La gobernadora y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, le soltaron la mano al intendente de Olavarría, tras el escandaloso abandono de persona y ausencia del Estado antes, durante y después del recital que brindó el Indio Solari en esa localidad bonaerense.

Una jugada “ajedrecistica” es lo que implementan en estos momentos las principales figuras de Cambiemos en la Provincia, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. Para ello deben sacrificar al jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, y de esa manera generar una pantalla para desligarse de las responsabilidades políticas.

Los movimientos fueron muchos y comenzaron luego de conocerse el fallecimiento de Javier León (42) y Juan Francisco Bulacio (36), una veintena de “desaparecidos” (que ya aparecieron) y doce heridos. Al llegar a Olavarría, el ministro de Seguridad bonaerense comenzó a buscar culpables y se trenzó fuertemente en la puerta del Hotel Savoy con algunos de los directivos de la productora En Vivo S.A.

Al día siguiente (hoy a la mañana), Ritondo ordenó un despliegue policial de 500 uniformados a pie, en caballo y hasta en helicópteros para la búsqueda de las diecinueve personas que en ese entonces se encontraban desaparecidas y que fueron apareciendo en el transcurso del día en distintos puntos del país y no donde se los buscaban.

Luego del anunciado rastrillaje, Ritondo se despegó de Galli y le cargó todo el peso de la responsabilidad en la fiscalización del recital del Indio, al asegurar: "Quien habilita cada uno de estos eventos masivos es la intendencia".

A la par, la Gobernadora envió a unos de sus alfiles, Joaquín De La Torre, para evaluar el daño político en Olavarría y para tantear la situación filas para adentro dentro del Concejo Deliberante local, ya que sólo 5 de los 20 miembros responden al Intendente Galli.

La decisión de Vidal de marcar la responsabilidad institucional por el desenlace del recital, sobre el Jefe Comunal de  Cambiemos, quien intentó desligarse de las responsabilidades, no es menor y pone en jaque al intendente de Olavarría, quien ya está al tanto del pedido de interpelación pedido por la oposición en el Concejo Deliberantes.

Luego que la Gobernadora y el ministro de Seguridad acomodaran las fichas para el jaque, el mismo Gallí declaró: “No tengo miedo de una destitución".

En síntesis, el jaque mate al intendente de Olavarría no tardará en llegar y de esa manera se intentará tapar todo tipo de responsabilidades políticas que sucedieron en el concierto del Indio el sábado pasado. Lo más lamentable, es que el gobierno nacional, provincial y municipal pone en jaque mate a todos los argentinos.

Ausencias y desidias

La ausencia del gobierno provincial se notó mucho antes de iniciado el recital de rock. Varios de los asistentes a la “misa ricotera” y automovilistas que recorrieron la ruta 3, aseguraron que el personal vial o policial en dicha carretera se encontraba liberada y a la merced de dios.

La ciudad de Olavarría, antes del inicio del recital se vio colmada por cientos de miles que aseguraron que no existían carteles de orientación o referencia y que apenas se podían ver algún que otro agente de la Policía Local.

Ni en el camino, ni en los alrededores del predio donde se llevo a cabo el concierto, se observaron policías, bomberos, ni Defensa Civil; únicamente, varios relataron la presencia de la Cruz Roja en unas alejadas carpas de difícil acceso.

Al salir, la situación empeoró y la ausencia del Estado provincial y Municipal fue total. Las personas que perdieron sus medios de transporte se vieron obligadas a permanecer en la ciudad y al siguiente día los transportaron en camiones.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, los ministro de Seguridad y Justicia bonaerense se mantienen en silencio y callan actúan como cómplices del asesinato, a manos policiales, de los siete reclusos en la Comisaría Primera de Pergamino.

El jefe de los Bomberos dijo que los policías bonaerenses demoraron en asistir a los detenidos acosados por las llamas porque no encontraban las llaves de la celda, a lo cual el abogado de una de las víctimas enfatizó hoy por C5N que ello le permitirá demostrar que los dejaron morir.

Respecto de las responsabilidades políticas, la gobernadora María Eugenia Vidal, principal responsable política de la tragedia, brilló por su ausencia. Ni siquiera expresó condolencias a los familiares de las víctimas. Sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, también se mantuvieron en silencio. Ninguno desconocía que las siete personas privadas de su libertad que murieron calcinadas no debían estar en una comisaría. Abogados de las víctimas denunciaron que los policías involucrados “no hicieron nada para evitar el trágico desenlace” y retiraron pruebas de la escena del hecho.

“Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre, jóvenes de no más de treinta años que fueron víctimas de una nueva masacre en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Todos afrontaban cargos por delitos menores, alojados en pésimas condiciones en la Comisaría 1ra. de Pergamino, junto a otros once detenidos que se salvaron de milagro. Tras el hecho, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense desafectó a los efectivos Alexis Miguel Eva y César Brian Carrizo, que estaban de guardia el jueves al momento del incendio que acabó con las vidas de las siete personas privadas de su libertad”, señala el colega Fernando López, , editor de esta agencia, en una nota publicada por el diario Contexto de La Plata.

“Sin embargo, como ya es habitual en la Provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal, principal responsable política de la tragedia, brilló por su ausencia. Ni siquiera expresó condolencias a los familiares de las víctimas. Sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, también se mantuvieron en silencio. De esta forma, tratan de eludir el reclamo de organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en las últimas horas pidieron, una vez más, que sean clausurados de manera “inmediata” todos los calabozos de las comisarías bonaerenses, añade ese artículo.

“La Primera de Pergamino es una de las tantas comisarías que se encuentran en condiciones deplorables. El Gobierno sigue incumpliendo lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en el ‘fallo Verbitsky’ de 2005 para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, y vamos de mal en peor. Las comisarías no tendrían que ser lugares de encierro”, dijo a Contexto el abogado Damián Barbosa, que preside la Asociación Civil de Reinserción Social y Dignidad.

Según cifras del CELS, la cantidad de personas alojadas en dependencias policiales de la provincia aumentó con la gestión de Cambiemos: pasó de 2.235 en diciembre de 2015 a 3.017 en marzo de 2017, con tan sólo 1.105 camastros, lo que implica una sobrepoblación del 172,8%. Con la decisión de Vidal de declarar la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, el total de detenidos trepó de 35.000 a 38.000, un récord histórico en territorio bonaerense.

“Esta es una situación insostenible y ninguna autoridad, desde la gobernadora para abajo, puede decir que no lo sabe”, afirmó Barbosa, y recordó que el propio vicegobernador, Daniel Salvador, “estuvo en la presentación del último informe de la CPM, organismo que hizo reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” por el hacinamiento, la superpoblación y las prácticas sistemáticas de tortura en comisarías.

Las versiones oficiales sobre el incendio del jueves en la seccional de Pergamino apuntaron hacia las propias víctimas. En un primer momento se habló de un motín y luego de una pelea entre detenidos, a raíz de la presencia de dos acusados de violación, que terminó con una supuesta quema de colchones que habría desatado el fuego.

Los familiares, por el contrario, denuncian que fue un crimen de la Bonaerense. Se basan en los propios mensajes de Whatsapp que recibieron antes de la masacre. “Mamá beni rápido que nos matan la policía”, escribió Alan Córdoba a Flavia Gradiche.

El abogado de Alan, Néstor Líber Álvarez, que llegó a la comisaría minutos después, indicó que en los mensajes “imputaban claramente a la Policía, no a los otros detenidos”. En uno, incluso, Córdoba pudo alertarle a su madre que habían golpeado a Juan Carlos “Noni” Cabrera: “Decile a papá si puede ir a la casa del Noni ahora así viene la madre, este chico está todo roto. Haceme el favor”.

Según el letrado, al cabo de un rato, vio “salir una pequeña columna de humo que se pudo haber sofocado rápidamente con un balde de agua o un extintor”, aunque lo cierto es que “dejaron transcurrir el incendio”.

“Al oficial de servicio que estaba en la puerta y nos impedía el paso le dije: ‘Corré, sacá a esa gente de ahí porque se te va a morir asfixiada’. Corrió, después volvió a la puerta y pidió las esposas a los policías que estaban ahí para ver si se las ponía a los detenidos. Los bomberos ya estaban en el lugar y tendieron una manguera, pero no llegaba a los calabozos; así que desplegaron una segunda manguera. Habían transcurrido unos cuarenta minutos. Durante todo ese tiempo no hicieron nada para evitar el trágico desenlace”, relató Álvarez.

Pablo Caldentey, abogado de John Claros, la víctima de nacionalidad colombiana que iba a salir con prisión domiciliaria este viernes, también recibió un texto por Whatsapp: “Me van a matar. Están prendiendo fuego la comisaría”, le decía su defendido.

Al arribar al lugar, vio a varios efectivos sacando “cosas envueltas de la escena del crimen”, cuando debían haber resguardado las pruebas para la investigación. El letrado denunció, además, que “hay mucha presión sobre los sobrevivientes para que no cuenten lo que realmente pasó”.

