El cuerpo de seguridad creado en 2014 se va extinguiendo paulatinamente. De las 81 unidades que había en los distritos de la provincia de Buenos Aires, solo quedan 46. Algunos intendentes denuncian desmantelamiento y abandono.
Uno de los entrenadores más respetados del fútbol argentino publicó en un tuit un mensaje de apoyo al Hospital El Cruce. Mencionó a la gobernadora Vidal y al ministro Ritondo.
La Comisión Provincial por la Memoria criticó la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires.
Mediante un comunicado, hicieron pública su preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses.
Asimismo, rechazaron las declaraciones del ministro de seguridad provincial, Cristian Ritondo, celebrando esta situación y solicitó a la Suprema Corte y la Procuración General que no convalide estas graves violaciones de derechos humanos. "Ambos poderes ignoran los recientes señalamientos del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", subarayaron.
"Ante las declaraciones del ministro Cristian Ritondo, que niegan la gravedad por la situación de ilegalidad en la que permanecen detenidas las personas privadas de libertad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) insiste en señalar la responsabilidad política por las graves violaciones a los derechos humanos que se producen de manera sistemática en los lugares de encierro", criticaron.
“Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, dijo el ministro en conferencia de prensa. Para la CPM dicha farse es "irresponsable" ya que "se naturaliza así la violencia del Estado y avalando la comisión permanente de delitos en los que incurre".
"Pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, “amontonar” personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito", puntualizaron.
"Se trata, sin duda, de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable", agregaron.
Entre sus estadísticas, desde la CPM, detallaron que en la actualidad, existen 457 comisarías de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. "Sin embargo 129 de estas alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad", ahondaron.
Fuente: La Tecla
La senadora bonaerense María Teresa García le pidió al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la realización en conjunto de una visita a la subdelegación de investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, de Pilar, donde se registró un faltante de 850 kilos de marihuana. Esa dependencia está custodiada por efectivos de la policía Bonaerense
Según la propia Bonaerense, que responde a Ritondo, la desaparición de la droga incautada se debió a "que fue comida por ratones". Además, en principio la fuerza había asegurado que la pérdida era de 500 kilos, cuando en realidad era casi el doble.
"Motiva el pedido conocer sobre la política ministerial de custodia de drogas incautadas", aseguró García en su pedido. Además, exigió que se investigue qué fue lo que ocurrió.
Según una pericia de Conicet, quedó descartado lo obvio: según los especialistas es imposible que los ratones puedan consumir esa cantidad de estupefacientes. Ahora la justicia decidió sumariar a los agentes que custodiaban el depósito. Silencio del Gobierno de María Eugenia Vidal sobre el caso.
En conferencia de prensa, la intendenta de La Matanza responsabilizó al gobierno de Vidal por la seguridad. “Por ley y por la Constitución, es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires” afirmó y cuestionó que “se haga política obscena con el dolor”.
La mandataria salió a responder las acusaciones del Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, luego del asesinato del chofer de la línea 620, Leandro Alcaraz. “Los intendentes del conurbano hemos hecho infinidad de esfuerzos en materia de seguridad. Hacemos inversiones más allá de las que nos corresponden. Nos quieren responsabilizar de lo que no funciona en la Provincia” aseguró, acompañada de choferes de otras líneas de colectivos.
En esa línea, Magario reafirmó que “vengo a redoblar mis esfuerzos por combatir la inseguridad”, aunque recordó que “no es responsabilidad de los Municipios. Por ley y la Constitución, es responsabilidad del gobierno provincial”.
Más adelante, la jefa comunal del distrito más grande la Provincia le solicitó a María Eugenia Vidal el traspaso con recursos de la policía local. “Quiero decirle a la señora gobernadora que los intendentes estamos dispuestos a trabajar para que nos traspase la policía y podamos realmente hacernos cargo” señaló.
Sobre las declaraciones del Ministro Ritondo, quien dijo que el Municipio de la Matanza no había utilizado el fondo de Seguridad, Magario respondió que “hemos invertido 701 millones de pesos en materia de seguridad, mucho más del monto que habla el Ministro”.
En la conferencia de prensa brindada ayer a los medios, el Ministro de Vidal había afirmado que “la gendarmería está trabajando en La Matanza”. Consultada sobre esta polémica, Magario recordó que “en 2016 me reuní con la Ministra Patricia Bullrich porque de los 1200 gendarmes que teníamos, nos dejaron 140. Desde ese momento no tuvimos respuestas. Si Ritondo caminara La Matanza y hablaría con los vecinos, se daría cuenta que lo que dice no es cierto”.
Además, la intendenta puso en el centro de su discurso el reclamo a la gobernadora por la falta de policías en su Distrito. “Este 1 de marzo, cuando asistí a la apertura de sesiones de la Gobernadora en la Legislatura, escuché de su propia boca que habían egresado 10 mil agentes de policía nuevos. A La Matanza no vino uno solo” insistió.
