada por la fiscal penal de La Plata, Virginia Bravo, y avalada por el juez de Garantías platense Guillermo Atencio. Luego de las detenciones, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires separó a los acusados de la fuerza, aseguraron fuentes del área.

Los siete policías fueron acusados de haber golpeado, amenazado, insultado y causado diversos tormentos físicos y psicológicos a sus denunciantes, uno de los cuales, además, declaró haber sido abusado sexualmente por los efectivos en la misma sede policial.

La denuncia se radicó a principios de marzo, por intermediación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino “para garantizar el inmediato traslado” de las víctimas y “evitar la profundización del estado de vulneración” de sus derechos.

Las víctimas, de entre 20 y 30 años, estaban alojadas en una comisaría: las cinco compartían una celda de tres por cuatro metros en la cual había dos camas de cemento y un baño que funcionaba de manera intermitente.

El Comité contra la Tortura dio con la situación en una inspección que certificó que las mujeres permanecían en estado de “aislamiento extremo”, sufrían maltratos y solo podían comer aquello que les llevaran sus familiares. Los policías solían amenazar con matarlas, y decirles frases como “están acá por putas” y “sus familias saben que son putas”.

Luego de la denuncia, la fiscalía de Brandsen comprobó que las mujeres “no tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos; sólo comían lo que sus familiares alcanzaban cada día a la dependencia policial; permanecían encerradas las 24 horas, en aislamiento extremo”, como detalló el informe de la CPM publicado por Página12.

Las víctimas narraron que los responsables de las torturas sistemáticas eran los policías encargados de cuidarlas, todos ellos varones, aun cuando la dependencia estaba destinada exclusivamente a alojar mujeres. Cuando el equipo del Comité contra la Tortura ingresó en la celda donde estaban detenidas, para inspeccionar la situación y tener sus testimonios, las mujeres dieron muestras de padecer estrés post traumático (episodios de llanto, temblores, imposibilidad de sostener la mirada al interlocutor).

Entre los detalles de las vejaciones vividas cotidianamente, dieron cuenta de lo sucedido la noche del 31 de diciembre de 2015. Primero, varios agentes ingresaron en la celda, les entregaron una sidra, las insultaron y amenazaron. Luego, las obligaron a salir al patio, tras lo cual los efectivos “subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban ‘a ver a quién le cae este guascazo’”. En la madrugada del 1º de enero, alrededor de las 4, un agente les arrojó petardos dentro de la celda y las amenazó. El oficial, contaron las víctimas, advirtió que “les iban a meter un tiro en el culo por putas”, algo que podían hacer sin problemas porque iban a informar que ellas “habían querido escaparse”.

Además, las detenidas narraron un episodio del que fueron testigos a mediados de enero, cuando un hombre fue detenido, ingresado a la celda contigua a la que ocupaban ellas y torturado allí mismo. Las mujeres contaron que escucharon ruidos de los que se colegía que estaba siendo golpeado y luego torturado con picana eléctrica. Más tarde, el mismo detenido “fue vestido con ropa íntima de las detenidas y abusado” por los agentes que velaban por todos ellos.

Tras la denuncia, el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, en articulación con la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos, dispuso el traslado de las mujeres a la Alcaidía 3 de La Plata. Una vez allí, las mujeres prestaron declaración ante la fiscal Bravo, que investiga lo sucedido y detuvo ayer a los efectivos.

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Víctimas de la violencia institucional debatieron el rol del Estado

La actividad presidida por el titular de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, se desarrolló este fin de semana en el complejo de Chapadmalal, con más de 320 familiares que asistieron desde Jujuy, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Capital Federal y diversos lugares de la provincia de Buenos Aires.

El premio Nobel de la Paz sostuvo al abrir la jornada que “sabemos que las cárceles son depósitos humanos y por eso debemos redoblar nuestros esfuerzos para cambiar esa realidad”.

“El cambio lo tiene que construir el pueblo organizado, desde abajo hacia arriba, y para eso es importante que los familiares de víctimas y los militantes por los derechos humanos se organicen, formen redes y sepan qué hacer frente a tanta violencia del Estado”, agregó.

Aseguró que “ante el inminente cambio de gobierno, vamos a exigir y luchar por las mismas causas que hasta ahora: el respeto irrestricto a los derechos humanos”, y agregó: “La democracia no se regala, sino que se construye".

Por su parte, la nueva integrante de la CPM y miembro de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora, Nora Cortiñas, hizo un llamado a la continuidad de las luchas populares “para mantener las conquistas y avanzar en todo lo que falta. Tenemos que estar atentos y activos y saber que lo que hacemos es por los otros; es para que a nuestros jóvenes no los persiga ni torture el sistema”.

Según se informó, el encuentro se realizó a partir de las inquietudes y dificultades observadas por los familiares, es por ello que desde la CPM “se pensó en desarrollar canales de diálogo y participación colectiva que permita construir herramientas para la defensa y promoción de los derechos de las personas que sufren el avance represivo de los agentes penales del Estado”.

En ese marco, se desarrollaron una serie de talleres y charla debate para abordar la discusión sobre las violencias del Estado y los desafíos de organizarse para enfrentar conjuntamente el dolor y la impunidad.

Asimismo, entre el sábado y domingo se desarrollaron seis talleres sobre violencia policial, violencia carcelaria, violencia judicial, articulación de organizaciones, estrategias de comunicación y políticas pospenitenciarias.

Entre las conclusiones de los talleres, se destaca la necesidad de formular estrategias colectivas de intervención frente a la desidia y demora judicial, la existencia de sentencias que no se ajustan al valor de las pruebas y/o a la gravedad de los delitos, y la discriminación y maltrato de los actores judiciales contra quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad frente a la violencia del Estado, se informó.

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