“Todo esto demuestra la precariedad y la falta de previsión que hay en la provincia ante este tipo de circunstancias. Al estar involucrado personal de la Policía bonaerense, que por acción u omisión permitió que siete personas murieran calcinadas, la escena del hecho tendría que haber sido resguardada inmediatamente por alguna otra fuerza, como Gendarmería”, subrayó Barbosa.

El titular de la Asociación Civil de Reinserción Social y Dignidad pidió que se den “todas las garantías” para investigar a fondo y estar atentos a “la actuación de la Fiscalía en estos primeros momentos, que son fundamentales”.

Desde la CPM también exigieron “una urgente y profunda investigación” para esclarecer la masacre y responsabilizaron al Ejecutivo provincial, que “no pone en marcha las políticas institucionales que hacen falta”.

“Estas muertes son responsabilidad del Estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad”, concluyeron.

Una empresa de Sergio Szpolski, fue contratada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia para dictar cursos de entrenamiento a un grupo especial de la Policía Bonaerense.

En estos momentos circulan dos versiones acerca de los cursos dictados por la empresa de seguridad de Szpolski, por un lado el Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo, informó que el curso se realizó pero que “no se pagó nada”, es decir, que los mismos fueron dados en forma gratuita. La otra versión es el informe del que habla el Diario Perfil, elaborado por una fuerza policial nacional, entregado a las autoridades del gobierno de Mauricio Macri, que sostiene que la firma brindó los servicios con “un sobrecosto aproximado de 200 mil dólares”.

En julio del año pasado, Perfil también publicó que el empresario Sergio Szpolski había montado la filial argentina de SLS Consulting & Training, una empresa fundada por militares israelíes para ofrecer desde equipos de seguridad hasta entrenamiento. El 25 de noviembre, la Superintendencia de Institutos de Formación Policial aprobó el curso de SLS para capacitar a las Unidades de Patrullas Especiales GAD (Grupo de Apoyo Departamental), en materias tales como Tiro con Pistola, Maniobras Sorpresa, Disparos de Larga Distancia, e incluso Interrogatorio a Sospechosos. Una resolución del ministerio aprobó el curso y nombra a SLS. En diciembre, Ritondo fue a la entrega de títulos.

La aprobación se realizó cuando ya PERFIL había revelado que Szpolski, a quien su ex socio Matías Garfunkel acusó de haber montado con sus medios “una gran máquina de lavar”, estaba detrás de la sucursal argentina de SLS y fue informada por la Resolución 72 del Ministerio, firmada por Vicente Ventura Barreiro, jefe de la Unidad Ministro.

El informe secreto que maneja el gobierno nacional sostiene que la compañía fue establecida en 2015 y que “el propietario es el señor Sergio Bartolomé Szpolski con Shmaya Avieli, ex director de Sibat”. El brigadier general Shmaya Avieli, quien figura entre los agradecimientos de un libro sobre las operaciones aéreas de Israel contra Hezbollah, es el primer instructor del curso. Sibat es una compañía israelí de exportación de material bélico y defensa exterior. Para los cursos, SLS subcontrata personal de compañías privadas israelíes de seguridad, como Four Troop.

El ministerio negó que se hubiera firmado un contrato con SLS, pero confirmó que el curso fue dictado por la firma Durby SA; SLS y Durby son lo mismo. Ambas firmas tienen detrás a Juan Matías Domínguez y Gustavo Karp. El último figura como empleado de Durby, y en la tarjeta de presentación que reparte aparece como gerente de SLS. La dirección de su tarjeta es Manuela Sáez 323, el mismo lugar donde Szpolski había registrado las sedes de las empresas gráficas del Grupo Veintitrés y adonde iban a protestar los trabajadores cuando liquidó sus compañías.

Domínguez fue señalado como testaferro de Szpolski en numerosas compañías. Durby tiene como actividad principal “custodia, seguridad y vigilancia”. Su domicilio fiscal es Lavalle 643, una de las direcciones legales que estableció Szpolski, y adonde llegaron cartas documento de sus ex empleados.

Fuente: Perfil

El legislador provincial se refirió a la grave e insólita detención de un militante de La Cámpora, que terminó encarcelado por pedirle a un policía que no manejara usando el celular. Adelantó que también se realizará una denuncia en la Defensoría del Pueblo. Mirá el video.