En ese sentido, comparó el contraste de su municipio con respecto a la ciudad de Buenos Aires. “La Matanza tiene 2 millones 200 mil habitantes con 4350 policías, mientras que CABA tiene 2 millones 800 mil con 28 mil policías. Es decir, nosotros tenemos un policía cada 506 habitantes y el gobierno porteño un policía cada 100 habitantes” concluyó sobre las diferencias que existen según el color político de cada distrito.
La gobernadora debería haber reglamentado hace más de un año la ley que obliga a las empresas de colectivos a instalar cámaras, pero no cumplió con ese paso.
La respuesta que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires tras el asesinato de Leandro Alcaraz fue la promesa de reglamentar de inmediato la ley provincial 14.897, sancionada en enero de 2017.
Vidal, que disponía en ese entonces de 60 días para reglamentar la norma (o sea, hasta marzo del año pasado), nunca lo hizo, impidiendo que se implemente lo ley la legislatura bonaerense había votado y que ella misma había promulgado.
Ya en junio del año pasado, tras el asesinato en Claypole de otro colectivero, Carlos Ernesto Sánchez, el ministro Ritondo había respondido con la misma promesa a los representantes de la UTA (Unión Tranviarios Automotor): reglamentar la ley. Pero nada sucedió, y las cosas continuaron igual.
Esta vez Ritondo dio una fecha concreta: dijo que la ley se reglamentará el lunes próximo. Incluso Clarín afirmó haber accedido a un borrador de esa reglamentación, que dispondría la instalación de "la cantidad de cámaras necesarias según las características de cada unidad de transporte, debiéndose garantizarla existencia de una cámara por puerta de la unidad".
El funcionario también habló de una línea de créditos blandos que ofrecería el Banco Provincia para que los propietarios de las unidades puedan afrontar el costo de la instalación de las cámaras.
Lo cierto es que la ley no se reglamentó en los plazos correspondientes, y tampoco se hizo luego de la promesa de junio pasado, cosa que ningún medio destacó tras la noticia que conmovió este domingo nuevamente a toda la sociedad. Así funciona el blindaje.
Fuente: Infonews
Ante el aumento del 108 por ciento en la custodia policial para el fútbol amateur, se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que establece un arancel menor por los servicios de Policía Adicional.
La iniciativa, impulsada por la diputada de Unidad Ciudadana Fernanda Díaz, surge como respuesta a la resolución del Ministerio de Seguridad bonaerense que comenzó a regir a principios de este mes y prevé un aumento de más del 100 por ciento en los costos que deben pagar los clubes que participan en deportes amateurs por los operativos de seguridad.
Según la resolución firmada por el Ministro Cristian Ritondo, los clubes que participan en ligas de fútbol amateurs, nucleadas en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, integran la categoría 5 de “espectáculos o reunión públicas”, por lo que pasarán a pagar 183 pesos por hora de servicio (llamada Core o polad”) cuando el monto anterior era de 83 pesos.
“Con esta categoría, un club amateur paga más que un Banco. Lo que proponemos es que exista una categoría especial para el deporte amateur y que los aranceles que se fijen sean iguales a la categoría de servicio más bajo” explicaron desde el bloque de Unidad Ciudadana, al tiempo que agregaron que “este exponencial aumento es totalmente desproporcionado en función de los recursos que cuentan los clubes que también deben afrontar los tarifazos y los gastos diarios”.
Además, los integrantes de la bancada opositora en la Cámara baja resaltaron que “los clubes son entidades sin fines de lucro que subsisten gracias al apoyo de la ciudadanía” y cuestionaron que “esta resolución afecta directamente a miles de vecinos y familias que acompañan el deporte amateur”.
El gobierno bonaerense autorizó el uso del bastón como arma reglamentaria de los policías. Además, los custodios de Vidal se formarán en “Krav Maga”, una modalidad de combate surgida dentro de las fuerzas israelíes.
Mediante la resolución 2020/2018, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, conducido por Cristian Ritondo, autorizó la utilización del bastón Tonfa, elemento que había dejado de usarse entre las armas reglamentarias de los efectivos de la Bonaerense y que a partir de ahora podrá ser un instrumento más para la represión.
Según el instructivo enviado a los 90 mil agentes que conforman la fuerza, “el potencial del Bastón Tonfa Policial le brindará al personal autoconfianza y seguridad”. Además, el manual tiene como objetivo “concientizar al personal policial de las técnicas defensivas y de las áreas corporales en las cuales se aplicará la acción ofensiva”. Y advierte de los riesgos: “la obligación legal de entender que dicho elemento, si es mal utilizado, puede causar heridas graves o la muerte (sic)”.
En dicha resolución, el Ministro Ritondo también aprobó la capacitación de los efectivos que cumplan la tarea de custodia de la gobernadora y su gabinete de Ministeros en la modalidad de combate conocida como “Krav Maga”. Impulsada entre las fuerzas de elites de Israel, esta técnica busca el aprovechamiento máximo del cuerpo como un “arma humana”, por lo que en su ejecución se permiten puños, codos, rodillas, mordiscos, cabezazos, así como cualquier objetivo que sirva para neutralizar al oponente.
No es la primera vez que el gobierno de María Eugenia Vidal lleva a cabo una una articulación con las fuerzas armadas del Estado de Israel. En octubre del año pasado, un grupo de efectivos del Grupo Halcón viajaron al país de oriente para capacitarse en “metodologías de acción rápida”.
Las acciones del gobierno provincial responden a la misma lógica del Ministerio de Seguridad de Nación. La cartera que conduce Patricia Bullrich ha implementado una alianza en temas de seguridad con el Primer Ministro de Isreal, Benjamín Netanyahu, fuertemente cuestionado por la violación de derechos humanos en sus ataques al Estado de Palestina.
Cabe recordar que la Ministra Bullrich se vio envuelta en una polémica, cuando en diciembre de 2016, luego de su viaje a Tel Aviv, avanzó de forma unilateral en un acuerdo que incluía la compra de 4 lanchas de combate, sin licitación previa y por un precio por encima del valor de mercado.
Oscar Alvarenga, el asesor de Cristian Ritondo que estaba desaparecido hace varios días, fue visto "en estado de shock", con un leve "trastorno en la memoria", dentro de una sala de juegos del Hipódromo de Palermo.
Se terminó el misterio que días atrás, en La Plata, ponía en vilo a la familia de Oscar Alvarenga, un ex policía retirado en 2008 que colabora con el Ministerio de Seguridad que lidera Ritondo. Según anticipó C5N, Alvarenga fue encontrado en el casino del Hipódromo de Palermo, luego de que trabajadores del lugar denunciaran que una camioneta con la misma patente del vehículo que poseía el funcionario, fuera hallada en el establecimiento. El caso se hizo público luego de que el propio ministro de Seguridad bonaerense informara en una conferencia de prensa que el ex policía es "una persona del equipo" y que lo están "buscando con la familia".
Por consiguiente, Marcos Alvarenga, hijo del ex policía, publicó en Facebook, "Quería comunicarles la noticia que nos alegró el día y todo de nuevo a mí y a mi familia les voy a estar agradecido de por vida por todo lo que me ayudaron y se movieron para hacer posible que encontraran a mi papá, de corazón les agradezco a todos, no saben lo que esperaba por tenerlo de nuevo con nosotros”.
Ambos ministros de Nación y Provincia vincularon la explosión y el incendio de dos coches frente a la cartera de Seguridad bonaerense con la marcha que se realizó en La Plata por el joven desaparecido durante la feroz represión de Gendarmería en Chubut.
Atentados aquí y allá, “terroristas” por todos lados y un ex policía del equipo de Cristian Ritondo que fue visto por última vez el martes 22 de agosto. Todo eso acapara la agenda de los grandes medios para contrarrestar el fuerte reclamo nacional e internacional por la desaparición forzada de Santiago Maldonado desde hace 24 días.
Anoche, horas después de que la Fiscalía Federal de Esquel pidiera el cambio de carátula del caso Maldonado para apuntar la investigación hacia la Gendarmería –señalada por varios testigos como la responsable de secuestrar al joven de 28 años durante la represión del 1 de agosto en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut-, se produjo una explosión frente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que afectó a dos vehículos estacionados.
En una conferencia brindada esta mañana, Ritondo calificó el hecho como un “atentado”, aseguró que su cartera no cuenta con cámaras de seguridad para poder identificar a los responsables y disparó varias hipótesis, entre ellas las que apuntan a las “mafias del narcotráfico”, a policías exonerados de la Bonaerense e incluso a elementos relacionados con la causa de La Salada.
Pero lo más descabellado fue cuando el ministro de Seguridad intentó vincular la explosión a la marcha que encabezó ayer la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada por Santiago Maldonado.
Ante las peguntas de los periodistas, Ritondo tuvo que admitir que había una diferencia horaria entre ambos hechos y que la movilización no pasó por la sede de su cartera, aunque insistió con su hipótesis asegurando que “alguien” pudo haberse “desprendido” de la marcha para detonar más tarde los explosivos.
El funcionario bonaerense continuó así con la línea trazada anoche en el canal TN (Grupo Clarín) por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien busca criminalizar a los que reclaman por la aparición con vida de Santiago Maldonado, mientras niega la desaparición forzada del joven y encubre a la Gendarmería.
“Hay un clima de violencia generalizado”, dijo Bullrich y metió todo en la misma bolsa: la explosión frente al Ministerio de Seguridad bonaerense y una molotov arrojada contra el edificio Anexo del Senado provincial, el artefacto casero que estalló el 18 de agosto en la puerta del Círculo de Suboficiales de Gendarmería de Córdoba y el sobre bomba en la empresa encargada del escrutinio de las PASO.