El lunes pasado, Iván di Sabatto se dirigía en su bicicleta para ayudar en un barrio afectado tras el fuerte temporal que azotó el fin de semana pasado a esa localidad bonaerense, pero fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense que lo insultaron, amenazaron con golpearlo y lo llevaron para la Comisaria.

En declaraciones ofrecidas a Primerando, el diputado José Ignacio “Cote¨ Rossi se refirió a esta ilegal detención y manifestó: “Estos hechos son una sucesión de diferentes acontecimientos que vienen ocurriendo en Ayacucho con las fuerzas policiales y con jóvenes como víctimas del accionar abusivo por efectivos de la Bonaerense. Posteriormente fuimos con abogados a radicar, con Iván, una denuncia en la Fiscalía y vamos hacer lo propio en la Defensoría del Pueblo”.

Rossi, además informó: “Como bloque legislativo en la provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria (FPV), también hicimos una declaración de preocupación y de repudio por este accionar policial, destacando que en un Estado de derecho estas cuestiones no tienen lugar ni deben ocurrir y que es una responsabilidad, también, de todo el arco político y las fuerzas institucionales de la política como la Gobernadora (María Eugenia Vidal) y el Ministro de Seguridad (Cristian Ritondo)”.

Se trata de profesionales de la Policía de Prevención Local de la provincia de Buenos Aires, a quienes además les adeudan varios meses de sueldo. El viernes que viene se movilizarán hasta el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, terminaron el mes de enero con 400 despidos en la administración de la provincia de Buenos Aires.

“El colectivo de trabajadores de los equipos técnicos de la Policía de Prevención Local, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, manifestamos nuestra disconformidad frente al actual escenario político-institucional que va en detrimento de nuestras condiciones laborales, habiendo recibido el día 30 de Enero de 2017 el aviso (Volante I.F.C.U.P.P.L. 3717), sin notificación pertinente, del cese de nuestras tareas laborales a partir del día 31 de diciembre de 2016”, afirmaron los cesanteados.

Según denunciaron en diálogo con el portal Infonews, venían trabajando desde principios del año pasado y “hay muchos compañeros que no cobraron nunca, ni un sólo centavo, y a los que sí nos han pagado, lo han hecho a partir de abril, o sea que nos adeudan enero, febrero y marzo”.

El 3 de enero pasado, se comunicó a la totalidad de las Academias Subordinadas al Instituto de Formación y Capacitación de las unidades de Policía de Prevención Local, la “continuidad de la asignación horaria para los miembros de los gabinetes psicopedagógicos de las APL, continuando con las tareas de contención y seguimiento de los oficiales egresados, tanto aquellos destinados a la UPPL, como los que se encuentran a la espera de destino”.

Por este motivo, la totalidad de los profesionales contratados durante el año 2016, “continuamos cumpliendo nuestra carga horaria y efectuando tareas e informes solicitados por el Instituto”.

Sin embargo, autoridades provinciales les avisaron luego “informalmente” la no renovación de los contratos y que no se haría efectivo el pago de los haberes correspondientes al mes de enero de 2017.

Además, algunos de los profesionales tampoco han percibido los sueldos correspondientes al año 2016, lo cual intensifica la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Seguridad bonaerense y “profundiza la situación de incertidumbre de nuestras familias”, detallaron los despedidos.

Tras declararse en estado de alerta permanente, los profesionales del área convocaron a una movilización para este viernes hasta la sede del Ministerio de Seguridad, en La Plata, en reclamo de la reincorporación de los 400 empleados y el pago de los salarios adeudados.

En una escueta y rápida entrevista, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habló sobre las baja de la edad de imputabilidad, del consumo de estupefacientes.

De visita oficial por las costas bonaerenses por el Operativo Sol, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ofreció una entrevista a la Revista Noticias, donde aseguró que nunca en su vida consumió drogas.

El ministro de Seguridad de la Provincia  al abordar la baja de la edad de imputabilidad indicó que es un tema para discutirlo y asegura que "no caben dudas de que hay muchos homicidios cometidos por menores. Eso obliga a la sociedad a rediscutir un montón de cosas. Y hoy no son chicos que no saben lo que hacen.  Hay una edad donde creo que los chicos ya saben lo que hacen."

Sobre el consumo de estupefacientes, le respondió al  el ex jefe de Gabinete, Anibal Fernández, quien había dicho que el Ministro de Seguridad bonaerense habría consumido drogas alguna vez . Ritondo respondió: "Nunca en mi vida”.

Cabe recordar que en enero de 2016, Fernández invitó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a hacerse una rinoscopia. De esta forma lo relacionó con el uso de drogas, en medio de la búsqueda de los tres prófugos del Triple Crimen. "Le informo a Ritondo que sus prófugos no andarían por ningún "submundo" sino por la casa de la suegra y la verdulería. Una propuesta de Cambiemos es la lucha contra el narcotráfico, en la que acompañamos. Para ello es fundamental no fomentar el consumo. Por lo mismo, invito al ministro Ritondo a realizarse una rinoscopía en la que estoy dispuesto a acompañarlo. Espero que el ministro Ritondo acompañe mi propuesta, así podremos quitarle dudas a la ciudadanía sobre pertenencias a "submundos" y narcos", sostuvo Fernández a través de su cuenta de Twitter.

El Bloque de diputados bonaerense del FpV-PJ formalizó su pedido para que el Ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, vaya al recinto a explicar la represión a los vecinos inundados de San Nicolás.

La gestión de María Eugenia Vidal quedó muy cuestionada por su accionar en las inundaciones que afectaron buena parte del norte de la Provincia de Buenos Aires. Y uno de los capítulos más polémicos de la acción estatal fue el de la represión a los vecinos de San Nicolas que reclamaban asistencia por parte del Gobierno de Cambiemos.

Ese episodio inexplicable llegó a la Cámara de Diputados bonaerense. Es que a través de la labor conjunta entre el Bloque del FpV-PJ y la senadora provincial Cecilia Comerio, se presentó un pedido de informe al Ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, por la violencia utilizada contra los inundados.

El escrito lleva la firma de los legisladores Miguel Funes, Lucía Portos, Lauro Grande y Gabriel Godoy y le pregunta a Ritondo si él o alguna autoridad de su cartera dio la orden de reprimir a un grupo de vecinos del Barrio Virgen del Rosario de San Nicolás.

Además piden que se informe quien estuvo a cargo del operativo que terminó reprimiendo a los vecinos, le preguntan si la cartera ordenó que los efectivos policiales no tengan visible su identificación y también reclaman que se informe cuáles son las medidas tomadas luego de la violencia ejercida contra los ciudadanos.

La represión en cuestión, como relatara Primereando, sucedió el pasado 16 de enero, cuando los vecinos  del Barrio Virgen del Rosario solicitando agua potable y alimentos.

Tras las inundaciones que dejaron virtualmente aislada la localidad, la asistencia del Estado fue a balazos. 400 evacuados, protesta y represión policial. Mirá las imágenes desde un drone.

Las intensas lluvias que se sucedieron en la localidad bonaerense de Pergamino desde la madrugada del domingo 25 hasta el mediodía del lunes 26 superaron los 200 milímetros. Esta situación provocó el desborde del Arroyo Pergamino y el casi inmediato ingreso de agua en las viviendas aledañas.

Los barrios más afectados son Güemes, José Hernández, Belgrano, Trocha, Vicente López, Centenario, Kennedy y parte del centro. Todos reclamaron a voces la inmediata asistencia y ayuda sin obtener respuesta alguna. Ni las autoridades municipales que responden al intendente Javier Martínez de Cambiemos, ni las provinciales y menos aún las nacionales acercaron respuestas concretas a los cientos de vecinos afectados con hasta medio metro de agua adentro de sus viviendas.

Ante la desesperante falta de respuesta, los vecinos comenzaron una protesta a orillas de la intersección de las rutas 8 y 188, donde sí llegó de inmediato la asistencia del Estado. Entre medio de menores y sin aviso, la gendarmería nacional comenzó a disparar balas de goma a quienes reclamaban agua y baños químicos.

La actitud represiva y poco solidaria, contrasta con aquella que María Eugenia Vidal había tenido en plena campaña, cuando se puso las botas de lluvia y fue a chapotear a los barrios más anegados del conurbano bonaerense.

Según pudo saber PRIMEREANDO, en estos momentos (48 horas después) el que se acercó hasta Pergamino en representación de la gestión provincial es el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y está recorriendo la zona.

Así se ve la inundación desde un drone:

Mientras efectivos de esa fuerza policial anunciaron ayer un cese de actividades para el 27 de diciembre próximo demandando una serie de reclamos gremiales, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires participó del acto de egreso de más de 8000 policías. Promesas y declaraciones.

La mandataria Bonaerense, María Eugenia Vidal, junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo participaron del acto de graduación de 8000 policías en el estadio Único de La Plata.

En su mensaje a los uniformados, afirmó que apuesta "a la vocación de servicio". "Ser valiente no es no tener miedo, sino tener miedo y a pesar de eso hacer lo correcto. Confío en que van a hacer lo correcto y no van a estar solos", insistió.

También puso de relieve acciones de gobierno y adelantó que "Cuando temine el año, 60 mil van a tener un chaleco para sentirse protegidos", en tanto que "uno de cada tres tenía un chaleco puesto y volvía a su casa sin chaleco", al momento de asumir.

"Apostamos a que tengan comunicaciones encriptadas, para que cuando hablen con un compañero o superior, sepan que sólo ustedes pueden escuchar lo que dicen y no cualquiera pueda interceptarlos", agregó Vidal, en tanto que puso de relieve la entrega del bono y el impacto salarial en los escalafones más bajos.

Horas antes, desde Gobernación se emitió un comunicado que  destaca la mejora de ingresos por parte de los uniformados en estos términos: en un año, unos 22 mil efectivos percibieron un aumento de 39 por ciento, en tanto que para el promedio de los agentes la suba interanual alcanza el 35.5 por ciento. En detalle, Gobierno indicó que, al momento de asumir, el sueldo bruto de un oficial subayudante era $15.770 y ahora es de casi $22.000; el policía ingresante era de $11.830 y ahora es de $16.330.

Vidal realizó este tipo de anuncio para calmar los reclamos policiales en un diciembre que propios y ajenos consideran como altamente inflamable y evitar una especie de “sublevación” de los efectivos de La Bonaerense.

Además, remarcó que se duplicó la inversión en equipamiento y tecnología – pasó de $740 millones en 2015 a $1.620,5 millones en 2016- y se elevaron los estándares de formación, con la idea de “avanzar hacia un modelo que privilegia una formación planificada y de calidad”.

En los hechos, la inversión implica que se llegó a 60 mil chalecos antibalas, 836 móviles con tecnología de punta, geolocalización, y 200 nuevos patrulleros equipados con tecnología y cámara 360°. Además, se espera llegar a incorporar 1.000 nuevas motos, 100 dependencias móviles y 5 helicópteros operativos para patrullaje, además de los nuevos sistemas de comunicación y de investigación criminal.

También se destacaron los cambios en materia de formación, con el incremento de la duración del programa académico, la capacitación dentro del Ministerio y con otras agencias, como FBI, DEA e Interpol.

La medida de fuerza anunciada, mediante un comunicado, por los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires responde al pedido de un aumento de salario acorde con la inflación, por promesas incumplidas de la Gobernadora, mejoramientos en equipamiento y en su obra social, entre otros.

A través de un comunicado firmado por policías bonaerenses, se indicó que los miembros de esa fuerza tienen previsto realizar una retención de tareas el 27 de diciembre próximo a partir de las 8 de la mañana, por la falta de respuestas a una serie de reclamos salariales y gremiales

Las causas que motivan el malestar en La Bonaerense obedecen a que el “aumento de sueldo en el año no fue acorde nunca a la inflación, quedamos 15% menos. A eso le sumamos las promesas de campaña de la gobernadora Vidal que dijo que iba a equiparar los sueldos con la Policía Metropolitana y no cumplió en nada. El aumento tiene ser en el básico, no en negro con bonificaciones varias”.

Las quejas también vienen por que los ascensos del año 2016 solamente fueron para oficiales en jefes. A eso hay que sumar la estafa hacia los Sargentos, y personal de otras jerarquías que tienen 6 años de antigüedad en el mismo grado y llegaron calificados como “falta de tiempo mínimo”.

“Nos prometieron un aumento en las horas cores y en las polad, las que iban a pagar  $120. Pero es una vergüenza que siga a $40”, agregó uno de los organizadores del reclamo.

También hay reclamos por el impuesto a las ganancias: “El sueldo no es ganancias porque no producimos nada, hay que sacarles a las grandes empresas, vuelvan el impuesto al campo, no al trabajador que ya con $15.000 mensuales les descuentan y ya no se llega a fin de mes, cada vez estamos más endeudados, cerca la línea de pobreza”, afirmó la misma fuente.

“Nos prometieron no tocar el aguinaldo en ganancias y se vieron afectados hasta las jerarquías más bajas con el descuento de ese tributo, por lo que pedimos que hagan la devoluciones de los descuentos”, se indicó en el comunicado.

Los policías anunciaron además que van a solicitar otras mejoras entre ellas IOMA y equipamientos, en pos de mayor seguridad laboral.